Auto 2002-04979 de octubre 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 05001-23-31-000-2002-04979-01 (59871)

Actor: Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Demandado: Municipio de Cáceres

Acción: Proceso ejecutivo

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. A efectos de determinar la admisión del recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte actora – Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contra el auto de 7 de junio de 2017, proferido por la Sala del Sistema Escrito del Tribunal Administrativo de Antioquia, el despacho encuentra pertinente traer a colación el criterio sentado por esta corporación en tratándose de un tránsito de legislación procesal y sus efectos en el tiempo, con referencia especial a la determinación de las instancias y cuantías de los procesos que se adelantan ante esta Jurisdicción.

En tratándose del tránsito de la legislación, esta Sección en diversas oportunidades a afirmado la relatividad(5) del principio de perpetuatio jurisdictionis, al señalar que en razón al carácter de orden público de las disposiciones procesales, que las hace aplicables de forma inmediata y preferente respecto de las disposiciones anteriores, las modificaciones que en materia procedimental realice el legislador durante el curso de los procedimientos judiciales deberán aplicarse de la misma forma, razón por la cual las reglas jurídicas aplicables a los recursos judiciales son las que se encuentren vigentes al momento de la interposición y sustentación del recurso de apelación, en lo que interesa para este caso.

No obstante lo anterior, el hecho de que se aplique la norma vigente al momento de la interposición de los recursos no quiere significar que la fecha de presentación de la demanda pierda el rol de determinador de las instancias en el proceso judicial, puesto que, si bien son aplicables los requisitos que se exijan al momento de la presentación del recurso, la cuantía se establece por el valor de los salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

De tal suerte que, como lo ha sostenido esta corporación, las valoraciones de cada caso señalarán las normas procesales aplicables a efectos de determinar si un proceso es susceptible de doble instancia o no y cuál es el juez competente para ello, así(6):

i) Los procesos que se iniciaron, fallaron en primera instancia y cuyo recurso de apelación fue interpuesto antes del 27 de abril de 2005, se regirán por las disposiciones del Decreto 597 de 1988. Es decir que si al momento de la interposición de la demanda un proceso cumplía con la cuantía exigida por dicho decreto para que fuere susceptible de doble instancia, esta situación procesal se mantendrá como manifestación del principio de la perpetuatio jurisdictionis.

ii) Respecto de los procesos que se iniciaron y fallaron en primera instancia antes del 28 de abril de 2005, pero cuyo recurso de apelación fue interpuesto luego de esta fecha y hasta antes del 1º de agosto de 2006, se aplica la Ley 954 de 2005, la cual readecuó temporalmente y puso en funcionamiento las competencias establecidas en la Ley 446 de 1998.

En este orden de ideas, la concesión de dicho recurso se supedita, entre otros requisitos, al cumplimiento de las cuantías que establece la Ley 446 de 1998, de tal suerte que solo serán pasibles del recurso de apelación los procesos que tuvieren cuantías superiores, en salarios mínimos legales mensuales, a 100 (en las acciones de nulidad y restablecimiento de carácter laboral); 300 (en acciones de nulidad y restablecimiento, y las acciones que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas); 500 (en acciones de reparación directa y controversias contractuales), y 1500 (en acciones ejecutivas). Los procesos que no cumplieren con dichos valores serán conocidos en única instancia por los tribunales administrativos.

iii) A partir el 1º de agosto de 2006, con la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, los asuntos que fueren de competencia de éstos debían ser remitidos por los tribunales administrativos para que continuaran el trámite de la primera instancia y así permitir que los mismos fueren susceptibles de segunda instancia ante dichos tribunales(7).

Por lo tanto, salvo que el proceso hubiere entrado al despacho para proferir sentencia antes del 1º de agosto de 2006, los tribunales perdieron competencia para conocer de los asuntos que de acuerdo a las reglas del artículo 42 de la Ley 446 de 1998 correspondieren por competencia en primera instancia a los juzgados administrativos, sin perjuicio de la validez de la actuación surtida hasta la fecha.

De otra parte se tiene que conforme a lo dispuesto en el numeral 7º artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, modificado a su vez por el artículo 2º del Decreto 597 de 1998 y el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, de los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales.

2. En el caso sometido a estudio se encuentra que la demanda ejecutiva fue presentada el 12 de diciembre de 2002, en vigencia de la Ley 446 de 1998; luego durante el trámite procesal mediante auto del 7 de junio de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se modificó la liquidación de créditos presentada por el ejecutante, decisión que fue notificada por estado del 12 de junio de 2017, y la cual fue recurrida por la parte ejecutante en escrito del 15 de junio de 2017.

Así las cosas, es claro que la concesión del recurso de apelación debe sujetarse al cumplimiento de los 1.500 salarios mínimos mensuales legales para el año 2002, año de presentación de la demanda(8), suma equivalente a $ 463.500.000, pues el auto que modificó la liquidación de créditos y el recurso de apelación tuvieron lugar con posterioridad a la fecha en que entró en plena vigencia la normatividad concerniente al régimen de competencias establecido por la Ley 446 de 1998, esto es, después del 1º de agosto de 2006. Por tanto, se observa que el presente asunto no satisface la cuantía mínima exigida por la ley, pues el actor solicitó como pretensiones el pago de ocho millones doscientos cincuenta cuarenta y dos mil pesos ($ 8.142.000.oo); tal suma de dinero es equivalente a 26,34 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2002.

Como consecuencia de lo anterior se impone la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante – Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contra el auto del 7 de junio de 2017.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

1. INADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante – Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contra el auto del 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al no tener vocación de doble instancia el presente proceso.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen, para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa».

5 Al respecto esta Sección ha afirmado en diversas oportunidades la relatividad de los principios de “perpetuatio jurisdictionis” y de la doble instancia al señalar que “no son absolutos cuando se trata de la aplicación de las leyes procesales, en cuanto que éstas son de aplicación inmediata en los procesos en curso, dado que se trata de normas de orden público”. Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 12 de mayo de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 05001233100019910578101 (37928).

6 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 25 de julio de 2007, C.P. Dr. Enrique Gil Botero, Rad. 25000232600020030107701 (34033). Y Auto del 30 de enero de 2008, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Radicado: 25000232600020030095201 (34033).

7 Como se indicó en Auto del 4 de marzo de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia de la Dra. Martha Sofía Sanz Tobón. Rad. AP-250002325000200600034 01. “Por otra parte, el fin perseguido por la ley que se menciona fue descongestionar la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual estuvo conformada solo por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, antes del 1º de agosto de 2006 y no resulta admisible, en virtud del principio de la unidad de la jurisdicción, que dos clases de jueces sean competentes en la misma instancia sobre un mismo tipo de procesos.

Por lo tanto, es posible concluir que cuando el legislador crea nuevos organismos o autoridades jurisdiccionales que afectan la competencia de las ya existentes, se produce el desplazamiento inmediato de éstas, quienes pierden tal competencia”. (Resaltado propio).

8 El artículo 40 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...) 

7. De los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales”.