AUTO 2004-00115/49644 DE MAYO 10 DE 2018

 

Auto 2004-00115/49644 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 08001-23-31-000-2004-00115-01(49644)

Actor: Luis Felipe Martínez Pinto y otros

Demandado: Instituto de Seguros Sociales - I.S.S.

Referencia: Acción de reparación directa - Auto

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo (E)

Bogotá D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a resolver la solicitud de prelación incoada por la apoderada de la parte demandante en el asunto de la referencia.

Antecedentes

1. El 13 de enero de 2004, Luis Felipe Martínez Pinto, Luisa Leonor Orozco Orozco, Luis David Martínez Orozco, Andrés Felipe, Jorge Mario y María Angélica Martínez Camacho; Luis Eduardo y Luis Felipe Martínez Orozco; Luis Felipe Martínez Polo y Carmen Pinto Urbaes, mediante apoderado, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la “Nación-Seguro Social, antes Instituto de Seguros Sociales-ISS”, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios derivados de la denuncia formulada por la entidad en la Fiscalía General de la Nación contra el señor Luis Felipe Martínez Pinto, por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, falsedad y fraude procesal, que lo mantuvo vinculado a una investigación penal por más de un año (fls. 1-16, c. 1).

2. Surtido el trámite procesal correspondiente, mediante sentencia del 24 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente (fls. 479-488, c. ppl.):

Así mismo quedó probado dentro del proceso que al señor Luis Felipe Martínez Pinto, no se le privó de la libertad, por el contrario se precluyó la investigación a favor del actor y no se profirió medida de aseguramiento. Por lo tanto, observa esta Sala que si bien hubo una investigación penal adelantada por la fiscalía 26 seccional unidad de delios contra la administración pública, en contra del actor, no se hizo efectiva una privación de la libertad a consecuencia de una medida de aseguramiento, por tanto, no se configuró un daño antijurídico desproporcionado e inequitativo que el actor no estuviere obligado a soportar, por lo tanto, no se rompió con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho debe asumir cuando se comprometa el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

3. Notificada la anterior decisión, a través de memorial de 4 de octubre de 2013, la parte actora interpuso recurso de apelación contra la referida providencia (fls. 490-507, c. ppl.).

4. Encontrándose el expediente en esta corporación, el despacho sustanciador, mediante auto del 26 de febrero de 2014, admitió el recurso de apelación interpuesto (fl. 555, c. ppl.) y en proveído de 16 de julio del mismo año, corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 557, c. ppl.). Finalmente, el 3 de septiembre de 2014 ingresó el expediente al despacho para elaborar proyecto de sentencia (fl. 569, c. ppl.).

5. Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2017, la apoderada de la parte demandante solicitó impulso procesal, petición que fue resuelta en auto de 25 de octubre del mismo año, en el que se le informó que el despacho estaba fallando los procesos que ingresaron para tal fin en el año 2012, por lo cual se dictaría sentencia de acuerdo al turno correspondiente (fls. 588-589, 592, c. ppl.).

6. En memorial recibido el 15 de diciembre de 2017, la apoderada de la misma parte presentó solicitud de prelación de fallo, en consideración “del grave estado de salud actual del señor Luis Felipe Martínez Pinto, que le ha producido toda esta calumnia y el proceso, que han minado grandemente su estado y los padecimientos generados tales como diabetes melllitus, insulino fármaco dependiente y demás (…), a lo que se agrega el hecho mismo de no contar con los recursos que le permitan llevar una vida digna tanto él y su familia, que de él dependen económicamente”. Agregó varias pruebas documentales que, en su sentir, probarían las pretensiones formuladas en la demanda (fls. 595-598, 599-686, c. ppl.).

Consideraciones

7. El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispone que: “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”.

8. Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, estableció lo siguiente:

“ART. 16.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:

“ART. 63A.—Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las Salas o Secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas o las Secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las Salas de los Tribunales Superiores y de los Tribunales Contencioso-Administrativos de Distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

“PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998”.

9. De conformidad con lo anterior, puede deducirse que la regla general es que se profiera sentencia de acuerdo a la fecha de ingreso al despacho para tal fin, en aras de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales del derecho a la igualdad y al debido proceso. Sin embargo, el mismo legislador planteó que en algunos eventos, como los referidos en el párrafo precedente, los procesos pueden ser fallados sin consideración al turno que les fue asignado inicialmente, en atención a las condiciones especiales del proceso. De modo que para que sea posible privilegiar un asunto con prelación de fallo, es necesario que el solicitante demuestre que se adecúa a alguno de los supuestos establecidos en la ley, que justifiquen un trato desigual.

10. En el sub lite, comoquiera que la parte actora solicitó que se diera prelación al proceso de la referencia por el delicado estado de salud del señor Luis Felipe Martínez y las condiciones económicas de su familia, corresponde a la Sala determinar si es viable acceder a la petición presentada.

11. Advierte la Sala que en el escrito presentado no se especificó claramente la causal en la cual se fundamenta la solicitud de prelación. Empero, en relación con las solicitudes de alteración de turno para fallo sustentadas en el grave estado de salud de quien las presenta, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se encuentren demostradas estas circunstancias, eventualmente puede accederse a la prelación requerida. Lo anterior es posible cuando la parte que solicita la prelación es un sujeto de especial protección constitucional y que, en caso de conservarse su asignación inicial para elaborar proyecto de sentencia, surge la posibilidad de que la persona fallezca antes de obtener una decisión de fondo sobre el asunto, lo cual derivaría en la vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del titular de la protección reforzada. Al respecto el mismo tribunal constitucional manifestó(1) que:

Analizadas todas las circunstancias del caso, esta Sala llega a la conclusión de que la protección solicitada por las tutelantes debe concederse.

En efecto, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional, en el caso concreto la tutela involucra derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, ya que en dos de los casos se trata de personas de la tercera edad y, en los tres casos, de personas que atraviesan por una situación delicada de salud, tal como se prueba en los documentos recaudados por la Sala. Además, aunque Roquelina del Carmen Mendoza sólo cuenta 58 años, su esposo, demandante también en el proceso contencioso, murió durante su trámite, dejándola con la responsabilidad de criar a sus hijos menores de edad, lo que hace suponer que dicha demandante es madre cabeza de familia, pues vela exclusivamente por la manutención y cuidado del hogar.

(…)

Finalmente, es claro que las condiciones económicas y de salud de las tutelantes están en íntima relación de dependencia respecto de las pretensiones del fallo, pues la decisión que debe adoptar el Consejo de Estado gira en torno a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Ello hace suponer que la decisión que adopte el Consejo de Estado repercutiría eventualmente en la mejoría de las condiciones de salud y vida de las peticionarias, quienes de conformidad con las pruebas viven en condiciones de miseria, en casas de materiales baratos de construcción y en estado de desnutrición y anemia.

En conclusión, la Sala considera que las circunstancias que confluyen en el caso concreto ameritan aplicar la regla excepcionalísima de la prelación del fallo, habida cuenta el peligro inminente al que se enfrentan las tutelantes.

No obstante, la Sala se permite hacer estas siguientes precisiones con el fin de delimitar el alcance de esta decisión.

12. Por otra parte, la Corte Constitucional, con relación a los adultos mayores que son parte en procesos judiciales, ha expresado que si bien el artículo 46 de la Constitución Política los define como sujetos de especial protección constitucional, estos deben demostrar siquiera sumariamente otras circunstancias o situaciones adicionales que justifiquen brindar un trato diferencial, so pena de perjudicar o desconocer un bien jurídico de mayor relevancia constitucional. En este sentido ha dicho(2):

En primer lugar, la Sala reitera la posición de la Corte en el sentido de que la procedencia de la tutela para adelantar los turnos de fallo ordinario es de carácter excepcionalísimo. Ello significa que la decisión que aquí se adopta procede por gracia de la confluencia de factores extremos que demuestran un peligro inminente para la supervivencia de los derechos fundamentales y de la vida de las peticionarias. Es la conjunción de estos elementos fácticos lo que permite que el orden regular de fallo, hecho para garantizar el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia, ceda a la necesidad apremiante de proteger otros derechos fundamentales. Por ello, ni la sola condición de sujetos de especial protección, ni la edad, ni su situación física constituyen, per se, criterios que tengan la virtualidad de hacer triunfar la pretensión para que el turno de fallo se adelante (subrayado fuera del texto).

13. De lo anterior se concluye que la jurisprudencia constitucional aceptó la procedencia de la prelación sustentada en la avanzada edad o en el delicado estado de salud del solicitante previo a la comprobación de dichas circunstancias dentro del expediente judicial, es decir, que para su procedencia es indispensable que la parte interesada demuestre siquiera sumariamente las circunstancias especiales que la llevan a pedir este beneficio, pues la simple manifestación de encontrarse en una presunta situación de indefensión no es suficiente para verificar la necesidad de un trato preferente con respecto a los demás usuarios de la administración de justicia, carga procesal que encuentra su respaldo en el artículo 177 del C.P.C.(3), y que es apenas razonable si se tiene en cuenta que la decisión adoptada podría involucrar la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de quienes no solicitan un tratamiento especial.

14. Así las cosas, luego de revisar el expediente y el escrito de prelación presentado por el apoderado de la parte demandante, encuentra la Sala que las razones que lo motivan no son suficientes para alterar el turno de entrada para fallo, toda vez que los argumentos esbozados no encuadran dentro de alguna de las circunstancias en que el legislador permite una excepción al sistema de turnos y no se ajusta a las consideraciones esbozadas en precedencia para conceder prelación de fallo a un expediente, ya que no se aportaron pruebas que dieran cuenta de las patologías sufridas por la víctima directa de la investigación penal que finalizó con declaratoria de preclusión, que causara la necesidad de dar un tratamiento especial al asunto.

15. En todo caso, se recuerda que los padecimientos que dan lugar a la prelación de fallo deben guardar relación alguna con el perjuicio presuntamente causado por el ente estatal. En este sentido, la misma Corte Constitucional(4) ha señalado que se requiere que “la controversia tenga relación directa con las condiciones de las que se deriva la calidad de sujeto de especial protección y que, de resultar favorable el fallo, la decisión sea susceptible de incidir favorablemente en tales condiciones”.

16. Así las cosas, de probarse el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad denominada diabetes mellitus por parte del señor Luis Felipe Martínez, estas razones, en principio, no guardan relación alguna con el perjuicio presuntamente causado por el ente estatal, fundado en la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación tras la denuncia formulada por el Instituto de Seguros Sociales, cuando el actor laboraba a su servicio.

17. De otro lado, cabe señalar que la falta de recursos económicos invocada por la parte demandante no fue demostrada siquiera sumariamente. Pero incluso, en el evento de lo que hubiera sido, esta circunstancia por sí sola tampoco tendría la virtualidad de alterar el turno, pues al igual que sucede con la edad y el estado de salud, la misma se estima per se insuficiente para justificar el otorgamiento de un trato diferenciado.

18. La Sala advierte entonces que los fundamentos expuestos en la petición no se encuentran enmarcados dentro de ninguno de los supuestos establecidos en las leyes 1285 de 2009 y 1395 de 2010, ni en los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. Esto debido a que en concordancia con el carácter excepcionalísimo de alterar el derecho al turno, no está siquiera sumariamente demostrada otra circunstancia adicional que amerite el otorgamiento de un trato diferencial frente a los demás usuarios de la administración de justicia.

19. En consecuencia, habida cuenta que en el sub judice no se encuentran acreditadas las circunstancias que hacen necesaria la alteración del derecho al turno, la Sala se abstendrá de acceder a la petición de prelación de fallo formulada y, por tanto, se resolverá el asunto de conformidad con el turno que le corresponda.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

NEGAR la solicitud de prelación formulada por la parte demandante.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Stella Conto Díaz Del Castillo, Presidenta de la Sala de Subsección—Ramiro Pazos Guerrero.

1 Corte Constitucional, Sentencia T-945 A de 2 de octubre de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

2 Ibídem.

3 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-945A de 2 de octubre de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.