Auto 2002-02770/58608 de julio 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Radicado: 73001-23-31-000-2002-02770-02 (58608)

Actor: José de Jesús Contreras Cardona y otros

Demandado: Nación - Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Acción: Reparación directa

Asunto: Incidente de liquidación de perjuicios materiales como consecuencia del daño antijurídico imputable a la demandada.

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., doce de julio de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto el apoderado de la parte demandante(1) en contra del Auto del 29 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima(2) por el cual se rechazó de plano por extemporánea la solicitud de liquidación de la condena en abstracto, luego de proferirse la Sentencia del 28 de enero de 2015.

Antecedentes

1. El 16 de diciembre de 2002(3) José de Jesús Contreras Cardona y otros, obrando en nombre propio por intermedio de apoderado judicial(4) y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitó que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Justicia - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Nacional de Administración Judicial de los perjuicios sufridos por el error judicial por la privación injusta y prolongación ilícita de la libertad del señor José de Jesús Contreras Cardona.

2. Una vez surtido el trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima en Sentencia del 3 de mayo de 2005 resolvió(5) negar las pretensiones de la demanda.

3. El 16 de mayo de 2005(6) el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y el cual fue admitido por esta corporación mediante Auto del 16 de septiembre de 2005(7).

4. Recurso que fue resuelto mediante sentencia proferida por esta subsección el 28 de enero de 2015(8), mediante la cual se revocó la de primera instancia y en su lugar se dispuso declarar administrativamente responsable y de manera solidaria a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (rama judicial) por la privación injusta de la libertad de José de Jesús Contreras Cardona. Consecuentemente condenó a pagar perjuicios morales y previó incidente de liquidación los perjuicios por lucro cesante que le correspondieren al señor José de Jesús Contreras Cardona.

5. En virtud de lo anterior y quedando en firme la Sentencia del 28 de enero de 2015, la parte demandante mediante escrito del 27 de abril de 2016(9) presentó incidente de liquidación en el que solicitó que se le reconozca al señor José de Jesús Contreras Cardona por concepto de lucro cesante el valor de doscientos cuarenta y dos mil doscientos veinticinco mil setecientos sesenta y tres pesos ($ 242.225.763), discriminado en las siguientes sumas de dinero:

ConceptoSuma
Lucro cesante consolidado - en el cual el demandante fue afectado por los hechos, el 18 de enero de 1999 hasta el 28 de enero de 2015.$ 151.069.733
Lucro cesante futuro - se liquidará la indemnización por el término de la vida probable del señor que de acuerdo con las tablas de mortalidad establecidas por la Superintendencia Bancaria (206 meses).$ 5.835.747

6. En Auto del 29 de noviembre de 2016(10), el Tribunal Administrativo del Tolima rechazó el incidente de condena en abstracto presentado por la parte actora, por encontrarlo presentado de manera extemporánea.

7. En contra de la anterior decisión, el 5 de diciembre de 2016(11), el apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue admitido por esta corporación en Auto del 20 de febrero de 2017(12).

Consideraciones

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por la parte actora, precisará el alcance de la decisión adoptada por el a quo respecto del término para interponer el incidente de la liquidación de la condena en abstracto presentada por el apoderado de la parte actora.

1. De la condena en abstracto.

El artículo 172 del Código Contencioso Administrativo establece, por vía de excepción, la disposición normativa consistente en la condena en abstracto, a la cual puede recurrir el juez administrativo en aquellos eventos en los cuales, pese a conocerse con certeza la causación de un perjuicio —material o inmaterial— a una parte, se carece de la suficiencia probatoria que lleve a determinar la concreta extensión y repercusión patrimonial de la misma, para lo cual se deberán señalar los parámetros a seguir a fin de precisar la condena proferida.

1.1. Dictada una decisión en tal sentido, que supone aun la indefinición de un extremo del litigio, será preciso que la parte beneficiada adelante el trámite de un incidente ante el a quo a fin de que sea éste quien determine, en concreto, la materialización de la condena in genere decretada, para lo cual el legislador ha establecido un término de caducidad de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la decisión o, en su defecto, de la notificación del auto que da cumplimiento a lo resuelto por el superior, según el caso, para adelantar el trámite incidental.

1.2. En este sentido, el incidente de liquidación de la condena se restringirá a concretar la indemnización de perjuicios decretada con antelación en el proceso judicial; es por ello que supone, únicamente, una discusión probatoria en torno a la magnitud del perjuicio a indemnizar.

1.3. Así las cosas, se resalta, entonces, la importancia de determinar con precisión los parámetros que debe dictar el juez fallador a fin de permitir la liquidación de la condena dictada en abstracto. En este sentido, se impone una carga singular de claridad argumentativa, de manera que el razonamiento del juez en este aspecto no remita a dudas a las partes y al juez que a futuro resolverá la cuestión, lo que se manifiesta, a modo enunciativo, en i) la determinación de cuál es el rubro indemnizatorio a liquidar, ii) los supuestos fácticos —expuestos en el litigio— que servirán para obtener la tasación del perjuicio, iii) los medios probatorios que considere pertinente que se puedan practicar, con respeto en todo caso de la libertad probatoria que rige, para determinar la magnitud del perjuicio, iv) de ser el caso, la exposición de los criterios jurídicos (y de ser el caso jurisprudenciales) que deberá tener en cuenta el juez al momento de conocer el incidente, y iv) por exclusión, y en orden a hacer énfasis en el objeto del incidente, la identificación de aquellos aspectos fácticos o jurídicos que no se deberán considerar en la liquidación.

2. Carga de la prueba.

2.1. Por otra parte, en lo que hace relación a la parte que promoverá el incidente de liquidación, es preciso indicar que, dado el hecho de que el asunto de interés en dicho trámite consistirá en la acreditación probatoria de la magnitud del perjuicio a indemnizar, resulta también claro que respecto de tal parte se predica la imposición de la carga de la prueba, establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes términos:

Código de Procedimiento Civil. Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

2.2. De la citada norma se deriva una exigencia de justificación, a partir de la cual se demanda la acreditación de los supuestos fácticos en los que se han fijado las pretensiones o excepciones según el caso(13), regla ésta entendida por Devis Echandía como “una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”(14).

2.3. Dicha regla se justifica por diversos motivos, como es, por una parte, en el hecho de que el trámite de instrucción del proceso judicial, en general, tiene por finalidad obtener la verdad en torno a los hechos del asunto litigioso, de manera que mal haría el juez en fundamentar la resolución de la disputa a partir de conjeturas o meras intuiciones expuestas por los intervinientes, este es un aspecto conexo con la necesidad de la prueba(15); pero también puede ser comprendida como un mecanismo de racionalización, en tanto que instituye una regla práctica tendiente a determinar el sujeto sobre el cual pesará la obligación de justificar la existencia en la realidad empírica de un determinado suceso, y como consecuencia, permite achacarle a éste las implicaciones negativas que emanan de la insatisfacción de esta exigencia(16); para decir, entonces, que a falta de prueba de tal hecho no es posible para el juez proceder a aplicar las normas sustanciales sobre el asunto.

2.4. Este último punto tiene una trascendencia que excede el ámbito procesal para insertarse en el contexto de la argumentación jurídica, pues cada uno de los intervinientes en el proceso actúan guiados, bajo la égida de una pretensión de corrección de manera que aspiran o procuran por conseguir que la base fáctica de los enunciados jurídicos alegados en su interés se considere, sin más, como racionalmente acertada, o dicho en otros términos “quien fundamenta algo pretende que su fundamentación es acertada y, por ello, su afirmación correcta”(17); de manera que mal haría en verse la regla de la carga de la prueba como una exigencia que el ordenamiento jurídico le impone a las partes del proceso sino que esta debe entenderse, de mejor manera, como un presupuesto a satisfacer por cada sujeto procesal a fin de que su argumentación jurídica pueda ser valorada al momento de desatarse el litigio, una vez acreditada la base fáctica sobre la cual ésta se sustenta. En este orden de ideas, se diría que el incumplimiento de la carga de la prueba por un sujeto procesal puede entenderse como la defraudación de la pretensión de corrección.

3. Caso concreto.

Inicialmente en Sentencia del 28 de enero de 2015, esta corporación resolvió declarar administrativa responsable y de manera solidaria a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (rama judicial) de los perjuicios ocasionados al señor José de Jesús Contreras Cardona, con ocasión de la privación injusta de su libertad y en consecuencia condenó a las Entidades demandadas al pago de los perjuicios morales y materiales en su modalidad de lucro cesante, únicamente, con fundamento en los siguientes argumentos:

“3. CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura (rama judicial) de manera solidaria, a pagar en favor de José de Jesús Contreras Cardona, previo incidente de liquidación que deberá realizarse con fundamento en lo establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, los perjuicios por lucro cesante, con fundamento en los siguientes parámetros:

Se deberá oficiar a la oficina de recursos humanos y a la tesorería del Departamento de Policía de Tolima o la entidad competente, para que allegue certificado que indique si al señor José de Jesús Contreras Cardona le liquidaron y a su vez le cancelaron su salario como miembro de la Policía Nacional desde el 18 de enero de 1999 (día en que fue detenido) hasta el 28 de febrero de 2002 (día en que fue absuelto mediante sentencia por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué) y la discriminación de dicho salario por los conceptos prestacionales y deducciones para obtener el valor neto devengado.

Una vez se obtenga dicho certificado se procederá a realizar lo siguiente:

a) Si de la certificación allegada se concluye que para el momento en que el señor Contreras Cardona estuvo privado de la libertad y suspendido del ejercicio de su cargo percibió su salario o dinero producto de su cargo, hasta el momento en que se profirió la sentencia absolutoria, tal como lo ordena el Decreto 1791 de 2000 y a su vez una vez levantada la suspensión, le reintegraron los dineros faltantes, esto es, el 50% del salario básico, no habrá lugar a ninguna clase de liquidación, por cuanto no existiría el perjuicio alegado por concepto de lucro cesante, ya que no tuvo ningún detrimento patrimonial consistente en haber dejado de percibir los dineros producto de su actividad como agente de policía. En otras palabras, si se canceló el valor de los dineros durante su privación y reintegrados otros tanto, en el momento en que fue absuelto, entonces puede concluirse que se dio cumplimiento a la normatividad que les regula.

b) Por el contrario, y en la hipótesis en que al señor Contreras Cardona no le hayan cancelado ningún salario durante el tiempo de su privación (37.3 meses correspondiente desde el 18 de enero de 1999 hasta el 28 de febrero de 2002), ni tampoco se reintegró el 50% del salario básico retenido, esto es, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000, se procederá a efectuar la liquidación total de la siguiente manera:

i) Se actualizará el valor de su salario ($ 500.174,84) desde el momento en que fue detenido (18 de enero de 1999 IPC inicial 53,34) hasta el momento en que quedó absuelto (28 de febrero de 2002 IPC final 98.11). La fórmula que debe ser utilizada es la siguiente:

Ra = Rh IPC
 

Donde:

Ra: renta actualizada

Rh: correspondiente al salario conocido, esto es, $ 500.174,84.

IPC inicial (18 de enero de 1999, día en que fue detenido o privado de la libertad=53,34)

IPC final (28 de febrero de 2002, día en que se profirió sentencia que lo absolvió, 98,11)

ii) Una vez se actualice el valor, deberá procederse a la liquidación del lucro cesante consolidado, consistente en el dinero dejado de percibir durante el tiempo en que estuvo privado de la libertad el señor José de Jesús Contreras Cardona.

La fórmula es la siguiente:

S = RA
 

Donde:

S = suma calculada

Ra = renta actualizada ($ 500.174 * IPC final / IPC inicial)

i = tasa de interés constante 0,004867

n = número de meses del período (37,3)

c) Por último, si la hipótesis arrojada por el certificado allegado es que al señor Contreras Cardona le fue cancelado parcialmente los dineros determinados en el Decreto 1791 de 2000, pero no fue devuelto el dinero retenido con posterioridad a la sentencia absolutoria y levantamiento de la suspensión, se procederá a efectuar la liquidación del porcentaje del dinero básico retenido, estableciendo para el efecto lo siguiente:

i) El porcentaje del sueldo básico retenido se actualizará desde el momento que debió procederse a su cancelación, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1791 de 2000. Dicha actualización se hará tomando para el efecto el IPC final que será la fecha en que se realice el pago efectivo y el IPC inicial que corresponderá a la fecha en que se profirió Sentencia de absolutoria (28 de febrero de 2002, esto es 68,11), de acuerdo con lo expuesto en el artículo 50 del Decreto 1791 de 2000.

ii) La fórmula que se realizará para el pago del 50% del sueldo básico retenido y no cancelado, será la siguiente:

Ra = Rh IPC
 

Donde:

Ra: renta actualizada

Rh: correspondiente al valor del 50% del sueldo básico retenido y no pagado

IPC inicial (Sentencia 28 de febrero de 2002 = 68,11)

IPC final (fecha en que se efectuó el pago efectivo de los valores retenidos)”(18) (resaltado propio)

Dicha decisión fue notificada mediante edicto, el cual se fijó entre el 5 y el 9 de febrero de 2015 por la Secretaria de esta corporación, transcurriendo su ejecutoria entre el 10 y el 12 de febrero de 2015.

Seguidamente, se observa en el expediente que el apoderado de la parte actora en memorial suscrito el 31 de abril de 2015(19), solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que se oficiara a la Policía Nacional para lo ordenado por el Consejo de Estado.

Por su parte, el tribunal de instancia mediante Auto de 30 de abril de 2015, procedió a disponer lo siguiente:

“Primero. Obedézcase y Cúmplase lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado, en providencia del día veintiocho (28) de enero de 2015, mediante la cual revoca la providencia del Tribunal Administrativo del Tolima.

Segundo. Por secretaría, dese cumplimiento al numeral tercero de la providencia del veintiocho (28) de enero de 2015, en la cual se dispuso entre otros: “para lo cual se deberá oficiar a la oficina de recursos humanos y a la tesorería del Departamento de Policía del Tolima o la entidad Competente para que allegue certifique que indique si al señor José de Jesús Contreras Cardona le liquidaron y a su vez le cancelaron su salario como miembro de la Policía Nacional desde el 18 de enero de 1999 (día en que fue detenido) hasta el 28 de febrero de 2002 (día en que fue absuelto mediante sentencia por parte del Tribunal Superior de del Distrito Judicial de Ibagué) y la discriminación de dicho salario por los conceptos Prestacionales y deducciones para obtener el valor neto devengado”.

En virtud de lo anterior, la parte demandante el 27 de abril de 2016, presentó incidente de liquidación, solicitando el oficio de Recursos Humanos y a la Tesorería del Departamento de Policía del Tolima o la entidad competente para que se allegara el certificado donde se indicara la información requerida por esta corporación y solicitada nuevamente por el tribunal de instancia. Solicitó como pretensiones las siguientes:

“Solicito de manera respetuosa al Honorable Tribunal Administrativo de Tolima que a través del trámite incidental correspondiente se proceda a liquidar el lucro cesante, daño emergente ocasionado a mi representado, atendiendo el fallo de segunda instancia anteriormente mencionado en los montos y cuantías que se relaciona a continuación así:

PRIMERA: Que conforme a los soportes de nóminas, a mi representado se le dejo de cancelar su salario y demás prestaciones y emolumentos salariales de todo orden desde el 18 de enero de 1999 hasta el 18 de febrero de 2002.

SEGUNDA: Sobre las sumas y transacciones anteriores se incorporen los ajustes de valor, conforme al indicie (sic) de precios al consumidor, como lo autoriza el artículo 187 CPAC (sic) y se reconozcan los intereses legales liquidados con la variación promedio mensual del indicie (sic) de precios al consumidor, desde la fecha de los hechos hasta que la fecha dela (sic) sentencia.

TERCERO: Ordenar a la entidad a que dé cumplimiento a lo dispuesto en el fallo y en el Auto de liquidación, dentro del término perentorio señalado en el artículo 192 del CPACA.”(20)

Frente a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia del 29 de noviembre de 2016, decidió rechazar por extemporáneo el incidente de liquidación de perjuicios en abstracto, presentado por el abogado de la parte actora.

Decisión que fue recurrida mediante recurso de reposición y en subsidio apelación, por el apoderado de la parte actora en memorial de 5 de diciembre de 2016, por cuanto consideró:

“(…) De conformidad a lo anterior y ante la imposibilidad de presentar el incidente de regulación de perjuicios como lo establece la ley, sin embargo se presentó en abril de este año el mismo, a fin de que en el evento que en cualquier momento llegaran las informaciones de la policía (sic) que prácticamente completan 2 años sin presentarlo, se procediera a efectuar la admisión del INCIDENTE y se corriera traslado, el mismo tiene fecha 27 de abril del 2016 en el cual se da cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado, pero con la advertencia de la imposibilidad de arrimar las pruebas. Ha sido imposible reunir las pruebas y como se puede testificar por el mismo despacho que usted hoy ocupa prácticamente hasta noviembre del 2016 se están arrimando aparentemente pruebas para lo pertinente.”(21)

Así las cosas, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

El legislador estableció un término legal para poder promover el incidente que el interesado debe impetrar dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la condena en abstracto o a la notificación del auto de obedecimiento al superior, así lo permite ver la disposición normativa:

“Código Contencioso Administrativo. Artículo 172. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.

Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación” (resaltado propio).

Así las cosas, el término de sesenta (60) días hábiles para interponer el incidente de liquidación en concreto debía contabilizarse desde el 6 de mayo de 2015 (teniendo en cuenta que la fecha en la que se notificó el auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por esta corporación, se profirió por el a quo el 5 de mayo de 2015) hasta el 4 de agosto de 2015, y la solicitud del incidente fue radicada ante el tribunal de instancia el 27 de abril de 2016, es decir, que no fue presentado dentro del término señalado por la ley, considerándose abiertamente extemporánea su interposición.

El beneficiado con la sentencia, en este caso la parte demandante, debía promover el incidente de liquidación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria del fallo o del auto de obedecimiento al superior, de acuerdo a lo indicado por la normatividad arriba precisada, cumpliendo con la carga procesal que la misma ley dispone para estos eventos.

La Sala considera que al revisar el expediente, el apoderado de la parte actora desatendió sus deberes procesales, teniendo la responsabilidad que por omisión se le atribuye, cuando argumenta su falta de interposición a tiempo fundándolo en la imposibilidad de reunir las pruebas, y es que el mismo documento de solicitud del incidente que se presentó el 27 de abril de 2016, se hubiere interpuesto en tiempo requiriendo de oficio la prueba que se exhortaba para deducir las tres hipótesis que esta corporación había señalado en la sentencia de segunda instancia, prueba que estaría en poder de la entidad demandada y que aquella debía de allegar al proceso.

No se observan circunstancias ajenas al desarrollo normal del proceso, respecto de las cuales resultara desproporcionado e irrazonable exigir una conducta diligente del apoderado de la parte actora, cumpliendo con la única carga que exige el mandato legal, consistiendo aquella en la oportuna presentación del incidente para efectos del recaudo probatorio y la decisión final de la liquidación en abstracto.

Finalmente, se observa en el recurso de apelación, que la parte demandante pretende subsanar las falencias procesales que tuvo en su oportunidad, al tratar de debatir la decisión adoptada por el tribunal de instancia, cuando aquella estuvo bien fundada conforme la jurisprudencia y la Ley, donde expresamente señala el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, “que vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea”, pretendiendo la admisión del incidente después de tan prolongado tiempo, teniendo en cuenta que transcurrieron más de siete (7) meses al vencimiento del término legal.

En este orden de ideas, no es posible revocar en esta instancia el auto apelado, para subsanar las falencias que le incumbe y exige al interesado el artículo precitado, por ende se denegará la solicitud manifestada en el escrito de apelación, por lo que la Sala considera que en el sub lite se torna procedente confirmar la decisión adoptada por el a quo en el Auto de 29 de noviembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, la subsección C de la sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el Auto de 29 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, una vez en firme esta providencia.

Notifíquese y cúmplase

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Guillermo Sánchez Luque—Jaime Enrique Rodriguez Navas. 

(1) Fls. 9-13 c.p. del incidente de liquidación.

(2) Fl. 8 c.p. del incidente de liquidación.

(3) Fls. 85-109 c. 1.

(4) Fl. 1 c.1.

(5) Fls. 211-223 c.p.

(6) Fls. 226-227 c.p.

(7) Fl. 234 c.p.

(8) Fls. 294-322 c.p.

(9) Fls.1-7 c.p. del incidente de liquidación.

(10) Fl. 8 c.p. del incidente de liquidación.

(11) Fls. 9-13 c.p. del incidente de liquidación.

(12) Fl. 23 c.p. del incidente de liquidación.

(13) “Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los principios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia de 18 de febrero de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 18076.

(14) DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 406. A su turno Parra Quijano entiende la carga de la prueba como “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos” PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007, pág. 249.

(15) Sobre este punto Taruffo señala: “Al respecto, vale la pena subrayar que le juez sólo puede integrar la narración sirviéndose de hechos judicialmente “verdaderos”: toda narración está compuesta de hechos, pero en el proceso interesan sólo las narraciones “verdaderas”, es decir, las narraciones compuestas de hechos verdaderos. Lo que no ha sido demostrado, no interesa, dado que el proceso no es un lugar en el que se escriben cuentos o novelas, sino un lugar en que se pretende establecer qué es verdadero y qué no a los efectos de dictar una resolución justa. Se trata, pues, de ver que situación se produce, en el caso en concreto, cuando todos los elementos de juicio disponibles han sido admitidos y valorados críticamente por el juez, en relación con los hechos a los que cada elemento de juicio se refiere”. TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre “por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar” de Larry Laudan. En: Revista Doxa. Universidad de Alicante. 2005, Nº 28, págs. 115-126 (especialmente 125).

(16) Sobre esto señala Taruffo: “En realidad, el principio establece que si no se ha probado un hecho principal, no se pude aplicar la norma sustantiva que asume ese tipo de hecho como una premisa fáctica; por consiguiente, las pretensiones basadas en ese hecho y en la aplicación de esa regla deben ser rechazadas por el tribunal. El principio se aplica en el momento en que se toma la decisión final, cuando el tribunal determina que algunos hechos carecen de pruebas suficientes y tiene que extraer las consecuencias jurídicas pertinentes de esa situación. Una de estas consecuencias es que los efectos negativos que se derivan de la falta de prueba suficiente de un hecho se cargan sobre la parte que formuló una pretensión basada en ese hecho”. TARUFFO, Michele. La prueba. Madrid, Editorial Marcial Pons. 2008, pág. 146.

(17) ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. [Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo] Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2ª edición, 2007, pág. 208.

(18) Fls. 320-322 c.p.

(19) Fl. 334 c.p.

(20) Fls. 3-4 c.p. del incidente de liquidación.

(21) Fl. 12 c.p. del incidente de liquidación.