Auto 2000-00011 de marzo 7 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CUANTÍA PARA RECURRIR EN CASACIÓN

Demandado condenado a pagarle a varios demandantes.

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez

Ref.: Expediente 2000-00011-01

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil seis (2006).

Procede la Corte a decidir sobre el trámite del recurso de casación formulado por la Cooperativa de Transportadores Unidos de Palmira Ltda. contra la sentencia de 25 de septiembre de 2005, proferida por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del proceso ordinario de Bonifacio Mercado Salazar, Carmen Sofía Ruiz Vivero y Amparo Viviana Herazo Romero, quien obra en su propio nombre y en representación de los menores Juan Carlos y Carmen Ana Mercado Herazo, contra Juan Evangelista Valbuena Girón y la recurrente.

A cuyo propósito, se considera:

Entre los varios aspectos que hacen extraordinario a un recurso, importa detener la atención hoy en el que tiene que ver con que su procedencia es restringida para ciertas decisiones que el legislador, dentro de la potestad constitucional que en punto de impugnación le asiste, señala atendiendo, ya su naturaleza, ora el monto económico objeto de disputa, y algunas veces asociando esas dos cosas. Para el de casación, por ejemplo, aparecen enlistadas las sentencias que admiten tal recurso (CPC, art. 366), cuya mayoría está supeditada a que, de otra parte, irroguen al recurrente un perjuicio pecuniario del monto que allí se establece y que modificado ha sido por algunas normas posteriores. Lo que cumple destacar ahora es que cuando de tenerse presente la cuantía se trata, es necesario enfatizar el criterio que adoptó la ley, según el cual ese requisito de orden patrimonial está dado por “el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente”. Este es, el valor actual del agravio que dimana de la sentencia recurrida.

Seguramente que en más de una ocasión será poco complejo y hasta fácil establecerlo. Pero las hay también que al punto convergen circunstancias de variado orden y ofrecen dificultades de mayor o menor envergadura. Adrede se dejan aquí de lado aquellos casos en que lo dificultoso está en el preciso cálculo del monto que finalmente soporta un recurrente y que a veces obliga a llamar a expertos que vayan en auxilio del juzgador, y más bien concentrar las energías en lo que hace bien al caso. A la verdad, el escollo de ahora ofrece otra arista bien distinta, y tiene que ver con el modo de establecer dicho cálculo cuando la composición de las partes es plural. En efecto, si las partes, o al menos una de ellas, está compuesta por más de un sujeto, tendencia hay a que la respuesta que se encuentre necesariamente deba coincidir con explicaciones procesales atadas a la clase de litisconsorcio que allí se dé cita. Si voluntario, a punto se trae la elucubración de que, cuando tal sucede, son independientes las relaciones jurídicas que con cada uno de los litisconsortes establece la contraparte, lo que hace que la cuantía que está por averiguarse sea mirada también separadamente.

Propensión esa de la que no ha sido ajena la Sala de Casación Civil. Varias veces, en efecto, al abordar esta difícil temática ha adoptado ese criterio, y rechazado por ende que en tales supuestos sea posible hacer del perjuicio una suma total. De modo que las diversas relaciones litisconsorciales de ese cariz han sido miradas individualmente, para ahí sí echar de ver cuáles alcanzan la cuantía mínima establecida por la ley para acceder al recurso de casación. Lo que es decir, como cada relación constituye una línea paralela, cada una marchará por su lado sin posibilidad de contacto con la otra.

Así, por ejemplo, en proveído de 26 de mayo de 1999, en el que puede leerse lo que sigue: “(...) tratándose de un litisconsorcio voluntario, el interés para recurrir en casación es individual para cada uno de los actores, por lo que es inadmisible a dicho propósito hacer una sumatoria de todas las pretensiones deducidas en este proceso” (exp. 7622).

Y en auto de 12 de octubre de 2001 (exp. 1994-7276) esto otro: “en casos como el presente, en que se está frente a un litisconsorcio voluntario activo y en que la demanda evidencia la acumulación subjetiva de pretensiones, el interés para recurrir en casación el fallo estimatorio de las súplicas así planteadas debe considerarse en relación con el valor actual de la condena deducida a favor de cada uno de los demandantes, sin que, por ende, haya lugar a que, como erradamente lo apreció el tribunal, su determinación se obtenga de la sumatoria de la totalidad de las condenas establecidas a cargo de la demandada recurrente”.

Empero, la Sala estima hoy que el asunto es menos complicado de lo que parece. Así, cuando, como en el caso de ahora, varios demandantes dirigen sus pretensiones contra una sola demandada, y el fallo es condenatorio, no hay manera de desconocer que el perjuicio que a esta causa la sentencia, que como se recuerda es el criterio a tener siempre presente según se advirtió justo cuando se abrían las motivaciones de este proveído, se concentra todo en un solo sujeto. Ahí, una cosa es incontestable: la demandada soporta el fardo completo de la condena que le irroga la misma sentencia. No es fácil aceptar entonces que tan palpitante realidad pueda desaparecer en los meandros procesales, y por eso mismo se antoja excesivo encarecer conceptos litisconsorciales en orden a conseguirlo. Juzga la Sala que es demasiado traer al punto exacto de la cuantía las potísimas razones que en otros campos explican y justifican la figura del litisconsorcio voluntario, para concluir por ese sendero que en cuanto no se amolden a su rigor el derecho de impugnación deba sucumbir. Además de que resultan sobrando, porque, insístese, a la hora de definir si la cuantía del interés para recurrir en casación es suficiente, no hay porqué entregarse a más averiguaciones que la de establecer, “el valor actual del perjuicio de la resolución desfavorable al recurrente”, que es la verdadera y única exigencia prevista por la ley en esa parte. Lo demás está de más. Evidentemente, a la pregunta de en cuánto está perjudicada la acá demandada por la sentencia que intenta recurrir, no hay más que una respuesta: su agravio está en que fue condenada a pagar perjuicios por un monto que a la postre resulta superior al tope legal que la ley exige para la casación. A eso se reduce todo. Que dicho monto se deba pagar por partes a muchos o a pocos, ya no hace al caso, porque su patrimonio, que es el afectado por la condena, no se resiente menos según sea el destino final del egreso. Por lo que parece que alargar el cuestionario en la materia para preguntarse además si el acreedor es único o plural es impertinente. No vale tanto averiguar cuántos acreedores son como el de saber cuántos deudores hay. Lo esencial no es, dicho en otros términos, de qué parte está el beneficio del crédito como el de establecer en dónde el gravamen de la deuda. Esto último dictaminará sin atenuantes cuál es el peso que para el recurrente representa la sentencia y nada más.

Por consiguiente, puesta la Corte de nuevo en la senda de examinar más a espacio el punto, concluye que debe rectificar su jurisprudencia, para entender ahora que a un demandado en las condiciones que referidas se dejan, no le cabe reproche alguno por el factor cuantía, sencillamente porque no conviene echar a andar el asunto en medio de arduas y sofisticadas polémicas jurídicas, habida cuenta que, por muchas y respetadas que sean, para decirlo gráficamente, no podrán desconocer que el pago, todo, saldría del mismo bolsillo. Y desde esta perspectiva, jamás cabe afirmar que el demandado está sufriendo a pedazos la sentencia. No. La soporta toda. Y porque en últimas la Sala ve que el derecho de impugnar las decisiones judiciales —y fundamental que sí lo es—, no recibe de buen grado el tener que acudir a argumentaciones más o menos densas para sofocarlo.

Piénsase entonces que las razones plasmadas en este proveído sobrepasan largamente a las que venía prohijando, y que por ahí derecho es obligado recoger hoy la anterior doctrina, razón bastante que de paso indica que este proveído lo profiera la Sala.

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:

Admitir el recurso de casación interpuesto por la demandada respecto de la sentencia proferida dentro del proceso arriba referido.

En consecuencia, con entrega del expediente, córrase traslado a la recurrente por el término de 30 días para que formule su demanda.

Notifíquese.

Jaime Alberto Arrubla Paucar—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Cesar Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla 

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