Auto 2000-00507/1007-2015 de septiembre 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 68001-23-31-000-2000-00507-01 (1007-2015)

Consejero Ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Trámite: Ejecutivo

Demandante: Luz Fanny Gómez Martínez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Tema: Exigibilidad de sentencias judiciales a través de procesos ejecutivos contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal

Actuación: Apelación auto que niega mandamiento ejecutivo

Bogotá, D.C., veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.

I. Asunto por resolver

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la demandante (fls. 78 a 83) contra el auto proferido el 8 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el mandamiento ejecutivo solicitado en el asunto del epígrafe (fls. 74 a 76).

Il. Antecedentes procesales

El 18 de septiembre de 2013, la actora, por medio de apoderado, incoó demanda ejecutiva con el fin de obtener el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 16 de noviembre de 2004, corregida con providencia de 18 de julio de 2008, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho “2000-0507-00” (fls. 1 a 7).

Con fundamento en la referida providencia, la demandante pidió se ordene el pago a su favor de sendas sumas de dinero por concepto de intereses corrientes y moratorios causados a partir de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, CCA.

III. Providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Santander, con auto de 8 de octubre de 2014, negó la solicitud de mandamiento ejecutivo, por considerar que las obligaciones reclamadas no eran para entonces exigibles.

Indicó que la obligación perseguida por la actora surgió antes de la orden de disolución y liquidación de la empresa industrial y comercial del Estado Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, y que, por ello, debió ser tramitada dentro del proceso de liquidación de dicha entidad o ante el patrimonio autónomo, lo cual implicaba que cuando fue interpuesta la demanda, el crédito no era exigible a través de un cobro ejecutivo, según las disposiciones normativas que sirvieron de guía para tal intervención, especialmente los artículos 6º (letra d) del Decreto-Ley 254 de 2000 —Modificado, art. 6º, L. 1105/2006— y 116 (letra d) del Decreto 663 de 1993 —Modificado, art. 22, L. 510/99—.

Sostiene que al haber hecho la actora parte del proceso de disolución y liquidación de Cajanal y al haber sido desestimada su reclamación por el liquidador, debió haber impugnado tal decisión en los términos del artículo 7º del Decreto 2196 de 12 de junio de 2009, es decir, a través de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Empero, al no haber procedido en ese sentido, no puede invocarse esta vía para subsanar la omisión del procedimiento o para revivir oportunidades ya precluidas.

IV. Recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación (fls. 78 a 83), al estimar que si bien el Decreto 2196 de 2009 estableció el deber de avisar a los jueces de la República sobre la iniciación del proceso liquidatorio de Cajanal, con el fin de que a este se acumularan las demandas ejecutivas formuladas contra esa entidad, de tal regla están exceptuadas las pensiones del régimen de prima media, por lo cual no le es exigible hacerse parte del respectivo proceso para cobrar las obligaciones declaradas en la sentencia.

Agregó que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, es sucesora de Cajanal para los efectos del reconocimiento de pensiones, el pago de sentencias pensionales y, en particular, el pago de intereses derivados de dichas providencias.

Dice que en agosto de 2013 se le incluyó en nómina de pensionados como resultado de los actos administrativos de cumplimiento del fallo y, por ende, a partir de ese acontecimiento, la ley le dio oportunidad de reclamar el pago de intereses, pues solo entonces tuvo certeza sobre la insatisfacción parcial de las obligaciones a cargo de la entidad demandada.

Controvirtió que el tribunal exigiera la interposición de una demanda para obtener la nulidad de la resolución con la cual Cajanal en Liquidación había manifestado su incompetencia para pagar intereses, puesto que el derecho había sido declarado en un fallo judicial.

V. Consideraciones

5.1. Normativa aplicable. La regulación del proceso contencioso administrativo pasó de ser la indicada en el Decreto-Ley 1 de 1984, junto con sus reformas, a la estatuida por la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA. Este último ordenamiento se encuentra vigente desde el 2 de julio de 2012, según lo previó su artículo 308(1), el cual también indicó que los procedimientos y actuaciones administrativas, tanto como las demandas y procesos en curso a la entrada en vigor de la ley, seguirían rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen jurídico anterior.

De manera más detallada, pero en cuanto al régimen general de procedimiento, el artículo 627 del Código General del Proceso, CGP, dispuso que su vigencia devendría escalonadamente, hasta regir con plenitud a partir del 1º de enero de 2014. Lo anterior en atención a las reglas de transición fijadas en el artículo 625(2) ídem, cuyo numeral 4º, corregido por el artículo 13 del Decreto 1736 de 2012, en cuanto a los procesos ejecutivos, preceptúa:

ART. 625.—Tránsito de legislación.

Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

(...).

4. Para los procesos ejecutivos:

Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán hasta el vencimiento del término para proponer excepciones con base en la legislación anterior. Vencido dicho término el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.

En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigencia de este código, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el trámite se adelantará con base en la legislación anterior hasta proferir la sentencia o auto que ordene seguir adelante la ejecución. Dictada alguna de estas providencias, el proceso se seguirá conforme a las reglas establecidas en el Código General del Proceso.

Las reglas descritas implican que el CPACA guiará en lo pertinente el caso bajo estudio, puesto que la demanda fue incoada el 18 de septiembre de 2013, es decir, cuando ya regía dicho estatuto. Mientras que la regulación del procedimiento general aplicable, será la contenida en el Código de Procedimiento Civil, CPC, en cuanto al recurso interpuesto y, eventualmente, hasta cuando venza el término para proponer excepciones, debido a que para la fecha de entrada en vigor de las disposiciones del CGP, relacionadas con el curso de este tipo especial de pretensiones (ene. 1/2014), el proceso ya avanzaba.

5.2. Competencia. Conforme a lo preceptuado en los artículos 125 y 244 (num. 3º) del CPACA, así como el 505 del CPC, corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de 8 de octubre de 2014, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander negó el mandamiento ejecutivo solicitado en este asunto.

5.3. Problema jurídico. De conformidad con los antecedentes expuestos, la Sala deberá determinar si es exigible la obligación impuesta a la entonces Cajanal, consistente en el pago de los intereses derivados de una sentencia judicial, en atención al proceso de liquidación en que estuvo inmersa dicha entidad.

5.4. La exigibilidad como requisito sustancial del título ejecutivo. Sea lo primero precisar que el título ejecutivo es aquel documento en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 488 del CPC. Entonces, al momento de estudiar una solicitud de mandamiento ejecutivo el juez debe determinar si el título reúne tanto esos requisitos sustanciales como los formales, para tener certeza sobre la existencia de un crédito a cargo de la parte demandada y a favor del ejecutante.

Las exigencias de fondo se refieren a que en el documento aparezca, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una “obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”(3). La obligación será expresa “porque se encuentra especificada en el título ejecutivo, en cuanto debe imponer una conducta de dar, hacer o no hacer. Debe ser clara porque los elementos de la obligación (sujeto activo, sujeto pasivo, vínculo jurídico y la prestación u objeto) están determinados o, por lo menos, pueden inferirse por la simple revisión del título ejecutivo. Y debe ser exigible porque no está pendiente de cumplirse un plazo o condición”(4).

Para el caso de las sentencias judiciales como títulos ejecutivos, las obligaciones en ellas descritas podrán ser cobradas en diferentes oportunidades, según la norma procesal con la cual hayan sido concebidas. Si la providencia se expidió bajo el sistema descrito en el Decreto 1 de 1984, sus mandatos relacionados con el pago o devolución de dinero por parte de una entidad pública, podrán ser reivindicados cuando hayan trascurrido 18 meses a partir de la ejecutoria de la decisión judicial(5). En cambio, si el fallo fue expedido según las reglas del CPACA, su cumplimiento podrá demandarse en momentos diferentes, según el tipo de condena impuesta a la administración, de la siguiente manera: (i) cuando el crédito consiste en pagar o devolver una suma de dinero, su cobro jurisdiccional podrá iniciarse cuando hayan transcurrido 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, en cambio, (ii) cualquier otro tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la respectiva condena(6). Por tanto, en materia de exigibilidad de las obligaciones derivadas de sentencias judiciales, los términos descritos se imponen como verdaderos plazos suspensivos.

5.5. Cobros contra Cajanal, a través de procesos ejecutivos, durante el período de su liquidación. La jurisprudencia de esta corporación ha sido uniforme durante los últimos tres años al aceptar que el proceso liquidatorio de Cajanal ha implicado tanto la imposibilidad de iniciar y continuar con procesos ejecutivos contra esa entidad, como la suspensión de los términos con que los acreedores contaban para promover ese tipo de cobro(7).

Lo anterior por cuanto, según el artículo 2º del Decreto 2196 de 2009(8), los parámetros del procedimiento liquidatario de Cajanal serían los descritos en el Decreto-Ley 254 de 2000(9), modificado por la Ley 1105 de 2006 que en su artículo 1º remite al estatuto orgánico del sistema financiero y a las normas que lo desarrollan, para reglamentar los vacíos de dicho procedimiento(10), figura normativa a partir de la cual esta corporación ha comprendido que, por ser modificatoria del artículo 116 del estatuto orgánico del sistema financiero, una de las directrices jurídicas de la liquidación de Cajanal fue el artículo 22 (letra d) de la Ley 510 de 1999, que en lo pertinente dispone:

ART. 22.—El artículo 116 del estatuto orgánico del sistema financiero, quedará así:

La toma de posesión conlleva:

(...).

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial;

(...).

Por tanto, al estar restringida la iniciación de procesos ejecutivos contra la entidad condenada, sin que se hubiera distinguido algún tipo de obligaciones sobre las cuales no recayera este tipo de limitación, es preciso afirmar que, como consecuencia de la liquidación de Cajanal, no eran exigibles judicialmente las condenas impuestas a esta empresa antes de la entrada en vigor del Decreto 2196 de 2009.

Empero, la eficacia de esta suspensión estaba supeditada a la finalización del proceso de liquidación, suceso que se configuró el 11 de junio de 2013, de conformidad con el Decreto 877 de 2013(11) y según declaración del agente liquidador efectuada a través de la Resolución 4911 de la misma fecha.

Resulta menester además recordar que para reglamentar la ejecución de procesos misionales con carácter pensional y otras actividades afines relativas a la liquidación de Cajanal, con Decreto 4269 de 8 de noviembre de 2011 fueron distribuidas las competencias entre dicha entidad y su sucesora procesal, la UGPP. Se estableció con el referido acto administrativo que las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas serían atendidas por una u otra, según la fecha de su presentación. Así, las reclamaciones radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían a la UGPP, en tanto que las entregadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en Liquidación(12).

5.8. Caso concreto. En el sub lite, la demandante, a través del medio de control del epígrafe, pretende el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2004 (fls. 9 a 28), corregida con providencia de 18 de julio de 2008 (fls. 37 a 40), con la cual el Tribunal Administrativo de Santander ordenó a Cajanal reliquidar la pensión gracia de la actora y pagarle las diferencias entre lo devengado y lo reliquidado, bajo los parámetros de los artículos 176 y 177 del CCA, es decir, junto con los intereses corrientes y moratorios que llegaran a ser causados.

La actora destaca que los actos administrativos expedidos por la administración, para dar cumplimento a las órdenes del tribunal (Res. 8458, sep. 26/2006, UGM 1612, jul. 22/2011 y 15360, oct. 26/2011), nada dispusieron sobre el pago de los intereses moratorios.

Asimismo, informa que el 24 de septiembre de 2009 pidió el pago de esa obligación, con lo cual se hizo parte del proceso liquidatorio de Cajanal, no obstante, su requerimiento fue rechazado mediante Resolución 893 de 26 de julio de 2011, decisión confirmada por el agente liquidador a través de Resolución 3092 de 5 de marzo de 2013 (fls. 54 a 62), al considerar que (i) los documentos aportados carecían de idoneidad para tramitar el reconocimiento, con cargo a la masa de liquidación, de obligaciones como el pago de intereses derivados de una providencia judicial, (ii) no era procedente efectuar nuevas peticiones a través de un recurso de reposición, (iii) con posterioridad al 12 de junio de 2009 no era posible pagar intereses moratorios por cuanto la empresa se enfrentaba al hecho irresistible de su supresión y liquidación y (iv) lo relacionado con el reconocimiento de costas, no había sido impuesta con la sentencia.

La fecha de la petición determinó, según las consideraciones expuestas, que la competencia para su solución recayera sobre Cajanal en Liquidación, puesto que fue anterior al 8 de noviembre de 2011.

Esta Sala advierte que la actora cuenta con un título ejecutivo conformado por la sentencia de 16 de noviembre de 2004 que, al ser corregida con providencia de 18 de julio de 2008, adquirió fuerza ejecutoria solo hasta el 25 de los mismos mes y año, como se certifica en el reverso del folio 40. Por tanto, su cobro judicial podría demandarse a partir del 25 de enero de 2010, cuando había transcurrido el periodo de 18 meses a que hace referencia el artículo 177 del CCA.

A pesar de lo anterior, entre el período comprendido entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, obraba una restricción para iniciar procesos ejecutivos contra Cajanal, en virtud del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 116 del estatuto orgánico del sistema financiero, debido precisamente al proceso de su liquidación. Por ello, aun vencido el lapso de que trata el artículo 177 del CCA, las obligaciones impuestas a la predecesora de la UGPP no eran exigibles judicialmente ya que pendían de un plazo indeterminado que concluiría al cierre del proceso de liquidación de dicha empresa estatal.

Ahora, como se explicó, tal obstáculo de carácter procedimental fue superado el 11 de junio de 2013 y, por tanto, a partir del día siguiente los créditos impuestos a Cajanal serían exigibles judicialmente, aunque no frente a esta, sino ante su sucesora procesal, la UGPP.

Es con fundamento en los argumentos precedentes que la Sala disiente de la decisión recurrida, puesto que si bien acierta el a quo cuando esgrime que la obligación no fue exigible ante su juez natural en virtud del proceso de liquidación de la entidad condenada, tal premisa tuvo validez únicamente mientras duró la referida intervención, ya que al ser superada, no obraba impedimento jurídico alguno para que los jueces de la República reasumieran la competencia para iniciar procesos ejecutivos contra la entidad obligada. Esa lectura implica que la demanda fue incoada cuando el crédito ya era exigible, pues su interposición se efectuó el 18 de septiembre de 2013.

Por otra parte, carece de incidencia en el desarrollo del caso si la interesada impugnó o no la decisión de rechazar su vinculación al proceso administrativo de pago, suscitado con la intervención de Cajanal en Liquidación. Al respecto, en anterior ocasión concluyó esta Sala:

4. Ahora bien, el que una persona haya reclamado el pago de una sentencia ante el liquidador de Cajanal y este haya negado el mismo a través de acto administrativo que resolvió sobre acreencias de la liquidación, no puede originar una nueva controversia de carácter ordinario frente a este acto para que se emita orden de acatamiento de una providencia judicial; ello, en la medida en que el régimen pensional a que se refiere la condena no fue objeto de liquidación sino de cambio o sustitución de administrador y por lo tanto es independiente de ese proceso y de las decisiones que en él sean adoptadas(13).

En conclusión, una vez superado el período de liquidación de la entidad condenada, los créditos a cargo suyo, asumidos a partir de 8 de noviembre de 2011 por parte de la UGPP, se hicieron exigibles a través de los procesos ejecutivos sin que para ello obste el rechazo de su cobro administrativo ante el agente liquidador.

A partir de las consideraciones expuestas, se colige que la providencia objeto de alzada restringe sin razones suficientes el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia de la actora. Por lo tanto, se revocará el proveído recurrido que negó el mandamiento ejecutivo y, en consecuencia, se ordenará librarlo, previa la verificación de los demás requisitos legales.

En mérito de lo expuesto, esta Sala

DISPONE:

1. Revócase el auto proferido el 8 de octubre de 2014, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó el mandamiento ejecutivo solicitado por la actora y, en su lugar, líbrese, previa la verificación de los demás requisitos legales, conforme a la parte motiva.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carmelo Perdomo Cuéter—Sandra Lisset Ibarra Vélez, en comisión—César Palomino Cortés.

(1) ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

(2) Así lo sostuvo esta corporación mediante auto de 25 de junio de 2014, al expresar “En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, radicación 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ) (49299), M.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 30 de marzo de 2006, expediente 25000-23-26-000-2003-01895-01 (30.086), M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 30 de mayo de 2013, radicación 25000-23-26-000-2009-00089-01 (18057), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(5) CCA, “ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

(...).

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

(6) CPACA, “ART. 192.—Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada (...).

ART. 299.—De la ejecución en materia de contratos y de condenas a entidades públicas. Salvo lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento”.

(7) Ver del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A: (i) auto de 25 de agosto de 2015, expediente 25000234200020150132701 (1777-2015), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E); (ii) sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-02902-00 (AC), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas; y (iii) auto de 16 de febrero de 2017, expediente 25000-23-25-000-2004-03995-01 (2154-15), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. De la misma corporación, ver Sección Cuarta, sentencia de 27 de abril de 2017, radicado 11001-03-15-000-2016-03715-00 (AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).

(8) “Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones”.

(9) “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”.

(10) Artículo 1º. El artículo del Decreto-Ley 254 de 2000 quedará así:

“ART. 1º—Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La liquidación de las sociedades públicas, las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y las empresas sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.

Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el estatuto orgánico del sistema financiero y las normas que lo desarrollan.

Aquellas que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, una vez decretada su supresión o disolución realizarán su liquidación con sujeción a dichas normas.

PAR. 1º—Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene la liquidación.

PAR. 2º—Las entidades de orden territorial que se encuentren en proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán acogerse en lo pertinente a lo dispuesto en la presente ley”.

(11) Decreto 877 de 2013, artículo 1º: prórroga. “Prorrogar hasta el día once (11) de junio de 2013, el plazo dispuesto para la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación, establecido en el artículo 1º del Decreto 2196 de 2009, prorrogado mediante el artículo 1º de los decretos 2040 de 2011, 1229 y 2776 de 2012.

PAR.—En el evento que las actividades que sustentan la prórroga establecida en el artículo 1º del presente decreto, puedan concluirse antes del término señalado, el liquidador procederá al cierre inmediato de la liquidación”.

(12) “ART. 1º—Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en liquidación y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del de(sic) noviembre de 2011.

A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011”.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 30 de junio de 2016, expediente 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-14), M.P. William Hernández Gómez.