Auto 2003-00463/33948 de mayo 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Rad.: 63001-23-31-000-2003-00463-01(33948)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Fabio Botero Botero y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otro

Referencia: Acción de Reparación directa (auto)

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciséis.

Asunto: Recurso de reposición – Concepto, alcance y excepción – Procedencia; Derechos Humanos – Concepto y alcance; Turno para fallar DDHH – Concepto y alcance; Derecho a turno – Concepto y alcance.

Corresponde al Despacho resolver el escrito de reposición, presentado por la parte actora el día 29 de marzo de 2016, donde pretende reponer el auto de 14 de marzo de 2014, el cual dio únicamente información de turno al apoderado de la parte actora.

Antecedentes

1. En escrito demanda de 23 de mayo de 2003(1), el señor Fabio Botero y otros, mediante apoderado judicial y en ejercicio de reparación directa, solicitaron la declaratoria de responsabilidad administrativa de las entidades demandas por los perjuicios que le fueron causados, como consecuencia de la falta o falla del servicio que produjo el secuestro y cautiverio del señor Fabio Botero Botero entre 28 de noviembre de 2001 y 13 de julio de 2002.

2. En sentencia de 15 de febrero de 2007(2), el Tribunal Administrativo de Quindío negó las pretensiones de la demanda, dicha decisión se notificó por edicto que permaneció fijado entre 21 a 23 de febrero de 2007(3).

3. La anterior decisión fue objeto de apelación por la parte demandante el día 28 de febrero de 2007(4), escrito que fue admitido por esta Corporación en auto de 11 de mayo de 2007(5). Seguidamente en auto de 28 de junio de 2007(6), esta Corporación corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, y al Ministerio Publico para que emitiera concepto.

4. Posteriormente, la parte actora presentó memorial fechado 17 de febrero de 2016(7) en donde “solicita prelación en su fallo por configurarse en el delitos de lesa humanidad y violatorios de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, a lo que consecuentemente esta Corporación profirió el auto de fecha 14 de febrero de 2016(8) en donde se indicó que “el proceso se encuentra para elaborar sentencia, la cual será proferida cuando corresponda su turno dentro de los procesos que ingresaron para fallo en dicha anualidad”.

5. Finalmente, y como resultado de lo anterior, la parte actora interpuso escrito de reposición contra el auto de 14 de febrero de 2016, argumentando que “lo que le asiste a sus mandantes, es un caso de derechos humanos, derecho internacional humanitario y lesa humanidad, como lo es el secuestro”, es decir aduce que su caso debe tener prelación de fallo. Asimismo manifiesta que el caso por resolver debe ceñirse a casos citados, y que haremos mención en la parte considerativa de esta providencia.

Consideraciones

1. Del recurso de reposición.

El recurso de reposición propuesto por el apoderado de la parte actora se concreta en revocar el auto que le dio información de turno, pues considera el demandante que su caso se violaron derechos humanos y por ende requiere que se configure esta figura.

Ahora bien, el artículo 318 del Código General del Proceso señala que “El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.” (Resaltado propio).

De lo anterior se infiere que en el presente caso, el recurso de reposición se presentó de forma oportuna, conforme a la providencia proferida el 14 de marzo de 2016 y notificada por estado el 29 de marzo de 2016, frente a lo cual el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de reposición el 29 de marzo de 2016, es decir dentro de los 3 días reglamentarios, en el cual, expresó las razones

2. Conceptos de derechos humanos para el caso por resolver.

La trascendencia sustancial que revisten los Derechos Humanos en el contexto actual y en virtud de su fuerza vinculante, impone al Estado la obligación de garantizar su libre y adecuado ejercicio por parte de todos sus titulares, deber que no se agota en la simple abstención por parte de las autoridades públicas de ejecutar actos contrarios a estos derechos sino que implica, también, el despliegue de obligaciones positivas tendientes a materializar tales derechos en el plano fáctico(9), como lo señaló esta Corporación recientemente, al indicar que “El Estado debe propiciar que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, genéricamente, o en sus especiales condiciones, no se considere riesgoso, de manera que tanto su actividad, su desplazamiento, como la defensa de los derechos de los grupos vulnerables se desarrollen en un estado de riesgo permanente.”(10)

En este mismo sentido, también es del caso señalar que cuando se está en presencia de esta clase de violaciones graves a los Derechos Humanos se impone una obligación al Estado de brindar un acceso efectivo y sustancial a la administración de justicia, a efectos de que se ampare a las víctimas en sus derechos a la justicia y la reparación integral por los daños irrogados, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al indicar que la exigencia de garantías judiciales en un proceso se materializa siempre que” se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”(11), es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial(12).”(13) (Resaltado propio); y comentando el artículo 25 de la Convención señaló que “La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”(14).”(15); se trata de un campo fértil para la incorporación de los estándares de la jurisprudencia interamericana en materia de Derechos Humanos al interior de los procesos judiciales por vía del control de convencionalidad(16).

3. Turno para falla DDHH.

El artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia:

“Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.”

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 (enero 22), que reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, establece lo siguiente:

“«ART. 16.—Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

PAR 1º.—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998». (Subrayas fuera de texto).

3.1. En relación a lo anterior, el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y especialmente en el tema de los Derechos Humanos que se constituyen en garantías mínimas necesarias para el desarrollo institucional de un Estado Social de Derecho y como condiciones esenciales para el desarrollo del derecho positivo en una sociedad, siendo inviolables y vinculantes para las autoridades públicas y los particulares(17). Es así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, se ha considerado que las violaciones más graves a estos derechos generan una afectación que excede a la órbita de quien materialmente ha sido lesionado, siendo una afrenta a toda la Humanidad, como lo ha precisado la jurisprudencia Constitucional:

“Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de “graves crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones.(18)(19)

3.3. Derecho a prelación de fallo, caso por resolver.

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, significa que las partes tienen derecho a que los jueces profieran las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y a que la alteración de dicho orden se realice, excepcionalmente, por “razones de seguridad nacional”; para “prevenir la afectación grave del patrimonio nacional”; en caso de “graves violaciones de los derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad”; cuando se trate de asuntos de “especial trascendencia social” o cuando “por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva”; en procesos cuya resolución íntegra entrañe “sólo la reiteración de jurisprudencia”, y por la determinación de “un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia”.

En el caso por resolver, el secuestro del señor Fabio Botero Botero, constituye una posible violación a los derechos humanos, todo a su vez que se encuentra configurada en la normatividad antes citada, razón por la que este Despacho ya lo tenía para prelación en los casos referentes a derechos humanos, razón por la cual se repondrá el auto de 14 de marzo de 2016, visible en el folio 461 ya que se considera que en dicha providencia no se le dio la información completa a la parte solicitante.

De igual forma, se hace preciso aclarar que i) el turno para fallo de los procesos que arriban a esta Corporación se determina no a partir del inicio del trámite de la segunda instancia sino desde el momento en que este culmina, es decir, cuando ya se ha vencido el término para que las partes presenten sus alegaciones finales y el Agente del Ministerio Público rinda su concepto, si lo considera pertinente; y ii) que aun reconociéndose la prelación de un proceso ello no da lugar a que el mismo sea fallado con total prescindencia de los demás procesos que se encuentran para fallo, sino que el mismo constituye una preferencia respecto de los que han ingresado para fallo dentro en el mismo año, además de respetar los demás procesos a los que con anterioridad también se les ha reconocido prelación.

Todo lo anterior lleva a sostener que el presente proceso debe ser abordado por la Subsección en su respectivo orden cronológico, esto es, cuando corresponda decidir los asuntos con prelación y respetar el turno de los mismos, lo que conlleva a que no se desconocerán los procesos anteriores a este.

Finalmente, de lo argumentado por el apoderado de la parte actora en el recurso de reposición, al citar algunos casos para tener en consideración para el caso concreto, lo que se vislumbra como una solicitud de extensión de jurisprudencia, se le indica a la parte demandante, que el caso se observará en su momento y que no es el momento pertinente para abordar cuestiones que se deben examinar y analizar al momento de resolver el fondo del asunto.

En mérito de lo expuesto,

Resuelve

Reponer la providencia proferida por este despacho el 14 de marzo de 2016, la cual no dio completamente la información solicitada por el apoderado de la parte actora.

Notifíquese y cúmplase

Magistrado: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

1. Ff 1 a 40, C1

2. Ff 253 a 264, CPpal.

3. F 265, CPpal.

4. Ff 266 a 294, CPpal.

5. F 302, CPpal.

6. F 342, CPpal.

7. Ff 450 a 460, CPpal.

8. F 461, CPpal.

9. Al respecto sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “La protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia.”
“El cumplimiento del artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
[…]
“Esta protección integral [o activa] del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal, y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas.” Caso Huilca Tecse.

10. Consejo de estado, Sección Tercera, Sentencia de 9 de mayo de 2012, exp. 20334. C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

11. Corte I.D.H., El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8; párr.25.

12. Corte I.D.H., Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9; párr. 28 y Corte I.D.H., El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99, supra nota 130, párr. 118.

13. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002.

14. Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 82; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 131, y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 183, párr. 78.

15. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón vs Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009.

16. “Uno de esos derechos consagrados en la Convención Americana que requiere de atención permanente tanto por parte de la Corte Interamericana como de los jueces y tribunales nacionales, y que sin duda puede ser un campo propicio para el desarrollo del control de convencionalidad, es el derecho de amparo respecto de los derechos humanos y garantías previstos en la Convención Americana, el cual, a pesar de la más que centenaria tradición de la que goza en América Latina, en muchos países aún no ha encontrado su cabal efectividad, al menos en los términos tan amplios como el marco del derecho a la protección judicial consagrado en la Convención Americana.” BREWER-CARÍAS, Allan R. El control de convencionalidad, con particular referencia a la garantía del derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos. Conferencia pronunciada en el evento organizado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, sobre El control de convencionalidad y su aplicación, San José, Costa Rica, 27-28 de septiembre de 2012.
17. “Esta Corte ha señalado que todos los derechos constitucionales son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que el constituyente quiso elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos – indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción).” Corte Constitucional, Sentencia T-404/2009 M.P.: Humberto Sierra Porto.

18. La expresión delicta iuris gentium fue acuñada en el juicio contra Adolph Eichmann por la Corte de Israel al señalar la necesidad de contar con una jurisdicción universal para juzgar crímenes atroces en los siguientes términos: “Los crímenes atroces se definen como tales tanto en el derecho de Israel como en el de otras naciones. Aquellos crímenes cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones constituyen “delicta iuris gentium”. Por lo tanto, el derecho internacional antes que limitar o negar la jurisdicción de los Estados con respecto a tales crímenes, y en ausencia de una corte internacional para juzgarlos, requiere que los órganos legislativos y judiciales de cada Estado creen las condiciones para llevar a estos criminales a juicio. La jurisdicción sobre estos crímenes es universal” (Traducción no oficial). En Cr.C (Jm) 40/61, The State of Israel v. Eichmann, 1961, 45 P.M.3, part. II, para. 12, citado por Brown, Bartram. The Evolving Concept of Universal Jurisdiction. En New England Law Review, Vol 35:2, página 384. Ver también http://www.nizkor.org/hweb/people/eichmann-adolph/transcripts/judgement-002/html. El término “core” fue adicionado posteriormente para referirse al conjunto de crímenes que como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra más graves son objeto de jurisdicción universal por los Estados, independientemente de la nacionalidad del autor o de las víctimas y del lugar en donde fueron cometidos, incluidos la piratería, la esclavitud, la tortura y el apartheid. El Estatuto de Roma reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre algunos de esos crímenes.

19. Corte Constitucional. Sentencia C-578/2002. M.P.: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.