Auto 2004-00205 de junio 18 de 2008 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

UNIÓN MARITAL DE HECHO

Es un estado civil.

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Ref.: C-0500131100062004-00205-01

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil ocho (2008).

Se decide sobre la procedencia del recurso de casación que interpuso Juan Carlos Tamayo Mesa, respecto de la sentencia de 15 de septiembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el proceso ordinario del recurrente contra Mary Nieves Escobar Llupia, mediante la cual, en términos generales, confirmó la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes y declaró la prescripción de las acciones de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, recurso que en definitiva fue concedido al considerarse que dicha relación constituía un verdadero “estado civil”.

Consideraciones

1. Desde la vigencia de la Ley 54 de 1990, la Corte ha sostenido, por mayoría, que la “unión marital de hecho”, definida por aquella como la “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una vida permanente y singular”, no originaba un estado civil, porque conforme lo preveía el artículo 42 de la Constitución Política, el legislador era el único facultado para determinar lo “relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, situación que no podía deducirse de la precitada ley, “pues ella no tuvo por cometido crear un estado civil” (1) .

De una parte, porque no regulaba derechos y deberes entre los compañeros permanentes. De otra, por cuanto no era suficiente la mera declaración formal de los interesados para conformar la unión marital de hecho, dado que necesitaba de la presencia de hechos materiales que la revelaran. Y por último, porque carecía de una regulación que la proyectara en los libros del estado civil de las personas.

Como se concluyó,

“... si bien la unión marital de hecho y la constitución de la familia por vínculos naturales, a voluntad de la pareja, puede llegar a constituir un estado civil, lo cierto es que todavía no se ha expedido la ley que haga tal asignación, ni hay norma que permita asimilarlo como tal, ni menos se puede deducir por el reconocimiento de derechos legales específicos de distinto orden hasta ahora conferidos a los compañeros permanentes, incluso algunos por vía jurisprudencial, los cuales, valga decirlo, no se eliminan ni merman por el hecho de no constituir la unión marital el estado dicho”.

2. Es de verse, sin embargo, que un nuevo análisis de la cuestión demanda rectificar la doctrina sobre el particular, porque aun sin que se haya expedido la ley que haga la asignación que en tales antecedentes se echó de menos, normativamente se han introducido cambios que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio y a todo lo que gira alrededor de esas situaciones, cuestiones todas que sin lugar a dudas permiten subsumir a aquella en la definición del artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, según el cual el “estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible y su asignación corresponde a la ley”.

Así, por ejemplo, la Ley 1060 de 2006, mediante la cual se introdujeron importantes reformas al Código Civil, reputa como hijo de los cónyuges o compañeros permanentes, al que es concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho o al que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes a la celebración de aquel o a la declaración de esta. De otra parte, si bien la unión marital de hecho requiere de actos materiales para constituirla, en la hora de ahora no es aceptable que la declaración formal de los compañeros permanentes sea insuficiente para conformarla, porque amén de las “providencias” que la declaran, también tiene sus fuentes en las actas de conciliación y en el mutuo consentimiento de los interesados manifestado ante notario, como expresamente se consagra en las leyes 640 de 2001, artículo 40, numeral 3º, y 979 de 2005, artículo 4º, numerales 1º y 2º.

En el campo económico, la misma Ley 54 de 1990, bajo ciertas circunstancias, admite la posibilidad de “presumir” la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, al punto que regula los derechos y deberes de ese régimen patrimonial, a semejanza, en términos generales, de la que se origina por el hecho del matrimonio, pues unas de las causales establecidas para disolverla, coinciden con algunas de esta, inclusive, para su liquidación, remite al régimen de las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal del Código Civil.

Por esto, la Corte recientemente enseñó que la Ley 54 de 1990, no tenía como único propósito, definir la unión marital de hecho y describir sus elementos, sino que también en ella se “estableció que esa conceptuación se hacía ‘para todos los efectos civiles’ (se destaca), lo que significa que, con independencia de cuáles sean en concreto esos efectos (derecho a alimentos, derechos laborales prestacionales, entre otros), es innegable que la norma hace alusión a una relación jurídica específica que genera consecuencias jurídicas determinables para cada uno de los compañeros permanentes” (2) .

3. Efectivamente, como se lee en la exposición de motivos, consciente el legislador del inocultable hecho social de la “familia natural”, la Ley 54 de 1990, según su titulación lo indica, amén de reconocer el origen de la misma, como es la unión marital, tiene como finalidad establecer los derechos y deberes patrimoniales de los “concubinos”, para así llenar el vacío existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del Estado (3) .

En esa medida, aunque la citada ley es anterior a la Constitución Política de 1991, régimen que en su artículo 42 reconoce que la familia puede constituirse “por vínculos naturales o jurídicos”, su lectura e interpretación no puede ser extraña a los valores y principios que ese nuevo orden de cosas consagra. Por el contrario, dicha normatividad debe entenderse con una vocación de equidad e igualdad, porque sin duda alguna lo que sus normas procuran es reconocer, como luego lo hizo el precepto superior citado, que la unión libre entre el hombre y la mujer, también “corresponde a una de las formas legítimas de constituir una familia” (4) , merecedora, por lo tanto, de protección legal y de aceptación social.

Si la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, bien por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, ya por la voluntad responsable de conformarla, es claro que en un plano de igualdad, ambos casos deben recibir el mismo trato. Por esto, no puede sostenerse que, en ese preciso tópico, el primer evento es el único que genera un estado civil, el de casado, mientras que el otro no, menos cuando el “acto” jurídico del matrimonio no es la única fuente ontológica del mentado estado, porque de conformidad con el artículo 2º del Decreto 1260 de 1970, también pueden ser otros “actos”, amén de los “hechos” y las “providencias”.

De ahí que así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de “compañero o compañera permanente”, porque como se advirtió, la Ley 54 de 1990 no se limita a definir el fenómeno natural en cuestión ni a señalar sus elementos, sino que precisa el objeto de la definición, al nominar como compañeros permanentes, “para todos los efectos civiles”, al hombre y a la mujer que deciden en forma voluntaria y responsable conformarla.

La ley, es cierto, no designa expresamente a la unión marital de hecho como un estado civil, pero tampoco lo hace con ningún otro, simplemente los enuncia, aunque no limitativamente, y regula, como acontece con los nacimientos, matrimonios y defunciones, y lo propio con la referida unión. Por ello, el artículo 22 del Decreto 1260 de 1970, establece que los demás “hechos, actos y providencias judiciales o administrativas relacionadas con el estado civil”, en todo caso, “distintos” a los que menciona, deben inscribirse, al igual que estos, en el registro respectivo, así sea en el libro de varios de la notaría, como lo permite el artículo 1º del Decreto 2158 de 1970.

En ese sentido, al concluirse que la ley no brinda un trato diferente a los cónyuges y compañeros permanentes, pues no obstante este último constituir “un estado civil”, se tiene explicado que la unión marital de hecho en “determinadas circunstancias, establece o modifica el estado civil de quienes hacen parte de ella, y la ley en consecuencia, acorde con la Constitución, determina en estos casos el estado civil, lo asigna, lo mismo que los ‘consiguientes derechos y deberes’. Derechos y deberes entre los miembros de la unión marital de hecho, y entre estos y los hijos si los hubiere” (5) .

Desde luego, al margen de que pueda surgir la sociedad patrimonial, no escapa a la Corte que en ciertos casos, como cuando uno de los integrantes de la pareja, o ambos, tiene vivo un matrimonio anterior, puede confluir la condición de casado con el de compañero permanente. Esto, empero, no atenta contra el principio de la indivisibilidad del estado civil, porque la fuente ontológica de una y otra situación es distinta, y porque como se reconoció en el precedente inmediatamente citado, los mismos hechos hacen que la unión marital tenga la virtud de establecer o modificar el estado civil de quienes hacen parte de ella.

Lo anterior se corrobora en el campo personal, porque, precisamente, los “derechos y deberes” a que se hizo referencia, ponen de presente no solo el innegable carácter de estado civil de dicha unión, sino que al exigirse que la “comunidad de vida debe ser permanente y singular”, y al establecerse la presunción de paternidad en comento, amén de comportar la obligación de fidelidad, al igual que ocurre en el matrimonio, todo ello permite superar el problema de la indivisibilidad.

El mismo artículo 42 de la Constitución Política, fuera de señalar que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, reconoce que las relaciones de las familias natural y jurídica se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Para no mencionar otros, respecto de los cónyuges y compañeros permanentes, la ayuda y socorro mutuos, y de los hijos, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de estos, así como el deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

4. De lo dicho se sigue que la unión marital de hecho, al igual que el matrimonio, es una especie de estado civil, pues aparte de no ser una relación cualquiera, no es algo que sea externo a las personas que la conforman, por el contrario, trasciende a ellas, es decir, a la pareja misma y a cada uno de sus miembros individualmente considerados, con cierto status jurídico en la familia y la sociedad, estado que, como lo dicen los hermanos Henry, León y Jean Mazeaud, “está… unido a la persona, como la sombra al cuerpo. Más estrechamente todavía. Es la imagen jurídica de la persona” (6) .

5. Corregida en ese sentido la doctrina de la Corte, la concesión del recurso de casación, entonces, no estaba sujeta a ningún contenido económico, pues como quedó explicado, la unión marital de hecho es una cuestión que concierne al estado civil de las personas.

Decisión

En fuerza de lo expuesto se precisa que el recurso de casación era procedente, razón por la cual se ordena que en firme este proveído vuelva el expediente al despacho para lo pertinente.

Notifíquese.

Ruth Marina Díaz Rueda—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Pedro Octavio Munar Cadena—William Namén Vargas—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

(1) Autos 266 de 28 de noviembre de 2001, expediente 0096; 247 de 1º de noviembre de 2004, expediente 00773; 179 de 9 de agosto de 2005, expediente 1999-00042-01; y 028 de 30 de enero de 2006, expediente 2005-01595-00.

(2) Sentencia 268 de 28 de octubre de 2005, expediente 2000-00591-01.

(3) Cfr. Anales del Congreso de 15 de agosto de 1988, número 79.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 1996.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-174 de 1996.

(6) Lecciones de derecho civil, parte I, volumen II, EJEA, Buenos Aires, página 33.

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