Auto 2001-02167 de junio 20 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 25000-23-26-000-2001-02167-02(49872)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Luz Mireya Ramos Vildoza

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Asunto: Reparación directa - Incidente de regulación de honorarios

Bogotá, D. C., veinte de junio de dos mil catorce.

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Auto de 14 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, dentro del incidente de regulación de honorarios instaurado por el abogado Luis Herneyder Arévalo.

Antecedentes

La señora Luz Mireya Ramos Vildoza confirió poder especial al abogado Luis Herneyder Arévalo, para que presente la demanda en el asunto de la referencia y represente sus intereses hasta el fin de la litis.

En armonía con lo expuesto, el 25 de noviembre de 2001, el profesional presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el libelo con el fin de que se declare responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por “los perjuicios materiales y morales causados, por fallas del servicio a Luz Mireya Ramos Vildoza”, con ocasión de la muerte del señor Gerlin Mauricio Ortega Burbano. Mediante Auto de 16 de octubre del mismo año el tribunal a quo admitió la demanda y le reconoció personería al antes nombrado, quien actuó hasta el 2 de septiembre de 2011, esto es ante esta corporación y en estado de resolver la instancia.

Lo anterior, en cuanto, en la fecha antes señalada(1), la actora resolvió otorgar poder al abogado César Augusto Tamayo Herrera(2), con las facultades de “recibir, transigir, sustituir (…) y en general realizar todos los actos procesales permitidos por la ley”, sin mención alguna respecto de quien hasta entonces representó sus intereses en la controversia.

Mediante Auto del 13 de septiembre de 2011, se reconoció personería al abogado César Augusto Tamayo Herrero, para actuar como apoderado de la señora Luz Mireya Ramos Vildoza.

Incidente de regulación de honorarios

El 2 de febrero de 2012, encontrándose el proceso al despacho para fallo, el abogado Luis Herneyder Arévalo presentó incidente con el objeto que se regulen sus honorarios “en cuantía del 30% más el 10% de gastos, correspondientes a la labor cumplida y que cubre un lapso de 10 años, comprendidos desde el 18 de julio de 2001, cuando se presentó la conciliación prejudicial a la fecha del nuevo poder que lo fue el día 5 de abril de 2011”.

Para el efecto, el incidentante señaló que i) la actora inexplicablemente y sin razón válida para ello confirió poder al profesional del derecho César Augusto Tamayo Herrera, sin presentar le (sic) respectivo paz y salvo, como lo exige el Estatuto del Abogado; ii) su labor fue pronta, diligente, cuidadosa, responsable y oportuna y iii) ha requerido en varias oportunidades a la señora Luz Mireya Ramos, sin que esta haya dado cumplimiento al pago de los honorarios acordados.

Mediante Auto de 7 de junio de 2012, se resolvió no dar trámite al incidente de regulación de honorarios, de conformidad con el artículo 210ª del Código Código (sic) Contencioso Administrativo y disponer la remisión del proceso —una vez vez (sic) resueltos los recursos de apelación interpuestos—, al a quo para que tramitara y resolviera el incidente formulado. Siendo así, el 5 de abril de 2013, desatados los recursos de apelación, se dispuso la remisión del expediente al tribunal de origen.

El 29 de agosto de 2013, el abogado Luis Herneyder Arévalo presentó ante el a quo incidente, para que i) “previa evaluación del contrato de servicios profesionales” se regulen los honorarios profesionales causados y ii) se oficie a la Policía Nacional, de ser favorable la decisión, para que de la condena a pagar a la demandante en el sub lite se descuenten la suma asignada como honorarios. Para el efecto allegó copia del contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito con la señora Luz Mireya Ramos Vildoza, a cuyo tenor:

"Segunda: Se pactan honorarios en el 40% y 10% de gastos, sobre el total de los recaudos en el evento de salir exitoso el proceso. El abogado mientras dure el proceso judicial asumirá los gastos y expensas que este demande. De no obtenerse decisión judicial favorable el abogado soportará el gravamen de los gastos que hubiere asumido en el curso de aquellos”.

Providencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, resolvió fijar en la suma equivalente al 40%(cuota litis) de la suma reconocida a la demandante Luz Mireya Ramos Vildoza los honorarios a su cargo. Resolvió el tribunal:

"Primero: REGULAR el valor de los honorarios del abogado Luis Herneyder Arévalo en la suma equivalente al 40% (cuota litis) de la suma reconocida a la demandante Luz Mireya Ramos Vildoza.

Segundo: El referido porcentaje será pagado en los términos del contrato de honorarios profesionales del 18 de abril de 2001 celebrado entre la señora Luz Mireya Ramos Vildoza y el abogado Luis Herneyder Arévalo”.

Tuvo en cuenta el tribunal las gestiones exitosas adelantadas por el profesional desde la presentación de la demanda, cumpliendo a cabalidad con el encargo confiado.

Puso de presente el tribunal el contrato de prestación de servicios profesionales, en el que las partes convinieron en que el abogado recibiría el 40% del valor de la condena a favor de su representada; de donde, sostuvo, no resulta posible “aplicar el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 en consideración a que las tarifas allí consignadas no son vinculantes y su utilización se da para suplir la voluntad de las partes ante la ausencia del acuerdo respectivo de honorarios”.

No accedió el tribunal a reconocer un 10% adicional a título de gastos, sin perjuicio de que la suma se convino, en los términos de la segunda cláusula del contrato de prestación de servicios profesionales, porque entendió que el porcentaje pactado en cuanto a cuota litis, los incluía. Señala la decisión:

"En concreto, las gestiones profesionales adelantadas por el abogado Luis Herneyder Arévalo consistieron en llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en primera instancia hasta llevar el proceso de la referencia ante el H. Consejo de Estado.

De conformidad con lo anterior, el despacho advierte que el abogado Luis Herneyder Arévalo adelantó las labores profesionales tendientes al cumplimiento del mandato conferido parla actora (…).

No obstante, es del caso advertir que ante la voluntad de las partes sobre el valor de los honorarios generados en el proceso de la referencia a cuota litis del 40%, no es posible aplicar el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 en consideración a que las tarifas allí consignadas no son vinculantes y su utilización se da para suplir la voluntad de las partes ante la ausencia del acuerdo respectivo de honorarios.

(…) frente al 10% de que trata la cláusula tercera (sic) del contrato de prestación de servicios correspondiente al pago de gastos del proceso (…) se tiene que no habrá lugar a dicho porcentaje por cuanto se entiende por cuota litis una forma en que el profesional cobra los respectivos honorarios de un porcentaje del objeto del pleito, pero solo si este se gana. Además, el abogado asume todos los gastos de la gestión (…) por lo tanto los gastos del proceso están inmersos dentro del 40% pactado inicialmente (…)”.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte actora, a través de apoderado, interpone recurso de apelación, con el objeto de que se modifique la cuantía fijada por el tribunal y, en su lugar, se regulen los honorarios profesionales conforme “al numeral 5 del artículo 351del Código de Procedimiento Civil”. Para el efecto pone de presente la falta de conocimiento y experiencia en esta clase de asuntos jurídicos de la señora Luz Mireya Ramos Vildoza, sin perjuicio de labor desempeñada por el profesional.

Sostiene la recurrente que no comparte lo señalado por el a quo, respecto a que el abogado Luis Herneyder Arévalo llevó a “cabo todas las actuaciones necesarias en primera instancia hasta llevar el proceso de la referencia ante [esta corporación]”, y que “adelantó las labores profesionales tendientes al cumplimiento del mandato conferido por la actora”, toda vez que, como se observa en el plenario, el incidentante i) no estuvo pendiente de que se practicaran todas las pruebas solicitadas en primera instancia, toda vez que no se recibieron todos los testimonios decretados; ii) no presentó alegatos de conclusión en primera, ni en segunda instancia; iii) “desatendió etapas procesales sustantivas” y iv) tampoco cumplió con lo estipulado en la cláusula novena del contrato, esto es, presentar informaciones periódicas relacionadas con el proceso, a la actora.

Finalmente, se detiene en lo resuelto por Consejo Superior de la Judicatura, para señalar “que incurre en enriquecimiento ilícito el profesional que consigue beneficios o remuneración muy elevada con ocasión de la situación de inferioridad del cliente, bien sea por su falta de conocimiento especializado o por estado de necesidad que padezca”.

Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con los parámetros de competencia establecidos en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, esta corporación conoce, de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja, cuando se niegue la apelación, se la otorgue en un efecto distinto o no se conceda el recurso extraordinario de revisión.

El artículo 138 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 167 del Código Contencioso Administrativo, señala “(…) El auto que rechace el trámite del incidente será apelable en el efecto devolutivo; el que lo decida, en el mismo efecto si es adverso a quien lo promovió, y en el diferido en el caso contrario (…)”.

2. Del incidente de regulación de honorarios.

Dispone el inciso 2º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este proceso en virtud de la remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo:

“(…) El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados”.

Es de anotar, en consecuencia, que el incidente de regulación de honorarios, abarca la controversia en relación con el reconocimiento del servicio prestado a la parte de quien se trata, por el profesional a quien le fue revocado el poder, dentro del marco del acto de apoderamiento y de la gestión procesal adelantada.

3. Caso sub lite.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en el expediente, el despacho encuentra que las actuaciones adelantadas por el apoderado incidentante consistieron en adelantar la acción de reparación directa de la referencia, desde la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial, hasta la entrada para fallo en esta corporación.

Lo anterior dentro del marco del contrato de prestación de servicios profesionales allegado a la actuación, relativo a las prestaciones contenidas entre el abogado Luis Herneyder Arévalo y la señora Luz Mireya Ramos Vildoza —demandante—, directamente, a cuyo tenor la poderdante reconocería honorarios equivalentes al “40% y 10% de gastos, sobre el total de los recaudos en el evento de salir exitoso el proceso”.

Compromiso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo en cuenta para fijar el monto de los honorarios a los que tiene derecho el profesional y a cargo de la apelante, fundado en que el abogado Luis Herneyder Arévalo presentó la demanda, una vez cumplido el requisito de procedibilidad y atendió el proceso hasta la entrado para fallo en la segunda instancia, etapa en que la actora resolvió designar nuevo profesional, para la defensa de sus intereses.

Siendo así y dado que las partes convinieron en pactar los honorarios a cuota litis en la suma equivalente al 40% del valor que resultare, en caso de obtener una decisión favorable, le asiste razón al tribunal en cuanto no resulta “posible aplicar el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003 en consideración a que las tarifas allí consignadas no son vinculantes y su utilización se da para suplir la voluntad de las partes ante la ausencia del acuerdo respectivo de honorarios”.

Finalmente, no es de recibo la fundamentación esgrimida por la apelante, en el sentido de que el profesional no dio cumplimiento a lo acordado; pues, de ello ser así, no es el incidente de regulación de honorarios la vía procesal para objetar el cumplimiento del convenio.

Así las cosas, atendiendo a los parámetros fijados en el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito por la actora y el incidentante, el 18 de abril de 2001, obrante en el plenario y a la labor realizada en la actuación de la referencia por el abogado Luis Herneyder Arévalo, en cuanto elevó solicitud de conciliación prejudicial, presentó la demanda el 25 de septiembre del mismo año, adelantó todas las actuaciones de la primera instancia y presentó y sustentó recurso de apelación ante esta corporación el 5 de febrero de 2004, se confirmará el auto impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR el Auto de 14 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, que regula los honorarios en la suma equivalente al 40% (cuota litis) de la suma reconocida a la señora Luz Mireya Ramos Vildoza, al profesional Luis Herneyder Arévalo.

Segundo: En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrada: Stella Conto Díaz del Castillo.

(1) El proceso entró al despacho para fallo el 22 de noviembre de 2004.

(2) Folio 125 cuaderno 1.