Auto 1999-02910 de mayo 3 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001233100019990291001 (46447)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Referencia: Acción de reparación directa

Actor: Jesús María Jaramillo y otros

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde al despacho resolver el recurso interpuesto por la parte demandante, contra el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia se negó a conceder el recurso de apelación, contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2011.

1. Competencia.

El despacho es competente para resolver el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129, 146A del Código Contencioso Administrativo y 377 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

El recurso de queja procede contra los autos que niegan el recurso de apelación o lo conceden en efecto distinto al que corresponde. En cuanto al trámite, el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil exige el cumplimiento de varios requisitos, para el efecto que el interesado (i) interponga recurso de reposición contra el auto que niega la concesión, solicite, en subsidio, la expedición de copias para tramitar el de queja, suministre lo necesario, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que niegue la reposición y retire las copias a los 3 días de la publicación del aviso de su expedición e (ii) interponga el recurso ante el superior, dentro de los 5 días.

Verificado el cumplimiento de los anteriores requisitos, el despacho entrará a pronunciarse de fondo sobre si procede o no el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, previas las siguientes consideraciones que constituyen la posición unificada de la Sección, respecto de la aplicación del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 a los asuntos en curso, teniendo en cuenta que la negativa del tribunal data del 12 de enero de 2012, es decir en vigencia de la ley en cita, así no lo estuviera el 20 de agosto de 1999, cuando se instauró la demanda.

2. Reiteración de jurisprudencia(2): la doble instancia, en vigencia de la Ley 446 de 1998 se determina a tiempo de la interposición del recurso.  

“También, la Ley 446 de 1998 reguló lo concerniente a su vigencia, en materia contencioso administrativa y dispuso en su artículo 164 lo siguiente:

“En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

Los procesos de única instancia que cursan actualmente en el Consejo de Estado y que conforme a las disposiciones de esta ley correspondan a los tribunales en única instancia, serán enviados a estos en el estado en que se encuentren, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los tribunales y que quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia.

Los procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto”.

El parágrafo del transcrito artículo 164, por su parte, estableció que “[m]ientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”. En tal sentido, las normas sobre competencia contempladas en el Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 597 de 1988, no entraron a regir inmediatamente(3).

Por medio de la Ley 954 de 2005, que entró en vigencia el día 28 de abril(4) del mismo año, se modificaron, adicionaron y derogaron algunas disposiciones de la Ley 446 de 1998 y se dictaron otras disposiciones en temas relacionados con competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia; así, el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 fue modificado por el artículo 1º, con un nuevo texto del siguiente tenor —se destaca— (sic):

Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42,(5) según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos (...).

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley.

La readecuación temporal de competencias prevista en la Ley 954 estuvo vigente entre el 28 de abril de 2005 y el 31 de julio de 2006, toda vez que el día 1º de agosto siguiente comenzaron a operar los juzgados administrativos.

(...)

Del recuento cronológico atrás efectuado, para la Sala resulta factible constatar: (i) que la demanda fue presentada por la sociedad Terminales de Transporte de Medellín el día 30 de enero de 1998; (ii) que el libelo fue admitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el 1º de abril del mismo año, esto es, meses antes de que fuera promulgada la Ley 446 de 1998 —8 de julio—; (iii) que la parte actora fijó la cuantía del proceso en $ 53´220.660 —12 meses de arrendamiento conforme al plazo del contrato(6)—, suma que excedía los $ 18´850.000, entonces exigidos para que un proceso fuera considerado de doble instancia, de conformidad con el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo subrogado por el Decreto 597 de 1988; (iv) que la sentencia proferida por el tribunal a quo y el recurso de apelación propuesto, se produjeron —agosto y septiembre de 2010— cuando ya estaban vigentes las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998 y (v) que para la fecha de formulación de la alzada, el proceso no superaba los 500 smmlv ($ 257´500.000) que, según la Ley 446 de 1998, se requieren para que los asuntos contractuales sean conocidos por esta corporación en segunda instancia.

Ahora bien, fundamenta el Tribunal Administrativo de Antioquia su negativa a conceder el recurso de alzada (i) en que la Ley 954 de 2005 dispuso que los “tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42 [de la L. 446/98], según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de [dichos] montos” y (ii) en lo dispuesto por el último inciso del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, con arreglo al cual los “procesos en curso que a la vigencia de esta ley eran de doble instancia y quedaren de única, no serán susceptibles de apelación, a menos que ya el recurso se hubiere interpuesto”.

Visto lo anterior, concluye la Sala que efectivamente el recurso de apelación formulado por la parte demandada estuvo bien denegado, toda vez que el proceso con cuantía de $ 53´220.660, si bien se inició con vocación de doble instancia, pues superaba el tope de $ 18´850.000 que en 1998 se exigía para el efecto —de conformidad con el D. 597/88—, a tiempo de interponer el recurso ya no cumplía el requisito comoquiera que a partir de la Ley 446 de 1998, vigente al momento de la proposición de la alzada, para que procediera el referido recurso vertical ante esta corporación, se requería que la cuantía superara los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Es que el inciso final del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 exige que, para la procedencia de la alzada, al momento de su formulación el asunto debe alcanzar la cuantía que se encuentre vigente para acudir al superior y como en el presente caso no se superaron los 500 smmlv exigidos para recurrir en apelación a esta corporación, fue acertada la decisión del tribunal a quo al denegar la concesión de la impugnación vertical.

Quiere decir que, desde del 1º de agosto de 2006 —fecha a partir de la cual se aplican las cuantías señaladas en la L. 446/98—, para que las sentencias proferidas por los tribunales administrativos sean susceptibles de impugnación ante esta corporación, necesariamente se requiere que el asunto alcance los topes vigentes al momento del recurso para acudir en alzada al Consejo de Estado.

Al respecto, debe reiterarse que “[l]a Sala ha fijado su posición en relación con la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto a que la jurisdicción y competencia del juez se determinan con base en la situación de hecho existente en el tiempo de la demanda; no obstante lo anterior, también ha señalado que este principio no es absoluto, cuando de aplicar leyes procesales nuevas se trata”(7).

Por tanto, como la cuantía del proceso de la referencia ($ 53´220.600), para septiembre de 2010 —cuando se formuló el recurso de alzada de que se trata— no superaba el total de 500 smmlv ($ 527´500.000) que en esa época se exigían para que los asuntos contractuales fueran conocidos por el Consejo de Estado en segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, la alzada no era procedente.

Finalmente, cabe precisar que bien puede el legislador disponer que algunos asuntos judiciales se tramiten en una sola instancia, sin que por este hecho se vulnere el debido proceso, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional(8) y de esta corporación(9):

De acuerdo con lo expuesto, esta corporación estima que si bien el artículo 31 de la Constitución posibilita en principio que toda sentencia judicial sea apelada o consultada, remite a la ley la consagración de las excepciones y esta ha regulado lo concerniente a las instancias de acuerdo con los factores que determinan la competencia.

(...) es facultad del legislador la configuración de los procedimientos judiciales y dentro de ella se incluye la de señalar en qué casos estos se tramitarán en una o dos instancias. Además esta corporación ha establecido que la misma ley puede fijar los efectos de las nuevas disposiciones, en atención a diferentes factores, entre ellos, agilizar la efectiva y pronta culminación de los procesos a cargo de esta jurisdicción (...)”(10).

3. Caso concreto.

En el asunto de la referencia la demanda se presentó el 20 de agosto de 1999, es decir en vigencia de la Ley 446 de 1998 y se resolvió en primera instancia el 24 de noviembre de 2011, en el sentido de negar las pretensiones.

Inconforme con la decisión, la parte demandante i) el 12 de enero de 2012 interpuso recurso de apelación que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó, fundado en que se está ante un asunto de única instancia, en razón a la cuantía “$ 2.000 gramos oro” para cada uno de los demandantes y ii) el día 7 de febrero siguiente, interpuso reposición y en subsidio solicitó copias para recurrir en queja, aduciendo que, al tenor de la Ley 1395 de 2010 “la cuantía del proceso estará determinada por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda”.

Por su parte el Tribunal Administrativo de Antioquia sostiene que se debe mantener la decisión, toda vez que “a la fecha en que se interpuso el recurso de apelación, esto es, el 12 de enero, visible a folios 264 a 267, era aplicable la Ley 446 de 1998. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 de la citada ley”, aunado a que el 6º del artículo 40 ibídem atribuyó a los tribunales administrativos, “el conocimiento en primera instancia de los asuntos de reparación directa, cuando la cuantía excediera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, tomados a la fecha de presentación de la demanda (año 1999)”. Razón suficiente para no conceder el recurso de apelación.

No obstante lo anterior, el despacho advierte que, al tiempo que el tribunal señala que “[e]n el presente caso la estimación de la cuantía tuvo como fundamento la pretensión de mayor qué valor corresponde a los perjuicios morales ocasionados a los demandantes, equivalentes a 2.000 gramos oro para cada uno de ellos, que para la fecha de presentación de la demanda se estimaba en $ 19.414,94 para un total de $ 38.829.880”, con base en el escrito de la demanda, en el folio 19 en el acápite de la “cuantía” del mismo libelo, se lee, como sigue —se resalta—:

Las pretensiones de la demanda son susceptibles de cuantificar así: si tomamos la pretensión de la madre del menor, podemos cuantificarla mirando los 2.000 gramos de oro puro a su favor como perjuicios morales, tenemos que para la fecha estos valdrían aproximadamente $ 26.000.000, que sumados a los perjuicios materiales, los cuales se extraerían tomando el salario mínimo legal vigente que equivale a la suma de $ 236.428 (sic) y tomando el promedio o vida probable del mismo, esto es, 60 años más, no arroja una cifra de $ 170.000.000 aproximadamente, y que sumada al perjuicio moral da un total de $ 196.000.000 aproximadamente”.

De lo anterior, se colige, entonces, que la cuantía más alta, para la fecha de presentación de la demanda ascendía a $ 170’000.000 por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para la madre de la víctima. Esto es así porque, como se dijo arriba, en el acápite de la cuantía se estableció como indemnización para la señora Rosa Edith Jaramillo Arteaga, por concepto de lucro cesante, la suma de $ 170’000.000 suma que supera los 500 smlmv —118’219.000(11)— exigidos en el año 1999 —fecha de presentación de la demanda— para que el proceso tuviese, entonces, vocación de doble instancia.

De modo que como, atendiendo al tiempo de la presentación de la demanda, la competencia radicaba en el tribunal en primera instancia, —superaba el tope de $ 18’850.000(12)— consideración que el proceso conservó, porque, el 12 de enero de 2012, esto es cuando se interpuso el recurso, la misma debía superar los 500 smmlv ($ 283’350.000) y la del sub lite, actualizada, como corresponde, ascendía a $ 333’509.366,63, se deberá entonces estimar mal denegado el recurso.

Efectivamente, acorde con la interpretación fijada por la Sección, que en esta decisión se reitera, en vigencia de la Ley 446 de 1998, para determinar la cuantía para recurrir deberá acudirse a las previsiones vigentes en el momento de interponer el recurso. Sin que para el efecto cuenten consideraciones constitucionales sobre el derecho a la doble instancia y la perpetuatio jurisdictionis, valores estos que por no ser absolutos se sujetan a las disposiciones legislativas en la materia.

En armonía con lo expuesto, en aplicación del precedente señalado por la Sección, el que se acata y reitera, el recurso de queja interpuesto por la parte demandante se estimará mal denegado.

En consecuencia, se

RESUELVE:

1. ESTIMAR MAL DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, a través de apoderado, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

3. Por secretaría REMÍTASE copia de la presente decisión al Tribunal Administrativo de Antioquia para que proceda con la remisión de la totalidad del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de noviembre de 2012, Radicado 05-001-23-31-000-1998-00309-01 (40.386), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, con salvamento de voto de la ponente.

(3) La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA06-3409 de 9 de mayo de 2006, dispuso la entrada en operación de los juzgados administrativos a partir del 1º de agosto de 2006.

(4) Diario Oficial 45.893.

(5) ART. 134-A.—Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998. Los jueces administrativos conocerán en única instancia del recurso prescrito por los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, cuando la providencia haya sido proferida por funcionario o autoridad del orden municipal o distrital.

ART. 134-B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos // 1. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales. // 2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan actos administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia. // 3. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales. // 4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.// 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes, y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.

(6) Artículo 20 Código de Procedimiento Civil.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 2 de marzo de 2006, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(8) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-900 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería —se resalta—: “De acuerdo con esta disposición, la regla general, en tratándose del principio de la doble instancia, es que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, y solo de manera excepcional, las sentencias no serán apelables o consultables; autorizándose al legislador para introducir dichas excepciones. En ese orden de ideas, esta corporación ha dicho que la doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, al poder la ley introducir excepciones [Sent. C-345/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero]. // Empero, el legislador está limitado para eliminar la doble instancia en varios eventos: el primero, en tratándose de sentencias condenatorias, puesto que el artículo 29 de la Constitución de forma expresa confiere al sindicado el derecho “a impugnar la sentencia condenatoria”; el segundo, está referido al derecho que otorga el inciso 2º del artículo 86 ibídem para impugnar los fallos que se profieran durante el trámite de la acción de tutela. // Otra limitación al legislador que se desprende del artículo 31 de la Constitución, es la imposibilidad de convertir la excepción en regla general, esto es, que las sentencias judiciales no sean apelables y que de manera excepcional lo sean, puesto que el querer del artículo 31 en comento es, precisamente, que las sentencias se puedan apelar, salvo las excepciones introducidas por la ley”.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del noviembre 22 de 2005, Expediente Q-00994, M.P. Alberto Arango Mantilla.

(10) Cabe aclarar que si bien se reitera el precedente de la Sección, el cual se respeta por ser la posición mayoritaria de la Sala, la suscrita se sostiene en las consideraciones que fundaron el salvamento de voto del auto que ahora se cita.

(11) Valor que resulta de multiplicar el salario mínimo establecido para el año 1999, esto es, la suma de $ 236.438 por 500.

(12) Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.