Sentencia 2003-03015 de mayo 15 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2003-03015

Actora: Empresa de Telecomunicaciones de Palmita —Telepalmita S.A. ESP—.

Recurso de apelación contra la sentencia de 30 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Bogotá, D.C., quince de mayo de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Así discurrió la Sala Plena:

“… El artículo 1º de la Ley 954 de abril 27 de 2005, dispuso la nueva tabla de cuantías en los siguientes términos:

“... ART. 1º—Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así: “PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Así mismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia...”.

Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley (negrillas de la Sala).

Es cierto, como lo sostuvo el a quo, que para determinar si se debe aplicar la referida Ley 954, en un determinado asunto, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, que establece lo siguiente:

“En los procesos iniciados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, seregirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (negrilla fuera de texto).

No existe desacuerdo alguno en cuanto a que en este proceso le es aplicable la Ley 954 de 2005, porque el recurso interpuesto por la parte demandante se presentó el 16 de junio de 2005, fecha en la cual ya estaba en vigencia la precitada ley; forzoso es concluir, que para considerar la admisibilidad del recurso de apelación, se debe determinar la competencia con base en los 100 salarios mínimos legales vigentes, señalados en dicha Ley 954.

Ahora bien, el problema jurídico se circunscribe en determinar, si los 100, 300, 500 ó 1500, salarios mínimos vigentes a que se refiere la Ley 954 de 2005, para efectos de determinar la competencia, debe tenerse como referente el salario mínimo legal vigente (SMLV) que regía para el año en el cual se presentó la demanda, o el correspondiente al de la anualidad, en la cual se interpuso el recurso de apelación.

A juicio de la Sala, el salario mínimo legal mensual determinante para tener en cuenta y así fijar la competencia en única o primera instancia (100, 300, 500 y 1500 SMLV, según el caso), debe ser el que gobernaba a la fecha de presentación de la demanda, único momento procesal en el cual la parte demandante determina la cuantía de un proceso, por así ordenarlo la misma Ley 954 de 2005, en armonía con los artículos 134 E y 137 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el 20 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, el artículo 134 E del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, y vigente a partir de la expedición de la Ley 954 de 2005, dispone que para efectos de determinar la competencia en razón a la cuantía, en asuntos de carácter laboral como en el presente se determinara “(...) por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de termino indefinido, como pensiones, en cuyo caso se determinara por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años” (negrilla fuera del texto).

Lo anterior indica que la cuantía es un factor objetivo que se fija en el momento de la presentación de la demanda con el único propósito de que el juez a quo determine si el proceso corresponde a única o primera instancia (sin perjuicio de que posteriormente el ad quem al momento de considerar eventualmente la admisión de un recurso de apelación revise tal decisión) lo cual explica por qué el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, establece como requisito para la admisión de la demanda, la estimación razonada de la cuantía, so pena de inadmisión o rechazo de la misma (num. 6, ibíd.).

De aceptar la interpretación hecha por el tribunal, se quebrantaría no solo el principio de la seguridad jurídica necesaria en todos los procesos para que las partes debatan con plena certeza los elementos que se presentan en una relación jurídica procesal, sino también el de la doble instancia, ya que este dependería única y exclusivamente del transcurrir del tiempo, pues la competencia variaría cada vez que se incremente el salario mínimo legal.

Así las cosas, como el salario mínimo vigente a la presentación, de la demanda (jul. 2/2002) era de $ 309.000 y la cuantía del proceso se estableció en la suma de $ 35.755.329, es claro que este era de conocimiento del Tribunal Administrativo de Nariño en primera instancia, por cuanto la cuantía establecida por el actor en la demanda supera los 100 salarios mínimos mensuales vigentes a la presentación de la demanda, requeridos hoy por la Ley 954 de 2005...”.

Aplicando dicho criterio al caso sub examine, encuentra la Sala Unitaria, que el recurso de apelación no debió concederse, pues cuando se presentó la demanda, esto es, el 4 de agosto de 2003 (fl. 71, cdno. ppal.) la cuantía exigida para que el asunto fuera de primera instancia era de $ 99''600.000.00, teniendo en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente del año 2003 era de $ 332.000.00. Dicha suma supera los $ 1''670.000.00 señalada en la demanda.

En consecuencia, es del caso rechazarlo por improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

RECHÁZASE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la actora, contra la sentencia de 30 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser el proceso de única instancia.

Ejecutoriado este proveído, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

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