Auto 2003-02284 de marzo 4 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 25000-23-15-000-2003-02284-01(AG)

Consejera ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Liliana Moreno Hernández y otros

Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil diez.

Los accionantes mediante escrito visible a folios 576 a 592 solicitan la eventual revisión de la sentencia de 7 de mayo de 2009 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que declaro improcedente la acción ejercida y revoco la sentencia proferida por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá por medio de la cual se denegó lo pretendido por los demandantes.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

El mecanismo eventual de revisión en las acciones populares y de grupo, fue establecido en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, que adicionó como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, con el siguiente contenido literal:

“(...) La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los tribunales administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima corporación de lo Contencioso administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella (...)”(2) (se resalta).

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante auto de 17 de febrero de 2010, Expediente AP-2007-00325-02, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, resolvió asumir el conocimiento del referido asunto por importancia jurídica y declaró la nulidad de lo actuado por la Sección Tercera, por considerar:

“(...) Pues bien, según la norma anterior, para esta corporación es totalmente claro que la decisión sobre la selección o no para revisión eventual es de la exclusividad de ‘la máxima corporación de lo contencioso administrativo, de suerte que la decisión de seleccionar o no las acciones populares para revisar los fallos dictados por los tribunales contencioso administrativos sobre el particular, compete únicamente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, como máxima autoridad en temas jurisdiccionales dentro del Consejo de Estado.

Lo dicho también se sustenta en el numeral 13 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (modificado D. 597/88, art.. 2º; L. 446/98, art.. 36), y en el numeral 2º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996 —EAJ—, que reconocen la competencia residual en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, (...).

Así las cosas, es incuestionable que en la acción popular, conocida en primera instancia por el Juzgado Administrativo del Circuito de Montería y en segunda instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, al no haber sido seleccionada por la Sala Plena, única competente para ello, sino por la Sección Tercera para unificar jurisprudencia en la materia a través del nuevo mecanismo de la revisión eventual, se incurrió en evidente falta de competencia por parte de la mencionada Sección, configurándose así la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (...) y además conduce a la violación directa del ordenamiento constitucional, por la afrenta al debido proceso, que reclama la presencia de un juez competente para asumir el conocimiento de los asuntos judiciales. Por tanto la Sala Plena declarará la nulidad de todo lo actuado en este asunto a partir del auto del 21 de octubre de 2009, inclusive (...).

Finalmente, como consecuencia de la posición asumida por la Sala Plena en esta providencia, en torno a su competencia para decidir lo atinente a la selección de las acciones populares y de grupo para aplicar el nuevo mecanismo de revisión eventual, queda revaluada la tesis sostenida por la misma en el fallo del 14 de julio de 2009, dictado dentro del proceso 2001-23-31-000-2007-00244-01 (IJ) AG (...)”(3) (se resalta).

El criterio referido fue modificado por el Acuerdo 0117 de 12 de octubre de 2010, mediante el cual la Sala Plena del Consejo de Estado adicionó un parágrafo al artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, en el sentido de que la selección para la eventual revisión de las sentencias y demás providencias que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares o de grupo, proferidas por los tribunales administrativos en segunda instancia, será de todas las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el presidente de la corporación.

El mismo acuerdo estableció que si el asunto es seleccionado para su revisión, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidirá sobre la misma y de la insistencia de que trate el artículo 11, in fine, de la Ley 1285 de 2009, conocerá la misma sección que resolvió sobre su no selección, a menos que a petición de cualquier consejero, la Sala Plena de lo Contencioso decida resolverla.

En ese orden de ideas esta corporación determinó los criterios bajo los cuales debe regirse la decisión sobre la eventual revisión de las sentencias o demás providencias que conllevan la finalización o el archivo del respectivo proceso en el caso de las acciones populares y de grupo, proferidas por los tribunales administrativos del país, destacándose en primer lugar que la competencia para la selección de las providencias referidas es de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo y la decisión de la Sala Plena y, en segundo lugar, que su único fin es la unificación de la jurisprudencia.

Requisitos de procedibilidad

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 11 de la Ley 1285, la procedencia del mecanismo de revisión de providencias judiciales, tiene los siguientes presupuestos:

1. Debe ser solicitada a petición de parte o del Ministerio Público dentro de los 8 días siguientes a la notificación de la providencia.

2. La sentencia o providencia debe ser de aquellas que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso.

3. Que la sentencia o providencia hubiere sido dictada por el tribunal administrativo.

4. El propósito lo constituye la unificación de jurisprudencia.

5. Es necesaria la sustentación de la solicitud respectiva.

Una vez señalados los presupuestos requeridos para que proceda la selección eventual de una sentencia, en instancia de revisión, procede la Sala a verificar si estos se cumplen en el caso concreto.

Caso concreto:

La petición de eventual revisión fue presentada por los demandantes el 21 de mayo de 2009, contra la sentencia de 7 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en segunda instancia, la cual quedó ejecutoriada el día 28 del mismo mes y año, es decir, que la solicitud se elevó dentro del término legal, de los 8 días siguientes a la notificación de la providencia que puso fin al proceso.

En el sub examine la acción de grupo tiene por objeto que se declare la responsabilidad de los demandados, por las presuntas deficiencias en la prestación del servicio de educación impartida por porte de la Sociedad Hi Tech Training S.A., el cual no correspondió a la oferta que se les presentó a los estudiantes.

Por lo anterior, acusó a las entidades públicas demandadas de haber incumplido las obligaciones legales y contractuales inherentes a la prestación de este servicio, como creadoras del proyecto, seleccionadoras de la persona que dio la capacitación y administradoras de la ejecución del mismo, controversia dentro de la cual, al estar implicada la persona que directamente prestó el servicio, fue vinculada al proceso en primera instancia.

El tribunal revocó la decisión de primera instancia y procedió a rechazarla por improcedente, por considerar que las pretensiones de la demanda involucraban el examen de contratos estatales, por tanto se evidencia una indebida escogencia de la acción, por lo que cualquier decisión de fondo en el sub judice exige la declaración del cumplimiento o incumplimiento de tales contratos, no obstante afirma que la acción de grupo es exclusivamente indemnizatoria.

Al analizar lo decidido por el ad quem, encuentra la Sala(4) que la complejidad del asunto en discusión es de aquellos que puede llevar al juez a la aplicación equivocada de criterios jurisprudenciales que ya han sido decantados por la Sección Tercera de esta corporación y, respecto de los cuales, ya existe claridad, por tanto, con el objeto de reafirmar tales criterios y especificar su empleo, se justifica la revisión de la sentencia en comento.

Así tenemos que las materias jurisprudenciales referidas con relación a la procedencia de la acción de grupo, son:

1. Cuando la causa petendi involucra el estudio de contratos estatales o de actos administrativos.

2. Cuando se refiere a perjuicios causados por la producción de bienes defectuosos o la prestación de servicios de forma deficiente, dando lugar a la responsabilidad por daños inferidos a los derechos del consumidor.

3. La responsabilidad de las entidades públicas por la omisión en la vigilancia y control que tienen sobre la ejecución de proyectos que se encuentran a su cargo, que corresponde a lo alegado por los demandantes en la sustentación de la eventual revisión.

Los aspectos señalados, susceptibles de pronunciamiento jurisprudencial de unificación por parte del Consejo de Estado, también revisten gran importancia jurídica y trascendencia social, puesto que se relacionan con cuestiones fundamentales de la acción de grupo, tales como su naturaleza, finalidad y alcance, los cuales determinan la procedencia de la misma, máxime si se tiene en cuenta que sobre el tema debatido en el presenta caso, no existe antecedente jurisprudencial aplicable, además cuando se observa que el tribunal al respecto ha emitido pronunciamientos contradictorios(5).

En esas condiciones la Sala encuentra acreditados los presupuestos para seleccionar la providencia de 7 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘B’, para su revisión, por lo cual, se ordenará la notificación de la presente providencia por estado, a las partes y al Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. SELECCIONAR para su revisión la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘B’ el 7 de mayo de 2009.

2. NOTIFICAR por estado la presente providencia a las partes y al Ministerio Público.

3. Ejecutoriada esta providencia, regrese al despacho para proveer.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(2) La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, declaró INEXEQUIBLE la expresión “el Consejo de Estado también podrá actuar como Corte de Casación Administrativa”, del parágrafo segundo del artículo 11 del proyecto de Ley Estatutaria 023 de 2006 Senado y. 286 de 2007 Cámara, “por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia”, y EXEQUIBLE el resto del mismo parágrafo.

(3) Mediante auto de 4 de mayo de 2010, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolvió los recursos interpuestos, así como la nulidad propuesta contra la precitada decisión, negando la prosperidad de los mismos.

(4) La Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto de 21 de octubre de 2009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, en el presente caso y previo a la declaratoria de nulidad había decido seleccionar el presente asunto para su eventual revisión.

(5) Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencia de 7 de mayo de 2009, Expediente AG 2003-02284-03, M.P. Fredy Ibarra Martínez, en la que se decidió declarar improcedente la acción; sentencia de 22 de octubre de 2009, Expediente AP 2004-2196, M.P. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, en la que se accedió a las súplicas de la demanda; el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, en sentencia de 3 de septiembre de 2009, Expediente AG 2004-2478, juez Víctor David Lemus Chois, resolvió rechazar por improcedente la acción.