CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 54001-23-31-000-2000-01661-01(38695)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: consorcio Construcar

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Referencia: Nulidad procesal - acción contractual

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

Procede el despacho a pronunciarse en relación con la solicitud de nulidad procesal que dentro de este asunto elevó la parte demandada, de conformidad con la causal prevista en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 2000, el consorcio Construcar, por conducto de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción contractual contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, con el fin de que se realizaran las siguientes declaraciones:

“1. Que se declare que el Inpec incumplió el contrato 1283/96, celebrado entre dicha entidad y el consorcio Construcar, para la ejecución de las obras de adecuación general de la Penitenciaria Nacional de Cúcuta en el departamento Norte de Santander, mediante el sistema de precios unitarios con fórmula de reajuste de precios.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec a pagar al consorcio contratista las siguientes sumas de dinero:

a) El valor de las actas de reajuste de obra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, suscritas por las partes el 24 de agosto de 1998, cuya relación a continuación se indica:

(...)

b) El valor de los intereses de mora causado por el impago de las actas de reajuste de obra 1 a 11 antes mencionadas, liquidados a la tasa de dos por ciento (2%) mensual, para el periodo comprendido entre el 25 de agosto de 1998 y la fecha en que se dicte sentencia, en los términos previstos en la cláusula vigésima octava del contrato 1283 de 1996, en subsidio de esta petición, solicito se liquiden los intereses de mora, aplicando para ello el procedimiento de cálculo previsto por el artículo 4º de la Ley 80 de 1993.

3. Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 136, numeral 10, letra d) del Código Contencioso Administrativo (modificado L. 446/98, art. 44), se proceda a liquidar en sede judicial el contrato de obra pública 1283 de 1996, celebrado entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— y el consorcio Construcar, para la ejecución de las obras de adecuación general en la Penitenciaria Nacional de Cúcuta en el departamento Norte de Santander, incluyendo los valores indicados en las pretensiones 1 y 2 anteriores.

4. Que sobre las sumas que debe pagar el Inpec al consorcio Construcar como consecuencia de la sentencia, se ordene liquidar y pagar al contratista intereses comerciales dentro de los seis meses siguientes a la fecha de ejecutoria y que vencido dicho plazo, estas cantidades devenguen intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal que certifique la Superintendencia Bancaria para el periodo correspondiente.

5. Que se condene al Inpec al pago de costas y agencias en derecho que se causen como consecuencia del trámite del presente proceso (fls. 6 a 30, cdno. 1).

2. Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia proferida el 18 de diciembre de 2009, declaró administrativamente responsable al Inpec por el incumplimiento del aludido contrato 1283 de 1996 (fls. 81 a 95, cdno. ppal.).

3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido ante esta corporación mediante proveído de 15 de abril de 2010; dicha impugnación fue admitida por auto de fecha 11 de junio de esa misma anualidad (fl. 107, cdno. ppal.).

4. Solicitud de nulidad procesal.

Encontrándose el proceso pendiente para elaboración del proyecto de fallo en segunda instancia, la parte demandada solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso, en los siguientes términos:

“Pretensión

“Se declare la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso seguido por el consorcio Construcar contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— de conformidad con la causal del numeral cuarto del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil “cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde”. Incluyendo la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 18 de diciembre de 2009, teniendo en cuenta que ello ha conllevado a una violación del derecho al debido proceso, como lo anota la jurisprudencia en reiteradas decisiones, para reseñar una la Sentencia de la Corte Constitucional C-407 de 1997.

“Fundamentos de hecho y de derecho

“La demanda que dio inicio a la controversia, versa sobre hechos y pretensiones ya estipuladas en el acta de liquidación del contrato, el Consorcio Construcar a través de su representante legal entregó la obra a través de un acta final de obra y suscribió en debida forma, el acta de liquidación final del contrato el 24 de agosto de 1998.

“Una vez terminada la relación contractual con el acta de liquidación del contrato, los saldos pendientes debían ser exigidos mediante vía ejecutiva, ya que esta contenía obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que no habría lugar a dar inicio a un trámite ejecutivo dentro de un proceso contractual.

“El Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Tercera C.P. Ramiro Saavedra Becerra en sentencia del 8 de septiembre de 2005, Expediente 29237 del señor Eduardo Chacón Castillo contra el Inpec, indica lo siguiente en cuanto a las actas de liquidación del contrato:

“2. El título ejecutivo complejo proveniente de contratos de obra.

“Por mandato del artículo 80 de la Ley 80 de 1993, los contratos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, tal como sucede con el contrato de obra, requieren ser liquidados, ya que es en ese momento en el que los contratantes pueden establecer en qué estado financiero quedaron, cuál de ellas es la deudora y cuál la acreedora. Asimismo es en el momento que contiene la liquidación bilateral, que pueden expresar si están o no conformes con las cuentas liquidadas.

“...la autonomía que tiene el acta de liquidación, respecto de la forma expresa y clara en que relató las obligaciones insolutas entre las partes, no respalda el razonamiento del tribunal de instancia, en cuanto estimó que el acta de entrega 2 era determinante en la composición del título ejecutivo complejo proveniente del contrato de obra pública 1211 del 29 de diciembre de 1999, pues tal como se consideró anteriormente, en los contratos de obra se definen las obligaciones a cargo de las partes, mediante la liquidación del contrato, acto en el que se resume la ejecución del mismo. Siendo el acta de liquidación la síntesis de las obligaciones cumplidas e insolutas entre los contratantes, resulta improcedente exigir para su ejecución judicial, los demás documentos donde se registre la actividad contractual, pues se entiende que la liquidación final (debidamente suscrita por el representante legal de la entidad dudora (sic)) contiene el desarrollo del contrato. La Sala ha manifestado lo siguiente:

“...cuando un contrato está liquidado, solo procede la ejecución por la efectividad de las obligaciones correspondientes con fundamento en lo que consta en la liquidación bilateral, unilateral o judicial, según sea el caso.

“Se ha sustentado esa tesis en la naturaleza y los efectos de la liquidación del contrato, a través de la cual se deciden todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato; es un acto que, por ende, finiquita la relación existente entre las partes del negocio jurídico; la liquidación tiene la naturaleza de un ajuste final de cuentas y, que si la finalidad de la liquidación del contrato es definir quién debe a quién y cuánto, para demostrar la existencia de obligaciones contractuales e insolutas, debe acudirse a la correspondiente liquidación.

(...)

“Todo lo anterior ha servido de fundamento a la Sala para afirmar que el acta de liquidación del contrato constituye el único título ejecutivo válido, teniendo en cuenta que, como se dijo, ella es el balance final de las obligaciones a cargo de las partes y por ende solo pueden tenerse como claras, expresas y exigibles las que emanan de la misma.

“Incluso la Sala, en providencia reciente sostuvo que, aun en el evento de que no se haya liquidado un contrato ya terminado, es improcedente la ejecución por obligaciones derivadas de actas parciales que deben incluirse en la liquidación...”

“El numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, frente a las causales de nulidad cita que existe nulidad: cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde.

“Advertida la terminación del contrato mediante acta de liquidación final, se debió dar lugar a un trámite ejecutivo, para hacer exigibles las sumas de dinero adeudadas y a las cuales ya les había realizado su correspondiente liquidación; cifras ciertas y claras dentro del acta.

“El dar inicio a un proceso declarativo, existiendo en la ley un trámite ejecutivo para estos casos, frente a los mismos hechos y pretensiones dinerarias, genera graves perjuicios y detrimento patrimonial a la entidad demandada; más aún teniendo en cuenta que la parte demandante no desconoce la existencia de un documento que puso fin a la relación contractual (...)” (fls. 139 a 142, cdno. 1).

5. El despacho dio traslado a la parte demandante respecto del incidente de nulidad formulado por su contraparte, oportunidad durante el cual se pronunció en los siguientes términos (fls. 181 a 182, cdno. ppal.):

“(...)”

B. Motivos de oposición 

“(...)

Régimen procesal de la nulidad que se invoca 

“1. Bien es sabido que el legislador al reglamentar el servicio de administración de justicia determinó no solo la creación de órganos encargados de su prestación sino que además definió las reglas de reparto de asuntos entre ellos.

“Es así como la ley fijó en primer lugar las competencias de los despachos judiciales. Para tales efectos, estableció regímenes de asignación de asuntos dependiendo de diversos factores. En unos casos optó por definirlos en función del territorio o lugar de ocurrencia de los hechos, en otros, en razón del valor de los intereses económicos involucrados en el proceso, o, simplemente, definiendo la especialidad de los diversos órganos de administración de justicia.

“Pero también el legislador al definir las reglas de asignación de asuntos entre los jueces y tribunales, fijó las reglas especiales que para tales asuntos se adelanten a través de los procedimientos definidos para tal efecto, unas veces en función de la especialidad del órgano y otras en atención a las especiales características sustanciales del conflicto.

“2. En el marco de tales lineamientos y por desconocimiento a ellos, se establecieron las causales 1, 2 y 4 de nulidad, ocupándose esta última de sancionar los eventos en que la demanda se tramita mediante procedimiento diferente al que el legislador asignó para tal efecto.

“El análisis de esta causal obliga a tener como punto de partida las pretensiones de la demanda y no el resultado del proceso, es decir, lo que el actor reclama en sus pretensiones, por lo que el juez no podrá mutar su voluntad para exigirle que la cambie por una que no corresponda con la realización del derecho pretendido, salvo que de una preliminar del proceso, resulte la necesidad de readecuar su trámite.

Es por tal circunstancia que los poderes del juez al definir la admisibilidad de la demanda, no comprenden la posibilidad de que en razón a la preexistencia de un derecho o la inexistencia de él, las pretensiones de la demanda deban ser adecuadas a una acción distinta de la que se ejercita. La única facultad que tiene el juez en ese momento, es la de definir que las pretensiones que se someten a su consideración deban tramitarse por el procedimiento adecuado, pues además de carecer de poderes para obrar de manera distinta, indiscutiblemente es huérfano de poderes probatorios para visualizar de manera anticipada cuál va a ser el resultado del debate judicial y así anticiparse a ese resultado.

“Lo anterior excluye análisis como el que ahora efectúa el Inpec, a la luz de lo probado en la sentencia o de la verdad que a su alcance quiere construir el apoderado de turno, para indicar —vuelve y se dice con total desfachatez— que por reconocer hoy la existencia de un acto de liquidación del contrato, contrario a lo que negó en su momento, estima que el proceso que debió adelantar el actor era de naturaleza ejecutiva.

“3. En el caso de autos, las pretensiones invocadas por el suscrito apoderado debieron ser tramitadas bajo el cauce procesal del proceso ordinario de las acciones contractuales. Tales pretensiones, además, correspondieron de manera adecuada a la descripción fáctica que del conflicto se hizo en la misma demanda, sin que por demás existiera en ese momento procesal evidencia suficiente en el expediente de que el contrato efectivamente había sido liquidado.

“Siendo ello así, no se aviene al régimen de la causal de nulidad cuarta del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que el Inpec indique que el trámite fue inadecuado por reconocer hoy, solo hoy, 13 años después, que el contrato sí fue liquidado, en contra de lo dicho en su momento por los directores del citado instituto, sobre cuyo dicho se edificó la demanda que se adelantó ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

“4. Adviértase por otro lado que la ley procesal determina que la causal cuarta de anulación no se sanea, pero de todos modos debe alegarse antes de que el proceso entre al despacho para dictar sentencia, por lo que dictada la misma, el fallo será intocable. Además, también la ley procesal fija como condición habilitante para su postulación, que quien así la invoque no podrá haber dado lugar al hecho que la origina, o quien la alega lo hubiera hecho previamente como excepción.

“En el caso de autos, quien alega tal causal lo hace tiempo después de que hubiere sido dictada la sentencia de primera instancia. Adicionalmente, si efectivamente —aunque no lo es— se configura la nulidad alegada, fue el Inpec quien la originó, tal como lo acredita el acervo probatorio que da cuenta de su negativa a reconocer valor al acto de liquidación e incluso acerca de su real ocurrencia. Además, ese Instituto no la alegó teniendo la oportunidad para hacerlo.

“5. Al margen de lo anterior, la solicitud del Inpec desconoce elementales presupuestos de un proceso ejecutivo, como es el de la existencia de un título ejecutivo, por lo que quien considerándose titular de un derecho pero huérfano del documento que legitima su actuar e incorpora el derecho que se pretende, debe recorrer el camino del proceso declarativo y de condena.

“En este caso, el consorcio demandante y sus integrantes —como se dice en los hechos de la demanda— siempre se consideraron titulares de los derechos contractuales que reclamaron, pero por decisiones del propio Inpec que negaron la existencia del acto de liquidación y por ende, la expedición de una copia auténtica de dicho acto, se vieron obligados a adelantar el proceso de la referencia.

Liquidación del contrato

“(...)

“16. Por cuenta de la inexistencia de documento auténtico del acta de liquidación final del contrato 1283/96, así como la negativa del Inpec a reconocer la autenticidad del documento contentivo de las obligaciones a su cargo, se le impidió al consorcio Construcar hacer valer por la vía de ejecución judicial, los derechos allí consignados. En consecuencia, el consorcio Construcar inició el presente proceso para efectos de obtener la liquidación del contrato 1283/96 en sede judicial y reclamar el pago y cancelación de las actas de reajuste de obra.

“(...)

“19. De cualquier forma es ilógico que si el Inpec hubiera aceptado hace 12 años que el contrato 1283 de 1996 efectivamente había sido liquidado con base en la copia que le presentó el contratista, el consorcio hubiese seguido el camino más rápido para efectos del pago de las actas de reajuste que dicho documento contenía, esto es, a través de un simple trámite administrativo de cobro, o, en defecto de él, a través del proceso ejecutivo, evitando la necesidad de someterse a un excesivo, prolongado e inusual lapso de tiempo (transcurrieran 13 años) para obtener la satisfacción de sus derechos.

C. Petición

“Como consecuencia de lo anteriormente escrito, me permito solicitar al Consejo de Estado, niegue el trámite incidental propuesto, y basado en la intención del Instituto demandado, proceda a condenarla ejemplarmente en costas ante el actuar temerario” (se destaca en negrillas y en subrayas).

II. Consideraciones

1. Competencia.

Este despacho es competente para resolver el incidente de nulidad formulado por la parte demandada, de conformidad con los dictados del artículo 61 de la Ley 1395 de 2010, mediante el cual se adicionó el artículo 146-A del Código Contencioso Administrativo, así:

“ART. 146-A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

2. El incidente de nulidad.

A juicio de la entidad pública incidentante, la nulidad que se habría configurado en este asunto consiste en aquella prevista en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según la cual:

“ART. 140.—El proceso es nulo en todo o parte, solamente en los siguientes casos:

(...)

4. Cuando la demanda se tramite por proceso diferente al que corresponde” (se destaca).

La entidad demandada fundamenta su solicitud de declaratoria de nulidad del proceso en la causal contemplada en el transcrito numeral 4º del artículo 140 del Estatuto de Procedimiento Civil, comoquiera que considera que el asunto de la referencia debió tramitarse bajo las normas que regulan el proceso ejecutivo y no por aquellas que consagran el trámite de la acción de controversias contractuales.

La petición de nulidad procesal deprecada no está llamada a prosperar, de acuerdo con lo siguiente:

1. Precisamente en oposición a lo expuesto por el Inpec, la jurisprudencia(1) de la Sección Tercera de la corporación ha considerado:

“(...)”

“La causa petendi de la demanda radica en el incumplimiento del contrato de obra que el actor le imputa a la entidad, pese a que él cumplió sus obligaciones, pero aquella no le pagó el valor total del contrato —según las actas de obra y de reajuste a las mismas—.

“En efecto, en el acta de liquidación —suscrita por el contratista y el alcalde del municipio de Sincé—, se declara que la “total deuda actas más reajustes provisionales” en favor del contratista equivale a $ 88’764.870, valor que precisamente este reclama. Ahora, de tiempo atrás la Sala ha sostenido que los documentos contractuales —como el acta de liquidación bilateral— que reconocen créditos a favor de una u otra parte del contrato, y que cumplen con las exigencias que el Código de Procedimiento Civil establece para los títulos ejecutivos, prestan mérito ejecutivo a través del proceso ejecutivo que regula el mismo código.

Y es claro que las pretensiones de la demanda se dirigen a cobrar esta suma de dinero, lo que perfectamentepudo hacerse a través de un proceso ejecutivo, porque el documento reúne las condiciones de aquellos que prestan ese mérito; no obstante, la Sala considera que esto no es óbice para que la parte del contrato ejerza la acción contractual —que se tramita como un proceso ordinario de conocimiento—, siempre que las pretensiones se formulen en la forma que corresponde a esta clase de proceso. Nada se opone a ello.

“Esta conclusión también tiene apoyo en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, cuando quiera que el actor confunda la acción judicial con la cual accede al juez, pero siempre que las pretensiones —entre otros requisitos de la demanda— se ajusten a la acción que corresponde, de manera que se cumpla con lo que exige la ley. Así, por ejemplo, si se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se debió ejercer la contractual, siempre que las pretensiones se ajusten a la que correspondía, se ha hecho prevalecer el derecho sustantivo, porque al fin y al cabo ambas acciones se tramitan a través del proceso ordinario. Lo propio acontece en el caso concreto” (se destaca en negrillas y se subraya).

De conformidad con lo expuesto, se tiene que no resulta improcedente, como lo sostiene el censor, que a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales se puedan reclamar pretensiones propias del proceso ejecutivo, en los términos expuestos en la decisión antes transcrita.

Pues bien, de acuerdo con el escrito de la demanda, se tiene que el actor decidió ejercer la acción de controversias contractuales en contra del Inpec (fls. 6 a 30, cdno. 1), con el fin de que se declarara que dicha entidad incumplió el contrato suscrito entre ellos para la ejecución de las obras de adecuación general de la Penitenciaria Nacional de la ciudad de Cúcuta; asimismo solicitó que se condenara al Inpec al pago de unas sumas de dinero por el incumplimiento del contrato referido.

En ese sentido, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto proferido el 12 de diciembre de 2000, admitió la demanda formulada y le imprimió al proceso el trámite propio de la acción ejercida, sin que la parte demandada, bueno es precisarlo, se hubiere opuesto a ello, pues no contestó la demanda y ni siquiera alegó de conclusión; solo cuando resultó condenada patrimonialmente por su incumplimiento contractual, apeló tal decisión.

Es más, las declaraciones contenidas en la sentencia impugnada obedecen a determinaciones propias de las pretensiones incoadas, dado que se declaró responsable al Inpec por “el incumplimiento del contrato celebrado con el consorcio Construcar y por los perjuicios causados por el no pago de reajustes y de los intereses de mora”.

Cuestión bien distinta habría sido, a título puramente ilustrativo, si el tribunal administrativo de primera instancia, no obstante la acción contractual ejercida y las pretensiones incoadas en virtud de dicha acción, le hubiere otorgado al trámite del proceso uno distinto del previsto en la ley, lo cual, se insiste, no ocurrió en este caso.

2. Ahora bien, si aún en gracia de discusión se admitiera que el proceso debió tramitarse a la luz de las normas que regulan el proceso ejecutivo y no por aquellas disposiciones consagradas para la acción de controversias contractuales, lo cierto es que esa posible situación configuraría una indebida escogencia de la acción, pero no estructuraría la causal de nulidad alegada por la entidad pública incidentante, tema que, además, estaría llamado a definirse en la sentencia, dado que si la demanda se admitió y esa posible irregularidad —inepta demanda— no fue advertida oportunamente por el juez de primera instancia, ello llevaría a abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de la Sala:

“La Sala encuentra demostrada la indebida escogencia de la acción, lo cual torna improcedente un pronunciamiento de fondo comoquiera que la adecuada escogencia de la acción constituye presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado(2):

“Al efecto cabe tener en cuenta que esta corporación(3) ha precisado que persisten algunos requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo, como lo es que la acción contencioso administrativa se ejerza con sujeción a los requisitos que prevé la ley para su procedencia(4), sin perjuicio de que, como lo explica la doctrina, el juez cumpla con la obligación ‘de declarar la razón por la cual no puede proveer’(5)(6).

En consecuencia, se denegará la petición de nulidad formulada por el Inpec.

Por otra parte —no obstante que el incidente de nulidad, como ya se indicó, se denegará—, existen dos puntos en particular que manifestó la parte actora al descorrer el traslado del incidente de nulidad formulado por la parte demandada, los cuales no pueden pasar inadvertidos por el despacho, razón por la cual se estima conveniente realizar las siguientes precisiones:

1. La parte demandante señala que “la única facultad que tiene el juez en ese momento, es la de definir que las pretensiones que se someten a su consideración deban tramitarse por el procedimiento adecuado, pues además de carecer de poderes para obrar de manera distinta, indiscutiblemente es huérfano de poderes probatorios para visualizar de manera anticipada cuál va a ser el resultado del debate judicial y así anticiparse a ese resultado”.

Sobre el particular cabe señalar que constituye un deber y a la vez una facultad del juez interpretar la demanda, por tal motivo le corresponde examinar y precisar cuáles son las pretensiones que se formulan y la acción que se pretende ejercer, por manera que si advierte inconsistencia entre ellas debe propender porque se adecúen a la acción ejercida o, si esta igualmente es indebida, redireccionarla por aquella procedente, todo ello con base en las potestades que para el efecto le confiere la ley.

Al respecto, la Sala ha sostenido:

“En segundo lugar debe precisarse, contrario a lo expuesto por la parte convocada, que en todo caso la interpretación de la demanda constituye tanto una facultad, como un deber del juez, razón por la cual ese aspecto, lejos de constituir un vicio de validez de la decisión arbitral, se erige en una función inherente a la actividad judicial, tal como lo ha considerado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

“La interpretación y concreción del petitum que se hizo en la sentencia recurrida obedeció a la facultad y, desde luego, al deber que tiene el juzgador para interpretar la demanda con miras a no entorpecer el accionar del reclamante, con mayor razón cuando el contexto mismo de dicho libelo resulta clara la vía procesal a seguir y la orientación que lleva a las distintas peticiones relacionadas, así lo hayan sido en forma desordenada e informal. Cabe recordar que corresponde al fallador, por mandato legal contenido en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, tener en cuenta “que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”. Con acierto sostuvo la Corte que “una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria sino también en los fundamentos de hecho y de derecho”. (XLIV. P. 627). No se puede entonces desestimar la demanda, más hoy, cuando el artículo 228 de la Carta prescribe que en las actuaciones judiciales “prevalecer el derecho sustancial”“(7).

2. La parte demandante también estima que “la causal cuarta de anulación no se sanea, pero de todos modos debe alegarse antes de que el proceso entre al despacho para dictar sentencia, por lo que dictada la misma, el fallo será intocable”.

A juicio del despacho, la causal de nulidad alegada es de carácter insaneable, tal como lo ha predicado la jurisprudencia(8) del Consejo de Estado:

“...cuestión que, como excepción a la regla de la convalidación, solo puede predicarse respecto de las causales comprendidas en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 140 del estatuto procesal civil, las cuales dicen relación con: a) La falta de jurisdicción (art. 140-1); b) La falta de competencia funcional (art. 140-2); c) El desconocimiento de providencia ejecutoriada proveniente del superior, la reanudación de un proceso legalmente concluido o la pretermisión íntegra de la respectiva instancia (art. 140-3), y d) La tramitación de la demanda por proceso diferente al que corresponde (art. 140-4).

Las demás causales de nulidad procesal, esto es las que se encuentran consagradas dentro de los numerales 5º a 9º del citado artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, son subsanables...” (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Ahora bien, de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, el juez, de manera oficiosa y en cualquier estado del proceso, deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe, motivo por el cual resulta claro que la causal de nulidad procesal señalada en el numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto es insaneable, puede decretarse en cualquier estado del proceso si el juez la encuentra debidamente acreditada.

3. Finalmente, el actor solicitó que se condenara en costas a la parte incidentante.

Al respecto, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, prevé:

“ART. 171.—En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, señala:

“ART. 392.—En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas:

“(...)

“2. La condena se hará en la sentencia; cuando se trate de auto que sin poner fin al proceso resuelva el incidente o los trámites especiales que lo sustituyen, señalados en el numeral 4º del artículo 351, el recurso y la oposición, la condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad”.

De la norma referida con anterioridad se tiene que en aquellos asuntos en que haya lugar a la condena en costas, estas se efectuarán en la sentencia, lo cual impone concluir a este despacho que dentro del asunto de la referencia, una vez se realice el respectivo análisis del acervo probatorio que integra el proceso y se proceda a proferir sentencia, se determinará si la actuación del Inpec resulta, o no, temeraria o de mala fe a efectos de que sea pasible de una condena en costas, asunto que, se ha dicho, se deberá definir en la sentencia.

Finalmente, en cuanto a la solicitud de conciliación judicial que elevó la parte actora dentro de este proceso (fl. 189, cdno. ppal.), el despacho advierte que sobre ella se pronunciará, una vez quede en firme esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. DENEGAR la solicitud de nulidad procesal que presentó la parte demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta decisión REMÍTASE el expediente al despacho para proveer respecto de la petición de audiencia de conciliación que elevó la parte actora.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez.

(1) Sentencia de 23 de junio de 2010. Radicado 199605714 01. Expediente 18395. C.P. Enrique Gil Botero.

(2) Sentencia de 28 de abril de 2010, Expediente 17.811.

(3) Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de enero de 1976.

(4) Sección Tercera Sentencia 20746 del 4 de julio de 2002.

(5) José Chiovenda, Principios de derecho procesal civil, Editorial Reus S.A., Madrid. 1977; tomo I, pp. 125 y 126.

(6) Sentencia de 27 de abril de 2011, Expediente 19.392, entre muchas otras decisiones.

(7) Sentencia de 22 de noviembre de 1991, Expediente 6223, M.P. Daniel Suárez Hernández, providencia reiterada de manera reciente por esta Subsección mediante fallo de 13 de febrero de 2013, Expediente 42.248, M.P. Hernán Andrade Rincón.

(8) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de abril de 2008. Expediente 200800180 00. Actor: Denis Julio Robins Fail.