Auto 2004-00732/34848 de mayo 28 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 23001233100020040073201 (34848)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: H.P.T.

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 2 de octubre de 2007 por el Tribunal Contencioso Administrativo de XXX que negó las pretensiones y la excepción formulada.

SÍNTESIS DEL CASO

El día 19 de agosto de 2004, el señor H.P.T. a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional; por los perjuicios sufridos como consecuencia de su desvinculación de la institución policial, luego de presuntas irregularidades en el desarrollo de un operativo y la publicación de los hechos en diferentes medios de comunicación.

I. PRIMERA INSTANCIA

1.1. Exposición fáctica de la demanda.

En el escrito de demanda se afirma que los días 6 y 7 de noviembre de 2002, el Capitán H.P.T., en su condición de Jefe Seccional de Policía Judicial de XXX, participó en un operativo en los corregimientos de XXX y XXX, municipio de XXX (XXX), que culminó con la incautación de 900 kilos de cocaína “al parecer era mayor cantidad de ALCALOIDE, situación que llevó a la Fiscalía y al Comando de la Policía a iniciar la respectiva investigación”, con la captura de varios integrantes de la Policía Nacional, entre ellos el capitán P.T., llamado a calificar servicios sin que se adelantara la correspondiente investigación disciplinaria.

Se expone, además, que solo tiempo después de haber sido llamado a calificar servicios, se abrió el proceso disciplinario por parte del Comando de Policía del departamento de XXX y “se le formularon cargos, advirtiéndose que hasta la presente no se le ha vinculado por parte de la Fiscalía a una investigación penal”. Sobre este último aspecto, precisó que el 7 de febrero de 2003, la Jefe de Asignaciones de la Fiscalía seccional XXX, hizo constar que el actor no registraba investigación penal de ningún tipo.

Conforme lo anterior, sostiene el actor, que el llamado a calificar servicios no reunía los requisitos para tal fin y que el mismo obedeció a “haber dispuesto y dirigido el operativo en que se incautó el alucinógeno y sin haber comprobado de manera alguna su participación en la presunta desaparición de otra cocaína incautada en el mismo operativo”. El operativo se adelantó luego de que el 6 de noviembre de 2002, el actor recibió un informe de inteligencia, de parte del coordinador penitenciario G.J.R.B., sobre una caleta con alucinógenos ubicada en una finca de nombre desconocido. Refiere que mediante oficio XXX se dirigió a la URI de la Fiscalía, se autorizó la diligencia de registro y allanamiento y previa declaración jurada del técnico que rindió el informe, mediante oficio XXX y XXX, conoció al igual que el personero que el mismo día se desarrollaría dicha diligencia. Afirma que, como consta en el acta y en el oficio XXX del 7 de noviembre de 2002, puso a disposición de la Fiscalía la sustancia incautada.

Resalta el escrito de demanda que, entre el XXX de diciembre de XXX y el XXX del mismo mes y año, los hechos fueron objeto de publicación en diferentes medios de comunicación escritos, como el diario “XXX” de XXX, en el que además, se publicó su fotografía y “XXX” en que se informó de la destitución.

Señala el escrito de demanda que mediante Resolución 1218 del 9 de diciembre de 2002 la Ministra de Defensa y la Dirección General de la Policía Nacional decidieron retirarlo, apelando a la figura de llamamiento a calificar servicios, desconociendo su objeto, consistente en el mejoramiento del servicio, así como al margen de las excelentes evaluaciones y condecoraciones de autoridades departamentales y municipales obtenidas y de su trayectoria de diecinueve años en la institución.

Del mismo modo, precisa que, aunque el 11 de diciembre de 2002, puso en conocimiento del procurador departamental su situación y el manejo interno que se le estaba dando, al día siguiente se le notificó del retiro y que, a pesar de que la figura utilizada fue la del llamado a calificar servicios, los medios de comunicación locales y nacionales, continuaron afectando su buen nombre porque, además de insistir en la presentación de la noticia, anunciaron que se trató de una destitución, por información suministrada por superiores de la institución policial. Especialmente, precisa que su nombre en el buscador google “aparece reportado y vinculado al caso de la coca”. Lo anterior aunque en los documentos oficiales de la Fiscalía no aparece acreditado que se haya perdido un solo kilo del alcaloide. Finalmente reclama por el trato inadecuado que ha recibido de parte del Comandante de Policía de XXX, al punto de disponer su retiro de las instalaciones de la SIJIN (fls. 1-14, cdno. ppal.).

1.2. Pretensiones.

Con base en la situación fáctica expuesta, la parte actora impetra las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Que se declare que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, son administrativamente responsables de los perjuicios materiales y morales causados al señor H.P.T., por las operaciones y omisiones administrativas de la Policía Nacional a raíz de los hechos acontecidos los días 6 y 7 de noviembre de 2002.

2. Condena a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, a pagar al demandante los daños morales causados, daños que estimo en UN MIL (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que con las omisiones de la POLICÍA NACIONAL, la moral del señor H.P.T., ha sido notablemente lesionada, al igual que su honra y su buen nombre, lo que de hecho consiste en la vulneración de derechos fundamentales.

3. Que se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, a pagar los daños materiales causados al exoficial de la Policía Nacional H.P.T., con base en las siguientes liquidaciones, su sueldo mensual como oficial de la Policía Nacional en el rango de CAPITÁN al momento de su retiro; el cual era de $ 2.268.095,30 y la vida laboral de mi representado la (sic) que al momento de los hechos estaba en la plenitud de sus funciones y con perspectivas de llegar al máximo rango de su carrera de oficial, pues su hoja de vida intachable no predecía otra cosa que ascender en la institución a la que tanto le dio y se entregó, para liquidar los daños materiales se debe actualizar dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios al consumidor existente entre el día 10 de diciembre de 2002 fecha en que se le llamó a calificar servicio y el que exista cuando se produzca el fallo de segunda instancia o el auto que liquide los perjuicios materiales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 del CCA y la fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA”.

1.3. La defensa de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

En escrito presentado el 8 de marzo de 2005(1), la Policía Nacional, a través de apoderado, solicitó negar las pretensiones. Para el efecto, expuso que las mismas se sustentan en meras apreciaciones subjetivas de la parte actora, aunado a que no se reúnen los requisitos para decretar la responsabilidad del Estado.

Igualmente, precisó que el llamamiento a calificar servicios del actor siguió los lineamientos expuesto en el Decreto 1791 de 2000.

Finalmente, formuló la excepción de inepta demanda por considerar que contiene indebida acumulación de pretensiones (fls. 79-82, cdno. ppal.).

1.4. Alegatos de Conclusión.

1.4.1. Parte actora.

En escrito presentado el 27 de marzo de 2007, la parte actora retomó lo expuesto en su escrito de demanda, especialmente lo relacionado en la manera como se llevó a cabo la incautación del alcaloide, su desvinculación del servicio y la publicación de tales hechos en los medios de comunicación.

Igualmente, señaló que en el proceso se encuentran suficientemente acreditadas las operaciones y omisiones en que incurrió la institución policial que determinan la existencia de responsabilidad del Estado y la reparación del daño ocasionado al actor. Especialmente señala que “se puede observar de manera monumental cómo la moral de mi representado ha estado considerablemente afectada y deteriorada a causa de la conducta omisiva de la entidad demandada, puesto que basta en mirar en pretérito la actitud de mi mandante, él que fue un orgullo oficial de la Policía Nacional, que lució las insignias de la patria con altura y que hoy es objeto de censura social, de rechazo, de menosprecio e incluso de exclusión en los gremios de oficiales y suboficiales, toda vez que el Coronel prohibió su acercamiento a la institución que con tanto amor defendió” (subraya propia del texto) (fls. 134-140, cdno. ppal.).

1.4.2. Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

La entidad demanda, insistió en la denegatoria de las pretensiones al tiempo que retomó lo expuesto en lo relacionado con el llamamiento a calificar servicios del actor y precisó que su retiro “fue producto de la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional”.

Del mismo modo señaló, que no se reúnen los supuestos para declarar la responsabilidad deprecada en tanto no existe certeza del daño, tampoco de los perjuicios que se reclaman y que la demanda se formuló equivocadamente, pues las pretensiones se fundamentan en la expedición de un acto administrativo, que debió atacarse por los medios otorgados por la ley para tal fin (fls. 141-143, cdno. ppal.).

1.5. Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia del 2 de octubre de 2007, el Tribunal Contencioso Administrativo de XXX negó las pretensiones y declaró no próspera la excepción formulada, porque la acción instaurada procede para “resolver la controversia formulada por el demandante, dado que lo pretendido es la indemnización de perjuicios derivados de una operación u omisión administrativa”. Consideró el Tribunal que la declaratoria de responsabilidad del Estado, conforme al artículo 90 de la Constitución Política requiere la existencia de un daño antijurídico imputable a la administración pública y que revisados los elementos probatorios obrantes en el sub lite el daño atribuido a la demandada no se encuentra acreditado, “puesto que para demostrarlo se trajeron al proceso unas fotocopias simples de recortes de noticias publicadas, al parecer en periódicos nacionales y regionales, en algunas de las cuales no aparece el nombre del medio donde se publicó, ni la fecha”, razón por la que no es posible otorgarles valor probatorio alguno.

Así mismo, señaló que tampoco se acreditó la imputación pues no se demostró que “los miembros de la Policía Nacional fueron quienes suministraron a los medios de comunicación la información que dice el demandante le ha perjudicado” (fls. 146-154, cdno. ppal.).

II. SEGUNDA INSTANCIA

2.1. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpone recurso de apelación(2). Para el efecto, pone de presente que, contrario a lo expuesto por el a quo, los hechos de la demanda dan cuenta de donde fueron tomados los recortes de periódico, así como de su fecha.

Del mismo modo, expone que también se encuentra demostrado el daño sufrido por la publicación de la noticia de su destitución, en medios de comunicación, locales y nacionales y en página web.

Así mismo, puso de presente que el a quo vulneró el debido proceso “al no ordenar la práctica de pruebas solicitada en el acápite de PRUEBAS DOCUMENTALES DE OFICIO como fue la solicitud de citar al corresponsal J.C.H.O. del diario XXX para que manifestara si era cierto o no lo relacionado con el título DESTITUIDOS OFICIALES... y otros titulares del diario XXX (...) pues con ello se hubiese subsanado lo de las copias simples (...)”.

Del mismo modo, precisó que “aquí la LITIS se centra el daño (sic) AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA” por estar reportado en la página Web “como persona relacionada con la COCA”, razón por la que solicita revocar la decisión de primera instancia en lo relacionado con la denegatoria de las pretensiones (fls. 163-167, cdno. ppal.).

2.2. Alegatos en Segunda Instancia.

2.2.1. Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

En esta oportunidad la entidad demanda insistió en la ausencia de prueba del daño, aunado a que los documentos que pretendían acreditarlo se aportaron en copias simples.

Así mismo, señaló que el daño alegado por el actor, consistente en la afectación al buen nombre y la honra fue ocasionado por un tercero, medios de comunicación y no por la entidad demandada (fls. 187-189, cdno. ppal.).

2.2.2. Concepto de Ministerio Público.

El Agente del Ministerio Público, luego de retomar las piezas procesales obrantes en el plenario señaló que el llamamiento a calificar servicios de los oficiales de la Policía se encuentra plenamente reglado y que dicho aspecto no guarda correspondencia con los hechos de la demanda.

Así mismo señaló que el procedimiento civil exige la autenticidad de los documentos que se aportan como medios para el convencimiento del juez, para el efecto transcribe el artículo 254 del CPC. Así concluye que los aportados en el sub lite carecen de valor probatorio.

Puso de presente, además, que si se cuestiona el acto por el cual el actor fue llamado a calificar servicios, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Del mismo modo, aclaró que la negatoria del tribunal de decretar la práctica de un prueba no vulneró de manera alguna el debido proceso, pues la decisión siguió los parámetros establecidos, sin que la parte actora, en debido momento, manifestara inconformidad.

Finalmente, solicitó confirmar la denegatoria de las pretensiones (fls. 197-204, cdno. ppal.).

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(3), seguido ante la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de XXX, tal como lo dispone el artículo 129 del CCA.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala determinar si, como lo sostiene la parte actora en su escrito de impugnación, la afectación al buen nombre y la honra por la publicación en medios de comunicación de la destitución del actor del servicio activo de la Policía Nacional, resulta imputable a la entidad demandada.

Esto es así dado que si bien el actor en su demanda, pretendió, además, acceder a una reparación por su desvinculación de la Policía Nacional, lo cierto es que en su escrito de impugnación, se limita a la vulneración derechos a la honra y al buen nombre. De donde la Sala no se pronunciará sobre la excepción y habrá de estarse a lo resuelto.

3.2.1. Juicio de Responsabilidad.

La parte actora concreta el daño en la afectación al buen nombre y a la honra derivado de la publicación en medios de comunicación de su destitución del servicio activo de la Policía Nacional.

Conforme lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si el mismo le resulta imputable a la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional; porque, de ser ello así, será menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

3.2.2. Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

1. El 6 de noviembre de 2002, el Coordinador Penitenciario SIJIN XXX S.I. G.J.R.B., informó al capitán H.P.T., “que mediante labores de inteligencia, se logró confirmar que en la finca A LA CUAL SE LE DESCONOCE EL NOMBRE (...) se encuentra una caleta que contiene al parecer sustancias alucinógenas” (fl. 16, cdno. ppal.).

En la misma fecha, el actor, en su condición de Jefe de la Sijin XXX, mediante oficio XXX, solicitó a la Fiscalía XXX, en turno, autorizar la diligencia de registro y allanamiento de la finca relacionada en precedencia, para establecer la presencia de sustancias alucinógenas. El mismo día, la Fiscal Diecisiete XXX comunicó al actor la resolución (de fecha 6 de noviembre de 2002 (fls. 19-20, cdno. ppal.)), mediante la cual se ordenó el allanamiento y registro al bien inmueble (fl. 18, cdno. ppal.). Igualmente, la misma fiscal, mediante oficio XXX puso en conocimiento del personero municipal que se adelantaría la diligencia (fl. 21, cdno. ppal.).

El mismo 6 de noviembre de 2002, luego de que el señor G.J.R.B. ratificara el informe de inteligencia (fl. 22, cdno. ppal.), se desarrolló la diligencia de allanamiento en el inmueble ubicado en el caserío XXX. En el acta de allanamiento y registro suscrita por la Fiscal Diecisiete XXX, D.C.B., un funcionario de la Policía Judicial, de quien no se conoce el nombre y el técnico Judicial II S.A.D., se dejaron, entre otras, las siguientes constancias (fls. 23-25, cdno. ppal.):

“(...) en el sitio de los hechos no se pudo encontrar a ninguna persona en particular motivo por el cual no se puede informar del objeto de la diligencia.

(...) se encontró una caleta subterránea en uno de los ranchos de la casa finca la cantidad de DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285) pequeñas pacas, conocidas comúnmente como panelas de una sustancia con envoltura amarilla, con color característico de COCAÍNA, sustancia que se encontraba totalmente camuflada en una caleta subterránea.

(...).

La sustancia incatada (sic), se hace entrega a Unidades del Departamento de Policía XXX, a través de unidades de la SIJIN (...)”.

Al plenario, se aportó acta de continuación fechada del 7 de noviembre de 2001, suscrita por una fiscal cuyo nombre no se puede leer, de apellido V., por el Capitán H.P. como funcionario de Policía Judicial, por la Procuradora Judicial Treinta y Siete Judicial Penal II, R.S. y por el Técnico Judicial II M.V. En el acta se describe la diligencia de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en el caserío XXX, kilómetro XXX vía XXX-XXX ordenada por la Fiscalía Seccional Dieciséis de XXX. Se lee esta constancia (fls. 26-28, cdno. ppal.):

“(...) en una caleta ubicada dentro de un galpón de gallinas fue (sic) encontrados siete bultos o costales de naylon rotulados con el logotipo de XXX, dentro de los cuales se encuentran: En el costal 1 se encontró 25 panelas o paquetes al parecer cocaína (...) para un total de 168 paquetes. Igualmente una caleta ubicada dentro del piso de la cocina se encontró un balde metálico que en su interior contenía munición (...). La sustancia incautada, después de tomarle o practicarle la prueba de campo, se la (...) entrega para su custodia al señor Comandante del Departamento de Policía de XXX (...)”.

Se adjunta, así mismo, acta del 7 de noviembre de 2002, de pesaje, identificación preliminar y guarda sustancias, puestas bajo control. Da cuenta el documento de la participación, entre otros del funcionario de la policía G.R.B. quien la suscribe. Se advierte el decomiso de trescientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y cinco gramos de cocaína, peso bruto total, luego de la prueba respectiva (fls. 29-30, cdno. ppal.).

El mismo día, el Capitán H.P.T., en su condición de Jefe XXX, mediante oficio XXX, relacionó la diligencia practicada el día anterior en el caserío XXX. Al tiempo dejó a disposición de la Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata en Turno (fls. 31-32, cdno. ppal.):

“(...) doce (12) bultos en fibra sintética, de color blanco, con un logotipo de XXX en color rojo que contienen un total de doscientos ochenta y cinco (285) paquetes (...) de una sustancia compacta de color blanco, con olor característico, al parecer “COCAÍNA” (...)”.

El 7 de noviembre de 2002, la Fiscal Veintiocho Local URI de XXX, comunicó al Comandante de Policía de XXX que “del allanamiento practicado a una finca ubicada en el kilómetro XXX en la vía que de XXX conduce al municipio de XXX, se incautaron la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (...) paquetes llamados comúnmente (panelas), de sustancia al parecer COCAÍNA (...) (fl. 41, cdno. ppal.).

El 8 de noviembre de 2002, se dejó constancia de la prueba de campo, pesaje, toma de muestras y contramuestras y destrucción de la cocaína encontrada en XXX, municipio de XXX (fls. 33-40, cdno. ppal.).

El mismo día, el subcomandante operativo de policía de XXX, W.R.E., informó al Comandante del Departamento la incautación y destrucción de XXX kilos en peso bruto de cocaína incautada cerca del caserío XXX. Puso de presente que “ante los hechos presentados la doctora R.M., representante del Ministerio Público en el procedimiento, hizo algunos cuestionamientos de inconformismo ya conocidos por ese comando pese a los resultados positivos del Operativo, pues según la citada Doctora se dieron algunas presuntas irregularidades en el proceder de algunos policiales que participaban del operativo desplegado, situación que será motivo de esclarecimiento posterior por las autoridades competentes” (fls. 45-49, cdno. ppal.).

2. El 27 de noviembre de 2002, reunida la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional dejó constancia en el acta 14, del llamamiento a calificar servicios, entre otros, al CT. H.P.T.” (fls. 112-119, cdno. ppal.).

3. El 11 de diciembre de 2002, el actor informó al procurador departamental de policía de XXX su preocupación por su situación en la Institución pues su carrera, trayectoria y futuro “están en grave riego, toda vez que a raíz de unas denuncias hechas por la Doctora R.M.S.V., procuradora judicial XXX, en los que ella cuestiona el operativo policial en su conjunto y los comentarios de la señorita Teniente M.R.H.C., quien delante del personal de la SIJIN en una de sus formaciones dio a conocer que quienes habían participado en dicho operativo lo iba a hacer echar de la Policía (...)” (fls. 50-51, cdno. ppal.).

4. El 9 de diciembre de 2002, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución XXX, resolvió “retirar del servicio activo de la Policía Nacional, por llamamiento a calificar servicios a partir del 10 de diciembre de 2002, al siguiente personal de oficiales, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 numeral 2º y 57, del Decreto 1791 de 2000 (...). Capitán H.P.T. 8...” (fls. 44; 111, cdno. ppal.).

5. El 7 de febrero de 2003, el actor, solicitó al Director Seccional de Fiscalía de XXX que informara si en su contra existía alguna investigación penal (fl. 42, cdno. ppal.). El mismo día, la Jefe de Asignaciones, Dirección Seccional de Fiscalía, XXX, XXX hizo constar que “al señor H.P.T., (...) no le aparecen anotaciones penales ni investigaciones en el sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), implantado a partir de octubre 14 de 1999” (fl. 43, cdno. ppal.).

6. Obra en el plenario declaración del señor J.G.O.R. investigador de la SIJIN quien, además de conocer al actor, se pronunció sobre la relación conflictiva del mismo con el coronel J.R.V.S. También sostuvo que el retiro del servicio, al parecer tuvo relación con la incautación de gran cantidad de cocaína y que al día siguiente del operativo, la teniente M.R.C., en desarrollo de una formación, señaló que el procedimiento se había realizado mal y que por tanto “se iban a tomar decisiones drásticas”. También declaró el señor G.G.C. en sentido similar del anterior, excepto en lo relacionado con lo dicho por la teniente (fls. 125-128, cdno. ppal.).

7. Se aportaron al plenario hojas impresas con consultas al motor de búsqueda de contenido en Internet, google, en que se relaciona información correspondiente al capitán H.P.T. (fls. 52-55, cdno. ppal.). También se aportó el formulario de seguimiento de evaluación del mismo (fls. 50-61, cdno. ppal.).

8. Se aportaron, también recortes de periódicos, con noticias relacionadas con la destitución de miembros de la Policía Nacional por irregularidades en la incautación de cocaína en XXX. Entre los involucrados figura el nombre del actor. Algunos recortes señalan que la información al respecto fue brindada por miembros de la Policía Nacional, específicamente, por el comandante del Departamento de Policía de XXX (fls. 62-70, cdno. ppal.).

También se aportó copia del desprendible de nómina de la Policía Nacional del señor H.P.T., correspondiente al mes de diciembre de 2002 (fl. 71, cdno. ppal.).

3.2.3. Análisis del caso.

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los perjuicios sufridos como consecuencia de la afectación al buen nombre y la honra por la publicación en medios de comunicación de su destitución del servicio activo de la Policía Nacional, a quien se vinculó con irregularidades en desarrollo de un operativo en que se incautó material alucinógeno, específicamente señala la pretensión de declaratoria de responsabilidad que “por las operaciones y omisiones administrativas de la Policía Nacional a raíz de los hechos acontecidos los días 6 y 7 de noviembre de 2002”.

Ahora bien, analizado el acervo probatorio se encuentra acreditado que, durante los días 6 y 7 de noviembre de 2002, por informe de inteligencia, se adelantó un operativo en el caserío XXX, vía al municipio de XXX, en que se encontró e incautó cierta cantidad de cocaína. Procedimiento en el que participó el actor, en su calidad de jefe XXX. Igualmente fue quien puso a disposición de la Fiscalía el alcaloide.

El procedimiento adelantado generó cuestionamientos en la representante del Ministerio Público y de una teniente.

Así mismo, se probó que el 27 de noviembre de 2002, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, llamó a calificar servicios, entre otros, al capitán H.P.T. y que el 9 de diciembre de 2002, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución XXX, determinó su retiro del servicio, conforme lo dispuesto por la Junta Asesora.

Del mismo modo, se demostró, por los recortes de periódico obrantes en el plenario que se publicaron noticias relacionadas con la destitución del actor de la institución policial, por irregularidades en la incautación de la cocaína en XXX y que algunos recortes atribuyen la información al respecto a miembros de la Policía Nacional, específicamente, al comandante del Departamento de Policía de XXX.

Sobre el punto, es importante acotar que aunque el tribunal consideró que el hecho dañoso no se encontraba acreditado “puesto que para demostrarlo se trajeron al proceso unas fotocopias simples de recortes de noticias publicadas, al parecer en periódicos nacionales y regionales, en algunas de las cuales no aparece el nombre del medio donde se publicó, ni la fecha”, razón por la que no les otorgó valor ningún valor probatorio. En sentencia de unificación(4) esta Corporación al respecto precisó(5):

“La autenticación de las copias tiene por objeto que estas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra(6).

No obstante, las copias simples, cuando no son tachadas de falsas por la parte contra la cual se aducen, no sería posible infringir ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos(7).

La desestimación de las copias no autenticadas como pruebas en el proceso contencioso administrativo está inexorablemente unida a la concepción antropológica que no solamente es ajena a la Constitución de 1991, sino diametralmente opuesta a esta última. Dicha medida supone, en efecto, una especie de asunción de que las partes intervinientes en un proceso de esta naturaleza necesariamente actuarán de mala fe, por lo que deben acreditar, que la documentación que presentan no es falsa(8).

Así, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, esta Sala considera que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho, como lo es la autenticidad del documento aportado en copia simple(9).

En ese orden de ideas, las copias simples, en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, sí tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional”.

Conforme lo anterior, aunque la Sala encuentra plenamente acreditado el daño a la honra y buen nombre del actor, en consideración al contenido de las publicaciones realizadas, se echa de menos soportes probatorios que permitan imputar dicho daño a la entidad demandada.

Lo anterior, es así porque el hecho de que algunas de las noticias periodísticas señalen que la información publicada tuvo por fuente a miembros de la Policía Nacional, por sí mismo, no constituye prueba suficiente del daño y de la responsabilidad del Estado en las publicaciones.

Ahora bien, en lo relacionado con la vulneración que acusa el actor al debido proceso, porque, según su dicho, el a quo no ordenó la práctica de una prueba solicitada consistente en “citar al corresponsal J.C.H.O. del diario XXX para que manifestara si era cierto o no lo relacionado con el título DESTITUIDOS OFICIALES... y otros titulares del diario XXX (...) pues a su juicio “con ello se hubiese subsanado lo de las copias simples (...)”, para la Sala, es importante precisar, que el auto que decretó pruebas, fue proferido el 23 de mayo de 2005(10) y notificado por estado el 31 de del mismo mes y año, sin que las partes se hayan pronunciado al respecto. Específicamente, no obra en el plenario evidencia de que el actor haya controvertido tal pronunciamiento, conforme las herramientas brindadas por el ordenamiento jurídico con tal propósito(11).

Aunado a que como es de todos sabido los periodistas no están obligados a develar sus fuentes(12) se echa de menos, eso sí, la investigación disciplinaria tanto en la Procuraduría como en la Policía, tendientes a establecer el contenido y alcance de las denuncias formuladas por el Ministerio Público y por la teniente en el curso de la destrucción del alcaloide. Tampoco se remitió a la actuación la investigación adelantada por la Fiscalía.

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia por las consideraciones expuestas, en tanto no existen elementos probatorios que evidencien la imputación de responsabilidad a la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

1. CONFIRMAR conforme las razones expuestas la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de XXX el 2 de octubre de 2007, mediante la cual se negaron las pretensiones y se declaró no próspera la excepción formulada.

2. ESTARSE a lo resuelto en cuanto a la excepción formulada.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo—Ramiro Pazos Guerrero—Danilo Rojas Betancourth.

1 Mediante auto del 6 de septiembre de 2004 (fl. 73, cdno. ppal.), el Tribunal Contencioso Administrativo de XXX admitió la demanda y ordenó notificar al Ministro de Defensa a través del Comandante Policía de la ciudad y al Agente del Ministerio Público.

2 El recurso se formuló el 17 de octubre de 2007 (fl. 156, cdno. ppal.), se sustentó el 25 de enero de 2008 (fls. 162-167, cdno. ppal.) y se admitió por esta Corporación el 8 de abril del mismo año (fl. 181, cdno. ppal.).

3 El 19 de agosto de 2004, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta Corporación era de $ 51.730.000 —artículos 129 y 132 del CCA subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $ 358.000.000, equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral para el actor.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

5 Recurso Extraordinario de revisión. 30 de septiembre de 2014. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Expediente 11001-03-15-000-2007-01081-00.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección A. Sentencia de 8 de febrero de 2012. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244).

7 Ibídem.

8 Ver Aclaración de Voto de la consejera Stella Conto Díaz del Castillo en el proceso 05001-23-31-000-1996-00659-01.

9 Consejo de Estado. Sección Tercera —Sala Plena— sentencia de 28 de agosto de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Radicado: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).

10 En dicho auto se dispuso: “b) Niégase la prueba solicitada a folio 13 (documentales por medio de oficio), por ineficaz, de conformidad con el art. 178 de CPC” (fl. 90, cdno. ppal.) y a folio 13 del cuaderno principal sobre el punto se lee: “DOCUMENTALES POR MEDIO DE OFICIO. Que se libre por medio de oficio a los corresponsales: J.C.H.O. del Diario XXX, para que manifieste si es cierto o no lo relacionado con él (sic) título “DESTITUIDOS OFICIALES” de fecha XXX de diciembre de XXX y al corresponsal del diario XXX o quien haga sus veces, para que manifieste si es cierto o no lo relacionado con la publicación de fecha XXX de diciembre de XXX con el título “CONFIRMAN DESTITUCIÓN DE UN CAPITÁN Y UN TENIENTE DE LA POLICÍA” y confirme las afirmaciones que hizo el Coronel J.R.V.S. en rueda de prensa, en donde “anunció la DESTITUCIÓN DE LOS DOS OFICIALES” (negrilla propia del texto).

11 El artículo 351 del CPC preceptúa: “(...) también son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (...) 3. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o su práctica”.

12 Artículos 73 y 74 Constitución Política de Colombia.