Auto 2000-00006 de diciembre 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: 13001233100020000000604

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Acción popular

Actores: Personería Distrital de Cartagena de Indias y otros

Bogotá, D.C., once de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

El artículo 41 de la Ley 472 de 1998, dispone:

“ART. 41.—Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción.”

Sobre este aspecto, esta Corporación ha sostenido(7):

“El desacato se concibe como un ejercicio del poder disciplinario frente a la desatención de una orden proferida por la autoridad competente en el curso del trámite de la acción popular, y trae como consecuencia la imposición de una sanción de multa conmutable en arresto, previo trámite incidental especial, consultable con el superior jerárquico quien decidirá si debe revocarse o no. (L. 472/98, art. 41). Objetivamente el desacato se concibe como una conducta que evidencia el incumplimiento de cualquier orden proferida en el curso del trámite de la acción popular, y desde un punto de vista subjetivo se tiene como un comportamiento negligente frente a lo ordenado, lo cual excluye la declaratoria de responsabilidad por el mero incumplimiento. No es, entonces, suficiente para sancionar que se haya inobservado el plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la renuencia a acatarla por parte de la persona encargada de su cumplimiento. En el incidente serán de recibo y se estudiarán todos los aspectos relacionados con el acatamiento o no de la orden proferida, pero de ninguna manera constituye un nuevo escenario para los reparos o controversias propias de la acción popular”.

El desacato se concibe como una herramienta jurídica frente a la desatención de una orden proferida por la autoridad competente en el curso del trámite de la acción popular y trae como consecuencia la imposición de una sanción de multa conmutable en arresto, previo trámite incidental especial, consultable con el superior jerárquico, quien decidirá si debe revocarse o no.

4.1. Órdenes impartidas.

En las sentencias del Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia, de 19 de abril de 2001 y del Consejo de Estado Sección Quinta en segunda instancia, de 24 de agosto de 2001, que motivaron el incidente de desacato que hoy ocupa a la Sala en grado de consulta, ambas corporaciones fueron contundentes en el reconocimiento de la afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública, por considerar que los mismos venían siendo violados por la Aeronáutica Civil y Acuacar al realizar los trabajos de sellamiento de la “boca” que comunica al caño Juan Angola con la Ciénaga de la Virgen y abrir un canal al lado occidental de la pista, lo que generó el rompimiento de los ductos de alcantarillado que vertían a la ciénaga derramando su contenido, paralelo a lo anterior la expansión de la pista trajo como consecuencia la afectación sonora lo cual agudizó la problemática ambiental.

En consecuencia, se ordenó a la Aeronáutica Civil y a Acuacar indemnizar en proporción de cincuenta por ciento cada entidad, a las personas más afectadas por la contaminación ambiental y sonora, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la entrega de Damarena y Edurbe de los resultados de las obligaciones que se les impone en la sentencia, una vez hecho esto Acuacar S.A. y la Aeronáutica Civil procederán a demoler en forma inmediata las respectivas viviendas que vayan adquiriendo. Sin embargo, es menester aclarar que mediante auto de 19 de mayo de 2004, el Tribunal Administrativo de Bolívar redistribuyó los porcentajes de indemnización, disponiendo que a la Aeronáutica Civil le correspondería asumir el 75% y a Acuacar el 25% de las cargas económicas de indemnización.

Así mismo, se pone de presente que las partes de buena fe vienen dando cumplimento a la orden consistente en indemnizar a las personas más afectadas por la contaminación ambiental y sonora, conforme a los parámetros fijados por el Tribunal mediante auto de 19 de mayo de 2004, pese a que la Sentencia de 24 de agosto de 2001 establecía parámetros diferentes.

En este sentido y como quiera que la finalidad de la orden impuesta por esta Corporación es la defensa de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública de la comunidad afectada en el caso objeto de estudio y que la orden que se viene ejecutando cumple con dicha finalidad, la Sala analizará la procedencia de la sanción impuesta de acuerdo con los parámetros establecidos en el auto 19 de mayo de 2004.

Al efecto, corresponde a la Sala determinar si resulta ajustada a derecho la multa de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta, al señor Francisco Pérez Tena gerente de Acuacar.

De las pruebas allegadas, se destaca:

• Copia del acta de seguimientos a obligaciones impuestas por fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar en Virtud de acción popular instaurada para la compra de viviendas(8), realizada el 13 de agosto de 2009, presentada por la Aeronáutica Civil donde se deja constancia que la entidad cumplió con el proceso de compra de viviendas. Se destaca:

“(…).

El representante de la Aeronáutica Civil manifiesta que el objetivo de la convocatoria del comité de verificación consiste en dejar constancia de que la Aereocivil(sic) ha cumplido con la compra del 75% de los inmuebles o posesiones, tal y como lo ordenaban los fallos de acción popular del Tribunal de Bolívar en primera instancia y de Consejo de Estado en segunda instancia.

(…).

El representante de Acuacar manifiesta que del 25% de los inmuebles que le corresponde adquirir, es decir 75 viviendas aproximadamente, ha podido concretar la negociación de 30 viviendas, las demás viviendas no se han podido negociar debido a las elevadas pretensiones de los habitantes de dicho inmuebles.

(…)”.

• Documento presentado por Acuacar(9), el 19 de enero de 2010, por medio del cual se presentan los informes sobre la ejecución de las obras civiles para ponerle fin a los vertimientos de agua, el levantamiento de actas contentivas de las ofertas de compra y se afirma la adquisición de 30 viviendas pero no se adjunta ninguna prueba idónea para respaldar dicha afirmación. Se destaca:

“(…).

Teniendo en cuanta que a Acuacar le corresponde adquirir el 25% de las viviendas censadas, se estimó que el número de estas eran 75 inmuebles. De los cuales se han adquirido solo 30 viviendas.

Sin embargo, debemos anotar que dentro de este proceso de adquisición de viviendas adelantado por Acuacar ha influenciado el juego de las pretensiones económicas desfasadas de los pobladores de la zona, lo cual ha imposibilitado en la mayoría de los casos la negociación.

(…)”.

• Documento presentado por Acuacar(10), el 15 de junio de 2010, por el cual la entidad afirma aportar treinta (30) copias informales de escrituras públicas de cada uno de los inmuebles adquiridos, de las cuales obran en el expediente se tan solo 25 copias. Se destaca:

“(…).

Copias de escrituras públicas aportadas en esta oportunidad:

1. Emiliano Tejedor Buelvas: 01-02-0638-0080-01

2. Arelis León de Ávila: 01-02-0430-0010-001

3. Marly Canoles Correa: 01-02-0630-0007-001

4. Neris Rodríguez Hernández: 01-02-0638-0083-000

5. Fidel Vilora. 01-02-0630-0017-000

6. Osiris Molina Padilla: 01-02-0433-0015-001

7. José Francisco Palona Jaraba: 01-02-0439-0005-000

8. Delia Molina de Meléndez: 01-02-0431-0017-002

9. Martha Palomo Gómez: 01-02-0439-0005-001

10. Marcilia Castillos Arenas: 01-02-0643-0020-000

11. Isabel Anaya Bello: 01-02-0643-0021-000

12. Cilia Polo Mendivil: 01-02-0433-0017-000

13. Bertha Arzuza Márquez: 01-02-0430-0026-000

14. Bertha Arzuza Márquez: 01-02-0430-0026-001

15. Marxiana Roa Forbet: 01-02-0643-0019-000

16. Eunice Castellar Barrios: 01-02-0650-12-00

17. Mirley Díaz Galán: 01-02-0649-0010-000

18. Albertina Moncaris Girado: 01-02-0638-0079-001

19. Adsilia Ramírez Orozco: 01-02-0431-0014-002

20. Elizabeth García Riveros: 01-02-0638-0083-000

21. Anselmo Guevara Ramos: 01-02-0638-0082-000

22. Damaris Alvarado Díaz: 01-0206-490010-001

23. Lizandro de la Hoz Moncaris: 01-0206-320079-001

24. Evelia Hernández de Ríos: 01-02-0641-001-00

25. Ana Mercedes Jiménez Hernández: 01-02-0641-0001-0002

26. Pedro Molina Flórez: 01-020431-0014-003

27. Marly Meléndez Molina: 01-020431-0017-002

28. Cruz de Lina Jiménez Hernández: 01-02-0638-0080-001

29. Robinson Martínez Molina: 01-02-0431-0014-001

30. Luis Eduardo Mercado Colon: 01-02-0431-0014-001

(…)”.

• Documento presentado por Acuacar(11), el 7 de febrero de 2011, por el cual la entidad afirma aportar catorce (14) copias de escrituras públicas de cada uno de los inmuebles adquiridos por parte de Acuacar, las cuales efectivamente se encontraron en el expediente. Se destaca:

“(…).

Referencia de las escrituras públicas aportadas en el documento:

1. Marly Méndez Molina: 01-02-0431-0017-002

2. José Movilla Castro: 01-02-0549-0015-005

3. Yaneth Lucia Movilla Murillo: 01-02-0549-0015-004

4. Shirley Movilla Murillo: 01-02-0549-0015-003

5. Edwin Movilla Murillo: 01-02-0549-0015-002

6. Ricardo Cardozo Gonzalez: 01-02-0549-0004-001

7. José Luis Movilla Murillo: 01-02-0549-0015-001

8. Luis Antonio Valverde Rincón: 01-02-0347-0008-000

9. Daniel Escalante Padilla: 01-02-0649-009-000

10. Wiston Arteaga Santos: 01-02-0430-0004-001

11. Oswaldo Valverde Rincón: 01-02-0347-0008-000

12. Donay Daniel Álvarez Salgado: 01-02-0549-0016-000

13. Francisco de Jesús Zabaleta: 01-02-0630-0001-000

14. Ana Lucia Buelvas Cáceres: 01-02-0638-0080-000

• Tres planos presentado por la Aeronáutica Civil(12), el 16 de febrero de 2011, en los cuales se ilustra la gestión realizada por la Aeronáutica Civil y Acuacar en la zona afectada. Se destaca:

“(…).

Plano numero dos (2), se reflejan las adquisiciones llevadas a cabo por Acuacar en color violeto, las cuales corresponden a setenta y ocho (78) predios.

(…)”.

• Informe presentado por Acuacar(13), el 5 de diciembre de 2012, por el cual se da a conocer el número de áreas adquiridas por Acuacar el cual es de seis mil quinientos treinta coma cincuenta y uno (6.530,51). Se destaca:

“(…).

Por medio del presente escrito se presenta cuadro contentivo de la relación de las áreas de los predios adquiridos.

(…)”.

4.2. Cumplimiento del fallo

De las pruebas que obran en el expediente respecto de la obligación de Acuacar de adquirir el 25 % de área afectada por la contaminación(14), lo que equivale a la compra de doce mil quinientos metros cuadrados (12.500 m2), se observa que se ha cumplido con la mayor parte de la obligación a cargo de la empresa Acuacar, pues ésta ha adquirido seis mil quinientos treinta metros cuadrados (6.530 m2), lo que es más de la mitad de la cantidad de metros cuadrados que la empresa debe comprar.

En consecuencia la Sala considera que si bien la empresa Acuacar no ha adquirido la totalidad del área afectada que le corresponde, lo cierto es que se encuentra demostrado que ha realizado acciones tendientes a cumplir con las órdenes impartidas en los fallos del Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia, de 19 de abril de 2001 y del Consejo de Estado Sección Quinta en segunda instancia, de 24 de agosto de 2001, ya que por una parte la empresa Acuacar ha adquirido gran parte del terreno que le concierne comprar, al tiempo que se encuentra negociando la compra de los terrenos faltantes, así como también reposa en el expediente que dicha empresa ha cumplido con la obligación de llevar a cabo la eliminación de los vertimientos de aguas residuales al canal paralelo a la pista del Aeropuerto Rafael Núñez y al Caño de Juan Angola.

En concordancia de los argumentos anteriormente expuestos y en razón de que el objetivo del incidente de desacato es conminar de manera justa al cumplimiento de las órdenes impuestas por el juez popular para garantizar el cumplimiento de los derechos vulnerados, la Sala considera que se hace necesario ajustar la sanción impuesta al señor Francisco Pérez Tena gerente de Acuacar reduciéndola en un monto de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes, en vista que en gran medida se ha cumplido con lo dispuesto en las Sentencias del Tribunal Administrativo de Bolívar en primera instancia, de 19 de abril de 2001 y del Consejo de Estado Sección Quinta en segunda instancia, de 24 de agosto de 2001.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral tercero de la providencia consultada por las razones expuestas en la parte motiva. El cual quedará así:

“(…).

Tercero: Imponer multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes al gerente de Acuacar, con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conforme lo ordena el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. Para ello, se le concede un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia. Si el valor de la multa no es consignado en el término señalado, la misma será conmutada con arresto hasta por seis (6) meses del funcionario mencionado, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

2. CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia consultada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Auto de 24 de agosto de 2006, referencia 73001233100020030072101(AP), Actor: Álvaro Alvira Rincón, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(8) Cuaderno desacato 1, folios 45 y 46.

(9) Cuaderno desacato 1, folios 47 a 57.

(10) Cuaderno desacato 1, folios 133 a 386.

(11) Cuaderno de pruebas, folios 1 a 154.

(12) Segundo cuaderno, folios 513 a 520.

(13) Segundo cuaderno, folios.

(14) la cual corresponde a mil metros (1000 m) de largo por cincuenta (50) metros de ancho.