Auto 2004-00332 de febrero 10 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SE SUSPENDE DECRETO QUE CORREGÍA REFORMA A DOS ARTÍCULOS

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Rad.: 11001 0324 000 2004 00332 01

Bogotá, D.C., diez de febrero del dos mil cinco.

La Sala decide sobre la admisión de la demanda, con solicitud de suspensión provisional, que en ejercicio de la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo promueve la ciudadana Bertha Yolanda Ramírez Martínez contra el Decreto 2697 del 24 de agosto del 2004 “por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002”, expedido por el Gobierno Nacional.

I. La admisión de la demanda

La demanda reúne los requisitos formales de que tratan los artículos 137 y ss. del Código Contencioso Administrativo, por lo cual habrá de admitirse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de este proveído.

II. La solicitud de suspensión provisional

Para la demandante procede la suspensión provisional por cuanto el decreto demandado viola en forma manifiesta el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, comoquiera que en los considerandos del acto acusado se demuestra que con el mismo no se trató de corregir yerros tipográficos al citar o hacer referencia a otra norma legal, sino de corregir auténticas omisiones de frases y gravísimas equivocaciones en que se incurrió en el Decreto 2637 del 19 de agosto del 2004 y que el referido artículo 45 no autoriza modificar, esto es, se aplicó esa norma a una hipótesis no establecida en ella.

En efecto, “consideró el decreto acusado que en el Decreto 2637 se omitió en su título la expresión “para la implementación del sistema penal acusatorio” y en un determinado encabezado la expresión “para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema”; que cuando estableció que las salas de la Corte Suprema de Justicia se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados, se omitió la expresión “cuando lo consideren necesario”, y que cuando se estableció que los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, sean dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones, existió un yerro tipográfico al establecer que la designación de uno de los conjueces está a cargo del Contralor General de la República, lo cual no refleja la verdadera intención del Presidente de la República, que sí es que tal designación la haga la Corte Suprema de Justicia”.

III. Para resolver, se considera:

1. El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo señala que además de ser solicitada de manera expresa y por escrito, antes de que sea admitida la demanda, para decretar la suspensión provisional del acto administrativo demandado en acción de nulidad es necesario que el mismo viole manifiestamente una de las disposiciones en que se fundamente la petición, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.

2. El Decreto 2697 del 24 de agosto del 2004 fue expedido por el Presidente de la República, con la firma del Ministro del Interior y de Justicia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

Su texto es del siguiente tenor:

“DECRETO 2697 DE 2004

(Agosto 24)

Diario Oficial 45.651, de 25 de agosto de 2004

Ministerio del Interior y de Justicia 

Por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189, numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ªde 1913,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, prevé que “los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”;

Que el Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, artículo 4º transitorio, inciso segundo, concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema acusatorio, en el supuesto de que el Congreso de la República no lo hiciere dentro del plazo señalado en el mismo acto legislativo;

Que el Presidente de la República, en ejercicio de la anterior atribución constitucional, expidió el Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004, por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002;

Que en el título del citado decreto, por yerro de transcripción, se omitió la expresión final “para la implementación del sistema penal acusatorio”, y en el encabezado, relativo a las facultades constitucionales y legales que fundamentan su expedición, se inadvirtió la expresión “para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema” prevista en el inciso 2º del artículo 4º del Acto Legislativo 3 de 2002, por lo cual se considera que deben ser incluidas;

Que el artículo 4º del Decreto 2637 de 2004 modificó el inciso primero del artículo 16 de la Ley 270 de 1996 y dispuso que las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados;

Que existió un yerro tipográfico al omitir la expresión “cuando lo consideren conveniente” que alteró el sentido real de la modificación contenida en el citado artículo 4º del Decreto 2637 de 2004, el cual no refleja la verdadera voluntad del Presidente de la República;

Que la intención del Presidente de la República, al modificar el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, fue la de disponer que las salas de la Corte Suprema de Justicia, cuando lo consideren conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados;

Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es procedente introducir la expresión omitida;

Que el artículo 9º del Decreto 2637 de 2004 adicionó un parágrafo al artículo 61 de la Ley 270 de 1996, estableciendo que los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, sean dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones;

Que existió un yerro tipográfico al establecer que la designación de uno de los conjueces está a cargo del Contralor General de la República, lo cual no refleja la verdadera intención del Presidente de la República;

Que la voluntad del Presidente de la República fue que la designación del conjuez estuviera a cargo de la Corte Suprema de Justicia, acorde con lo dispuesto en el reglamento interno de la misma;

Que de acuerdo con lo anterior es procedente corregir la expresión referida;

Que comoquiera que la publicación del Decreto 2637 de 2004, efectuada en el Diario Oficial 45.645 del 19 de agosto de 2004 no refleja el contenido fidedigno del decreto expedido, en tanto adolece de los yerros arriba citados, se hace necesario realizar una nueva publicación del decreto fiel a la intención del Presidente de la República”,

DECRETA:

ART. 1º—Corríjanse el título y el encabezado del Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

“Por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002 para la implementación del sistema penal acusatorio”.

“El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional, para proferir las normas legales necesarias al nuevo sistema”.

ART. 2º—Corríjase el artículo 4º del Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

“ART. 4º—El inciso 1º del artículo 16 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

“ART. 16.—Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: la Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados. Las distintas salas, cuando lo consideren conveniente, se organizarán en salas de decisión integradas por tres magistrados. Transitoriamente podrán estar integradas adicionalmente por los magistrados de descongestión que para el efecto designe la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

ART. 3º—Corríjase el artículo 9º del Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

“ART. 9º—El artículo 61 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:

“PAR.—Los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, serán siempre dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones integradas de la siguiente manera: un conjuez designado por el Procurador General de la Nación; un conjuez designado por la Corte Suprema de Justicia; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios judiciales”.

ART. 4º—Publíquese en el Diario Oficial el Decreto 2637 de 2004 con la corrección que se establece en el presente decreto.

ART. 5º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación”.

3. Por su parte, el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913 (Código de Régimen Político y Municipal), que se considera manifiestamente transgredido por el decreto antes transcrito, prevé lo siguiente:

“Los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras no perjudicarán, y deberán ser modificados por los respectivos funcionarios, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador”.

4. Sea lo primero observar que los fundamentos del Decreto 2697 del 2004 se refieren a la atribución del Presidente de la República para promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, según lo dispone el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución Política, así como a la facultad de corregir los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras, cuando no quede duda en cuanto a la voluntad del legislador, tal como lo prevé el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

Ahora bien, visto el contenido de la solicitud y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con la norma que se invoca como fundamento de la misma, esto es, el referido artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, la Sala llega a la conclusión de que por simple confrontación, es evidente la violación que aduce la actora, comoquiera que a través del acto acusado no se corrigen simples yerros caligráficos o tipográficos, como lo autoriza el artículo que se acaba de transcribir, sino que, como lo afirma la demandante y lo constata la Sala, se introducen verdaderas modificaciones al Decreto 2637 del 19 de agosto del 2004, propósito que desborda la facultad contenida en la referida disposición hasta el punto de transgredirla en forma manifiesta.

Al respecto cabe observar que a partir de proveído de 31 de agosto del 2004, dictado dentro del incidente de impedimento radicado con el número 2004 00707 (1) , la Sala Plena de esta corporación ha venido inaplicando por inconstitucional el artículo 9º del Decreto 2637 del 19 de agosto del 2004, con la corrección que fue efectuada al mismo por el artículo 3º del Decreto 2697 del 24 de agosto también del 2004, este último demandado dentro de este proceso, por cuanto a su juicio “... la corrección no implica un yerro tipográfico pues se modifica una de las entidades que designaría eventualmente a los conjueces y, además, el decreto de corrección incurre en los mismos vicios anotados (2) y en el adicional de haber sido expedido por fuera de los términos de la autorización”.

Así las cosas, comoquiera que en el sub lite se cumplen los requisitos previstos en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para que proceda la suspensión provisional, la Sala accederá a decretar la medida solicitada, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda de la referencia.

En consecuencia, se dispone:

a) Notifíquese personalmente de esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al Ministro del Interior y Justicia, en representación de la Nación;

b) Notifíquese personalmente de esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al procurador delegado en lo contencioso ante esta corporación;

c) Para los efectos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley 446 de 1998, fíjese el negocio en lista por el término legal;

d) Dentro del término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta decisión, deposite la parte demandante la suma de once mil pesos ($ 11.000) para gastos del proceso;

e) Solicítese a la secretaría general del ministerio demandado el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado.

2. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, DECRETAR la suspensión provisional del Decreto 2697 del 19 de agosto del 2004.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 10 de febrero del 2004.

Magistrados: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, presidente—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel E. Mendoza Martelo.

(1) Sala Plena de lo contencioso administrativo, actor: Eudoro Echeverri Quintana, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(2) Se refiere a los vicios en virtud de los cuales se adopta en esa providencia la decisión de inaplicar, por inconstitucional, el artículo 9º del Decreto 2637 del 2004.

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