Auto 2000-03319 de enero 9 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Radicación: 68001-23-15-000-2000-03319-02

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil diez.

CUANTÍA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER LABORAL

Determinación e incidencia para la segunda instancia.

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala establecer si el presente asunto tiene vocación de doble instancia y en ese orden, determinar los órganos judiciales competentes para conocer del mismo.

La cuantía del asunto

Para tal fin, debe la Sala en primer lugar, fijar la cuantía que se debe tener en cuenta para determinar la naturaleza del asunto.

Ha sido reiterado por esta corporación, el criterio según el cual la cuantía del proceso es un factor objetivo, que se analiza al momento de interposición de la demanda, sin que ello implique el desconocimiento de las variaciones que introduzca el legislador en el curso del proceso, en materia de competencias, que por ser normas referentes a la ritualidad del proceso, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887(1), tienen aplicación inmediata.

Por tanto, la cuantía que va a determinar la competencia funcional del juez, va a ser siempre la que de manera razonada exponga el actor en el escrito de la demanda. La misma, de ser aceptada, hay que decirlo, con los pocos elementos de juicio con los que cuenta el juez al momento de admitir la demanda, es el único factor determinante de su competencia.

Por supuesto, no se trata de la suma que arbitrariamente fije el demandante, sino de aquel valor que se ve respaldado con una acuciosa operación matemática, que en últimas refleje fielmente lo pretendido con la acción que se instaura. Es este el verdadero alcance de la expresión contenida en el artículo 134-E y el numeral 6º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, cuando se refieren a la estimación razonada de la cuantía, pues de no hallarse plenamente satisfecho este requisito en la demanda, el juez se verá obligado a disponer su inadmisión para que el defecto sea subsanado.

Por ese motivo, se insiste, el valor enunciado en la demanda o en su corrección dentro del término legal, de forma razonada y aceptado por el juez al momento de admitir la respectiva acción, es el único factor que debe ser tenido en cuenta para determinar la naturaleza del proceso y la competencia funcional del ente jurisdiccional.

Sin embargo, no puede ignorarse el hecho de que con posterioridad a la admisión de la demanda, bien de los elementos probatorios allegados al proceso o del análisis que de fondo haga el fallador, la cuantía de la demanda varíe o se vea alterada. Sin duda, de esta modificación pueden llegar a participar tanto las partes como el juez, pero que esto sea posible, es decir, que la cuantía del proceso sea revaluada con posterioridad a la admisión de la demanda, no conlleva a que la naturaleza del proceso se modifique según sea el arbitrio de los intervinientes en el mismo.

En suma, la cuantía de las pretensiones de la demanda, durante el extenso trámite procesal, incluso con ocasión del fallo, puede aumentar o puede disminuir como consecuencia del análisis que efectúen las partes o las decisiones que adopte el juez, pero estas circunstancias no conllevan a que la naturaleza del asunto cambie o a que la competencia funcional del juez quede sin sustento. No es otra cosa que la aplicación del principio general de la perpetuatio jurisdictionis, el cual ha sido objeto de pronunciamiento de esta corporación, entre otras, en providencia del 11 de octubre de 2006, dentro del proceso con radicación 2000-00262-01 (32732), magistrado ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez:

(...) según el principio de la perpetuatio jurisdictionis, es la situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda la determinante de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modificaciones posteriores puedan afectarla.

La Sala ha fijado su posición en relación con la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, en cuanto a que la jurisdicción y competencia del juez se determinan con base en la situación de hecho existente en el tiempo de la demanda; no obstante lo anterior, también ha señalado que este principio no es absoluto, cuando de aplicar leyes procesales nuevas se trata.

Ciertamente, cosa muy distinta es que una norma de orden público y de aplicación inmediata, modifique las reglas de competencia y disponga, como lo hizo la Ley 446 de 1998, el envío de los expedientes al nuevo juez competente, pues en este caso, por virtud de la ley y no de la voluntad de las partes o de una interpretación judicial, el proceso se ve alterado en su naturaleza y su ritualidad. Sin embargo, aun bajo la luz de las nuevas disposiciones, la cuantía determinante continuará siendo la enunciada al momento de la interposición de la demanda.

Otra vertiente del análisis, nos conduce a afirmar que el salario mínimo mensual legal que debe ser observado con el propósito de determinar la naturaleza del proceso, debe ser el vigente al momento de interposición de la demanda, tesis que también ha sido reiterada por esta corporación, verbi gratia en providencia de Sala Plena con ponencia del consejero Dr. Jaime Moreno García, del 28 de marzo de 2006, expediente 7678-2005:

“En efecto, el artículo 134 E del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, y vigente a partir de la expedición de la Ley 954 de 2005, estipula que para efectos de determinar la competencia en razón a la cuantía, en asuntos de carácter laboral como en el presente se determinará “(...) por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, en cuyo caso se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años (negrilla fuera del texto).

Lo anterior indica que la cuantía es un factor objetivo que se fija en el momento de la presentación de la demanda con el único propósito de que el juez a quo determine si el proceso corresponde a única o primera instancia (sin perjuicio de que posteriormente el ad quem al momento de considerar eventualmente la admisión de un recurso de apelación revise tal decisión) lo cual explica por qué el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, establece como requisito para la admisión de la demanda, la estimación razonada de la cuantía, so pena de inadmisión o rechazo de la misma (num. 6º, ibídem).

De aceptar la interpretación hecha por el tribunal, se quebrantaría no solo el principio de la seguridad jurídica necesaria en todos los procesos para que las partes debatan con plena certeza los elementos que se presentan en una relación jurídica procesal, sino también el de la doble instancia, ya que este dependería única y exclusivamente del transcurrir del tiempo, pues la competencia variaría cada vez que se incremente el salario mínimo legal (negrillas en el texto original).

En consecuencia, para efectos del caso concreto, la cuantía determinante de la naturaleza del asunto y por tanto de la competencia del juez es la establecida por la demandante en el libelo, la cual asciende a la suma de siete millones quinientos treinta y siete mil novecientos sesenta y seis mil pesos ($ 7'537.966)(2), monto que, es importante afirmarlo desde ahora, no supera los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la interposición de la demanda, como lo exige la Ley 446 de 1998 (norma regente al momento de interposición del recurso), para que fuese conocido en primera instancia por el tribunal administrativo.

En efecto, el salario mínimo legal mensual vigente para el momento de interposición de la demanda(3) era de doscientos sesenta mil cien pesos ($ 260.100). En ese orden, 100 salarios mínimos equivalían a la suma de veinte y seis millones diez mil pesos ($ 26.010.000).

El caso concreto

La Ley 446 de 1998, norma aplicable al asunto por encontrarse vigente al momento de interposición del recurso de apelación (abr. 28/2008), estableció que los procesos de carácter laboral cuya cuantía fuese inferior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de interposición de la demanda, serían de conocimiento de los jueces administrativos en primera instancia.

Dicha norma cobró vigencia el 1º de agosto del año 2006, fecha para la cual entraron en funcionamiento los juzgados administrativos. En ese momento, los procesos que en virtud de la norma anterior, la Ley 954 de 2005, venían siendo conocidos por los tribunales administrativos en única instancia, por ser la cuantía inferior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debían ser enviados al juez competente, salvo que estuvieran al despacho para fallo.

Sin embargo, en aplicación del principio constitucional de la doble instancia, esta corporación ha sostenido, que los procesos que por virtud de la ley debían ser conocidos en primera instancia por los jueces administrativos, pero esto no fue así por encontrarse al despacho para fallo en el tribunal cuando entró en vigencia la Ley 446, deben ser conocidos en segunda instancia por el Consejo de Estado por ser el superior jerárquico.

Esta posición ha sido recientemente confirmada por la Sección Segunda, con el fin de unificar los distintos criterios que en torno al tema se habían suscitado, mediante auto del 23 de julio de 2009 dentro del proceso con radicación número 2000-01289-01 (0661-2009) magistrado ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, en el que se dispuso:

“Sin embargo, dicha normatividad no estableció procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral en única instancia, por lo tanto, esta Sala, de conformidad con el artículo transcrito, ha considerado(4) necesario conceder y admitir los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en demandas admitidas, como de única instancia bajo los parámetros del Decreto 597 de 1988 y la Ley 954 de 2005, sin apego a la cuantía establecida por las mismas, en aras a proteger los derechos constitucionales de quienes afrontan un debate judicial contencioso, y dando prevalencia al principio constitucional a la doble instancia (...).

Lo señalado, nos permite concluir que los recursos de apelación interpuestos con posterioridad al 1º de agosto de 2006(5), contra sentencias proferidas en procesos cuyas demandas fueron admitidas bajo los regímenes anteriores, en única instancia y que no fueron enviados al competente por estar al despacho para fallo, tendrán doble instancia ante esta corporación, en aplicación al principio constitucional mencionado y al haber sido interpuestos en vigencia de la Ley 446 de 1998, que ordena que, los recursos se tramiten por la ley vigente al momento de su interposición, es decir, esta misma norma.

En ese orden, la decisión suplicada tendrá que ser revocada para en su lugar, ordenar continuar con el trámite pertinente para la admisión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 11 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander».

(1) "ART. 40.Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

(2) Folio 554 del expediente.

(3) El día 3 de noviembre de 2000 (fl. 57).

(4)"Recurso de queja de 11 de octubre de 2007, radicación 0014-2007. Actor: Mariela Arzayus Vélez, Sección Segunda. Consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado".

(5) Fecha de entrada en funcionamiento de los juzgados administrativo y con ellos, las normas de competencia previstas en la Ley 446 de 1998.