Auto 2002-04210/47813 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 05001-23-31-000-2002-04210-01(47813)

Consejero ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Actor: León Darío Tobón Orrego y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: acción de reparación directa

Competencia del superior —se decide sin limitación por apelación de ambas partes. Representación judicial de la nación —no la ostenta el Ministerio de Justicia y del Derecho en casos de privación injusta. Excepciones de fondo —El superior puede estudiar todas las excepciones de fondo y declarar las que encuentre probadas, así no hubieran sido alegadas. Culpa exclusiva de la víctima —desorganización administrativa generó la investigación penal.

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

La Sala, de acuerdo con la prelación dispuesta en sesión de 25 de abril de 2013(1), decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 15 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las pretensiones.

Síntesis del caso

El demandante fue detenido preventivamente sindicado del delito de peculado por apropiación y fue absuelto por atipicidad de la conducta. Califica la privación de la libertad de injusta.

Antecedentes

I. Lo que se demanda

El 16 de octubre de 2002, León Darío Tobón Orrego en nombre y en representación de Camilo Tobón Herrera; Berta Orrego de Tobón, Santiago y Andrea Tobón Herrera, a través de apoderado judicial, formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho para que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de la libertad de León Darío Tobón Orrego, entre el 15 de diciembre de 1997 y el 9 de febrero de 1998.

Solicitaron el pago de 300 smlmv para cada demandante, por perjuicios morales; $3.325.330 por los dineros dejados de percibir, por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y 400 smlmv para la víctima directa, por daño a la vida de relación.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que León Darío Tobón Orrego fue capturado por el delito de peculado por apropiación, que el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Sopetrán lo absolvió y que el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión. Adujo que la privación fue injusta porque se le investigó por una conducta atípica.

II. Trámite procesal

El 19 de noviembre de 2002 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público. En el escrito de contestación de la demanda, la Nación-Fiscalía General de la Nación, al oponerse a las pretensiones, propuso la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero. La Nación-Rama Judicial señaló que no impuso ninguna medida restrictiva de la libertad al demandante. La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

El 3 de septiembre de 2009 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. La parte demandante, la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto. La Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público guardaron silencio.

El 15 de marzo de 2011, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia impugnada, accedió a las pretensiones por atipicidad de la conducta.

La demandada interpuso recurso de apelación y la demandante apelación adhesiva, recursos que fueron concedidos el 14 de septiembre de 2011 y admitidos el 25 de julio de 2013. El demandante solicitó reajustar los perjuicios conforme a las pretensiones. La demandada esgrimió que actuó de conformidad con la ley.

El 15 de agosto de 2013 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. La demandante y la Nación-Fiscalía General de la Nación reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público, la Nación-Rama Judicial, Ministerio de Justicia y del Derecho guardaron silencio.

Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (C.N., art. 90 y CCA, art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad(sic) del daño(3).

La demanda se interpuso en tiempo -16 de octubre de 2002- porque la parte demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 31 de enero de 2001, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia que lo absolvió(4).

Legitimación en la causa

4. León Darío Tobón Orrego, Berta Orrego de Tobón, Camilo, Santiago y Andrea Tobón Herrera, son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar.

La Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva pues fueron las entidades encargadas de la investigación, imposición de la medida de aseguramiento, acusación y juzgamiento de León Darío Tobón Orrego. El Ministerio de Justicia y del Derecho no representa a la Nación en los eventos en los que se demanda responsabilidad por la actuación de las autoridades judiciales(5).

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de su libertad.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá sin limitaciones, en los términos del artículo 357 del CPC.

Hechos probados

6. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1. El 12 de septiembre de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Sopetrán dictó apertura de instrucción penal en contra de León Darío Tobón Orrego por el delito de peculado por apropiación, según da cuenta copia auténtica del proveído de esa fecha (fl. 471 cdno. 2).

6.2. El 11 de diciembre de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Sopetrán impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a León Darío Tobón Orrego, según da cuenta copia auténtica de la providencia de la referencia (fls. 631 a 651 cdno. 2).

6.3. El 15 de diciembre de 1997, León Darío Tobón Orrego permaneció detenido en su residencia, según da cuenta certificación original del Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sopetrán (fl. 7 cdno. p.).

6.4. El 9 de febrero de 1998, la Fiscalía 64 Delegada ante el Juez Penal del Circuito Judicial de Envigado sustituyó la medida de detención domiciliaria por caución, según da cuenta copia auténtica de dicho auto (fls. 860 a 864 cdno. 2).

6.5. El 9 de febrero de 1998, León Darío Tobón Orrego recobró su libertad, según da cuenta certificación original del Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Sopetrán (fl. 7 cdno. p.).

6.6. El 6 de agosto de 1998, la Fiscalía 64 Delegada ante el Juez Penal del Circuito Judicial de Envigado profirió resolución de acusación en contra de León Darío Tobón Urrego por el delito de peculado por apropiación, según da cuenta auténtica de la resolución (fls. 885 a 894 cdno. 2).

6.7. El 9 de diciembre de 1999, el Juzgado Penal del Circuito Judicial de Sopetrán absolvió a León Darío Tobón Orrego, según da cuenta copia auténtica de la sentencia (fls. 977 a 1007 cdno. 2).

6.8. El 2 de noviembre de 2000, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia de primera instancia, según da cuenta copia auténtica del proveído (fls. 1062 a 1083 cdno. 2). La providencia quedó ejecutoriada el 31 de enero de 2001, según da cuenta certificación del Tribunal Superior de Medellín (fl. 1095 cdno. 2).

6.9. León Darío Tobón Orrego es hijo de Berta Orrego de Tobón, padre de Camilo, Santiago y Andrea Tobón Herrera, según dan cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento (fls. 2 a 4, 6 cdno. p.).

Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad

7. El daño está demostrado porque León Darío Tobón Orrego estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 15 de diciembre de 1997 hasta el 9 de febrero de 1998 [hechos probados 6.3 y 6.5].

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo,(7) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 CN(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

9. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima. Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado(10).

Frente al hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que la víctima directa participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

10. En materia de responsabilidad del Estado por daños causados por la administración de justicia, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que la lesión se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo. A su turno, el artículo 67 de la misma ley establece que el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

A partir de lo prescrito por el artículo 63 del Código Civil, la culpa es la conducta reprochable de la víctima, por violación del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Reviste el carácter de culpa grave aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, al paso que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar daño a una persona o a su patrimonio.

La Sala, con arreglo a estas disposiciones, ha exonerado de responsabilidad al Estado en aquellos eventos en los cuales personas, que han sido privadas de la libertad y luego absueltas, contribuyeron con su actuación dolosa o gravemente culposa en la producción del daño.

Así, ha reconocido que las actuaciones previas de la víctima pudieron justificar su vinculación al proceso penal y la imposición de una medida de aseguramiento en su contra. En el ámbito de la culpa grave sostuvo, por ejemplo, que “el desorden y el desgreño generalizado que caracterizaron”(11) la labor de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación motivaron la investigación en su contra.

11. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que el hoy demandante desplegó una conducta determinante para que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento y resolución de acusación en su contra.

En efecto, la Fiscalía 64 Delegada ante el Juez Penal del Circuito Judicial de Envigado dictó medida de aseguramiento y profirió resolución de acusación a León Darío Tobón Orrego porque en calidad de Alcalde de Sopetrán, sin autorización legal, utilizó apropiaciones presupuestales para programas de entrega de materiales de construcción a la población municipal.

Ahora, el Tribunal Superior de Medellín absolvió a León Darío Tobón Orrego porque no se probó el indebido uso de los recursos públicos, pero resaltó la desorganización administrativa de la Alcaldía y desgreño en el manejo del almacén y la tesorería. Así lo puso de relieve la providencia la indicar:

Justo es reconocerlo, se nota una completa desorganización administrativa, pues los programas presentados eran rudimentarios, no tenían estimativos en dinero, no se especificaban las obras a realizar, simplemente, consistían en unas relaciones de las necesidades de material […].

[…] Se nota el desgreño de los empleados del almacén y tesorería municipales, porque en las relaciones y comprobantes de egresos que se adjuntan al proceso, se nota que no sabían manejar los rubros presupuestales. Indistintamente, asignan a uno y a otro, elementos remitidos para las escuelas, o para otros fines, como son los pozos sépticos pertenecientes a otros programas que no fueron cuestionados por nadie […]. Tal es el caso de los 700 metros de manguera, destinados a un acueducto veredal. Y sin embargo, ese monto quedó sumado a las cuentas confutadas del mejoramiento de vivienda (fls. 1076 y 1077 cdno. 2).

En consecuencia, en el proceso se acreditó el comportamiento gravemente culposo del sindicado, pues la desorganización administrativa en la alcaldía generó la investigación en su contra por la comisión del delito de peculado por apropiación.

Ante la situación generada por la propia víctima, al ente investigador no le era exigible una conducta diferente que la de ordenar la medida restrictiva de la libertad con fundamento en los indicios recolectados que sugerían su participación en el delito de peculado por apropiación.

Bajo esta perspectiva, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide imputar el daño antijurídico a la demandada.

12. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 15 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de indebida representación en la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho.

2. DECLÁRASE probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.

3. Sin costas.

4. En firme esta providencia, por secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala, aclaración de voto—Jaime Enrique Rodríguez Navas—Guillermo Sánchez Luque.

1 Según el Acta 10 de la Sala Plena de la Sección Tercera.

2 El Consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 36.146.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, radicación 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, radicación 13.392 y del 14 de febrero de 2002, radicación 13.622.

4 [Hecho probado 6.8].

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, radicación 14676.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, radicación 15.463.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, radicación 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, radicación 23.354.

8 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo, lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación 36.146.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, radicación 18.960.

10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de marzo de 2011, radicación 19067.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, radicación 15.463. Se trató de una almacenista de la dirección seccional administrativa y financiera de la Fiscalía General de la Nación, que fue privada de la libertad por la presunta comisión del delito de peculado de apropiación a raíz del faltante que se detectó en el almacén que estaba a su cargo.