Auto 2004-00930 de enero 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 410012331000200400930 02

Número Interno: 0037-13

Magistrada Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Auditoría General de la República

Apelación interlocutorio

Bogotá, D.C., enero dieciséis de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Para resolver se,

Considera

El artículo 213 del Código Contencioso Administrativo, con relación al procedimiento frente al recurso de apelación interpuesto contra los autos proferidos por el a quo, preceptúa:

“(...).

ART. 213.—Apelación de autos. ‘Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:’ ‘Artículo modificado por el artículo 68 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:’ Con excepción del auto de suspensión provisional, cuyo recurso de apelación se resuelve de plano, el procedimiento para decidir el que se interponga contra los demás que sean objeto del mismo, será el siguiente:

(...).

Si el recurso reúne los requisitos legales, será admitido por el superior mediante auto que ordene poner el memorial que lo fundamente a disposición de la parte contraria, durante tres (3) días, en la secretaría.

(...).

Vencido el término de traslado a las partes, se debe remitir al ponente para que elabore el proyecto de decisión.

(...)” (se destaca).

Como en el sub lite el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 4 de septiembre de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila, reúne los requisitos legales para su admisión, dando aplicación a la normatividad transcrita mediante auto de 14 de febrero de 2013 se admitió y corrió traslado a la parte contraria por el término de 3 días a partir del 15 de marzo de 2013 (fl. 401 vto.) el cual venció el 19 del mismo mes y año; una vez surtido este trámite la norma en cita preceptúa que “se debe remitir al ponente para que elabore el proyecto de decisión”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se resuelve el recurso de apelación en los siguientes términos:

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil - modificado por el Decreto 2282 de 1989, y derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, que rige a partir del 1º de enero de 2014 en los términos del numeral 6º) del artículo 627, cuya gradualidad para su implantación fue reglamentada por el Acuerdo PSAA13-10073 de 27 de diciembre de 2013 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura(1); que con relación a la aclaración, corrección y adición de las providencias, preceptúa:

“ART. 309.—Aclaración. ‘Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6º) del artículo 627’ ‘Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:’

La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

(...)” (se destaca).

La prohibición que tiene el juez en la norma transcrita de revocar o modificar su propia sentencia, no vulnera ninguna norma superior, por el contrario, protege la seguridad jurídica y permite el ejercicio de los controles y recursos que la ley procesal establece, pues solo frente a una decisión inmodificable tienen eficacia los pronunciamientos posteriores de las autoridades judiciales. De no ser así podrían presentarse situaciones anómalas como la que durante el término que tiene el funcionario o el ente judicial a quien corresponde decidir la apelación, la consulta, la casación, o la revisión de la sentencia, el juez que emitió el fallo objeto de uno de estos recursos, modifique o revoque su decisión, haciendo que las sentencias posteriores resulten inocuas. (C. Const. C-548 de oct. 30/97, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

La ley procesal exige una serie de condiciones que contribuyen a dotar de certeza las decisiones judiciales, como la obligación de motivar la sentencia, con lo cual se facilita, además, el control de la función jurisdiccional y la defensa de las pretensiones de las partes por medio de los recursos y acciones; la adecuación entre las pretensiones de las partes y el contenido de la sentencia, y la firmeza de la decisión, esto es, que a partir de determinado momento, ella sea inalterable. La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica.

El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del ordenamiento jurídico. Solo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función social. Por lo que las sentencias no solo vinculan a las partes y a las autoridades públicas; también el juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión, sin que pueda desconocerla argumentando su cambio de parecer retrotrayendo una etapa procesal, como en este caso, al decidir la nulidad de todo lo actuado solicitada por la señora Luz Marina Motta Manrique (fls. 353 al 361).

De la intervención de terceros —Coadyuvancia—

De otro lado, el 146 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998 y derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, cuya vigencia fue a partir del dos (2) de julio del año 2012; frente a la intervención de terceros o coadyuvancia en los procesos de simple nulidad, establece lo siguiente:

“ART. 146.—Intervención de terceros. ‘Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:’ ‘Subrogado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:’ En los procesos de simple nulidad cualquier persona podrá pedir que se lo tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o en única instancia.

En los procesos de nulidad y restablecimiento, el derecho a intervenir como parte coadyuvante o impugnadora se le reconocerá a quien en la oportunidad prevista en el inciso anterior demuestre interés directo en las resultas del proceso.

En los procesos contractuales y de reparación directa, la intervención de litisconsortes y de terceros se regirá por los artículos 50 ‘51, 52, 53, 54, 55, 56’ a 57 del Código de Procedimiento Civil. El Ministerio Público está facultado para solicitar la intervención de terceros eventualmente responsables.

El auto que acepta la solicitud de intervención en primera instancia será apelable en el efecto devolutivo ‘sic’ el que la niega, en el suspensivo y el que la resuelva en única instancia será susceptible del recurso ordinario de súplica.

En los procesos de desinvestidura de miembros de corporaciones de elección popular no se admitirá intervención de terceros.

(...)” (se destaca).

Dispone la normativa transcrita que en los procesos de simple nulidad (como lo es el presente), cualquier persona podrá pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnadora, hasta el vencimiento del término para alegar en la primera o única instancia, que en el caso bajo examen la solicitud presentada por parte del apoderado de la señora Luz Marina Motta Manrique, fue extemporánea, ya que presentó la solicitud el 7 de octubre de 2010 (fl. 281), cuando ya el Tribunal Administrativo del Huila había proferido sentencia en primera instancia — 16 de septiembre de 2010 (fls. 262 a 273), es decir, ya había vencido el término de que trata la norma arriba transcrita.

El papel que cumple el coadyuvante, como su nombre lo indica, se circunscribe a contribuir con argumentos para enriquecer los planteamientos de la demanda, no para adicionar nuevas pretensiones involucrando otras normas acusadas, menos aún para solicitar la nulidad de un proceso de nulidad simple cuando ya se ha dictado sentencia en primera instancia —artículo 142 del Código de Procedimiento Civil—.

Del litis consorcio necesario

Figura procesal que si bien no está regulada en el Código Contencioso Administrativo, por remisión expresa del artículo 267 ibídem, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que establece la existencia del litisconsorcio necesario cuando “el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos”. Norma frente a la cual, en el caso presente no se establece que exista una relación que se derive del acto acusado que permita inferir que su legalidad no pueda ser analizada sin la comparecencia de la señora Luz Marina Motta Manrique, toda vez que, el Código Contencioso Administrativo en el artículo 150 derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, cuya vigencia fue a partir del dos (2) de julio del año 2012; indica que son parte pasiva las entidades públicas o privadas que ejerzan funciones públicas, contra quienes se adelanten procesos contencioso administrativos o contra los actos que ellas expidan, con el siguiente tenor literal:

“ART. 150.—Notificación del auto admisorio de la demanda. ‘Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:’ ‘Ver notas del editor’ ‘Subrogado por el artículo 29 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:’ Las entidades públicas y las privadas que ejerzan funciones públicas son partes en todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los actos que expidan.

Por consiguiente, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará, por el mismo conducto, al notificado.

(...)”.

A su turno, el artículo 151 ibídem, preceptúa:

“ART. 151.—Comparecencia de las entidades públicas en los procesos contencioso administrativos. ‘Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:’ ‘Notas del editor’ ‘Subrogado expresamente por el artículo 30 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:’ Las entidades públicas deberán estar representadas mediante abogado titulado e inscrito en los procesos en que intervengan como demandantes, demandadas o terceros.

Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contencioso administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria o manifestación expresa en el momento de la notificación personal.

(...)” (se destaca).

Con fundamento en lo anterior se advierte que en los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción la parte pasiva estará determinada por la entidad que haya proferido el acto enjuiciado, representada mediante abogado titulado e inscrito, máxime cuando como en el caso presente, la acción incoada es la de simple nulidad.

Diferencias entre litisconsorcio necesario e intervención de terceros —coadyuvancia—

Los siguientes aspectos permiten diferenciar dentro de la acción de nulidad dirigida contra el acto administrativo, entre las figuras del litisconsorte necesario y de la intervención para coadyuvar o impugnar; “... la primera estará conformada exclusivamente por la(s) persona (no dependencias) pública(s) o privada(s) (con funciones públicas) que haya expresado la voluntad unilateral, concretada en el acto administrativo que se demanda; la segunda figura, de coadyuvantes o de impugnadores, se deriva del carácter público de la acción, y por ello puede intervenir toda persona que pretenda defender o impugnar la legalidad del acto”(2). De tal suerte que no es la temática reglamentada en los actos demandados, entiéndase contractual, laboral, como es el presente caso de prestaciones sociales —bonificación de dirección—, el parámetro para determinar la parte pasiva en la demanda pública de nulidad, sino la autoría del acto.

En otras palabras, en la acción de simple nulidad la intervención de terceros y coadyuvantes se deriva del carácter público de la acción y comprende a cualquier persona hasta el vencimiento de traslado para alegar, mientras que en el litisconsorcio necesario la parte pasiva es la entidad pública - entidad autora del acto.

Caso concreto

En el sub judice, el Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de 16 de septiembre de 2010 en acción de simple nulidad accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la Auditoría General de la República contra la Contraloría Departamental del Huila (fls. 262 a 273), el 7 de octubre de 2010 la señora Luz Marina Motta Manrique —quien para la época de los hechos fungió como contralora departamental y expidió el acto anulado— mediante apoderado, solicitó ser tenida como tercera interviniente en el proceso (fl. 281), frente a lo cual el a quo la rechazó por extemporánea (fls. 295 y 296) de conformidad con el artículo 146 del Código Contencioso Administrativo.

Contra el anterior proveído el apoderado de la señora Motta Manrique, interpuso recurso de reposición, y el tribunal lo negó y ordenó la expedición de copias para dar trámite al recurso de queja según lo dispone el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil (fls. 309 a 311).

Dentro del trámite de queja, en la sustentación del recurso la parte demandada solicitó la nulidad del proceso, y el Tribunal Administrativo del Huila mediante auto de 4 de septiembre de 2012, declaró la nulidad del proceso desde la sentencia de 16 de septiembre de 2010 y ordenó notificar la demanda a la señora Luz Marina Motta Manrique, en calidad de litisconsorte necesaria.

Como el juez de primera instancia ya había proferido sentencia, no podía revocarla ni reformarla de conformidad con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil con la solicitud de nulidad de todo lo actuado propuesta por la señora Luz Marina Motta Manrique máxime que la solicitud de la tercera interviniente formulada por la misma señora fue rechazada por extemporánea —artículo 146 del Código Contencioso Administrativo, por la potísima razón que se presentó después de cerrarse la etapa probatoria y preferirse sentencia en primera instancia —artículo 142 del Código de Procedimiento Civil.

De otro lado, aceptando en gracia de discusión el argumento del tribunal en el auto impugnado, en el sentido que es necesario vincular a la señora Motta Manrique al proceso como litisconsorcio necesario, no es de recibo procesalmente, toda vez que, esta figura no es propia de la acción pública de nulidad, ya que de conformidad con el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, son las entidades públicas que conforman las partes dentro de la presente acción.

Las anteriores razones son suficientes para revocar el auto impugnado y en su lugar disponer estarse a lo ordenado en la sentencia de 16 de septiembre de 2010 proferida por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto de 4 de septiembre de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo del Huila mediante el cual declaró la nulidad del proceso. En consecuencia se dispone:

ESTESE a lo dispuesto en la sentencia de 16 de septiembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila mediante la cual accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la Auditoría General de la República contra la contraloría departamental del Huila, que declaró la nulidad de la Resolución 588 de 22 de diciembre de 2003 expedida por la contraloría departamental del Huila.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(1)

FaseDistritosFecha
IManizales, Florencia, Montería, San Gil, Valledupar y San Andrés.Junio 3 de 2014
IIArmenia, Barranquilla, Arauca, Cali, Cúcuta, Medellín, Pamplona, Santa Rosa de Viterbo y Tunja.Octubre 1º de 2014
IIIAntioquia, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cartagena, Cundinamarca, Ibagué, Mocoa, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Villavicencio y Yopal.Diciembre 1º de 2015

(2) Sección Cuarta - sentencia de 25 de octubre de 2006, actor: Clara María González Zabala, Expediente 15338, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.