Auto 1999-01424 de marzo 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-31-03-015-1999-01424-01

AC1480-2014

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «1. Consideraciones.

1. En proveído de 30 de enero de 2013, mediante el cual se negó declarar la nulidad procesal implorada, se reconoció que efectivamente el mencionado apoderado judicial, sufrió los padecimientos en su salud descritos, “arritmia cardiaca, patología que se califica grave”, lo cual fue demostrado con el respectivo certificado médico.

2. Probado como se encuentra el hecho, esto no significa, sin más, liberación de la sanción, sino que simplemente habilita valorarlo, en el sentido de examinar si es constitutivo de causa justificativa de la falta.

La calificación subjetiva de la conducta, como deliberada o voluntariosa, desde luego, ningún papel juega, puesto que lo ponderable es si la enfermedad incapacitante certificada, imposibilitó superar cierto comportamiento. En sentir de la Sala, la “(...) justificación debe ser de una entidad tal que pueda calificarse como de ‘hecho grave’ por cuya virtud o acaecimiento se haya impedido al apoderado el cumplimiento del término o el ejercicio de una actividad procesal a que estaba compelido (...)”(1).

En ese orden, si la sanción se relaciona con la no devolución del expediente, una incapacidad laboral de la índole emitida, para nada justificaba retener el proceso, pues si la remisión no es cuestión que deba hacerse personalmente, el hecho podía cumplirse por conducto de cualquier persona responsable.

3. Así las cosas, el pago de la multa corresponde mantenerse.

2. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, no exonera al apoderado de la parte demandante, recurrente en casación, de las consecuencias económicas impuestas en auto de 15 de marzo de 2012. Por secretaría, procédase de conformidad.

En firme este proveído vuelva el asunto al despacho para resolver lo pertinente.

Notifíquese».

(1) Auto 239 de 4 de septiembre de 1999, Expediente 6635.