Auto 2002-00413 de noviembre 16 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-00413

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra el auto 3 de septiembre de 2004, proferido por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Termotasajero S.A. ESP

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

La actora, a través de apoderado, solicita revocar el proveído de 3 de septiembre de 2004, por el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró por falta de jurisdicción, la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Medellín (reparto).

Ciertamente, conforme lo señaló la Sala en proveído de 31 de agosto de 2006 (Exp. 2002-04378, actora: Chivor S.A. ESP, consejero ponente: doctor Camilo Arciniegas Andrade), el acto recurrido contiene dos decisiones: la que declara la nulidad de lo actuado y la que ordena remitir el expediente a la jurisdicción ordinaria.

Sin embargo, no puede perderse de vista que la primera decisión se adopta como consecuencia de la segunda, la cual como reiteradamente lo ha sostenido esta corporación, no es susceptible de recurso alguno. En otras palabras, en el caso examinado la decisión principal no es la declaratoria de nulidad de lo actuado, sino la relacionada con la falta de jurisdicción que el tribunal estima configurada con argumentos que el Consejo de Estado no puede avalar o refutar por la razón antedicha de que en torno a la misma no cabe ningún recurso.

Sobre el particular se ha expresado:

“... Según el artículo 216 del Código Contencioso Administrativo, cuando el juez o magistrado que está conociendo del proceso declare falta de competencia o de jurisdicción, ordenará remitirlo al que estime competente por auto contra el cual no procede recurso alguno.

El artículo 143 del Código Contencioso Administrativo en el inciso 4º señala que en “caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.

En parte alguna de dicha disposición se indica que la falta de jurisdicción sea causal para rechazar la demanda, ni de tal norma se infiere que la declaratoria de falta de jurisdicción se asimile al rechazo de la demanda como lo afirma el apoderado de la actora. Y no puede entenderse así, por cuanto el funcionario cuando se declara incompetente para conocer de un asunto, lo hace bajo la consideración de que la jurisdicción a la cual pertenece no es la competente para adelantar el proceso, sin entrar a estudiar si la demanda cumple o no con los requisitos legales, pues ello solo tiene lugar al momento de decidir sobre la admisión de la misma.

Es más, la parte final del referido inciso 4º, señala que en estos eventos, para todos los efectos legales, se tendrá como fecha de presentación de la demanda la “inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”, lo que descarta que con la declaratoria de falta de jurisdicción se esté rechazando la demanda.

La norma precedente no contempla recurso alguno contra el auto que declara la falta de jurisdicción, como tampoco se encuentra enlistado dentro de los proveídos susceptibles de apelación previstos en el artículo 181, ibídem...”.

¿Cómo se controla entonces la decisión del juez en la que declara la falta de jurisdicción para dirimir un determinado asunto si la misma no admite recurso alguno?

Las normas procesales vigentes ofrecen una clara respuesta al anterior interrogante.

Como puede verse, conforme al artículo 216 del Código Contencioso Administrativo, quien primero puede abordar el examen del tema relacionado con la falta de jurisdicción es el juez o tribunal que viene conociendo del proceso, como sucede en este caso. Claro está que el análisis del punto también puede abordarlo el juez ante quien se plantea el conflicto. Una segunda intervención está a cargo del juez o tribunal al que se remite el proceso quien en caso de no aceptar la jurisdicción que se le atribuye enviará el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que en últimas dirima el conflicto señalando cuál jurisdicción debe conocer.

Lo anterior evidencia que la decisión que declara la falta de jurisdicción sí está sujeta a un control jurisdiccional pero distinto al ejercicio de los recursos, los cuales en este caso expresamente se desechan para que sea un tercero en discordia (el Consejo Superior de la Judicatura) quien, previo el agotamiento de un trámite especial, zanje la diferencia planteada.

Se reitera entonces que la decisión que declare la falta de jurisdicción no admite recurso alguno.

En lo que toca específicamente con la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, que en rigor sí admite apelación (CCA, art. 181, num. 6º), estima la Sala que la misma no debió ser adoptada por el tribunal a quo, pues resulta claramente inoportuna, ya que no se descarta la posibilidad de que el juez a quien se envía el asunto para su conocimiento no acoja los fundamentos de esa decisión y a su vez remita el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, entidad que, en teoría, puede decidir que el asunto debe resolverlo quien inicialmente venía conociéndolo, caso en el cual la declaratoria de nulidad perdería todo sentido. Lo anterior evidencia que la decisión sobre eventuales nulidades, por razón de un conflicto como el dilucidado, solo puede ser adoptado por el juez o tribunal en quien quede radicado, en definitiva, el conocimiento del asunto.

Vistas así las cosas, fácilmente se advierten las razones de coherencia, razonabilidad y economía procesal, que justifican a cabalidad la precedente hermenéutica, máxime si se tiene en cuenta que el trámite previo a la definición sobre quién es el juez o tribunal revestido de jurisdicción, de acuerdo con la ley que lo regula, no incorpora una decisión en ese sentido.

Tal es la razón por la cual se revocará la declamatoria de nulidad de todo lo actuado dispuesto por el tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de 3 de septiembre de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto declaró la nulidad de lo actuado.

2. RECHÁZASE por improcedente el recurso de apelación en cuanto se ordenó remitir el expediente a los juzgados civiles del circuito de Medellín (reparto).

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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