Sentencia 2001-00240 de mayo 12 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Proceso: 250002326000200100240 01

Rad.: 38055

Actor: Intercontinental de Aviación S.A.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Ref.: Apelación de auto. Reparación directa

Bogotá, D.C., mayo doce de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las personas que pretenden intervenir en el proceso como terceros ad excludendum, contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 5 de agosto de 2009, mediante la cual se denegó su intervención.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones:

1. Competencia del Consejo de Estado.

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 181 y 213 de esta misma codificación, son varios los requisitos que deben reunirse para la procedencia del recurso de apelación contra autos ante esta corporación, a saber:

Oportunidad: que el recurso se interponga en tiempo.

Competencia: que el auto respectivo hubiese sido proferido por el Tribunal a quo en primera instancia, en pleno o en alguna de sus Secciones o Subsecciones, según el caso.

― Que el recurso esté debidamente sustentado.

Apelabilidad: que el auto, por su naturaleza, sea apelable.

En el presente caso se encuentra que el recurso de apelación fue presentado de manera oportuna por los recurrentes, contra una decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y en virtud de la cuantía del proceso(1) el mismo tiene vocación de doble instancia. Asimismo se tiene que la impugnación se encuentra debidamente sustentada.

El auto es apelable de conformidad con el numeral 7º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, puesto que se trata de la providencia que resolvió sobre la intervención de terceros.

Por lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación presentado por los extrabajadores de la empresa Intercontinental de Aviación S.A.

2. La intervención ad excludendum.

Corresponde a la Sala determinar la procedencia, o no, de la solicitud de intervención ad excludendum presentada por los extrabajadores de la empresa Intercontinental de Aviación S.A.

El artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, regula la figura procesal en estudio en los siguientes términos:

“ART. 53.—Intervencion ad excludendum. Quien pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando su pretensión frente a demandante y demandado, para que en el mismo proceso se le reconozca. La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera instancia.

El interviniente deberá presentar demanda con los requisitos legales, que se notificará a las partes o a sus apoderados como dispone el artículo 205 y de ella se dará traslado por el término señalado para la demanda principal. El auto que acepte o niegue la intervención, es apelable en el efecto devolutivo.

Si el término de prueba estuviere vencido y en la demanda del interviniente o en las respuestas de las partes se solicitare la práctica de pruebas, se fijará uno adicional que no podrá exceder de aquél, a menos que demandante y demandado acepten los hechos alegados y estos sean susceptibles de prueba de confesión.

La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal, y con ella se formará cuaderno separado.

En la sentencia que decida sobre la demanda inicial se resolverá, en primer término, sobre la pretensión del interviniente.

Cuando en la sentencia se rechace en su totalidad la pretensión del interviniente, este será condenado a pagar al demandante y demandado, además de las costas que correspondan, multa de mil a diez mil pesos y a indemnizar los perjuicios que les haya ocasionado la intervención, que se liquidarán mediante incidente”.

De la anterior disposición legal pueden distinguirse los siguientes elementos de orden sustancial y formal para la procedencia de la aludida figura procesal:

Aspectos sustanciales.

― Quien solicite la intervención debe pretender en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido en la litis.

― Debe dirigir sus pretensiones contra el demandante y el demandado.

(sic)Aspectos formales y de oportunidad. 

― Debe dirigir sus pretensiones contra el demandante y el demandado.

Aspectos formales y de oportunidad. 

― El interviniente debe presentar demanda con los requisitos legales.

― La oportunidad de tal intervención precluye con la sentencia de primera instancia.

En relación con esta figura, la doctrina ha dicho:

“De los pocos casos en que se presenta la acumulación de acciones (...) es en la intervención excluyente que se caracteriza porque un tercero comparece al proceso ejerciendo su derecho de acción y formula pretensiones dirigidas contra demandante y demandado, quienes frente al interviniente por exclusión se tornan demandados.

(...).

Requisito necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en parte) a los cuales dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues si se trata de diversos derechos o cosas, deberá acudirse a otro proceso”(2).

Por su parte, el doctrinante Hernando Morales Molina se refiere a la intervención ad excludendum en los siguientes términos:

Se trata de que el tercero pretende excluir a las partes con base en un derecho sobre la cosa que se controvierte y, por tanto, eliminar los del actor y demandado en ella, que son los que señalan el objeto de la contención. Por eso, sólo puede tener lugar en los procesos declarativos y se ejercita en forma de demanda, pues se trata de hacer prevalecer el derecho del interviniente por sobre el que debaten las partes, quienes deben ser conjuntamente demandadas; este litisconsorcio termina si se rechaza la demanda del tercero interviniente. Ejemplo: en un proceso reinvindicatorio el interviniente presenta demanda de dominio a su favor, o de pertenencia, u otra de reivindicación. En un proceso posesorio el tercero pretende se le reconozca su posesión exclusiva, y que se le tutele frente al demandante y al demandado. En una indemnización de perjuicios extracontractuales, el interviniente pide que el resarcimiento se declare a su favor y no a favor del demandado (...).

Se requiere que se formule una pretensión excluyente de ambas partes en la cuestión, o sea que debe recaer sobre el mismo objeto litigioso, v. gr., el contrato, el cuasidelito, y nunca sobre otro, así recayere respecto a la misma cosa. El tercero estima que quien está legitimado para obtener la declaración o condena que había pedido el demandante, o un excepción como la prescripción o la compensación, o cualquiera otra alegada por el demandado es él y no dichas partes, por lo cual, por economía procesal lo indicado es que la pretensión del tercero, incompatible con la posición del actor y del demandado, se resuelva al tiempo que con ellas en la sentencia, pero lógicamente en primer lugar, ya que si prospera aquella, la resolución sobre la demanda principal no será necesaria o quedará restringida si no fue excluida en total, precisamente porque no pueden coexistir al tiempo, en todo o en parte(3).

En similares términos se pronunció esta corporación en providencia del 31 de enero de 2008, expediente 25000-23-26-000-2005-02144-01 (33796)(4).

Así las cosas, la finalidad de esta figura consiste en darle la oportunidad a la persona que alegue tener un mejor derecho respecto del objeto de la controversia, para que intervenga en la litis de modo que en la sentencia se resuelva sobre las pretensiones del interviniente, es decir las pretensiones alegadas por los terceros intervinientes ad excludendum, como su nombre lo indica, deben excluir aquellas que pretende hacer valer el demandante, por considerar que existe un mejor derecho.

Tratándose de los procesos de responsabilidad extracontractual, el interviniente debe solicitar que la declaración y condena de responsabilidad respectiva se haga en contra del demandado, pero a favor de él y no del demandante, toda vez que el citado interviniente es el que se considera legitimado para obtener tales declaraciones y condenas. Lo anterior, comoquiera que las pretensiones del tercero resultan incompatibles, esto es no pueden coexistir al tiempo, en todo o en parte, con la posición del actor y del demandado.

En consecuencia, la persona que quiera que se le reconozca como tercero interviniente ad excludendum en un proceso de responsabilidad debe pretender, necesariamente, tratándose del mismo objeto, que las declaraciones y condenas solicitadas por el demandante se hagan a favor de ese tercero y no de la parte actora, es decir, lo que se le reconozca al interviniente, de manera alguna debe ser obtenido también por el demandante, toda vez que, se reitera, las pretensiones del tercero excluyen las de las partes en el proceso.

Analizada la demanda de intervención, se encuentra que en el presente asunto no hay lugar a aceptar a los extrabajadores de la empresa demandante como intervinientes ad excludendum,comoquiera que no se reúnen los requisitos previstos en la ley, para el efecto.

Ciertamente, según se desprende de los hechos, las pretensiones y el “concepto de la violación” alegada en la demanda de intervención, se encuentra que la razón fundamental por la cual pretenden acudir al proceso es para que les sea pagado lo adeudado por la empresa Intercontinental de Aviación S.A., por concepto de los salarios, prestaciones, indemnizaciones y demás derechos de origen laboral, monto que pretenden les sea cancelado “con cargo a la eventual condena que se imponga contra la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y a favor de la empresa Intercontinental de Aviación S.A.”.

Ahora bien, aún cuando en principio podría pensarse que el derecho que se discute por los extrabajadores de Intercontinental de Aviación S.A., se relacionaría con las acciones u omisiones atribuibles únicamente a dicha empresa demandante, lo cierto es que los mismos intervinientes imputan la ausencia de pago de las obligaciones laborales, a su vez, a las acciones y omisiones de la Aeronáutica Civil, entidad demandada en el presente asunto.

En este sentido, los intervinientes consideran que existe responsabilidad de la parte demandada por el no pago de Intercontinental de Aviación S.A., de las obligaciones laborales que tenía a su cargo, por 2 situaciones fácticas:

i) Por la suspensión arbitraria e ilegal por parte de la entidad demandada, el día 16 de octubre de 1999, de la actividad de vuelo respecto de las tres únicas aeronaves de la empresa Intercontinental que se encontraban en operación, lo cual habría generado perjuicios a Intercontinental de Aviación S.A., entre los cuales se encontrarían la cesación de pagos laborales. Por lo anterior, los intervinientes solicitaron el pago de esas obligaciones “con cargo a la eventual condena que se imponga contra la Aeronáutica Civil a favor de la empresa demandante”, tal como se advierte en el siguiente párrafo de la demanda de intervención correspondiente:

“En el presente caso, mis representados pretenden en parte el derecho que reclama Intercontinental de Aviación S.A., porque dicha empresa dejó de cumplir con sus obligaciones legales y constitucionales, en su condición de empleadora y el argumento con el cual justificó dicho incumplimiento fue la crisis económica generada, de acuerdo con lo expuesto en la demanda que dio origen a este proceso, como consecuencia de las acciones y omisiones de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Es por ello, que mis representados deben ser reconocidos como terceros interesados en el proceso, con pretensiones propias, cuyo pago deberá ordenarse, con cargo a la eventual condena que se imponga contra la entidad demandada a favor de la empresa demandante”.

ii) Por la omisión de la entidad demandada de vigilar, controlar e inspeccionar la actividad que autorizó la operación de Intercontinental de Aviación S.A., lo cual incluía la obligación de verificar que la empresa cumpliera a cabalidad sus deberes legales respecto de sus trabajadores. En este sentido, en la demanda de intervención se expuso:

“3.2. La parte demandada causó (y hasta la fecha de presentación de esta demanda sigue causando) daños y perjuicios a los demandantes por una cadena de acciones y omisiones de servidores públicos que actuaron en su nombre, por no haber ejercido en forma oportuna y eficiente la inspección, control y vigilancia necesarios para mantener su normal funcionamiento dentro de la Constitución y la Ley y evitar la cesación de funciones en forma repentina, de una empresa privada sometida a su Jurisdicción, especialmente por la intempestiva falta de autorización para la recepción de planes de vuelo, lo que generó la consecuente liquidación obligatoria y el cierre de la Empresa Intercontinental de Aviación S.A. (en liquidación), sin el pago previo de todos los derechos laborales que corresponden a los demandantes.

(...).

En el caso de Intercontinental de Aviación S.A., la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, no ejerció el correspondiente control y vigilancia sobre las actividades propias de la empresa, ni preventivas, ni de control oportuno para evitar daños como los causados a los demandantes, a pesar de estar dedicada a la prestación de un servicio público regulado por el Estado Colombiano, lo que permitió que se presentaran las irregularidades que llevaron a la empresa a someterse primero a un proceso de reestructuración con base en la Ley 550 de 1999 posteriormente verse avocada a su liquidación obligatoria.

Estas evidentes fallas de control oportuno, condujeron a la liquidación definitiva de la empresa, hecho que le impidió a cada uno de mis representados obtener el pago de los salarios y prestaciones debidos como justa retribución a la permanente y continua entrega de su fuerza de trabajo al servicio de la empresa en liquidación”.

Ninguna de las anteriores situaciones fácticas permite concluir que la demanda de intervención ad excludendum reúne los requisitos previstos en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, por las siguientes razones:

En relación con el primer cargo de imputación, se encuentra que los terceros intervinientes no están pretendiendo excluir a los demandantes con fundamento en un mejor derecho, sino que, al contrario, pretenden “beneficiarse” de la declaración de responsabilidad y eventual condena que se dicte “a favor” de la entidad demandante, con cargo a la demandada.

En este sentido, los extrabajadores de Intercontinental de Aviación S.A., esperan conseguir el pago de las obligaciones laborales dejadas de cumplir por dicha empresa, como consecuencia de la condena que en favor de la demandante llegare a resultar, en el evento en que se declarare la responsabilidad extracontractual de la Aeronáutica Civil, por las acciones y omisiones que se le imputaron en la demanda inicial.

Así las cosas, se reitera, los intervinientes no quieren excluir a la parte demandante, por el contrario esperan que se declare la responsabilidad de la entidad demandada y se le condene al pago de una indemnización a favor de la demandante, para que de esta manera puedan obtener el pago de las obligaciones laborales que al parecer debe esta última a sus ex trabajadores; no en otra dirección debe entenderse la manifestación contenida en la demanda de intervención, en el sentido de que el pago de esas obligaciones laboralesdeberá ordenarse, con cargo a la eventual condena que se imponga contra la entidad demandada a favor de la empresa demandante”, es decir, resulta claro, según dicho libelo, que la prosperidad de las pretensiones de los intervinientes depende, en igual forma, de la eventual prosperidad de las pretensiones de la parte demandante, situación por completo incompatible con la finalidad prevista en el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de la intervención ad excludendum.

En relación con el segundo cargo de imputación, además de las anteriores consideraciones, las cuales resultan plenamente aplicables puesto que en todo caso los intervinientes, sin distinción alguna, manifestaron que las obligaciones laborales debidas deben pagarse con cargo a la eventual condena que se profiera a favor de la parte demandante, debe agregarse que el supuesto fáctico alegado en estudio, difiere por completo de aquel introducido en la demanda inicial, dado que mientras el demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Aeronáutica Civil por la “suspensión en la actividad de vuelo de las aeronaves de Intercontinental de Aviación el 16 de octubre de 1999”, los ex trabajadores de Intercontinental de Aviación S.A., solicitaron la declaración de responsabilidad por la “omisión de la entidad demandada de vigilar, controlar e inspeccionar la actividad que autorizó operación de Intercontinental de Aviación S.A., lo cual incluía la obligación de verificar que la empresa cumpliera a cabalidad sus deberes legales respecto de sus trabajadores”, cuestión que por tratarse de un objeto por completo diferente entre una y otra imputación, impide tener a los terceros como intervinientes ad excludendum.

Lo anterior sin mencionar que la demanda de intervención ad excludendum habría sido presentada por fuera de la oportunidad legal para ello, es decir cuando el término de caducidad de la acción correspondiente había fenecido, comoquiera que la decisión de suspensión de la actividad de vuelo de las aeronaves de Intercontinental de Aviación S.A., —imputación que coincide con la de la demanda inicial— habría sucedido en el año 1999 y la demanda de intervención fue presentada el 4 de julio de 2008, esto es, con posterioridad a los dos años siguientes a la ocurrencia de los hechos. Lo anterior, toda vez que en los términos del artículo 53 del Código de Procedimiento Civil, la solicitud de intervención debe presentarse a través de demanda que reúna los requisitos legales, entre ellos, por su puesto, que se hubiere presentado dentro del término de caducidad respectiva —artículo 143 del CCA—.

Por lo anterior, se confirmará el auto impugnado

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto impugnado, esto es el proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el día 5 de agosto de 2009.

2. En firme esta decisión devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La cuantía fue estimada en $27.264’789.467, suma superior a 500 SMLMV al momento de presentación de la demanda (año 2001 = $143’000.000).

(2) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Novena Edición. Ediciones Dupré. Bogotá 2005, pág. 333-334.

(3) Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Décima Edición. Editorial ABC, Bogotá 1998, págs. 252-253.

(4) M.P. Myriam Guerrero de Escobar: “Se trata de una situación en la cual un tercero pretende excluir a las partes alegando un mejor derecho sobre la cosa materia de controversia, lo cual supone una acumulación de acciones, por cuanto se acumula el derecho de acción del demandante inicial con el derecho de acción del interviniente ad excludendum, pretensiones que deberán decidirse en el mismo proceso.

Requisito necesario para que prospere la intervención excluyente es que la cosa o el derecho controvertidos sean exactamente los mismos (en todo o en parte) a los cuales dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues si se trata de diversos derechos o cosas, deberá acudirse a otro proceso”.