Auto 1999-01063 de julio 2 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN (B)

Rad.: 050012325000199901063 01

Expediente 32988

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Félix Antonio Zapata Gonzalez y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D. C., dos de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Estima la Sala que al presente asunto debe dársele prelación, por los motivos expuestos a continuación:

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”. Esta preceptiva introduce la regla general de lo que hoy es conocido por nuestra jurisprudencia como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la materialización del orden justo, y los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso en forma oportuna a la administración de justicia. Es en esta regla donde adquiere mayor relevancia la máxima jurídica según la cual “el primero en el tiempo es primero en el derecho”, logrando la dimensión cronológica suma importancia al momento que el operador judicial administra justicia.

2. En este orden de ideas, el mismo artículo 18 de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen, de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan claramente, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general. No obstante, el aludido artículo menciona otros dos eventos en los que se exime al juez de la aplicación de la regla general toda vez que establece que podrá alterarse el orden de decisión en los procesos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa en atención a la naturaleza del asunto y/o de conformidad a solicitud del agente del Ministerio Público en tanto sea el caso de suma importancia jurídica y trascendencia social.

3. La extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, sino que, por el contrario, ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces.

4. De otra parte, encontramos en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 otras excepciones a la regla del turno distintas a las establecidas en la Ley 446 de 1998. Esta norma señaló que en los siguientes eventos podría ser alterado el turno previamente asignado a un proceso: (i) por razones de seguridad nacional, (ii) por prevención de la afectación del patrimonio nacional, (iii) por graves violaciones de los derechos humanos, y (iv) por estar ante la presencia de crímenes de lesa humanidad.

5. Ahora, en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7º del Estatuto de Roma señala:

Artículo siete. Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo tres, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo uno:

a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo uno contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo uno cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede(1).

6. En cuanto a las llamadas ejecuciones extrajudiciales o asesinatos selectivos, es preciso indicar que dichas denominaciones no han sido objeto de definición en los instrumentos internacionales. Sin embargo, la doctrina ha definido este fenómeno criminal como aquella privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con su complicidad o tolerancia, sin un proceso judicial o legal que así lo disponga.

7. Así las cosas, comoquiera que en el presente asunto se alega la responsabilidad del Estado por la presunta desaparición forzada y ejecución extrajudicial de algunos familiares de los demandantes, estima la Sala que esas circunstancias, se enmarcan en las excepciones al turno contenidas en los numerales 3º y 4º del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.

8. Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a la excepción legal antes mencionada, la cual tiene por objeto privilegiar la situación de las personas perjudicadas con actos violatorios a los derechos humanos, la Sala procederá de oficio a dar prelación al asunto de la referencia.

9. Por último, en aras de atener la solicitud elevada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se ordenará a través de la Secretaría remitirle copia de la presente decisión, agregando que tan pronto se encuentre ejecutoriada la providencia se ingresará el expediente de manera prioritaria para elaborar proyecto de fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. DECRÉTESE la prelación de fallo en el asunto de la referencia, conforme a la parte motiva de ésta providencia.

2. ORDÉNASE por Secretaría de la Sección Tercera notificar con copia de la presente providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3. Una vez ejecutoriada esta providencia, ingrésese el expediente de manera prioritaria para elaborar proyecto de fallo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 7º del Estatuto de Roma, el cual entró en vigor el 1º de julio de 2002.