Auto 2000-01183 de febrero 7 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil catorce (2014)

Proceso 17001233100020000118301 (26958)

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actores: Ana Cecilia Daza López y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

El despacho ofició a la Defensoría de Familia de la ciudad de Manizales con fin de establecer quien ostenta la representación legal de la adolescente demandante Ángela María Serna Cárdenas (fl. 240 cdno. ppal.), ya que si bien la abuela paterna intervino no demostró con claridad los alcances de su guarda sobre la persona y bienes de la menor.

La Defensora de Familia-Regional Caldas, señora Liliana Cárdenas de Ochoa, luego de hacer una revisión de las actuaciones judiciales que se han adelantado, en defensa de los intereses de la menor antes nombrada y de realizar una visita multidisciplinaria de verificación de “garantía de sus derechos”, encontró:

Al señor Nelson Antonio Salazar Serna, no se le ha suspendido ni terminado la patria potestad, por lo que ostenta, “en consecuencia, la representación legal” de la adolescente. Lo anterior, sin perjuicio de que la custodia y cuidado personal y la administración y disposición provisoria de los bienes de la menor, le fue asignada a la abuela paterna, señora Marina Salazar de Serna, mediante providencias de 21 de febrero de 2011 y 18 de noviembre de 2013 de los Juzgados Cuarto y Primero de Familia de Manizales, respectivamente.

El señor Nelson Antonio Serna Salazar no ha cumplido, respecto de su hija Ángela María Serna Cárdenas, el rol de padre, por cuanto se muestra ausente, distante e indiferente frente a las situaciones de riesgo y a los requerimientos afectivos, emocionales, económicos y académicos de la menor, hecho que ha deteriorado la relación parental. Lo anterior, se corrobora con la documentación y las valoraciones que aportó la aludida Defensora, como soporte de su averiguación, así:

(i) En la audiencia de 21 de febrero de 2011, en la que se concilió lo referente a la custodia y el cuidado personal de la adolescente Serna Cárdenas y la cuota alimentaria, no se reguló lo referente a las visitas de la menor, porque ella “no desea ver a su padre y el padre manifiesta que tampoco tiene voluntad” (fls. 270, 274 cdno. ppal.);

(ii) El Defensor de Familia-Regional Caldas, señor Germán Amador Cuestas, promovió una demanda ejecutiva en contra del señor Nelson Antonio Serna Salazar, porque no cumplió con la cuota alimentaria que se obligó a aportar a su hija adolescente (fls. 279-281 cdno. ppal.);

(iii) En la historia clínica de la menor Serna Cárdenas, aparece que padece un trastorno de adaptación, atendido con psicoterapias, en las que no participa el progenitor, pese a los requerimientos del especialista tratante. Se pone de presente que el señor Nelson Antonio Serna Salazar no ha asumido el rol de padre.

Motivo de la consulta “tristeza”  

Enfermedad actual: paciente refiere cambios en estado de ánimo. “Vivo triste y aburrida desde hace muchos años, pero sobre todo en los últimos meses”. Relación con el padre mala, éste muy poco o prácticamente nada ha intervenido en la crianza de la menor, con dificultades para asumir el rol de padre. La paciente vivió un año con ellos (padre y madrastra), pero refiere malos tratos físicos y psicológicos de la madrastra. 

(...) DX de Impresión: TRANSTORNOS DE ADAPTACIÓN.  

Plan: psicoterapia.  

Evolución: La paciente asiste a las consultas programadas periódicamente desde el año pasado y el presente año en forma puntual, no ha fallado a ninguna cita, siempre asiste en compañía de la abuela. Se ha invitado en forma reiterada al padre para que participe del proceso de tratamiento pero este se ha negado a hacerlo, según la paciente y la abuela, “él no cree en los psicólogos”. Se ha intentado, a través de la abuela, enviarle al padre pautas de manejo para que se implique en la vida de la paciente, pero éste es completamente reacio a cualquier sugerencia o pauta profesional, por lo que se decide continuar trabajando sólo con la paciente y la abuela. La evolución de la paciente es favorable, no requiriendo medicación. Continúa asistiendo a terapia cada dos meses (fls. 284-285 cdno. ppal. negrita con subrayas fuera del texto).

(iv) En la valoración de la trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señora María del Socorro Blandón Rendón, se evidencia que la abuela y tíos paternos han asumido el rol de cuidadores y proveedores de la adolescente Serna Salazar, por la ausencia del progenitor, a quien se tilda de distante e indiferente frente a la situaciones que afectan y ponen en riesgo a su hija, pues las desestima por completo.

FACTORES DE RIESGO O VULNERABILIDAD

(...) hoy en día por motivo que le abuela paterna realiza un embargo para que éste —Nelson Antonio Serna Salazar— cumpla con las obligaciones económicas para su hija, el señor deja de llamar y atender el acercamiento a su hija, “le expresa que haga de cuenta que no tiene padre”. 

Otro factor es el distanciamiento emocional del señor hacia la joven, no hay expresiones de afecto o cariño hacia su hija, Ángela dice que ha sido todo el tiempo muy difícil para ella no estar con su progenitora y aun teniendo al padre no tengan buena relación.

Después de haber recibido maltrato por parte de la madrastra, Ángela María empieza a sufrir unos episodios' de ansiedad y' miedo intenso, los cuales llevan a la adolescente a requerir atención por psicología y psiquiatría, todo desencadenado por la mala relación con la madrastra, menospreciando el señor Nelson esta situación como factor de riesgo de su hija, él expresa que todo es responsabilidad de la joven y no de su esposa.

CONCLUSIÓN.

De acuerdo a los hallazgos encontrados en el estudio del entorno socio-familiar de la abuela paterna de la adolescente, se puede establecer que la señora Marina ha asumido su rol de cuidador y parento filial desde conductas de cuidado y protección hacia su nieta, no hay presencia de patrones de crianza negativos y/o violentos en el establecimiento de límites, normas y reglas familiares hacia la adolescente, la abuela establece estrategias de protección y autocuidado a Ángela María desde el reconocimiento y empoderamiento de sus fortalezas. La señora Marina cuenta con el apoyo de sus hijos,· especialmente, Jesús Emilio e Hilda Nancy, tíos paternos de la adolescente, para garantizar el cuidado, protección, formación, acompañamiento y pautas de crianza que ha requerido su nieta.  

Respecto al señor Nelson Antonio Serna Salazar, se identifica como un padre ausente respecto a su hija, hubo un tiempo que estuvo al lado de su hija, pero después de iniciar la convivencia con su esposa Yuli Milena se presenta el distanciamiento y la falta de compromiso con su hija. Lo que le aportaba inicialmente, fue en muchas ocasiones al escondido de la pareja del padre, todo esto transcurre durante muchos años V luego el incumplimiento del padre en aportar a la señora Marina las necesidades que tenía su hija cotidianamente. 

El señor se encuentra con embargo para cumplir con la cuota alimentaria a su hija, lleva varias semanas sin comunicarse con su familia e hija, por encontrarse enojado por el embargo establecido por su señora madre; el distanciamiento de la familia del señor y su familia es notorio, llevan 5 años sin hacer una visita e interesarse por las actividades familiares donde está involucrada en todo momento Ángela María(fls. 290-291 cdno. ppal. negrita con subrayas fuera del texto).

(v) La psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señora María Elsy Aristizábal Alzate, respecto del incumplimiento de las obligaciones del padre con su hija adolescente, lo calificó de ausente, pues no le brinda ningún apoyo y se muestra indiferente frente a sus necesidades básicas y trascendentales.

Desarrollo afectivo: Ángela María parece haber pasado por diferentes etapas en este aspecto, evidenciadas a través de la convivencia por espacio de un año al lado de su padre y su compañera e hijos. El señor Nelson Antonio Serna, según su relato, ha sido distante la mayoría de las ocasiones, donde no ha mostrado a su hija la protección y el afecto, además de la satisfacción de necesidades básicas y trascendentales; en ocasiones se mostró indiferente ante los maltratos de los cuales fue víctima por parte de su actual esposa, Yuri Milena Idárraga. Por otra parte, el padre ha sido reportado al juzgado de familia por inasistencia alimentaria, ya que el despacho había establecido el cumplimiento de una cuota de alimentos, la cual cumplió aproximadamente por espacio de un año. La abuela paterna solicita requerimiento para un ejecutivo de alimentos a favor de la niña. Al respecto, Carolina, tía paterna, refiere: “Nelson Antonio cuando se casó, empezó alejarse de las obligaciones con su hija Ángela Marra. Era difícil j realmente que cumpliera cuando se le pedía para alguna actividad escolar, él solamente aportó cuota alimentaria, aproximadamente, por espacio de un año. Y si daba dinero de decía. Ahí le doy pero que no se dé cuenta Milena (refiriéndose a su esposa)”. Él nunca ha cumplido con su hija, ha sido ausente en lo económico y en' lo afectivo. ¡Totalmente ausente! 

Se tiene, además, el antecedente que cuando la señora Marina Salazar de Serna demanda a su hijo por inasistencia alimentaria y, a través del juzgado, le realizan al señor Nelson el respectivo descuento, llegó al parecer del mal genio, manifestando a su progenitora: “A mí me tienen retenidas las cesantías porque hice una solicitud de retiro de las mismas y le van a llegar a nombre de usted (refiriéndose a su mamá); porque allá cometieron un error y esa plata es mía”. Generando así temor en su señora madre, quien le devolvió el dinero, al verse confundida por el hijo Nelson Antonio.  

Agrega Ángela María: “Cuando estuve viviendo un año en la casa de mi papá, porque me estaba manejando mal con la abuela, Milena me humillaba. Todos los días tenía que lavar la losa de todas las comidas, encerar la casa. Y si yo le contaba a mi papá, ella no me daba alimentos. Todos compartían el comedor y a mí me dejaba comiendo en la cocina, me gritaba, me insultaba, me decía: lárguese, no la quiero ver, usted porque no hace lo mismo que su mamá. Ella desde pequeña no me quiere.

Cuando mi papá llegaba de trabajar y yo salía a saludarlo, ella me decía: usted porqué sale a saludar a su papá?, es que usted es la esposa? En ese entonces, vivía mi papá en Samaria-Caldas, yo tenía 11 años de edad. Fue un año muy duro para mí, pues no rendía en la escuela y yo estudiaba con mi hermana, pero a ella le ayudaban a hacer tareas y a mí no, por eso le iba bien a ella. Yo no quería contar lo que me pasaba allá; pero un día le conté a mi abuela Marina y ella me volvió a traer para El Tablazo. Mi papá, además, no me llama. Me visitaba cuando estaba pequeña y me daba un saludito. Venía era porque estaba tomado. Mi papá está sufriendo una enfermedad llamada “Gastroparesia diabética”.  

La señora Carolina, tía paterna, comenta: “Cuando Nelson viene se queja que Ángela María no le pone cuidado”. Yo le contesto: “Es que usted con sus ausencias y sus carencias de afecto, se lo buscó”.  

Es importante aclarar que Ángela María ha presentado trastornos de adaptación referidos a los inadecuados tratos físicos, psicológicos y emocionales recibidos por cuenta de la señora Yuri Milena, actual esposa de su padre, figuras con quienes estuvo por un período de tiempo y del escaso apoyo para la superación de estas situaciones dadas en el espacio biológico paterno. Las consecuencias de estos acontecimientos generaron la vinculación de Ángela María a un proceso psicológico, en el cual es remitida al psiquiatra de niños y adolescentes. Informe psiquiátrico refiere las dificultades del padre para asumir su rol parental. Tampoco apoya a la menor, al ser requerido por el profesional de la salud, habiéndole manifestado a su hija, que “él no quiere asistir donde ningún psicoloco” (fls. 296-297 cdno. ppal. -negrita con subrayas fuera del texto).

(vi) En la demanda de privación de la administración de bienes “promovida en contra del señor Nelson Antonio Serna Salazar, la Defensora de Familia-Regional Caldas, señora Liliana Cárdenas de Ochoa, justifica la medida en el incumplimiento de sus obligaciones con la menor.

Ante las circunstancias que han rodeado a Ángela María Serna Cárdenas, especialmente que ha convivido durante toda su vida con su abuela paterna, señora Marina Salazar de Serna, incluso cuando su madre Georgina Cárdenas se encontraba en estado de gestación (a excepción del año que estuvo al lado de su padre y los dieciocho meses con su madre), rodeada de amor, afecto, protección y buenas condiciones, en general, para su crecimiento y desarrollo integral. Lo cual contrarresta, el incumplimiento de las obligaciones y deberes del padre, la ausencia de apoyo, afecto, colaboración económica, presencia y acompañamiento en su educación y tratamiento médico por parte del señor Nelson Antonio Serna Salazar y pone en evidencia que el patrimonio económico de la adolescente se vería en gran riesgo y peligro bajo su administración (fls. 175-176 cdno. ppal.).

Ahora bien, en lo que respecta a la patria potestad y a la representación legal que tiene el Nelson Antonio Serna Salazar sobre hija Ángela María, es preciso puntualizar, lo siguiente:

El artículo 288 del Código Civil(1), define la patria potestad como “el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone”.

La patria potestad es una institución jurídica creada no en favor de los padres sino en interés de los hijos menores, para facilitar a los primeros la observancia adecuada de los deberes impuestos por el parentesco y la filiación. Así las cosas, “los derechos que componen la patria potestad no se han otorgado a los padres en provecho personal, sino en el del interés superior del hijo menor, facultades que están subordinadas a ciertas condiciones y tienen un fin determinado”(2). Desde este punto de vista, la patria potestad se constituye en el instrumento adecuado para permitir el cumplimiento de las obligaciones de formación de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, atribuidos en virtud de la relación parental, a la autoridad de los padres(3).

Los derechos que reconoce la patria potestad a los padres, son: (i) el de representación legal del hijo menor; (ii) el de administración de algunos bienes de éste y (iii) el de usufructo de tales bienes.

El ordenamiento procesal, en tratándose de la defensa extrajudicial y judicial de los menores, ha reconocido que son los padres, quienes tienen, en principio, la obligación legal de actuar de consuno o por separado, para preservar sus derechos y garantías. Dicha obligación, tiene como fundamento la representación legal prevista a favor de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de suplir su falta de capacidad de ejercicio, conforme a lo previsto en el artículo 1504 del Código Civil.

ART. 1504.—Incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los impúberes y sordomudos, que no pueden darse a entender.  

Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.  

Son también incapaces los menores adultos (…) y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes (negrita con subrayas fuera del texto)(4).

En lo que respecta a la capacidad legal para ser parte y para comparecer a los procesos, los artículos 44 del Código de Procedimiento Civil y 306 del Código Civil, señalan que, por regla general, los menores deben actuar por intermedio de sus representantes legales y precisan dos casos en los que es procedente designar un curador ad litem.

ART. 44.—Capacidad para ser parte y comparecer al proceso. Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. 

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales (negrita con subrayas fuera del texto).(5)

ART. 306.—Representación judicial del hijo. La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres. 

El hijo de familia sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres. Si ambos niegan su consentimiento al hijo o si están inhabilitados para prestarlo o si autorizan sin representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la designación del curador ad litem.  

En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el actor dirigirse a cualquiera de sus padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno pudiere representarlo, se aplicarán las normas del Código de procedimiento Civil para la designación de curador ad litem(6).

La representación legal reconocida a los padres, pretende convalidar la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para ser parte —art. 44 del CPC—, asegurando mediante su intervención, la legitimación de los menores para actuar durante todo el trámite procesal, o en otras palabras, ratificando la capacidad que ostentan para comparecer al proceso.

La vocación de los padres para ejercer la legitimatio ad processum de sus hijos menores de edad, también se encuentra prevista en los tratados internacionales que velan por su debida protección. El artículo 5º de la Convención de los Derechos del Niño —Ley 12 de 1991—, dispone que “los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres” (negrita con subrayas fuera del texto).

El anterior precepto legal, resulta concordante con (i) el principio previsto en la misma la Convención de los Derechos del Niño, que señala: “el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres (negrita con subrayas fuera del texto) y (ii) la Constitución Política, la cual, en el artículo 44, reconoce como derechos fundamentales de los niños, los deberes paternos de cuidado y protección.

En este punto, es pertinente evidenciar que, en determinados casos, el legislador ha ampliado la iniciativa de protección a personas distintas de los padres, sin negar el legítimo derecho de representación que a éstos les corresponde, con el propósito de hacer efectivos los derechos de los niños. Por ejemplo, en tratándose de la preservación del derecho de los alimentos, el artículo 136 del antiguo Código del Menor, le otorgaba legitimatio ad processum no sólo a los padres, sitio también a los parientes del niño o a quien lo tenga bajo su cuidado(7). De igual modo, en el proceso de filiación, el artículo 13 de la Ley 75 de 1968, le reconoce capacidad procesal además de los padres, a la persona natural o jurídica que haya velado por la asistencia y protección del menor, así como al defensor de familia y al Ministerio Público(8).

Ahora bien, en los eventos en que el menor inicie una acción judicial en contra de sus padres o de uno de ellos, a falta del otro, el ordenamiento jurídico le impone a los Jueces, la obligación de proveer su defensa a través del nombramiento de un curador ad litem. Sobre el particular, el artículo 305 del Código Civil, dispone:

ART. 305.—Litigio contra quien ejerce la patria potestad. Siempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le dará un curador para la litis, el cual será preferencia/mente un abogado defensor de familia cuando exista en el respectivo municipio,' y si obrara como actor será necesaria la autorización del juez(9).

Por su parte, los artículos 44 y 45 del Código de Procedimiento Civil, prevén más casos; en los que es procedente nombrar un curador ad litem o confirmar el designado por el menor, así:

— ART. 44.—Capacidad para ser parte y para comparecer al proceso (...).  

Cuando los padres que ejerzan /a patria potestad estuvieren en desacuerdo sobre la representación judicial del menor, el juez le designará curador ad litem, a solicitud de cualquiera de ellos o de oficio(10).

— ART. 45.—Curador ad litem del incapaz. Para la designación del curador ad litem del incapaz, se procederá de la siguiente manera:  

1. El relativamente incapaz que careciendo de representante legal o hallándose éste impedido o ausente tenga necesidad de comparecer a un proceso, lo expondrá así al juez del conocimiento para que de plano le designe curador ad litem o confirme el designado por él, si fuere idóneo.  

Cuando se trate de incapaz absoluto y ocurran las circunstancias contempladas en este numeral, el juez a petición del Ministerio Público, de uno de los parientes o de oficio, le designará un curador ad litem.  

2. Cuando la demanda se dirija contra un absolutamente incapaz, que carezca de representante legal o éste se halle ausente, el juez nombrará un curador ad litem para que lo represente. Cuando se trate de relativamente incapaz el juez confirmará el designado por aquél, si fuere idóneo.  

3. El juez nombrará curador ad litem al incapaz que pretenda demandar a su representante legal, o que sea demandado por éste, o confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo. En el segundo caso, el juez dará aviso al incapaz de la admisión de la demanda como se dispone en el numeral anterior.  

4. En los procesos de sucesión se designará curador ad litem o se confirmará el designado por el relativamente incapaz, si fuere idóneo, cuando el juez advierta que ha surgido conflicto de intereses entre aquél y su representante legal. En tal caso, el curador deberá ser persona distinta del apoderado constituido por el representante del incapaz.  

Para la provisión de curador ad litem en los casos contemplados en este artículo, se requiere al menos prueba sumaria de los hechos correspondientes.

El curador deberá acudir al despacho judicial que lo designó, a fin de recibir la notificación personal de la providencia respectiva, dentro de los diez días siguientes a la fecha del envío del telegrama que le comunique el nombramiento; de lo contrario, será reemplazado(negrita con subrayas fuera del texto)(11).

De lo expuesto, se concluye que (i) de la Constitución Política, la ley y los tratados internacionales de protección a la niñez surge una regla general, consistente en reconocer que le corresponde a los padres, como expresión de la progenitura responsable que surge de la relación filial —art. 42 de la C.P.—, representar legalmente a los hijos y acreditar su capacidad procesal, cuando éstos deban acudir a un proceso judicial en defensa de sus derechos; (ii) el legislador, de todas maneras, se reserva ,la potestad para ampliar dicha capacidad procesal y conferirla a terceros, de manera coetánea con los padres, en razón de la exigencia constitucional de hacer efectivos los principios de protección especial y de interés superior del menor —art. 44 de la C.P.— y (iii) los jueces tienen la obligación de velar por la debida representación de los menores, cuando, por diversas razones, éstos decidan promover y comparecer a un proceso —corno actor, demandado o en causa mortuoria— y tengan un conflicto de intereses con su representante legal, carezcan de él o esté éste impedido o ausente.

En este caso, si bien es cierto que el señor Nelson Antonio Serna Salazar ostenta la patria potestad de la adolescente Ángela María y, por ende, la vocación para ejercer la legitimatio ad processum respecto de ella, en la medida que ese régimen paterno-filial de protección al menor no le ha sido suspendido o terminado judicialmente, no lo es menos que el despacho bien puede tenerlo como ausente, en consideración a la documental allegada y a las valoraciones efectuadas por las autoridades competentes, las cuales son descriptivas de la situación que afronta la menor.

El incumplimiento de los deberes de padre puesto de presente por la Defensora de Familia-Regional Caldas con la documentación y las valoraciones que aportó, (i) desdibuja la finalidad para la cual fue instituida la patria potestad —atender el interés superior de los niños, niñas y adolescentes— e (ii) impide, por la ausencia, distancia e indiferencia evidenciada del señor Nelson Antonio Serna Salazar, que éste represente a su hija y propenda por la defensa de sus intereses, cualquiera fuere la decisión que en este asunto de deba adoptar.

El artículo 45 del Código de Procedimiento Civil habilita al juez para nombrar un curador ad litem al niño, niña o adolescente o a confirmar al designado para la defensa de sus intereses, “sí fuere idóneo”, cuando advierta, “al menos con prueba sumeria”, que el padre está ausente, impedido o ha surgido un conflicto de intereses entre éste y su descendiente.

En este caso, la ausencia del padre evidenciada y calificada por las autoridades que tienen a su cargo la protección de la adolescente y el posible conflicto de intereses entre éste y su hija en razón de la litis hacen procedente, en aras de atender los principios de protección especial y de interés superior del menor, confirmar al abogado-agente oficioso que se le reconoció a la demandante Ángela María Serna Cárdenas para que la continúe representando en lo que resta del proceso.

En este punto, es pertinente manifestar que el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante proveído de 18 de diciembre de 2000, admitió la demanda y aceptó como agente oficioso de la menor Ángela María Serna Cárdenas al abogado Luis Alirio Torres Barreta, porque ha venido actuando como tal. Lo anterior, “por cuanto en el registro civil de nacimiento de la menor consta que su padre es el señor Nelson Antonio Sema Salazar y no se ha demostrado que éste no exista o que no ejerza la patria potestad, además, por la edad de ésta (nació en 1997), carece de capacidad para comparecer al proceso y no demostró la abuela Ana Cecilia Daza ejercer su representación legal” (fls. 31 cdno. ppal.).

Resulta conveniente confirmar al aludido profesional del derecho, porque desde un comienzo ha actuado en defensa' de los intereses de la adolescente Serna Cárdenas, ha promovido las etapas del proceso y conoce los pormenores del mismo.

Lo anterior, no sin antes notificar este proveído a la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia para que, a través de sus procuradurías judiciales, ejerza una función de vigilancia superior en este' asunto, en los términos del artículo 211 del Código de la Infancia y la Adolescencia(12).

Por lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: Confirmar al abogado Luis Alirio Torres Barreta para que continúe representando a la adolescente Ángela Marra Serna Cárdenas, en lo que resta del proceso.

SEGUNDO: Notificar la decisión a la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia para que, a través de sus procuradurías judiciales, ejerza en este asunto una función de vigilancia superior.

TERCERO: Por Secretaría de la sección líbrese la comunicación pertinente y efectúese la notificación a la Procuradora Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Disposición subrogada por el artículo 19 de la Ley 75 de 1968.

(2) Sentencia T-474 de 1996.

(3) Sentencia C-145 de 2010.

(4) Del artículo 1504 del Código Civil, se infiere que la plena capacidad civil la tienen los mayores de edad. Los menores adultos, cuya edad está comprendida entre 12 y 18 años si son mujeres, y 14 Y 18 años si son hombres, son relativamente incapaces; pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos parámetros señalados por las leyes.

La capacidad no es igual para todos los menores, toda vez, que los infantes al ser incapaces absolutos siempre requieran de la representación de sus padres o representantes legales y en el caso de los menores adultos, la capacidad de autodeterminación es relativa y su consentimiento debe tenerse en cuenta.

(5) Disposición derogada por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627. Disposición también modificada por el artículo 1º, numeral 16 del Decreto 2282 de 1989

(6) Disposición modificada por el artículo 39 del Decreto 2820 de 1974.

(7) ART. 136.—Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio.

(8) ART. 13.—En los juicios de filiación ante el juez de menores tienen derecho a promover la respectiva acción y podrán intervenir: la persona que ejerza sobre el menor patria potestad o guarda, la persona natural o jurídica que haya tenido o tenga el cuidado de su crianza o educación, el defensor de menores y el Ministerio Público. En todo caso, el defensor de menores será citado al juicio.

(9) Disposición modificada por el artículo 38 del Decreto 2820 de 1974.

(10) Disposición derogada por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627. Disposición también modificada por el artículo 1º, numeral 16 del Decreto 2282 de 1989.

(11) Disposición derogada por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, Rige a partir del 1 º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º del artículo 627. Disposición también modificada por el artículo 1º, numeral 17, del Decreto 2282 de 1989.

(12) ART. 211.—Funciones de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación ejercerá las funciones asignadas en esta ley por intermedio de la Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, que a partir de esta ley se denominará la procuraduría delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constitución Política y la ley.