Auto 2003-03453/44240 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Rad.: 15001-23-31-000-2003-03453-01(44240)

Actor: Gabriel Ángel Rincon Cristancho y otros

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a pronunciarse sobre la solicitud de prelación de fallo presentada por la parte demandante dentro del asunto de la referencia.

Antecedentes

1. El 20 de noviembre de 2003, los familiares de los señores Gonzalo Rincón Barrera, Isidro Alba Guio, Luis Ángel Gil Ordúz, Luis Arturo Cárdenas, José Antonio Monguí Pérez, Luis Alejandro Pérez Fernández, Mercedes Rivera Sotaban, Jhon Fredy Poveda Bayona, José Bertulfo Noa Rosas, Herminda Blanco Quintero y Jairo Isidoro Peña Cárdenas, mediante apoderado, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y otros, con el fin de que fueran declarados administrativamente responsables por los perjuicios ocasionados como consecuencia de la muerte de las personas mencionadas en la denominada masacre de “La Sarna”, ocurrida en el municipio de Sogamoso, departamento de Boyacá, en diciembre del año 2001 (fl. 238-311, cdno. 1).

2. Vencido el periodo probatorio y corrido el término de traslado para alegar de conclusión, el Tribunal Administrativo de Casanare (Plan Nacional de Descongestión Boyacá), mediante sentencia del 12 de diciembre de 2011, primero, absolvió al departamento de Boyacá de los cargos que le fueron imputados y, segundo, condenó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y a la Policía Nacional por su responsabilidad en la masacre de “La Sarna”, perpetrada por grupos armados ilegales (fl. 1005-1039, cdno. ppal.).

3. A través de memoriales radicados el 30 de enero y el 2 de febrero de 2012, las demandadas Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional y Policía Nacional, interpusieron recurso de apelación contra la referida sentencia (fl. 1043-1064, cdno. ppal.). También, la apoderada de la parte actora allegó recurso de alzada el 2 de febrero de la misma anualidad (fl. 1065-1078, cdno. ppal.).

4. Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2015, la apoderada de la parte demandante solicitó prelación de fallo al asunto de la referencia, en consideración a que “(…) la generalidad de las víctimas de los atroces hechos que nos convocan en el marco de éste proceso son campesinos de bajos recursos que se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad y que desde antaño han sido víctimas de la negligencia estatal, negligencia que a la postre terminó desencadenando la tragedia (…)”, así mismo indicó que los hechos objeto de la demanda “(…) denotan la condición de vulnerabilidad de las víctimas y la relevancia social y jurídica particular del presente caso (…)” (fl. 1663-1683, cdno. ppal.).

Consideraciones

5. El artículo 18 de la Ley 446 de 1998, establece los requisitos para determinar la prelación para dictar sentencia, así:

Es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y trascendencia social // La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden.

6. Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996, estableció lo siguiente:

Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación // Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente // Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos // Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio // PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

7. En los preceptos transcritos se establece la regla general, según la cual las sentencias deberán proferirse atendiendo a la fecha en que ingresaron al despacho para tal fin, así como algunas excepciones, con base en las cuales se permite fallar con prelación algunos asuntos, dichas situaciones especiales son, entre otras, las siguientes: i) cuando existen razones de seguridad nacional, ii) en los eventos en que se busca prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, iii) ante casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y, iv) asuntos de especial trascendencia social.

8. Con base en lo anterior, es deber del peticionario probar alguna de las circunstancias descritas, con el fin de que se justifique la alteración en el turno para fallo y el trato desigual que, con la prelación, se produciría ante derechos de igual relevancia. En tal sentido, en el sub lite la parte actora invocó el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 como fundamento de su solicitud, al tiempo que reiteró la aplicación del evento referente a “graves violaciones a los derechos humanos” como criterio a tener en cuenta para resolver la petición elevada dentro del proceso de la referencia.

9. En primer lugar, frente a los eventos en los cuales los daños presuntamente generados comportan graves afectaciones de los derechos humanos, esta corporación ha señalado:

(…) teniendo en cuenta que lo más importante en cuanto a la responsabilidad de la Administración Pública, es la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que como lo disponen los artículos 1º, y 2º de la Constitución, al instituirse el Estado social de derecho se dio relevancia a atender los derechos fundamentales de las personas y al reconocimiento de éstos frente a cualquier actuación estatal, es así como el llamado de la justicia se encamina a la guarda, principalmente, de los derechos y libertades constitucionales, protegiendo de esa manera la vida, libertad e integridad de los ciudadanos a la luz del tipo de Estado institucionalizado por la Carta Política de 1991 // Es así como la Administración de justicia, especialmente, debe estar encaminada a la protección efectiva de estos derechos antes referidos y, en el presente caso, reiteramos lo antes dicho, se deben atender a los criterios establecidos por la ley, que dejan al conocimiento de esta corporación el estudio de la responsabilidad en cabeza del Estado por hechos que afectan los Derechos Humanos de una colectividad; y por esto constituyen la razón del interés especial frente a los demás casos que se estudian en esta sección.

10. Por otro lado, conviene recordar que el Estado colombiano, en virtud del bloque de constitucionalidad , debe atender las obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , la cual, en su capítulo I, parte I, “sobre los deberes de los estados y derechos protegidos”, establece lo siguiente:

(…) ART. 1º—Obligación de respetar los derechos.

1. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

11. Pues bien, observa la Sala que el caso objeto de estudio se trata de una demanda que se originó por la presunta falla del servicio atribuible a varias entidades estatales que omitieron adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger la vida e integridad de 11 personas que resultaron asesinadas luego de que, según lo narrado en el libelo introductorio y la sentencia condenatoria de primera instancia proferida por el Tribunal a quo, grupos armados al margen de la ley, anunciaran por medio de panfletos los hechos que perpetrarían y, luego, los consumaran. Por ello, se podría considerar, sin las reflexiones propias de la sentencia de mérito que ha de proferirse, que en el presente asunto se configura una situación de grave violación a los derechos humanos y, en esa medida, resulta procedente dar aplicación al literal iii) del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009.

12. No obstante, debe conocer el solicitante que dicha situación no comporta la decisión inmediata del proceso en segunda instancia, dado que existen otros asuntos que también gozan de dicho beneficio por ser casos de similar relevancia constitucional y que, por haber entrado para fallo con anterioridad, serán decididos primero.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

CONCEDER la prelación de fallo solicitada por la parte demandante, en virtud de las consideraciones señaladas en la presente providencia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo, presidenta de la Sala de subsección—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2006, expediente 21417, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

2 Artículo 93 de la Constitución Política de 1991: “[l]os tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

3 Acogida en el ordenamiento interno, a través de la Ley 16 de 1972, “por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”.