Auto 2000-00294 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 66001-23-31-0002-2000-00294-01 (28078)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Jose Adelmo Fandiño Lemus y otros

Demandado: Municipio de Santa Rosa de Cabal

Proceso: Acción contractual

Asunto: Recurso de apelación

Bogotá, D.C., nueve de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 25 del Código de Comercio, la empresa se encuentra definida como “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”, actividad que el empresario podrá realizar a través de uno o varios establecimientos de comercio.

El establecimiento de comercio, tal como se desprende del artículo 515 de esa misma codificación, es un conjunto de bienes, materiales o inmateriales, organizados por el empresario para el desarrollo y realización de los fines propios de su empresa.

Por su parte, el artículo 516 señala que, salvo estipulación en contrario, hacen parte del establecimiento de comercio “los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho de arrendamiento de los locales en que funciona que sean de propiedad del empresario...”.

Ahora, en cuanto a la enajenación del establecimiento de comercio, el artículo 517 prescribe que si es forzada debe preferirse “la que se realice en bloque o en su estado de unidad económica” y el artículo 525 presume que cualquier enajenación, sin importar a qué título se haga, ha sido “en bloque o como unidad económica”.

Pues bien, de la normatividad citada emerge que los elementos que integran un establecimiento de comercio conforman un todo que está destinado a la consecución de un mismo fin empresarial y por consiguiente ha de entenderse que todo acto de enajenación o transferencia implica también la enajenación o transferencia de todos y cada uno de sus elementos, salvo que se acuerde algo en contrario.

Y la razón es obvia, si la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios, se realiza a través de uno o varios establecimientos de comercio, es conclusión obligada que solo en la medida en que estos operen y funcionen como una unidad económica, es decir estando presentes y articulándose entre sí los elementos que componen el establecimiento de comercio, es que se podrán alcanzar aquellos fines, es decir los de la empresa.

En síntesis, si los contratos de arrendamiento de los locales comerciales forman parte del establecimiento de comercio, es apenas lógico concluir que la enajenación de este lleve consigo el derecho al contrato de arrendamiento.

2. Por regla general las medidas cautelares persiguen que no se hagan nugatorias las resultas del proceso ni la efectividad de los derechos subjetivos en disputa(2), amén de garantizar una adecuada administración de justicia.

Como es bien sabido, la medida del embargo saca del comercio los bienes cautelados para evitar que se distraigan del resultado del proceso mientras que en el secuestro de bienes estos son entregados a un tercero designado por el juez para que los tenga en su poder, los administre y finalmente los entregue a quien ese mismo funcionario ordene, pero debe tenerse en cuenta que el embargo de bienes muebles no sujetos a registro se consuma mediante su secuestro.

En el secuestro de bienes, bien sea en el acto de la diligencia o mediante incidente dentro de los 20 días siguientes a su práctica, se permite la oposición de terceros que aleguen posesión en nombre propio o tenencia derivada de un tercero poseedor para que hagan valer sus derechos.

Vencidas estas oportunidades ya no es posible cuestionar ni hacer oposición al secuestro de los bienes.

2.1. Cuando se trata de un proceso compulsivo, como lo es el proceso de ejecución, la etapa del remate de bienes persigue satisfacer el derecho del acreedor con el producto de la subasta, fenómeno este que no es otra cosa que una venta forzada al mejor postor que hace el juez por ministerio de la ley.

Como, no obstante ser forzada, se trata de una venta, hay que hacerle tradición al comprador de los bienes que fueron subastados en la almoneda, ya mediante la simple entrega si son bienes no sujetos a registro o mediante la inscripción y la entrega en el caso contrario, razón por la cual la diligencia de remate no puede llevarse a cabo mientras los bienes, además de embargados y avaluados, no se hayan secuestrado y resuelto todas las oposiciones a la diligencia de secuestro, a menos que se trate del remate de un derecho de dominio desprovisto de la posesión.

Con otras palabras, por regla general, a la diligencia de remate no puede llegarse sino precede el secuestro de los bienes y la resolución de todas las oposiciones, pues debe asegurarse la entrega de lo subastado al rematante.

Por esta razón es que el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil disponía que si el secuestre no cumplía con la orden de entregar los bienes rematados, el juez debía proceder a entregarlos y en esta diligencia no se admitía ninguna oposición ni se podía alegar derecho de retención por parte del auxiliar de la justicia.

3. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación aparece demostrado que el 12 de agosto de 1988, el municipio de Santa Rosa de Cabal y el señor José Bernardo Gómez Gómez, celebraron un contrato de arrendamiento sobre un local comercial identificado con el número 33 de la plaza de mercado municipal, situado en la carrera 13 entre calles 14 y 15 de esa municipalidad, el que debía destinarse para la venta de miscelánea (fls. 1 y 2, cdno. anexo 1).

A pesar de que las partes lo denominaron “contrato de mantenimiento”, se trataba de uno de arrendamiento porque su objeto consistía en conceder el goce de una cosa (el local comercial 33) a cambio de un precio determinado o renta ($ 3.800).

El 8 de julio de 1997 el señor Ramón Antonio Gómez Giraldo presentó demanda ejecutiva en contra del señor José Bernardo Gómez Gómez, pidiendo la correspondiente orden de pago y además el embargo y secuestro del establecimiento de comercio denominado almacén de miscelánea “San Andresito”, mandamiento de pago y medida cautelar que fueron ordenados en sendos autos del 10 de julio de 1997 (fls. 4 a 7, cdno. anexo 2 y fls. 1 y 4, cdno. anexo 3).

La diligencia de embargo y secuestro de ese establecimiento de comercio se llevó a cabo el 15 de julio de 1997, en presencia del ejecutado, el señor Bernardo Gómez Gómez quien, para esa fecha se encontraba en el sitio de la diligencia y no formuló oposición alguna a su práctica aunque se negó a firmar el acta correspondiente (fls. 13 y 14, cdno. anexo 3).

El 18 de diciembre de 1997, el señor Jesús María Sepúlveda quien había sido designado como secuestre, informó al juzgado ejecutor que en todas las visitas realizadas al sitio donde se encontraba el establecimiento de comercio (local comercial 33), lo que hacía cada 15 o 20 días, siempre encontró al ejecutado pero que ya el 18 de diciembre estaba una persona diferente aduciendo ser la dueña del establecimiento de comercio por haberlo comprado (fls. 31 y 32, cdno. anexo 3).

Ante este informe y la solicitud que posteriormente hiciera el secuestre para que se le entregara nuevamente el establecimiento de comercio, el juzgado que conocía de la ejecución ordenó y llevó a cabo esta nueva entrega, la que se efectuó el 11 de febrero de 1998, no sin antes dejar constancia de que en el sitio de la diligencia se encontró al ejecutado Bernardo Gómez Gómez y al señor José Adelmo Fandiño Lemus, persona esta a quien, al oponerse a la entrega aduciendo ser el propietario del establecimiento de comercio por haberlo adquirido de manos de Isnelda Montes, se le rechazó su oposición por ser extemporánea (fl. 36, cdno. anexo 3).

El establecimiento de comercio, que había sido embargado y secuestrado, fue rematado y adjudicado por cuenta del crédito al ejecutante Ramón Antonio Gómez Giraldo, en diligencia verificada el 30 de julio de 1998 (fls. 136 y 137, cdno. anexo 3), remate que fue aprobado en proveído del 11 de agosto de 1998 y en él se ordenó también levantar las medidas cautelares y la entrega del bien al rematante (fls. 148 y 149, cdno. anexo 3).

Mediante escrito del 15 de agosto de 1998, el aquí actor se opuso a que el secuestre hiciera entrega del bien rematado (fl. 153, cdno. anexo 3), razón por la cual esta fue ordenada por el juez del ejecutivo por auto del 24 de agosto de 1998, comisionando para ello a la inspección segunda municipal de policía (fl. 159, cdno. anexo 3).

La diligencia de entrega del bien al rematante, mediante la inspección segunda municipal de policía, se llevó a cabo el 7 de septiembre de 1998 y allí también se rechazó la nueva oposición que formuló el aquí demandante José Adelmo Fandiño Lemus a la entrega (fls. 174 y 175, cdno. anexo 3).

El 23 de noviembre de 1998 el juzgado que conocía del proceso ejecutivo ofició a la alcaldía municipal expresándole que “me permito informarle que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 516 del Código de Comercio, el contrato de arrendamiento correspondiente al local 33 del interior de las galerías de esta ciudad, forma parte del establecimiento de comercio que el señor Ramón Antonio Gomez Giraldo remató en el proceso ejecutivo singular que le propuso al señor Bernardo Gómez Gómez. Por tanto, dicho contrato debe registrarse a su nombre...” (fl. 25, cdno. anexo 1).

En vista de esta orden judicial el alcalde municipal expidió el 15 de diciembre de 1998 la Resolución 1017 en la que resolvió “adjudicar el puesto 33 de la plaza de mercado de esta ciudad al señor Ramón Antonio Gómez Giraldo, tal como lo ordena el Juzgado Primero Civil Municipal...” (fl. 21, cdno. anexo 1).

Posteriormente, el 16 de diciembre de 1998 se celebró entre el municipio de Santa Rosa de Cabal y el señor Ramón Antonio Gómez Giraldo contrato de arrendamiento sobre el referido local (fls. 17 a 19, cdno. anexo 1).

Finalmente debe mencionarse que el 22 de mayo de 1998, la alcaldía municipal y los señores José Adelmo Fandiño Lemus y Margarita María Arias Mesa, celebraron un contrato de arrendamiento sobre el local comercial 33, es decir sobre el mismo en que se encontraba instalado y asentado el establecimiento de comercio que había sido embargado y secuestrado desde el 15 de julio de 1997 y respecto del cual, mucho antes del 22 de mayo de 1998, se le habían rechazado múltiples oposiciones al aquí demandante.

3.1. Pues bien, las probanzas recaudadas, y que atrás se reseñaron, permiten concluir que como el contrato de arrendamiento que habían celebrado las Empresas Públicas Municipales de Santa Rosa de Cabal y el señor José Bernardo Gómez Gómez sobre el local comercial 33 era parte integrante del establecimiento de comercio de propiedad del arrendatario, al haberse embargado, secuestrado y rematado ese establecimiento, el rematante adquirió en la subasta no solo el derecho de dominio sobre ese bien mercantil sino también el derecho a proseguir como arrendatario del local comercial en el que estaba instalado y asentado el establecimiento de comercio que fue materia de la almoneda.

Siendo esto así, a la administración municipal no le quedaba otro camino, tal como lo hizo, que cumplir con la orden del juez consistente en tener al rematante, en lo sucesivo, como arrendatario del local comercial 33.

Ahora, el hecho de que la administración municipal haya celebrado el 22 de mayo de 1998 con los aquí demandantes un contrato de arrendamiento sobre el local comercial 33, en este caso no da lugar a indemnización alguna en favor de los arrendatarios y en este proceso actores porque, en primer lugar, según lo narra el secuestre, en el local comercial donde estaba instalado el establecimiento de comercio siempre estuvo el ejecutado y solo hasta el 18 de diciembre de ese año es que aparece en ese lugar el señor Fandiño Lemus, narración esta que desvirtúa lo aseverado en la demanda y lo dicho en el contrato de arrendamiento en el sentido de que la administración les entregó el local comercial, y por consiguiente si la arrendadora no hizo la entrega de la cosa arrendada solo se puede pretender la indemnización por la falta de entrega si esa imposibilidad no era conocida por el arrendatario (C.C., art. 1983, inc. 2º), circunstancia que aquí no se da puesto que los arrendatarios eran suficientemente sabedores de que el establecimiento de comercio estaba embargado y secuestrado (recuérdese que mucho antes del 22 de mayo de 1998 a José Adelmo Fandiño Lemus se le rechazaron varias oposiciones) y de acuerdo con la ley, que se presume conocida por todos, los contratos de arrendamiento de los locales comerciales hacen parte del establecimiento de comercio.

Si en gracia de discusión se aceptara que sí hubo la entrega, lo que aquí no puede aceptarse porque las pruebas dicen lo contrario, y que lo que en verdad ocurrió fue una perturbación por parte de un tercero que justificó un derecho sobre la cosa arrendada, la conclusión en torno a la indemnización sería la misma porque en tal evento la procedencia de la reparación supone que la causa del derecho que justifica el tercero también debe ser desconocida para el arrendatario o que, por lo menos, medie pacto de saneamiento en esa hipótesis (C.C., art. 1988, inc. 4º), lo que desde luego no fue estipulado en este caso por las partes.

Y se traen a cuento estas normas del Código Civil porque son aplicables ya que en el arrendamiento mercantil, en lo no previsto por el Código de Comercio, se aplican las normas civiles (C. Co., arts. 2º y 822).

En este orden de ideas, la Sala concluye que en el presente asunto se imponía la negativa a las pretensiones de la demanda, con excepción de aquella que depreca la declaratoria de haberse celebrado entre las partes un contrato de arrendamiento el 22 de mayo de 1998, y comoquiera que así no lo decidió el a quo, la sentencia apelada será reformada para declarar que se celebró ese contrato y para negar las restantes pretensiones.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REFORMAR la sentencia apelada, la cual queda así:

DECLARAR que entre las partes se celebró un contrato de arrendamiento el 22 de mayo de 1998.

NEGAR las restantes pretensiones de la demanda.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Constitucional, Sentencia del C-490 del 4 de mayo de 2000.