Auto 2000-00051 de mayo 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014)

Expediente 29813

Radicación 070012331000200000051 01

Actor: Jovannye Acosta Mercado y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Transporte, INVÍAS y otros

Naturaleza: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

La doctrina define la nulidad como “la declaración judicial por medio de la cual se deja sin efectos un acto procesal, por violación de las formalidades de éste y consiguientemente de las garantías que tutelaba”(6).

La nulidad procesal está gobernada, entre otros, por los principios de especificidad, protección y convalidación o saneamiento. En lo que respecta a la especificidad, solamente se erigen como causales constitutivas de la misma las consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(7), norma que recoge los hechos que constituyen violación al debido proceso —incluido el derecho a la defensa—, Sin que sea dable extenderlos a causales no reguladas o por interpretación extensiva, pues, en virtud de tal principio, no existe defecto capaz de estructurar causal de nulidad si previamente el legislador no lo contempla.

Por su parte, el principio de protección significa que en el curso del proceso se deben proteger derechos sustanciales tales como el de defensa y el debido proceso, es decir, la nulidad no sanciona la violación de las formalidades sino la vulneración del derecho que la norma tutelaba.

En virtud de la convalidación o saneamiento, las irregularidades en una actuación procesal que constituyen causales de nulidad pueden ser saneables o insaneables. Es saneable cuando a pesar de haberse verificado la causal el proceso continúa su curso, por cuanto el silencio de la parte afectada convalidó la irregularidad cometida en la actuación, y es insaneable cuando dada la magnitud del vicio no cabe corrección alguna, lo que significa que el acto procesal correspondiente ya no podrá, en modo alguno, ser convalidado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(8) establece, entre las causales de nulidad, el hecho de adelantar el proceso cuando había ocurrido una causal legal de interrupción o suspensión.

El artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, señala como una de las causales de interrupción del proceso la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o la exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión de él.

La Corte Constitucional, en relación con la interrupción del proceso(9), ha señalado que, para que surta efectos, no es necesario procesalmente que la parte interesada solicite al juez del conocimiento dicha interrupción, ni que el juez, para tal efecto, produzca una providencia en tal sentido. La interrupción del proceso, como medio de defensa que es, se produce por ministerio de la ley. Es decir, ocurrida la causal, la interrupción se produce. Lo que sí procede es la decisión del juez sobre la nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad al hecho que la originó.

Ahora bien, vistos los anteriores antecedentes y consideraciones, encuentra la Sala que la muerte del abogado Efraín Alberto Varela Noriega fue informada el 22 de julio de 2002 al tribunal de primera instancia por las demandantes Omaira Luz Díaz Mercado y Gladys Stella Clavijo Campero(10), por lo que a la luz del numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil el proceso debía ser interrumpido, no obstante el trámite se siguió adelantando, lo cual dio lugar a la configuración de la nulidad.

El inciso artículo 169 del Código de Procedimiento Civil(11), señala que la mentada nulidad quedará saneada cuando la parte favorecida con la en el proceso sin alegarla. Revisado el expediente, observa el despacho que los demandantes Jovanny Enrique Acosta Mercado, Jaime de Jesús Acosta Mercado, Hernán Acosta Mercado, Judith María Acosta Mercado, Carmen Rosa Mercado Salceda, César Augusto Díaz Matta, Omar Enrique Acosta Mercado y Manuel Gregario Acosta Mercado, además de no haber sido notificados en forma inmediata una vez se conoció de la muerte del abogado Efraín Alberto Vareta, no tuvieron ninguna actuación en el proceso(11)(sic), y solo designaron un nuevo apoderado cuando esta corporación, estando el proceso en turno para fallo de segunda instancia, en auto del 27 de enero de 2014, les ordenó designaran un nuevo apoderado.

Así las cosas, respecto de estos demandantes existe una nulidad que no fue saneada por lo que la misma deberá decretarse, en virtud del numeral quinto del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo, se advierte que las pruebas allegadas al expediente conservan la validez y eficacia, que en su momento procesal corresponda otorgarles, por virtud del artículo 146 ibídem(12).

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la NULIDAD de todo lo actuado en el proceso, desde que se tuvo conocimiento de la muerte del abogado Efraín Alberto Varela Noriega —esto es desde el 22 de julio de 2002—.

SEGUNDO: DECLARAR que las pruebas allegadas conservan la validez y eficacia que corresponda otorgarles, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: Como consecuencia de la primera declaración, remítase el expediente al Tribunal Administrativo de Arauca, para que adelante la actuación correspondiente desde el momento en que se decretó la nulidad.

CUARTO: Reconocer personería al abogado Rafael Colina Coiran como apoderado de los señores Jovanny Enrique Acosta Mercado, Jaime de Jesús Acosta Mercado, Hernán Acosta Mercado, Judith María Acosta Mercado, Carmen Rosa Mercado Salcedo, César Augusto Díaz Matta, Ornar Enrique Acosta Mercado y Manuel Gregorio Acosta Mercado en los términos de los poderes visibles en folios 2-90 a 395 del cuaderno principal.

Notifíquese y cúmplase».

(6) PARRA QUIJANO, Jairo. DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo 1. Editorial Temis. Bogotá, 1992. p. 361.

(7) ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.

2. Cuando el juez carece de competencia.

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida.

6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión.

7. Cuando es indebida la representación de las partes. Tratándose de apoderados judiciales esta causal sólo se configurará por carencia total de poder para el respectivo proceso. (...)

(8) Aplicable a esta jurisdicción por remisión directa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

(9) Corte Constitucional Sentencia T-383 de 1998 M. P: Alfredo Beltrán Sierra.

(10) El día 22 de enero de 2014, esta corporación consultó el registro nacional de abogados y encontró que la tarjeta del abogado no se encontraba vigente por su fallecimiento (fl. 386, cdno. ppal. 1), de igual forma, se encontró que el abogado falleció por acción de miembros de Autodefensas el 28 de junio de 2002, hecho al que se le dio un gran despliegue noticioso, tal como aparece en varios portales web de varios medios de comunicación, tales como el diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1340833, reporteros sin fronteras http://archives.rsf.org/article.php3?id_articie=2949, la Organización de los Estados Americanos OEA en su sitio web http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artIO=336&110=2, entre otros.

(11) ART. 169, INC. FINAL: “Si la parte favorecida con la interrupción actúa en el proceso después que ésta se produzca, sin que alegue la nulidad prevista en el numeral 5º del artículo 140, ésta quedará saneada”.

(11) Al no contar con apoderado que los representara no pudieron controvertir ninguna actuación desde el auto de pruebas.

(12) “ART. 146.—La nulidad sólo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por éste. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”.