Auto 1999-0683 de enero 30 de 2003

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 08001-23-31-000-1999-0683-01(22232)

Consejero Ponente:

Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Rosana Gómez Patiño y otros

Demandado: Nación - Invías y otros

Bogotá, D.C., treinta de enero de dos mil tres.

Decide la Sala del recurso de apelación interpuesto por el procurador catorce judicial ante el Tribunal Administrativo del Atlántico contra el auto proferido el 15 de noviembre de 2001, por medio del cual dicha corporación dispuso:

“1. APRUÉBASE la conciliación celebrada entre las partes el día 5 de octubre del 2001, Rosana Gómez Patiño y otros y el Instituto Nacional de Vías – Invías, consistente en que esta última cancelará a los demandantes por todas y cada una de las pretensiones de la demanda, la suma de trescientos setenta millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos con seis centavos (370.353.634,06), discriminados así: doscientos sesenta millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos con seis centavos (260.353.634,06), por los perjuicios materiales, y, ciento diez millones de pesos ($ 110.000.000), por los perjuicios morales”.

“2. La presente acta de conciliación, tendrá efecto de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo”.

“3. EXHÓRTASE a los directivos de Invías para que procedan como en los considerandos de este proveído se indicó”.

“4. Declarar terminado el proceso con respecto al señor Jelvis Arturo Martínez Corredor”.

“5. PROSÍGASE el presente proceso con los llamados en garantía, de acuerdo a lo estipulado en la parte motiva de esta providencia” (...) (fls. 467 y 468 cdno. ppal.)

I. Antecedentes

1) Refiere el expediente que mediante apoderada judicial debidamente constituida, los demandantes formularon acción de reparación directa en contra del Instituto Nacional de Vías, a fin de que se lo declare administrativa y civilmente responsable de los perjuicios morales y materiales irrogados, como consecuencia de la muerte de los señores Ricardo Coronado Victorino, Ludys María Anillo Leones, Dagoberto Castro Anillo, María Concepción Mercado Vizcaíno y Wilson Oquendo Ariza, ocurrida el 20 de febrero de 1997, a la altura del kilómetro 92+500 de la vía la Cordialidad, frente a la finca la Luviana, cuando se desplazaban del municipio de Baranoa a la ciudad de Barranquilla (fls. 236 a 248 cdno. 1).

2) Mediante providencia de 9 de abril de 1999 (fls. 251 a 253), el a quo admitió la demanda y dispuso el trámite de rigor.

Una vez notificada la entidad demandada (fl. 253 vto.) constituyó apoderada judicial (fl. 254), quien contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda; propuso como excepciones la de culpa exclusiva de los conductores o culpa de terceros y la de caducidad de la acción. Solicitó igualmente el llamamiento en garantía de la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y de las firmas Castro Tcherassi & Cía. Ltda., Gercón Ltda. y Equipo Universal & Cía. Ltda. y Senior y Viana Ltda. y de la Cooperativa de Transportadores de Sabanalarga Ltda. “Cootransa” (fls. 261 a 267 y 268 a 271).

3) Surtido el trámite de la instancia hasta agotar la etapa probatoria, el magistrado ponente mediante auto de 4 de septiembre de 2000 citó a las partes para audiencia de conciliación, señalando para el efecto el día 29 del mismo mes y año (fl. 337 cdno. de pruebas).

Esta diligencia, según acta de folios 347 a 352, se habría llevado a cabo el día 28 del citado mes. A la misma asistieron las partes y hubo necesidad de fijar como nueva fecha para su continuación el 24 de noviembre de 2000, en consideración a que la entidad demandada desconocía el monto de la propuesta conciliatoria de la parte actora ($ 1.261’523.997,70 como indemnización de perjuicios morales y materiales) y por tanto, expresó que dicha fórmula debía someterse a consideración del respectivo comité de conciliación de la entidad. Cabe destacar que los llamados en garantía se opusieron enfáticamente a un acuerdo conciliatorio, al considerar que no tienen ningún tipo de responsabilidad en los hechos que dieron origen al proceso.

4) Llegada tal fecha, esto es, el 24 de noviembre de 2000 (fl. 394), la entidad demandada solicitó un nuevo aplazamiento de la diligencia, fijándose para el efecto el día 15 de diciembre siguiente, fecha en la que no se pudo llevar a cabo la diligencia de conciliación, por razón de la suspensión de términos a que se refiere el informe de folio 396 ibídem.

Así, mediante auto de 15 de enero de 2001 (fl. 397), el ponente señaló como fecha para tal fin el 31 de enero de este último año, fecha en la cual, la parte demandada, aduciendo la existencia de una eventual culpa compartida entre esta y los conductores de los vehículos que colisionaron, propuso reducir el monto de la suma propuesta por la parte actora a $ 370’353.634,06 (fls. 398 a 401).

Frente a esta propuesta, la apoderada de la parte actora solicitó un plazo para poner en consideración de sus poderdantes tal ofrecimiento.

5) Mientras la parte actora consideraba la fórmula de arreglo propuesta por el ente demandado, se surtió la etapa de alegatos de conclusión, conforme a la providencia de 28 de marzo de 2001 (fl. 412).

6) Previa solicitud de la parte actora (fl. 446) el a quo fijó como fecha para celebrar la audiencia de conciliación el 5 de octubre de 2001.

En esta fecha, y según acta de folios 454 a 457, la parte actora manifestó su aceptación frente a la propuesta hecha por la entidad demandada. El Instituto Nacional de Vías por su parte, expresó que tal acuerdo solo involucraba a las partes demandante y demandada y, que por tanto, el proceso debía seguir su curso respecto de los llamados en garantía.

Los llamados en garantía reiteraron su inconformidad frente al acuerdo conciliatorio.

El procurador judicial ante el tribunal expresó su desacuerdo frente al acuerdo a que habían llegado las partes, al considerar que no existía prueba suficiente acerca de la responsabilidad del ente demandado.

II. La providencia impugnada

Sometido a consideración del Tribunal dicho acuerdo conciliatorio, mediante proveído del 15 de noviembre de 2001 (fls. 458 a 468 cdno. ppal.) le impartió aprobación, para lo cual hizo el siguiente razonamiento:

“Estudiada la situación jurídica a que se contrae el presente asunto, la Sala considera que se reúnen a cabalidad los presupuestos legales antes mencionados para imprimirle aprobación a la conciliación judicial de que aquí se trata.

“Tal arreglo es además el resultado de la aplicación del inciso 1º del artículo 6º del Decreto 2651 de 1.991, el cual admite la posibilidad de que esta pueda ser tramitada en proceso (sic) en los cuales se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado, siempre y cuando que con ella no se lesionen los intereses patrimoniales de la entidad pública demandada.

“En el acuerdo conciliatorio aludido no se aprecia la existencia de lesión alguna a los intereses patrimoniales del Estado, más bien se considera benéfico, pues, evita una serie de gastos o erogaciones adicionales.

“De otro lado, dicho acuerdo se ha realizado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, a través de apoderado especial, y los demandantes, también, a través de apoderado especial, ambos con facultad para conciliar (fls. 254 y 1 al 15, respectivamente).

“En el caso sub examine, la Sala no comparte el criterio esbozado por el señor procurador judicial 14, doctor JAVIER LIZCANO RIVAS, en el acta conciliatoria del 5 de octubre del presente año, por cuanto estima que del acervo probatorio del expediente, especialmente documentales y testimoniales, se puede deducir una alta probabilidad de condena contra el estado (...)” (fls. 465 y 466 cdno. ppal. Mayúsculas y negrilla fijas del texto original).

III. El recurso

Inconforme con lo decidido, el procurador catorce judicial ante el Tribunal Administrativo del Atlántico interpuso en tiempo recurso de apelación, con el propósito que tal decisión sea revocada y, en su lugar, se impruebe el acuerdo conciliatorio logrado por las partes (fls. 469 a 471 cdno. ppal.).

Sostiene el agente del Ministerio Público que los hechos en que perdieron la vida las personas por quienes se reclama indemnización de perjuicios no es atribuible al Instituto Nacional de Vías por la supuesta falta de mantenimiento de la vía, como sí por el exceso de velocidad con que iban los vehículos colisionados.

Estima igualmente que si el fundamento del tribunal para aprobar la conciliación judicial materia de impugnación es el criterio jurisprudencial bajo el cual cuando existen dudas probatorias se justifica la conciliación, tal concepción ya perdió vigencia como criterio auxiliar de interpretación, habida cuenta que con la puesta en vigencia del artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 65 A de la ley 23 de 1991, el acuerdo conciliatorio debe soportarse en las pruebas necesarias que permitan deducir una alta probabilidad de condena en contra de la administración.

En ese entendido, considera que, si bien la conciliación es un mecanismo idóneo para que las partes resuelvan sus diferencias económicas, es lo cierto que ante la falta de prueba que demuestre la responsabilidad de la administración no puede mantenerse el auto aprobatorio de la conciliación, pues ello pondría en peligro el patrimonio público administrado por la entidad estatal demandada.

IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos para la aprobación de la conciliación contencioso – administrativa.

Con fundamento en la ley, la Sala, en reiterada jurisprudencia(1) ha definido los siguientes supuestos:

• Que verse sobre derechos económicos disponibles por las partes.

• Que las entidades estén debidamente representadas.

• Que los representantes o conciliadores tengan capacidad o facultad para conciliar y disponer de la materia objeto de convenio.

• Que no haya operado la caducidad de la acción.

• Que no resulte abiertamente inconveniente o lesivo para el patrimonio de la administración.

• Que los derechos reconocidos estén debidamente respaldados por las probanzas que se hubieren arrimado a la actuación.

Es preciso recordar igualmente que, según lo ha dicho la Sala, la conciliación en materia contencioso administrativa y su posterior aprobación, por estar en juego el patrimonio estatal y el interés público, una y otra deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, de manera que no quede duda al juez de conocimiento que existen altas probabilidades de condena en contra de la administración y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

2. El asunto de fondo.

Se encuentra establecido en el expediente que los actores aceptaron los términos de la fórmula de arreglo propuesta por el Instituto Nacional de Vías, a fin de conciliar las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida con ocasión de la muerte de los señores Ricardo Coronado Victtorino, Ludys María Anillo Leones, Dagoberto Castro Anillo, María Concepción Mercado Vizcaíno y Wilson Oquendo Ariza, en los hechos que quedaron descritos. El monto del acuerdo logrado por las partes asciende a la suma de $ 370’353.634,06.

Ahora bien, como el disentimiento de Ministerio Público para con el auto apelado radica en que la prueba que obra en el expediente no es lo suficientemente demostrativa de la responsabilidad del ente demandado, especialmente en lo que atañe al mal estado de la vía donde se produjeron los hechos, la Sala analizará tal circunstancia.

En efecto, sostiene dicho funcionario que si bien es cierto que para la fecha del insuceso existía en el lugar de los hechos una depresión en la vía, esta no tenía las características suficientes para generar el hecho fatídico por el que se reclama indemnización. Sobre este particular anotó:

“En el presente caso, los actores solo se limitaron a probar la existencia de los perjuicios materiales y morales, pero no pudieron demostrar que entre el mal estado de la vía, junto con la peligrosidad que ello acarreaba, y el resultado dañoso atribuido a la administración, existió relación de causalidad; al contrario, se probó hasta la saciedad que Invías había realizado las obras necesarias para rehabilitar y mantener la carretera en un estado adecuado de transitabilidad, sin perjuicio que el ejercicio normal del derecho de tránsito que tienen todas las personas existentes en el territorio colombiano, conlleve o implique riesgos inherentes a fallas de la conducta humana, que se encuentran más allá del deber del Estado de garantizar la efectiva y eficaz prestación del servicio público que se persigue con las vías de comunicación (...)

“En efecto, no es cierto que la tractomula se haya salido del carril en que venía por causa de un enorme hueco que había en la vía, pues, de acuerdo con el material fotográfico visible a folios 334 a 338 del expediente, tomadas en el sitio del accidente, solo se trata de un hueco de pequeñas proporciones: 70 cms. de largo, por 40 cms. de ancho y, apenas 5 cms. de profundidad, medidas que son insuficientes para hacer salir de su carril a un vehículo de las dimensiones de la tractomula y que tampoco ofrecían riesgo alguno a la estabilidad del citado vehículo, como lo pretenden los demandantes” (fls. 444 y 445 cdno. de pruebas - negrilla del texto original).

Con relación a la culpa de terceros como causa del accidente, manifestó:

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses regional norte, con sede en Barranquilla, por intermedio del señor Miguel Ángel Hurtado A. a la sazón perito en física forense, el 28 de abril de abril de 1997 rindió dictamen pericial dentro de la investigación penal adelantada por la fiscal cuarta de la Unidad de Reacción Inmediata URI de Barranquilla (Exp. 2122), cuyas copias simples fueron aportadas por los demandantes (fls. 211 a 222 del expediente), afirmó que “...Las dimensiones de las ruedas del tractocamión cuyo diámetro es superior a un metro, no tendrían una fuerte desacelaración al pasar por un hueco (fotografía 1, 2, 3,) de inferior tamaño” (fl. 211).

“El dictamen pericial realizado por Medicina Legal, que tuvo como bases científicas el plano 1580 y el informe fotográfico 00347 elaborados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, las indagatorias rendidas por los sindicados Andres Antonio Pérez Solano y Jelvis Arturo Martínez Correa, conductores del bus y tractocamión, respectivamente, al igual que las fotografías y el video en formato VHS allegados al expediente del proceso penal referenciado, concluyó y demostró que el bus al momento de colisionar, se desplazaba a una velocidad mínima de ochenta y cuatro kilómetros por hora (84 Km/h) aproximadamente, y el tractocamión, al parecer a una velocidad mínima de cincuenta kilómetros por hora (50 Km/h).

“Se demostró con el citado dictamen que el tractocamión FORD “...invadió un 25% del carril contrario..” ya que el punto de colisión o impacto “...se localizó muy cerca del punto de separación sobre un área aproximadamente de dos metros cuadrados: por el carril que correspondía al bus a 2.8 m del borde de carretera (fotografía 7) y a una distancia aproximadamente de 3.0 m del borde sobre el carril que correspondía al tractocamión (fotografía 4)” (ver p. 214 del expediente)”. (fl. 445 cdno. de pruebas - negrillas y subrayado del texto original).

Visto lo anterior, la Sala encuentra que los motivos de inconformidad expuestos por el Ministerio Público encuentran respaldo en las pruebas obrantes en el expediente, razón por la cual el auto apelado deberá revocarse, para en su lugar, improbar el acuerdo conciliatorio bajo examen.

En efecto, del informe de tránsito levantado por la autoridad competente (fls. 143 y ss. cdno. 1), se desprende que los motivos que aparentemente dieron lugar al accidente de que se trata en este caso, fueron la existencia de un hueco en la vía y el exceso de velocidad de los automotores colisionados.

Sobre el primer aspecto, la Sala advierte que tanto la prueba documental como la testimonial que obra en el expediente, coinciden en que las características de tal depresión no eran suficientes como para obligar al conductor de la tractomula a desviar su trayectoria y embestir al bus de pasajeros.

En lo que concierne al exceso de velocidad como factor determinante del hecho generador de los perjuicios reclamados, la Sala observa que al igual que para caso anterior, las mismas pruebas sugieren que el conductor del bus excedió el límite de velocidad permitido.

En síntesis, el conductor de la tractomula habría invadido el carril del bus de pasajeros y este a su vez excedido el límite de velocidad permitido. En tales condiciones surge la incertidumbre de si en realidad es responsabilidad del ente demandado indemnizar los perjuicios que reclaman los demandantes y, por tanto, no es viable, en esas condiciones, impartir aprobación a la conciliación judicial materia de apelación.

La decisión así adoptada no implica que la Sala desconozca la importancia y utilidad de la conciliación no solo como mecanismo de descongestión de los despachos judiciales sino también para procurar la efectividad de los derechos de las partes, sino que entratándose del patrimonio e interés públicos, no es posible omitir la exigencia de certeza del derecho reclamado, como ya se precisó.

La Sala considera suficientes las razones expuestas para revocar la providencia apelada, que aprobó el acuerdo conciliatorio avalado por las partes y, por ello, se releva de examinar los demás aspectos del asunto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto apelado, esto es, el proferido 15 de noviembre de 2001 por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En su lugar, se dispone:

Impruébase la conciliación judicial a que llegaron las partes en el presente asunto, conforme a la diligencia llevada a cabo el 5 de octubre de 2001, según acta de folios 454 a 457.

2. Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jesús Ma. Carrillo Ballestero—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodriguez Villamizar.

(1) Estos supuestos han sido definidos en reiterada jurisprudencia de la Sala. Al efecto pueden consultarse, entre otros, los autos 15421 del 25 de marzo de 1999 y 15872 del 8 de abril de 1999.