Sentencia 2003-03502 de marzo 23 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 05001-23-31-000-2003-03502-02(AG) REV

Consejera Ponente:

Dr. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Miguel Correa Flórez y otros.

Demandado: Instituto Nacional de Vías - Invías y otros

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Procede la Sala a resolver la solicitud de revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de septiembre de 2010, previas las siguientes consideraciones.

1. Competencia.

Al haber sido repartido este asunto a quien funge de ponente, el conocimiento del mismo corresponde a la Sección Tercera de la cual hace parte, dado que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del Acuerdo 117 de 12 de octubre de 2010 de la Sala Plena del Consejo de Estado(2), de la selección para su eventual revisión de las sentencias en acciones populares, proferidas por los tribunales administrativos en segunda instancia, conocerán todas las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el Presidente de la corporación.

2. Objeto de la revisión eventual de providencias judiciales en acciones de grupo

El artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 establece que, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado en su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, podrá seleccionar, para su eventual revisión y con el fin de unificar la jurisprudencia, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, dictadas por los tribunales administrativos en desarrollo de los procesos judiciales de acciones populares y de grupo.

Al hacer el control jurisdiccional automático, previo, integral y definitivo al proyecto de reforma a la ley estatutaria de administración de justicia la Corte Constitucional(3) dejó en claro que la única finalidad de este mecanismo de revisión eventual que se aviene a los mandatos superiores es la relacionada con la unificación de jurisprudencia, aunque no se detuvo a precisar —como tampoco lo hizo la norma— el alcance de esta causal.

La unificación de jurisprudencia que se busca con la selección vía revisión eventual tiene por finalidad garantizar principios básicos del derecho fundamental de acceso a la justicia, como la igualdad, la seguridad jurídica y la unidad del derecho. O lo que es igual, con este instituto se pretende lograr la aplicación de la ley por parte de los jueces en condiciones iguales frente a la misma situación fáctica y jurídica.

Por manera que la revisión eventual opera en caso de contradicciones o divergencias interpretativas que pueda haber entre los tribunales o entre las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o cuando la providencia objeto de la revisión se oponga a una jurisprudencia reiterada de la corporación.

De ahí que al formularse la respectiva solicitud escrita es menester aducir razonadamente los argumentos que la soportan. Carga de argumentación que consiste, entonces, en que deben expresarse las razones de la petición de revisión y al hacerlo deben singularizarse, vgr., los motivos por los cuales las decisiones de instancia contrarían la jurisprudencia del Consejo de Estado, en qué la contrarían, o cuáles son las contradicciones que se advierten entre las secciones de esta corporación o entre distintos tribunales y que imponen un criterio de unificación.

Es por ello que la revisión eventual no constituye un nuevo recurso y que su finalidad reside exclusivamente en unificar jurisprudencia, sin que por lo tanto suponga una instancia adicional en el trámite del proceso, precisamente porque no constituye un mecanismo de control de legalidad de la sentencia respectiva.

En otros términos, la revisión eventual no está concebida como un recurso frente a las decisiones que imponen un gravamen (ordinarios) o frente a los motivos específicos establecidos por el legislador (extraordinarios).

Por lo mismo, no se puede utilizar como excusa para replantear los temas que ya fueron objeto del litigio y que fueron decididos en las instancias respectivas de conocimiento del proceso, su finalidad sólo permite la modificación de la sentencia cuando a través de tal actuación se logra la unificación de la jurisprudencia(4) y por tanto la aplicación de la ley en igualdad de condiciones.

3. De la revisión eventual en el sub examine

3.1. Las entidades demandadas, esto es el municipio de Medellín y el Instituto Nacional de vías Invías, solicitaron y fundamentaron la petición de revisión eventual dentro del término establecido para tal efecto, esto es, dentro de los 8 (ocho) días siguientes a la notificación de la providencia objeto de la solicitud(5).

3.2. Para fundamentar la petición, las mencionadas entidades argumentaron lo siguiente:

3.2.1 El municipio de Medellín afirmó que se requería un pronunciamiento de la Sala Plena de esta corporación, encaminado a unificar jurisprudencia “en torno a la carga de la prueba de perjuicios morales y materiales por la pérdida o deterioro de bienes”, en el trámite de las acciones de grupo, razón por la cual, hizo referencia a varias sentencia proferidas por esta sección relacionadas con la configuración del daño moral en los eventos de deterioro o pérdida de bienes y los lineamientos que deben tenerse en cuenta para conceder este tipo de perjuicios.

Afirmó que en la sentencia cuya selección se pretende, no se tuvieron en cuenta los parámetros contenidos en la jurisprudencia de esta corporación, para el reconocimiento de esta clase de perjuicios, razón por la cual lo procedente es su selección a efectos de estudiar la forma en que los mismos deben ser demostrados en los procesos iniciados en ejercicio de las acciones de grupo.

3.2.2 El Instituto Nacional de Vías por su parte, sostuvo que en el proceso se ordenó la indemnización de perjuicios a la totalidad de los demandantes, sin que se lograra establecer, en todos los casos, el perjuicio y el valor al cual asciende el mismo, especialmente en lo que al daño moral se refiere, razón por la cual resulta necesario que se seleccione la providencia dictada por el ad quem, con la finalidad de que se delimiten los parámetros con base en los cuales es viable el reconocimiento de los perjuicios a quienes reclaman indemnización a través de este tipo de acciones.

Por lo anterior, hizo referencia a la jurisprudencia proferida por esta Sección, en torno al principio de la comunidad de la prueba, el reconocimiento del daño moral por la pérdida de bienes y la necesidad de la individualización de los perjuicios sufridos por cada uno de los demandantes en el trámite de las acciones de grupo, providencias que afirma, no tuvo en cuenta el juez de segunda instancia al proferir el fallo cuya selección se pretende.

3.3. La Sala observa que la sustentación de la solicitud de revisión, formulada por las demandas, cumple con la carga de argumentación que le corresponde, en tanto indica que la decisión del ad quem contradice las tesis que sobre el punto se ha expuesto en algunas providencias de la Sección Tercera de esta corporación, en el tema de la demostración del daño y la tasación del monto al cual ascienden los perjuicios.

Ahora bien, analizada la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, considera la Sala pertinente la selección de dicho fallo, como quiera que es necesario que se precisen aspectos que son de importancia en el trámite de los procesos iniciados en ejercicio de las acciones de grupo, a saber:

3.3.1. La posibilidad de que en la sentencia se establezca como condena una cifra global por la configuración de los perjuicios ya sea por daño moral o material, en favor de la totalidad de los demandantes, sin que se determine el valor de la indemnización que particularmente les corresponde a cada uno de ellos.

3.3.2. La forma en que en que deben demostrarse los daños por parte de quienes son demandantes en el proceso y si es necesario que se pruebe e individualice de forma concreta el monto al cual ascienden los perjuicios, ya sea durante el proceso o en el trámite administrativo de cumplimiento de la sentencia condenatoria, aspectos en los cuales cobra importancia el hecho de que si bien a través de este tipo de acciones en ocasiones se protegen intereses difusos, su naturaleza es esencialmente indemnizatoria.

3.3.3 El modo de reconocimiento y liquidación de las indemnizaciones de las personas que no intervinieron en el proceso, que consideran que hacen del grupo afectado y cuyo propósito es recibir parte de la indemnización de perjuicios ordenada en la sentencia.

3.3.4. La necesidad de determinar si en la sentencia cuya selección se pretende, se aplicó la jurisprudencia de esta Sección o se expusieron tesis diversas en relación con la forma en que deben demostrarse los daños ocasionados a los demandantes en este tipo de procesos, en especial en lo referente al perjuicio moral derivado de la pérdida o deterioro de bienes materiales.

En tal virtud se impone la selección de la providencia proferida el 30 octubre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unifique los criterios jurisprudenciales sobre el tema y se establezca por esta vía, una única interpretación que oriente los aspectos probatorios necesarios para acreditar el daño en las acciones de grupo y las exigencias en relación con la individualización y tasación de los perjuicios para efectos de emitir sentencia condenatoria favorable a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. SELECCIONAR para revisión la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 30 de septiembre de 2010.

2. NOTIFICAR la presente providencia, por estado, a las partes y al Ministerio Público.

3. Ejecutoriada esta providencia, regrese el expediente al despacho del magistrado ponente de la presente providencia, para elaborar el proyecto de fallo que deberá someterse a consideración de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para su decisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Por el cual se adicionó un parágrafo al artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C- 713 de 2008, M.P. Vargas Hernández.

(4) Cfr. Memorias del XI Encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, VVAA Consejo de Estado, Bogotá, 2006, “Anulación de actos administrativos en sede popular: un debate abierto en medio de un inminente riesgo de ‘federalización’ de la jurisprudencia”, pp. 235 y ss.

(5) En efecto, la providencia dictada en segunda instancia fue notificada por edicto el 8 de octubre de 2010 y las solicitudes de revisión fueron presentadas el 21 de octubre, razón por la cual se presentaron en el término exigido por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2008, esto es dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la providencia cuya selección se pretende.