Auto 2002-04531 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 25000-23-25-000-2002-04531-01

Ref.: 1696-2013

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Mario Alberto Sotomayor Uribe

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá D.C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Procede el despacho a establecer si se debe revocar el auto de 3 de junio de 2010, que fijó los honorarios a pagar al abogado Humberto Martelo Martínez, en razón al pago parcial que aduce la parte actora.

Del incidente de regulación de honorarios

El artículo 166 del Código Contencioso Administrativo establece que se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que se presenten dentro de un proceso, cuyo trámite, preclusión y efectos, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 167 ídem, se realizará según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. A su vez, este señala en el inciso 2º del artículo 138 que el auto que decide un incidente es apelable.

Así las cosas, el inciso 2º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil dispone que “El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos, que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados (...)”.

Caso en concreto

El abogado Humberto Martelo Martínez, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incidente de regulación de honorarios dado que actúo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de la referencia, como apoderado judicial de la parte demandante, sin que esta le hubiese cancelado el dinero correspondiente a la labor realizada.

Una vez surtido el traslado del incidente a la parte actora, sin que se pronunciara al respecto, se decretó de oficio mediante providencia de 14 de marco de 2008, un dictamen pericial (fl. 18).

Posteriormente, a través de auto de 3 de junio de 2010 el tribunal fijó como honorarios a favor del abogado Martelo Martínez y a cargo del señor Mario Alberto Sotomayor Uribe, la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (fls. 19 a 21 vto.).

Ahora bien, el 15 de junio de 2010, el apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra citado auto, al solicitar que esta se revoque pues indicó que la suma a pagar al incidentante debe ser de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón a que ya le fue pagado, personalmente al abogado incidentante, un millón de pesos; sin embargo reconoce no poseer documento alguno que así lo demuestre (fls. 22-23).

En este orden de ideas, encuentra el despacho que el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil, estipula que dentro del trámite del incidente, se corre traslado del escrito a la otra parte para que en el término de 3 días pueda pedir aquellas pruebas que pretenda hacer valer y allegar los documentos, y pruebas anticipadas que tenga en su poder, las cuales no se encuentren en el expediente, tal como se transcribe a continuación:

ART. 137.—Proposición, trámite y efecto de los incidentes. ‘Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 73 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente’: Los incidentes se propondrán y tramitarán así:

1. El escrito deberá contener lo que se pide, los hechos en que se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir, salvo que estas figuren ya en el proceso.

Al escrito deberán acompañarse los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del peticionario.

2. Del escrito se dará traslado a la otra parte por tres días, quien en la contestación pedirá las pruebas que pretenda hacer valer y acompañará los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no obren en el expediente.

3. Vencido el término del traslado, el juez decretará la práctica de las pruebas pedidas que se considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual señalará, según el caso, un término de diez días o dentro de él, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas qué practicar, decidirá el incidente (...) (resaltado fuera del texto).

En aplicación de la anterior norma a la parte demandante se le corrió traslado del incidente de regulación de honorarios mediante auto de 8 de agosto de 2007, para que se pronunciara y aportara las pruebas que tuviera en su poder; no obstante, se evidencia que una vez transcurrido el término procesal para ello, el actor guardó silencio, por lo que se profirió auto de 14 de marzo de 2008 en el que se decretó como prueba de oficio un dictamen pericial.

Considera el despacho, como acertadamente lo precisó el tribunal al resolver el recurso de reposición contra el auto apelado en estudio, que al demandante se le brindaron las garantías procesales establecidas para el incidente, toda vez que al habérsele corrido traslado del mismo, se le otorgó un término de tres días para que allegara las pruebas que quisiera hacer valer en el proceso.

Sin embargo, aunque la parte actora expresa que realizó un pago por el monto de un millón de pesos al abogado incidentante, dicho hecho no fue acreditado siquiera mediante prueba sumaria, ni tampoco se evidencia que el accionante haya procurado obtener del referido abogado la aceptación de haber recibido dicho dinero, pudiéndolo hacer, por ejemplo mediante la constitución de una prueba anticipada(2), de manera que no se cumplió con la carga de la prueba(3).

En conclusión, si bien el demandante afirma que canceló parcialmente los honorarios debidos, se insiste, este hecho no está probado en el incidente, por lo que no se cuenta con los elementos de juicio necesarios que permitan revocar el auto de 3 de junio de 2010.

Por lo anterior, el despacho confirmará el auto de 3 de junio de 2010 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, fijó la suma de 4 smlmv como honorarios a favor del doctor Humberto Martelo Martínez y a cargo del señor Mario Alberto Sotomayor Uribe.

En mérito de lo expuesto, este despacho de la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 3 de junio de 2010, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fijó la suma de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes como honorarios, a favor del doctor Humberto Martelo Martínez y a cargo del señor Mario Alberto Sotomayor Uribe

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Artículos del 294 al 300 del Código de Procedimiento Civil.

(3) ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.