Auto 2003-01547 de abril 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 52001-23-31-000-2003-01547-01 (38631)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Servio César Collazos Bravo y otros

Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad-DAS y Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Por haber sido concedido según quedó consignado en los antecedentes, la Sala decidirá el recurso que se tramitó como de súplica, en razón de la reposición formulada por el Ministerio Público contra el auto de 13 de julio de 2010 que tuvo por no presentada la sustentación del recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, declaró desierto el recurso de apelación, interpuesto por la Fiscalía General de la Nación contra esa misma providencia y ordenó tramitar el grado jurisdiccional de consulta.

2. Problema jurídico planteado.

Debería la Sala resolver sobre la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, no obstante previamente corresponde considerar si le asiste interés al Ministerio Público para formular el recurso, comoquiera que según posición unificada de la Sección que mediante esta providencia se reitera, para que la intervención del Ministerio Público proceda, la misma deberá encaminarse materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales y así expresarlo.

3. Intervención del Ministerio Público en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El artículo 277 numeral 7º de la Carta Política establece las funciones del Ministerio Público en las controversias que se adelantan ante las autoridades judiciales o administrativas en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos fundamentales. Señala la norma en cita:

“ART. 277.—El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

(...).

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”.

Por su parte el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, en lo que tiene que ver con la intervención del Ministerio Público ante esta jurisdicción, dispone (se resalta):

“El Ministerio Público es parte y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en las conciliaciones extrajudiciales ante los centros de conciliación e intervendrá en éstos en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el auto admisorio de la demanda, el que fije fecha para audiencia de conciliación, la sentencia proferida en primera instancia y el primer auto dictado en segunda instancia.

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.

(...)”.

Así mismo, el artículo 303 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determina (se destaca):

“ART. 303.—Atribuciones del Ministerio Público.El Ministerio Público está facultado para actuar como demandante o como sujeto procesal especialy podrá intervenir en todos los procesos e incidentes que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

En los procesos ejecutivos se notificará personalmente al Ministerio Público el mandamiento de pago, la sentencia y el primer auto en la segunda instancia.

Además tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Solicitar la vinculación al proceso de los servidores o ex servidores públicos, que con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan dado lugar a la presentación de demandas que pretendan la reparación patrimonial a cargo de cualquier entidad pública.

2. Solicitar que se declare la nulidad de actos administrativos.

3. Pedir que se declare la nulidad absoluta de los contratos estatales.

4. Interponer los recursos contra los autos que aprueben o imprueben acuerdos logrados en conciliación judicial.

5. Interponer los recursos extraordinarios de que trata este código.

6. Solicitar la aplicación de la figura de la extensión de la jurisprudencia, y la aplicación del mecanismo de revisión eventual de providencias de que trata este código.

7. Adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales.

(...)”.

En armonía con lo expuesto, la Sala Plena de esta sección unificó la jurisprudencia respecto de las potestades que le asisten al Ministerio Público de cara a la participación en los procesos judiciales o administrativos en los que interviene, que en esta decisión se reitera(1) (se resalta):

“Así las cosas, la intervención del Ministerio Público en el proceso contencioso administrativo es principal y relevante, sin que sea posible limitar sus facultades por parte del juez de lo contencioso administrativo, en razón a que este último lo que deberá verificar es que exista el interés en la respectiva actuación desplegada por el agente o el procurador respectivo, esto es, que el derecho o instrumento procesal que se esté ejerciendo —sin importar su naturaleza— sea procedente según la ley adjetiva y, de otro lado, que le asista interés en el mismo, lo cual se verificará a partir del análisis del contenido del acto procesal, pues tendrá que estar encaminado materialmente a la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, independiente de la forma que lo rodee.

4.8. Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones y precisiones, resulta pertinente señalar que no empecé a las amplias facultades del Ministerio Público, sí le está vedado desplazar a las partes o demás sujetos procesales, así como relevarlas de cualquier carga o deber procesal. Por manera que, se torna necesario que el juez verifique —al momento de definir la admisión o decidir de fondo los recursos interpuestos por los agentes o delegados del procurador— si el fundamento de la impugnación está relacionado materialmente con alguno de los objetivos o fines constitucionales de intervención, esto es, la defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos fundamentales.

Es decir, existe una carga argumentativa en cabeza del Ministerio Público que consiste en señalar de manera expresa cuáles son las circunstancias, razones o motivos en virtud de las cuales ejerce los medios de oposición a las providencias, así como identificar el apoyo constitucional de su postura. En otros términos, es preciso que el Procurador General de la Nación o sus delegados determinen el escenario constitucional que sirve de fundamento para la impugnación (v. gr. la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o las garantías fundamentales) y las razones expresas por las cuales el respectivo recurso se orienta a la protección de alguno de esos fines, varios de ellos o todos.

(...).

En efecto, se reitera, el Ministerio Público está llamado a participar de forma activa —como sujeto procesal especial— en los procesos contencioso administrativos, pero siempre circunscrita su actuación a la materialización de los objetivos indicados en el texto constitucional, esto es: i) la defensa del orden jurídico, ii) la protección del patrimonio público o iii) la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los asociados.

De esta manera, se garantiza que exista ecuanimidad respecto de las partes y/o sujetos procesales, sin que conlleve a la búsqueda de un rompimiento del principio de igualdad material en el proceso. Bajo esta óptica se respeta con particular énfasis la función constitucional del Ministerio Público, y se evita o se previene que este último desplace injustificadamente a las partes en relación con sus cargas, deberes y obligaciones dentro de la actuación procesal.

Como corolario de lo anterior, siempre será susceptible que los agentes del Ministerio Público —como representantes de la sociedad— actúen en el proceso contencioso administrativo, inclusive a través de la interposición de recursos legales, pero deben razonar y justificar de manera expresa la relación que existe entre el mecanismo de impugnación específico y cualquiera —o todos— de los objetivos de intervención delimitados en la Constitución Política de 1991”.

Como quedó expuesto, según la posición unificada de la sección las intervenciones del Ministerio Público deberán estar precedidas de una argumentación suficiente que denote las circunstancias que lo impulsan a actuar, las que en ningún caso pueden desplazar a las partes y demás sujetos procesales, empero si relacionadas con la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales.

Es del caso recordar que la decisión de unificación fue proferida en el marco del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público contra una sentencia proferida en contra de la fiscalía general; empero sin que el servidor público haya expuesto las razones de su intervención.

4. Caso concreto.

El Ministerio Público al impugnar el auto de 13 de julio de 2010 adujo que en el asunto de la referencia no procede la consulta, toda vez que la condena impuesta a la entidad estatal no cumple con los parámetros establecidos en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.

Con todo, cabe precisar que el procurador quinto delegado ante esta corporación, al igual que lo acontecido en el asunto antes relacionado y que en esta decisión se reitera, se limitó a interponer un recurso sin explicar con el rigor exigido por la jurisprudencia su interés, de manera que no queda sino reiterar la posición unificada de la sección, negar el recurso y declarar ejecutoriado el auto proferido por el magistrado sustanciador el 13 de julio de 2010.

En armonía con lo expuesto y dado que, la jurisprudencia unificada de la corporación señaló que el Ministerio Público tiene que exponer expresamente los motivos y el interés que le asiste conforme a las previsiones del numeral 7º del artículo 377 constitucional y comoquiera que en el caso de autos ello no se cumplió, se confirmará la decisión objeto de la súplica que se resuelve.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto proferido el 13 de julio de 2010, conforme a la parte motiva de esta providencia.

En firme este proveído REMÍTASE el expediente al despacho de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 27 de septiembre de 2012, Radicado: 080012331000200800557-01 (44541), C.P. Enrique Gil Botero, con salvamento de voto de la ponente de esta decisión.