Auto 2004-00790 de febrero 16 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.: 250002324000200400790-01 250002324000200600143-01 (acumulados)(1)

Conciliación judicial

Actores: Ministerio de Defensa Nacional y Universidad Militar Nueva Granada.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Marco normativo de la conciliación administrativa

La Ley 446 de 1998 (jul. 7), capítulo III “Mecanismos alternativos de solución de conflictos” título I, regula la figura jurídica de la conciliación. El artículo 64 ídem define la conciliación como “un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.

En artículo 3º de la Ley 640 de 2011 “por la cual se modifican las normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones” dispone que la conciliación podrá ser de tipo judicial o extrajudicial.

En cuanto a la conciliación judicial, al artículo 43 de la citada Ley 640 dispone que las partes de común acuerdo podrán solicitar la audiencia de conciliación, dentro de cualquier etapa del proceso.

Durante la audiencia de conciliación y según lo preceptuado por el artículo 26 ídem, el juez o magistrado podrá de oficio, o a petición del Ministerio Público, decretar las pruebas necesarias para establecer los presupuestos de hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio, dentro de los treinta (30) días siguientes a la audiencia de conciliación.

Así mismo, la Ley 1395 de 2010 (jul. 12) “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” en su artículo 116 dispone que las partes podrán aportar un experticio en cualquiera de las oportunidades para pedir las pruebas. Su tenor literal es el siguiente:

El artículo 116 de la Ley 1395 de 2010 que preceptúa:

“Experticios aportados por las partes.- La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito y con la información que facilite su localización. (...) El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia acerca de su idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la parte contra la cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo traslado. La inasistencia del perito a la audiencia dejará sin efectos el experticio”.

Por otro lado, los artículos 183 del Código de Procedimiento Civil y 169 del Código Contencioso Administrativo disponen que durante cualquier instancia del proceso, el juez podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

Ahora bien, frente a los asuntos susceptibles de conciliación contencioso administrativa, el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 (jul. 7), que modificó el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, los enuncia así

“Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas del derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo”.

El contexto que precedió el acuerdo sometido a consideración

Previo al examen del acuerdo conciliatorio y para una mejor comprensión de su contenido, resulta pertinente comenzar por contextualizar sus antecedentes, así:

Desde finales del año 2010, delegados del Ministerio de Defensa y del Instituto de Desarrollo Urbano se reunieron en varias oportunidades —mesas técnicas— con el fin de encontrar un arreglo que permita propender por el desarrollo urbanístico del Distrito y el bienestar de la comunidad, frente al impacto que tiene la construcción de la carrera 11 entre calles 100 y 106 sobre el predio denominado Cantón Norte.

Se llevaron a cabo, igualmente, sesiones de trabajo con la Viceministra de Defensa, la Alcaldesa Mayor de Bogotá (e) y la Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano, en las cuales se han evaluado técnica, jurídica y financieramente los resultados a los que han llegado las mesas técnicas a que ha hecho referencia.

En este contexto, el Ministerio de Defensa contrató a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para la realización de un avalúo del predio denominado el Cantón Norte. El estudio entregado por esa entidad determinó el valor de la pretensión del Ministerio en la suma de setenta y siete mil ochocientos noventa y cinco millones ochocientos y tres mil trescientos ochenta pesos ($77.895.883.380), por concepto de las afectaciones directas, indirectas, funcionales y compensaciones complementarias atribuibles al desarrollo del corredor vial de la carrera 11 entre calles 100 y 106.

Dicho estudio fue remitido al IDU para su evaluación técnica, financiera y jurídica, el día 16 de noviembre del pasado año. Es asimismo, importante destacar que el estudio técnico en que se sustentó el preacuerdo fue realizado por las direcciones técnicas de predios y de diseño de proyectos, con el acompañamiento jurídico de la subdirección general jurídica y del procurador delegado para la conciliación administrativa, los cuales recomendaron a los miembros del comité de conciliación conciliar el presente asunto. Por unanimidad, los miembros del comité de conciliación de la entidad acogieron los referidos planteamientos y decidieron presentar acuerdo conciliatorio ante esta corporación, según consta en Acta 28-2011 (dic. 7)(6).

Con fundamento en el estudio citado, se llegó a un preacuerdo con el Ministerio de Defensa y la Universidad Militar Nueva Granada en relación con las afectaciones indirectas, funcionales y las compensaciones complementarias.

Resulta importante mencionar que no fueron objeto del preacuerdo mencionado las denominadas afectaciones directas, por cuanto las resoluciones 2339 y 5233 de 2004 determinaron que el precio indemnizatorio por la zona de reserva vial era la suma de once mil seiscientos cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochenta y siete pesos ($11.648.693.087) y las partes acordaron que ese valor correspondería a las afectaciones directas.

Por su parte, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa aprobó el preacuerdo en sesión del 7 de diciembre de 2011, según consta en Acta 50(7), y lo hizo constar su secretaria técnica en certificación de esa misma fecha(8).

El Comité de Conciliación de la Universidad Militar hizo lo propio, en sesión de 28 de noviembre de 2011, según consta en Acta 4 y lo certificó su rector el 29 del mismo mes y año(9).

Conforme fue expuesto en la audiencia, al celebrar el acuerdo conciliatorio, las partes tuvieron en cuenta las consideraciones siguientes, con base en las conclusiones de las mesas técnicas y el avalúo entregado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá:

“(...).

1. Este acuerdo versa sobre los efectos económicos de las resoluciones 2339 y 5233 de 2004, expedidas por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, sin que se discuta la legalidad de estas, en sí misma consideradas.

2. Las partes declaran que este acuerdo conciliatorio versa sobre la totalidad del litigio, con los efectos legales que tiene el mismo, de conformidad con la normatividad vigente.

3. El precio indemnizatorio establecido en las resoluciones 2339 y 5233 de 2004, en la suma de once mil seiscientos cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochenta y siete pesos ($11.648.693.087), es aceptado por las partes como compensación referente a las afectaciones directas(10).

4. El acuerdo al cual se llega se encuentra soportado jurídicamente en los artículos 26 de la Ley 640 de 2010, 116 de la Ley 1395 de 2010, 183 del Código de Procedimiento Civil y 169 del Código Contencioso Administrativo y el principio de reparación integral establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

5. Las partes toman como referente el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá entregado al Ministerio de Defensa Nacional el 16 de noviembre de 2011, en lo que se refiere a las afectaciones indirectas(11), funcionales(12) y complementarias(13), consignadas expresamente en el anexo al presente acuerdo conciliatorio, y que hace parte del mismo, al considerar que el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que debe abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación (C-1074/2002), siendo evidente que la indemnización prevista en el artículo 58 de la Constitución es reparatoria y debe ser plena, ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado (C-153/94).

La cuantía económica que las partes acuerdan reconocer, corresponde a las afectaciones indirectas(14), funcionales(15) y complementarias)(16), las cuales no fueron tenidas en cuenta en el precio indemnizatorio reconocido por el IDU al Ministerio de Defensa en los actos acusados., el cual comprendió únicamente las afectaciones directas.

Para determinar su valor, se contrató a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, en calidad de perito, a solicitud del Brigadier General Jorge Alberto Segura Manonegra, jefe de Ingenieros Militares del Ejército Nacional, conforme consta en el acápite “Información básica”. A esos efectos, la entidad rindió el 15 de noviembre de 2011 el dictamen pericial que las partes aportaron en la audiencia.

El dictamen, conforme lo exige el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, fue acompañado de los documentos que acreditan la idoneidad y experiencia de los peritos, los cuales estuvieron a disposición de la magistrada instructora del proceso, quien interrogó al Dr. Jonny Silva Baracaldo, en su condición de coordinador de avaluadores, en relación con las diferencias existentes entre el avalúo inicial que sirvió de fundamento a la Resolución 5233 de 2004 (abr. 21) y el aportado por las partes en la audiencia.

Siendo dicho dictamen pericial el sustento de los acuerdos logrados para poner fin al presente proceso judicial, aportado conforme los lineamientos del mencionado artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, es aplicable el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo (subrogado por el D. 2304/89, art. 37). Por consiguiente, tienese como prueba dentro de este proceso judicial, el avalúo practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

Conciliación judicial - presupuestos para su aprobación.

El artículo 59 de la Ley 23 de 1991(17) (modificado por L. 446/98, art. 70) establece que las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de contenido económico que sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de las acciones indemnizatorias —de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual— previstas en el Código Contencioso Administrativo.

1. Según el artículo 61 de la Ley 23 de 1991(18) —modificado por el artículo 81 de la Ley 446 de 1998, el primer aspecto objeto de análisis está relacionado con la caducidad de la acción respectiva, así, es imprescindible determinar que la demanda se haya presentado durante el término dispuesto para ello en cada caso.

No cabe duda que la demanda ha sido presentada dentro del término previsto por el artículo 71 de la Ley 388 de 1997, toda vez que al haber sido notificada personalmente la Resolución 5233 de 2004 (abr. 21) , el 30 de mayo siguiente, la demandante contaba con cuatro (4) meses a partir del día siguiente a dicha fecha para presentar la respectiva demanda contencioso administrativa, siendo instaurada dentro dicho término (ago. 30/2004), por lo que no ha operado la caducidad de la acción respectiva.

2. De otro lado, conforme al artículo 59 de la Ley 23 de 1991 —modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, el acuerdo conciliatorio al que lleguen las partes se restringe a las acciones o derechos de naturaleza económica.

En el acuerdo al que han llegado las partes expresamente consta que versa sobre los efectos económicos de las resoluciones 2339 y 5233 de 2004, expedidas por Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano, sin que se discuta la legalidad de estas, en sí mismas consideradas.

Teniendo en cuenta que el conflicto entre las partes radica en el valor del inmueble objeto de expropiación administrativa, es fuerza concluir que la controversia se contrae a los aspectos de contenido económico y, por tanto, los derechos que en ella se discuten son transigibles, condición sine qua non para que sean objeto de conciliación, según el artículo 2º del Decreto 1818 de 1998(19).

3. Que las partes estén debidamente representadas y, además, que sus representantes cuenten con la capacidad para conciliar.

Se constata que las partes acudieron al proceso a través de apoderado judicial constituido en legal forma y, de acuerdo con los poderes aportados, tanto los apoderados de la parte actora, como el de la demandada, cuentan con la facultad expresa para conciliar, total o parcialmente.

4. Según el artículo 65 de la Ley 23 de 1991 —adicionado por el artículo 73 de la Ley 446 de 1998, para que el acuerdo conciliatorio se apruebe es necesario efectuar un análisis probatorio, a efectos de verificar su procedencia y determinar que se ajuste a la ley y no resulte lesivo para el patrimonio público.

Para que el acuerdo conciliatorio sea aprobado, la jurisprudencia de esta Corporación exige se demuestre probatoriamente la responsabilidad administrativa (i), que el acuerdo respeta el orden jurídico (ii) y que la conciliación no resulta lesiva para los intereses patrimoniales del Estado (iii).

4.1. Las pruebas de la responsabilidad administrativa.

El Ministerio de Defensa sostuvo que los perjuicios que le causó la expropiación de una parte del lote denominado “Cantón Norte” se estimaban, en principio, en la suma de $34.605.400(20).

Con miras a su demostración, solicitó que se decretara la práctica de un avalúo, a realizarse por el IGAC o por auxiliares de la Justicia con el fin de tasar:

“a) Un valor real de los terrenos expropiados teniendo en cuenta la valoración de los inmuebles donde se encuentra ubicado el predio y sus alrededores, la utilización de los mismos, el valor que hubiese percibido el Ministerio de Defensa en el evento en que hubiera decidido vender estos predios;

b) Se reconozca un valor real de la demolición de los inmuebles afectados y construcciones levantadas por metro cuadrado;

c) Se reconozca el valor real de las construcciones objeto de expropiación;

d) Se reconozca el valor de la reposición de las construcciones afectadas por la expropiación, las cuales se deberán levantar de conformidad con las especificaciones técnicas actuales en este tipo de construcciones;

e) El valor real de las instalaciones que aunque no son objeto de expropiación, pero que como consecuencia de la misma habrá que demoler y entrar a reubicar.

f) El valor de todas las instalaciones sanitarias, de acueducto y electricidad que se deben efectuar”.

La parte demandante cuando afirmó que el valor de los perjuicios que debían reconocérsele, ascendían a la suma de $34.605.400, ello correspondía a una tasación inicial supeditada a la práctica de las pruebas solicitadas y decretadas en el proceso, en especial, la práctica de un nuevo avalúo por parte del IGAC o por auxiliares de la justicia.

Como resultado de la negociación que las partes adelantaron en 24 reuniones, conforme consta en las actas de asistencia allegadas por el Ministerio de Defensa Nacional, estas convinieron en contratar los servicios de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, bajo la premisa consistente en que el primer avalúo, realizado por la misma Lonja y consignado en la Resolución 2339 de 2004 (mar. 8), no respondía a los criterios fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, respecto del carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias.

Cabe anotar que en ocasiones precedentes, esta sección ha tenido oportunidad de pronunciarse en torno del alcance de la indemnización integral en tratándose de acciones expropiatorias. Así, en sentencia del 14 de mayo de 2009 (C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), indicó:

“(...).

3.1. Consideraciones preliminares relacionadas con el carácter justo y pleno de las indemnizaciones expropiatorias.

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4º, modificado por el Acto Legislativo 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.

En ese orden de ideas, cuando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización de carácter reparatorio y pleno, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado, tal como lo han precisado en forma reiterada la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado.

En ese mismo sentido, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, establece de manera tajante y asertiva que “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella sino en caso evidente de necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización” (negrillas ajenas al texto).

El Pacto de San José de Costa Rica, relativo a los derechos económicos y sociales, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución Política de 1991 forma parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, prevé igualmente en su artículo 21.2 el pago de una indemnización previa y justa que cubra la totalidad de los perjuicios que se deriven de la transferencia forzada de un bien de dominio privado en favor del Estado. Lo anterior significa que el valor que se determine con esa finalidad, debe ser comprensivo de todas las ablaciones patrimoniales causadas, de tal suerte que las mismas sean objeto de una reparación integral. Por lo mismo, en la determinación del quantum indemnizatorio debe tenerse especial cuidado en no rebasar, en uno u otro sentido, la línea divisoria que marca las fronteras entre el enriquecimiento y el menoscabo.

Como bien se puede observar, el principio general que subyace en estas normas de rango superior, indica que los daños y perjuicios que se originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la incorporación al dominio público de bienes de propiedad particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede pretenderse que éste deba asumir a título personal un detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión imperativa de su derecho de dominio, constituye un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral (...)”.

Así las cosas, las partes en controversia, de común acuerdo, deciden contar con el concurso de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá “para la elaboración del avalúo comercial corporativo de la franja de terreno que hace parte del predio del Cantón Norte” y, para esos efectos, el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Jefatura de Ingenieros Militares y la citada Lonja celebran el 22 de septiembre de 2011, Contrato de prestación de servicios profesionales 768.

Es del caso precisar que en el nuevo avalúo realizado por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá el 15 de noviembre de 2011, los peritos advierten que este “no corresponde a la actualización del avalúo comercial desarrollado por esta misma Corporación, en septiembre de 2003, referencia que se hace por cuanto las características económicas y bienes objeto de valoración son distintas”(21).

A diferencia del inicial, el nuevo comprende “La indemnización integral por concepto de seguridad y defensa”, a determinarse como una “indemnización inmobiliaria, producto de las afectaciones físicas y funcionales que el desarrollo de la obra que por motivo de utilidad pública, produce al predio en mayor extensión. Para este fin se analizarán y ponderarán los elementos que por dicho concepto ha definido y desarrollado las Fuerzas Militares” (énfasis fuera de texto).

En tal virtud, el nuevo experticio avalúa en forma desagregada las afectaciones directas(22), las afectaciones indirectas(23), las afectaciones funcionales(24) y las compensaciones complementarias(25).

En este orden de ideas, la Sala considera que el dictamen pericial del 15 de noviembre de 2011, el cual determinó el valor de la pretensión indemnizatoria del Ministerio en la suma de 77.895.883.380 pesos, sirve de sustento a los acuerdos logrados para poner fin al presente proceso judicial, y fue aportado conforme a los lineamientos del artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, por lo que resultaría procedente dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo y tenerlo como prueba.

Lo anterior en atención, a las circunstancias de interés general que rodean las obras proyectadas en los terrenos a expropiar.

4.2. El respeto del orden jurídico.

Sea lo primero resaltar que en tratándose de conciliaciones respecto de actos administrativos, como ocurre en la controversia que nos ocupa, la norma que regula la aplicación de la figura es el artículo 71 de la Ley 446 de 1998, según la cual:

“ART. 71.—Cuando medie acto administrativo de carácter particular, podrá conciliarse sobre los efectos económicos del mismo si se da alguna de las causales del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, evento en el cual, una vez aprobada la conciliación, se entenderá revocado el acto y sustituido por el acuerdo logrado”.

La reiterada jurisprudencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha también ratificado la posibilidad de hacer uso de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero resaltando que sólo será viable la conciliación sobre los efectos económicos de los actos administrativos, siempre y cuando se configure alguna de las causales de revocación de los mismos(26).

En el presente caso, concurren las causales contempladas en los numerales 1º y 3º del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de que el precio indemnizatorio que se sustentó en el avalúo practicado en el año 2004, no comprendió una indemnización integral, de donde surge de manifiesto que los actos administrativos demandados, expedidos por el IDU - objeto de la demanda, violan el artículo 58 de la Constitución Política y causan un agravio injustificado al Ministerio de Defensa Nacional, en razón a que la indemnización expropiatoria inicial no es justa ni integral, pues, resultaron insuficientes en la valoración del perjuicio ocasionado con la expropiación y no respondieron al monto real de la indemnización que debió reconocer la entidad pública demandada.

Nótese, igualmente, que asistió razón a la parte actora al poner de presente que el bien objeto de expropiación no es un bien de uso público, sino un bien fiscal, de propiedad de la persona de derecho público y no ser de uso general para los habitantes, siendo por ello, parte del dominio privado del Estado. Quiere significar lo anterior que cuando se habla de bienes fiscales cabe predicar que su naturaleza y tratamiento jurídico, coincide con aquel que se aplica respecto de bienes privados.

Tal como lo anota el tratadista y ex consejero de Estado, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez(27): “La consecuencia jurídica de pertenecer a ese dominio según la misma teoría consiste en que el régimen aplicable es el de derecho privado”.

En tal virtud, procede la expropiación por motivos de utilidad pública, en los términos del artículo 58 constitucional y del artículo 63 de la Ley 388 de 1997, más aún si se tiene en cuenta que se trata de una franja de terreno requerida “para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial” y de claro beneficio colectivo para los habitantes de la ciudad de Bogotá. Sumado a lo anterior se resalta que, una vez efectuadas las obras descritas en el literal b.3 del acuerdo, se mitigan los riesgos asociados a la defensa y seguridad puestos de presente por el Ministerio de Defensa Nacional en su libelo de demanda y que, con ocasión del acuerdo y de las obras y compensaciones complementarias, resultarían plenamente controlados.

4.3. La intangibilidad del patrimonio público.

La afirmación en torno a que un acuerdo conciliatorio resulta o no lesivo para el patrimonio público, está asociada a la determinación de la cuantía de la indemnización, la cual debe responder a una suma igual a la indemnización causada por el daño generado.

Las partes en conflicto, el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto de Desarrollo Urbano acordaron un monto indemnizatorio equivalente a la suma de $49.152.180.216.

La Sala considera que la señalada cuantía responde a una indemnización expropiatoria justa e integral, atendidas las mutuas y recíprocas concesiones y renuncias que las partes han convenido, el beneficio general para la colectividad resultante de la ampliación vial de la carrera 11 entre calles 100 y 106 de la ciudad de Bogotá a que se destinará la franja de terreno expropiada, y la importancia, actualidad y urgencia con que se requiere la obra, pues es de todos conocido que la movilidad en el Distrito Capital afronta en la hora actual una situación en extremo crítica. En últimas, se verifica una transferencia de recursos entre entidades públicas, que en modo alguno afecta la intangibilidad del patrimonio público.

En mérito de lo anterior, esta sección concluye que se configuran los supuestos que tanto la jurisprudencia como el artículo 73 de la L. 446/98) exigen para que proceda impartir aprobación a un acuerdo conciliatorio en sede judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. APRUÉBASE el acuerdo conciliatorio logrado entre los demandantes el día 9 de diciembre de 2011.

2. DECLÁRASE terminado el proceso.

3. EXPÍDANSE copias con destino a las partes mencionadas en el numeral primero, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

 

(1) Mediante auto de 24 de abril de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decretó la acumulación de los procesos.

(6) Fls. 146 a 150, cdno. 2.

(7) Fls. 210 a 232.

(8) Fls. 172 a 176, cdno. 2.

(9) Fl. 236.

(10) “Afectación directa: Involucra las áreas que se encuentran sobre el trazado vial de la carrera 11”.

(11) Afectación indirecta: Involucra las áreas que por influencia de la demolición del área directa quedan afectadas.

(12) Afectación funcional: Involucra las áreas que disminuyen la operatividad y/o funcionalidad por la afectación del trazado vial.

(13) Compensaciones complementarias: Involucran las áreas restantes no incluidas en las afectaciones anteriores y las obras de mitigación en aspectos relacionados con la defensa y seguridad nacional, entre otras.

(14) Afectación indirecta: Involucra las áreas que por influencia de la demolición del área directa quedan afectadas.

(15) Afectación funcional: Involucra las áreas que disminuyen la operatividad y/o funcionalidad por la afectación del trazado vial.

(16) Compensaciones complementarias: Involucran las áreas restantes no incluidas en las afectaciones anteriores y las obras de mitigación en aspectos relacionados con la defensa y seguridad nacional, entre otras.

(17) ART. 59, Ley 23 de 1991: “Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

PAR. 1º—En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones de mérito”.

(18) Al respecto, el parágrafo 2 del artículo 61 de la Ley 23 de 1991 dispone: “No habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado”.

(19) Dispone el artículo: “Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley”.

(20) Folio 23, demanda.

(21) Folio 8 – Avalúo Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá de 15 de noviembre de 2011.

(22) “Afectación directa. Se referirá a determinar el valor comercial de la franja de terreno que ocupará la carrera 11 entre calles 100 y 106, cuyo valor será comercial o valor de mercado. Y valor de las construcciones que estén dentro de ésta área cuyo valor será de reposición a nuevo”. Folio 10 - 011 Avalúo Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá de 15 de noviembre de 2011.

(23) Afectación Indirecta. Se referirá a determinar el valor de las construcciones que no se localizan en el área de afectación física que ocupará la vía (Cra. 11) sino al interior de las instalaciones del Cantón Norte y que estarán afectadas por influencia de la demolición de la construcción de afectación directa, cuyo valor será de reposición a nuevo. Folio 11 Avalúo lonja de propiedad raíz de Bogotá de 15 de noviembre de 2011.

(24) Afectación funcional. Se referirá a determinar el valor de los edificios que por haberse segregado o separado físicamente y no conservando su condición original, dejan de ser funcionales por operatividad dentro del conjunto secciones que conforman el Cantón, cuyo valor será de reposición a nuevo. Afectación que se tasa, bajo el supuesto de un desarrollo constructivo con una nueva implantación de las edificaciones que por esta definición se identifican (...)” (fl. 11 Avalúo Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá de fecha nov. 15/2011).

(25) A las cuales se hace referencia como daño emergente y lucro cesante y que involucra “(...) la sumatoria de valores que por efecto de la afectación vial que se proyectó sobre la propiedad en estudio, afectan u alteran la operación del predio. Indemnización integral por concepto de seguridad y defensa, la que se refiere al total de la integración de valores anteriores, de acuerdo a las instrucciones del solicitante. Indemnización que será establecida en términos indemnización justa, desarrollada por la jurisprudencia colombiana. (...)” (fl. 11 Avalúo lonja de propiedad raíz de Bogotá de fecha nov. 15/2011).

(26) Auto del 13 de octubre de 2011, expediente 2500023240002010 00319 01, C.P. María Elizabeth García González.

(27) Rodríguez Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo general y colombiano. Ed. Temis. XIV edición. Bogotá, 2005, pág. 30.