AUTO 2004-01096 DE NOVIEMBRE 19 DE 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 130012331000200401096 01

Rad.: 43161

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Johana Isabel Pérez y otros

Demandado: Nación - Presidencia de la República - Corporación Minuto de Dios y Diseños y Confecciones GOSCAR.

Ref. Recurso de apelación de auto. Reparación Directa.

Bogotá, D.C., diecinueve de noviembre de dos mil trece.

Decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la entidad llamada en garantía, Seguros Generales Suramericana S.A., contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el día 29 de abril de 2011, mediante el cual tuvo por no contestada la demanda por parte de la apelante por haberla presentado de manera extemporánea y se decretaron las pruebas solicitadas por la demandada, Corporación Minuto de Dios.

I. Antecedentes

1. La demanda y el trámite en primera instancia.

1.1. En escrito presentado el 17 de agosto de 2004, los señores Johana Isabel Pérez Ramos, María del Socorro Ramos Rodríguez, Arnulfo Pérez Peralta y Mónica Pérez Ramos, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo de Inversiones para la Paz - Programa Jóvenes en Acción - Red de Apoyo Social - Plan Colombia - Corporación Minuto de Dios - Diseños y Confecciones Goscar, con el fin de que se les declarara “administrativamente responsables por las lesiones personales y consecuencialmente las secuelas permanentes, sufridas por la señora Johana Pérez Ramos, en hechos acaecidos el día 16 de mayo de 2002, en la empresa Diseños y Confecciones Goscar de esta ciudad” (fls. 1-37, cdno. 1).

1.2. La entidad demandada, Corporación Minuto de Dios, solicitó llamar en garantía a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., en su escrito de contestación de la demanda el16 de julio de 2008 (fls. 107-130, cdno. ppal.).

1.3 En proveído del 17 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a la solicitud de la entidad demandada, Corporación Minuto de Dios, en los siguientes términos:

“Primero. Cítese a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., concédase un término de diez (10) días, para que comparezca al proceso. Para el efecto, notifíquesele personalmente de esta providencia, para lo cual se librará despacho comisorio, con los insertos del caso, al Tribunal Administrativo del Atlántico. (…)” (fls. 91-94, cdno. ppal.).

1.4. El 16 de septiembre de 2010, la entidad Seguros Generales Suramericana S.A., presentó escrito de contestación a la demanda y al llamamiento en garantía (fIs. 36-44, cdno. 1).

2. El auto apelado

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante auto a través del cual adicionó la providencia que abrió a pruebas el proceso, proferido el 29 de abril de 2011, resolvió lo siguiente:

“Adiciónese de oficio y en virtud de solicitud de parte presentada en escrito de fecha 24 de enero de 2011, por la entidad demandada Minuto de Dios, el auto de fecha 12 de enero de 2011, en el siguiente sentido:

1. Téngase por no contestada la demanda por parte de la entidad llamada en garantía, Seguros Generales Suramericana S.A., en consecuencia hágase caso omiso de las pruebas solicitadas en el escrito de contestación de la demanda. Toda vez que este último fue presentado extemporáneamente.

Lo anterior porque la entidad en comento, fue notificada el día 31 de agosto de 2010, habiéndosele otorgado el término de 10 días para contestar la demanda, vencido el mismo, el día 14 de septiembre de 2010 y el escrito fue radicado el 16 de septiembre del mismo año” (fls. 45-46, cdno. ppal.) (se resalta).

3. El recurso de apelación.

Contra la anterior decisión, la entidad llamada en garantía, Seguros Generales Suramericana S.A., interpuso recurso de apelación el 11 de mayo de 2011, con el fin de obtener su revocatoria y, en su lugar, se dé por contestada la demanda y se decreten las pruebas ahí solicitadas; como fundamento de su inconformidad argumentó lo siguiente:

“(…)

Es evidente que el despacho por error involuntario hace uso de dos procedimientos judiciales con el fin de notificar a mi representada, por un lado a través de despacho comisario, y por el otro, dando aplicación al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo, es decir, como si se tratara de una entidad privada que ejerciera funciones públicas y/o entidad del orden nacional, y afirmamos e insistimos que por error involuntario, dado que, se trata de un hecho notorio y por demás público que la compañía que represento esto es, Seguros Generales Suramericana S.A., es una sociedad comercial anónima de carácter privado, que se dedica a satisfacer las necesidades de seguros, capitalización y ahorro en el país, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que reposa en el expediente de la referencia.

(…)

La notificación personal no debió realizarse conforme a lo establecido en el inciso 2º del artículo 150 de nuestro Código Contencioso Administrativo, pero que la compañía que se pretendía notificar concurrió el despacho allegando tanto el poder otorgado a la suscrita, como la contestación de la demanda y el llamamiento en garantía del proceso de la referencia, configurándose de esta manera la llamada y sabida notificación por conducta concluyente, evento en el cual también debe entenderse contestada la misma dentro de término establecido por el despacho.

Por todo lo anterior elevamos a su honorable despacho las siguientes:

Revocar el numeral primero del auto de fecha: 29 de abril de 2011 y en su lugar se sirva emitir uno nuevo, por medio del cual se dé por contestada nuestra demanda y el llamamiento en garantía, decretando allí las pruebas solicitadas (…)” (fls. 56-65, cdno. ppal.).

4. En proveído del 26 de julio de 2011 el tribunal a quo concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad llamada en garantía, Seguros Generales Suramericana S.A., (fls. 65-69, cdno. ppal.) y mediante auto calendado el 8 de junio de 2012 se admitió el recurso de alzada ante esta corporación, en los siguientes términos:

“Como fácilmente se desprende de la lectura del auto impugnado, expedido el 29 de abril de 2011, a través de él se decidió tener por no contestada la demanda por parte de la entidad llamada en garantía “… y en consecuencia se hizo caso omiso de las pruebas solicitadas” en el escrito de contestación de la demanda…”, cuestión que, naturalmente, equivale a la negativa de las pruebas solicitadas por Seguros Generales Suramericana S.A., y, por ello, hay lugar a considerar que la providencia materia del recurso encuadra perfectamente en una de las hipótesis contempladas en el numeral 8º del transcrito artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.

A lo anterior se agregan los imperativos constitucionales que consagran tanto el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, como la prevalencia del derecho sustancial sobre el puramente adjetivo o formal, razón por la cual aún ante las dudas que pudieren surgir acerca de la procedencia, en el caso concreto que ahora se examina, del correspondiente recurso de alzada, igual habría que admitirlo para efectos de determinar, frente a la impugnación formulada, si la decisión del tribunal a quo en cuya virtud se prescindió de las pruebas solicitadas por la compañía llamada en garantía, se ajusta al ordenamiento vigente sobre la materia” (fls. 82-85, cdno. ppal.).

5. Mediante autos dictados los días 14 de septiembre de 2012, 8 de febrero y 7 de junio de 2013, proferidos por esta corporación, se requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar en varias ocasiones para que enviara documentos necesarios para decidir el recurso de apelación (fls. 87; 96-97 y 134-136, cdno. ppal.). Finalmente, luego de varios requerimientos por parte de la secretaría de esta Sección del Consejo de Estado, los documentos fueron allegados el día 22 de agosto de 2013 (fl. 143, cdno. ppal.).

II. Consideraciones

2.1. Competencia de este despacho para conocer del presente recurso de apelación.

Ab initio conviene advertir que la presente decisión va a preferirse por el magistrado ponente del proceso, de conformidad con las modificaciones que acerca de estos aspectos introdujo la Ley 1395 del 12 de junio de 2010, a cuyo tenor:

“ART. 61.—El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

“ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el. Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente” (se resalta).

Como se observa, la norma legal transcrita estableció una regla general para determinar, respecto de cualquier proceso cuya competencia se encuentre atribuida a los tribunales administrativos o al Consejo de Estado, independientemente de la actuación que se surta, en única, primera o segunda instancia, que las decisiones interlocutorias que deban proferir dichas corporaciones deberán adoptarse por conducto del respectivo magistrado ponente, salvo aquellas en las que se rechace la demanda, se resuelva sobre la suspensión provisional o se ponga fin al proceso, las cuales deberán adaptarse por la Sala.

En el presente caso se trata del auto por medio del cual se adicionaron dos numerales al auto que abrió a pruebas el proceso, en el cual se resolvió únicamente sobre las pruebas solicitadas y/o aportadas por la parte demandante y la entidad demandada, Corporación Minuto de Dios, pero nada decidió acerca de las pruebas requeridas y/o aportadas por la entidad llamada en garantía, Seguros Generales Suramericana S.A., en razón a que, según lo expuesto de manera expresa en el numeral 1º del auto antes mencionado, la contestación al llamamiento se habría presentado por fuera del término establecido para ello por la ley y, en consecuencia, se hizo “caso omiso” de las solicitudes probatorias de la mencionada entidad aseguradora.

Así pues, para el Tribunal de primera instancia no había lugar a decreto probatorio alguno respecto de las peticiones que en esa materia elevó la entidad llamada en garantía, puesto que, como se adujo, la solicitud probatoria no se presentó en tiempo, esto es que se realizó por fuera de la oportunidad prevista por el ordenamiento para estos efectos.

Para resolver el caso concreto, el despacho considera pertinente y necesario realizar una breves consideraciones acerca de los efectos de la omisión del operador judicial en pronunciarse sobre las pruebas solicitadas y aportadas por cualquiera de las partes, aspecto en relación con el cual esta corporación ha fijado su posición en los términos que se transcriben a continuación y que, naturalmente, ahora se reiteran:

“Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo reafirma la postura jurisprudencial que frente a situaciones similares ha desarrollado la Sección Tercera de la corporación, al puntualizar que la omisión de pronunciamiento en relación con el decreto y practica de pruebas oportunamente solicitadas no equivale a su denegatoria:

‘1. Respecto de la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de prueba documental.

El instrumento o medio probatorio cuyo decreto fue omitido por el tribunal, va dirigido a que esa corporación expida copia auténtica de la totalidad de las providencias por ella dictadas, entre el 1º de enero de 2006 y el 30 de marzo de 2007, negando recursos de apelación interpuestos contra sentencias de carácter laboral, así como los de reposición, y en subsidio expedición de copias, para recursos de queja contra dichas providencias.

Al respecto, en auto de ponente(1), esta corporación manifestó:

‘En efecto, el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, es claro al establecer que solo son apelables aquellos autos mediante los cuales se denieguen expresamente pruebas o los términos para su práctica, por consiguiente, no son susceptibles de este recurso los autos que las decreten o guarden silencio respecto de tales solicitudes probatorias, por la sencilla, pero suficiente razón, de que el omitir un pronunciamiento judicial no equivale a denegar el objeto sobre el cual debería recaer la respectiva decisión.

En el presente asunto, el tribunal a quo no efectuó pronunciamiento alguno respecto del decreto de una prueba pedida oportunamente —toda vez que guardó silencio respecto de la petición probatoria efectuada por la parte actora encaminada al decreto de los tres (3) testigos restantes—, razón por la cual resulta claro que con esa decisión no se denegó en forma expresa, ni implícita, el decreto de ese medio probatorio, sino que simplemente se guardó silencio acerca del mismo, por manera que al tenor del numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, dicho auto no resulta susceptible de ser apelado, cuestión que, por supuesto no libera al tribunal administrativo a quo del deber de adoptar una decisión expresa acerca del decreto o denegación de la prueba que le ha sido solicitada, determinación esta que solo en el caso de resultar adversa a los intereses del respectivo peticionario será pasible de los recursos que las normas legales consagran y regulan para esos específicos eventos’.

Por tanto, esta Sala no hará pronunciamiento alguno sobre la solicitud de este medio probatorio, en la medida [en] que el a quo guardó silencio siendo el competente para tal efecto, por lo que se devolverá el expediente al tribunal para que decida si es procedente o no tal petición’(2) (negrillas del original).

Destaca la Sala que la postura jurisprudencial que ahora se reafirma encuentra sólido fundamento en el aludido numeral 8º del artículo 181(3) del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto específico relaciona entre los apelables a aquellos autos que se dicten en primera instancia con el objeto de denegar la apertura a pruebas, denegar el señalamiento del término para la práctica de pruebas o denegar el decreto o la práctica de alguna prueba pedida oportunamente, por manera que quedan excluidas de dicho recurso las providencias que omiten decidir o simplemente guardan silencio acerca del decreto o la práctica de alguna prueba solicitada oportunamente, de lo cual se infiere que el peticionario mantendrá entonces en esos casos, como obvia garantía que deriva directamente del derecho fundamental al debido proceso y mientras no se haya clausurado la etapa probatoria, la posibilidad de requerir que se le resuelva su solicitud, sin que tal omisión le genere la carga preclusiva —con las consecuencias que ello significa— de tener que recurrir, con la observancia de los requisitos que la Ley establece para cada tipo de impugnación, una decisión judicial que sencillamente no se ha proferido, que no existe expresamente como tal en cuanto se trata de una omisión y que en cuanto hubiere obedecido a una simple inadvertencia podría superarse de manera fácil e incluso favorable mediante la posterior expedición de la decisión expresa que determine el decreto o la negativa de la(s) prueba(s) correspondiente(s).

Es más, una vez el juez de conocimiento, ante el requerimiento del sujeto procesal interesado para que se pronuncie en relación con uno o varios de los medios de prueba por él solicitados, puede arribar a la conclusión de que tales pruebas resultan procedentes y, por lo tanto, acceder a su decreto y consiguiente práctica, lo cual evidencia sin ambages, que aquel silencio del operador judicial no se traduce per se en la negativa de la prueba.

Agréguese a lo anterior que la evidente distinción que aquí se hace explícita entre la omisión de decisión sobre una o varias pruebas solicitadas, por oposición a la decisión expresa que consiste en negar el decreto o la práctica de una o varias pruebas pedidas, también comporta una valiosa garantía procesal tanto para el respectivo peticionario como, en general, para las partes del proceso; en primer lugar porque a partir de la existencia de una decisión expresa denegatoria de unas determinadas pruebas, dichas partes podrán tener claridad y seguridad suficientes acerca de la resolución proferida sobre esa específica solicitud.

En segundo lugar, porque esa claridad permitirá a todos los sujetos procesales —juez, partes, terceros intervinientes, ministerio público—, definir con precisión cuál o cuáles son los medios de impugnación procedentes para controvertir o pronunciarse frente a la decisión adoptada.

Y, en tercer lugar, porque si se asimilara la omisión de una decisión a la decisión denegatoria, con ello se impondría una carga excesiva al interesado —no prevista ni contemplada en el ordenamiento vigente— para que tuviere que recurrir una resolución que en realidad no conoce, que no se ha dictado dentro del proceso y respecto de la cual tampoco conoce —sencillamente porque no las hay— las motivaciones o razones que habrían llevado al juzgador a adoptar tal decisión negativa —apenas ficta o presunta—, cuestión que le cercenaría a la vez la posibilidad de cuestionar los argumentos del juez y de exponer mejores razones para que se pudiere reconsiderar dicha supuesta negativa, por lo cual además de forzarlo a interponer una impugnación improcedente se lo pondría en condición de desventaja para el cumplimiento de esa misma tarea.

En esa misma línea el Código de Procedimiento Civil, lejos de considerar que el silencio del juez acerca de la totalidad de las pruebas requeridas pudiere considerarse una decisión ficta o presunta de carácter negativo, susceptible de los recursos previstos en el ordenamiento, tipifica esa circunstancia, en el numeral 6º de su artículo 140(4), como una causal de nulidad procesal.

Oportuno resulta precisar que para que la decisión negativa se tenga por expresa lo realmente importante será que tal sentido se deduzca con claridad, sin ambigüedades, sin dificultades, sin esfuerzos interpretativos, del contenido mismo de la providencia, independientemente de aspectos puramente formales que lleven a encontrar ese sentido explícito tan solo en la parte considerativa o motiva del proveído o que incluso en su presentación puramente metodológica el auto en cuestión carezca de una parte resolutiva o apartado específico de resoluciones(5).

En primer lugar resulta importante aclarar que mientras por denegación ha de entenderse la decisión, expresa o tácita, consistente en no conceder o no acceder a una solicitud, la omisión, por el contrario, tiene lugar cuando el competente no se pronuncia o no decide acerca de una determinada petición, lo que en estricto rigor equivale a una abstención.

Así pues, para que haya denegación se requiere que haya una decisión, así sea implícita, que se deduzca con claridad de la parte motiva de la providencia aunque no aparezca de manera tangible o expresa en su parte resolutiva.

En línea con lo anterior, el despacho advierte que si bien el auto impugnado que ahora se examina no contiene en su parte resolutiva una decisión expresa denegando las pruebas pedidas por la entidad llamada en garantía en su escrito de contestación, lo cierto es que del examen integral del mismo se desprende con claridad que en realidad a través de ese proveído se denegaron las pruebas solicitadas por la entidad llamada en garantía, comoquiera que la abstención que se podría identificar en ese caso no corresponde a una falta de decisión inadvertida, inmotivada o resultante del silencio que se hubiere guardado sin razón, sino que, por el contrario, obedeció a unas circunstancias de hecho y de derecho que llevaron al tribunal a tomar la determinación de que esos medios probatorios no podrían ser decretados por considerar que habían sido solicitados por fuera del tiempo previsto en la ley para ello.

Al respecto, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 183 establece con precisión que las pruebas que acompañan los escritos de contestación del llamamiento en garantía para que sean apreciadas por el juez deberán solicitarse y/o aportarse durante el plazo señalado para ello, esto es, según el artículo 56 del Código de Procedimiento Civil, cuando haya vencido el plazo para comparecer al proceso.

En el sub examine el tribunal de primera instancia consideró que como el escrito de contestación habría sido presentado por fuera del aludido término legal y que, por tanto, debía tenerse corno extemporáneo, no había lugar al decreto de pruebas, cuestión que permite entender con claridad que tales solicitudes probatorias fueron realmente denegadas en razón de su supuesta extemporaneidad.

Adicional a lo anterior se tiene que dichas consideraciones fueron consignadas de manera expresa en la providencia que adicionó el auto de pruebas, lo que permite concluir que en realidad sí hubo un pronunciamiento denegatorio acerca de las pruebas pedidas por la entidad llamada en garantía, cuestión que se reafirma si se tiene en cuenta que al conceder el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante esta corporación, el tribunal a quo lo hizo con fundamento en la denegatoria de pruebas.

En consecuencia, el despacho considera trascendental que esta corporación se pronuncie, tanto en relación con la oportunidad en que se presentó la contestación del llamamiento en garantía, como en relación con las pruebas aportadas y solicitadas por la entidad llamada en garantía, a través de su aludido escrito.

Así las cosas —bueno es reiterarlo— con el fin de garantizar la efectividad del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho de acceso a la administración de justicia y de la prevalencia del derecho sustancial, el despacho procederá a estudiar, en esta oportunidad, el escrito presentado por la entidad llamada en garantía en cuanto, como se verá a continuación, la notificación se realizó de forma indebida.

2.2. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar si la notificación del auto que dispuso el llamamiento en garantía se hizo de conformidad con el ordenamiento jurídico, con el fin de establecer, finalmente, si el escrito mediante el cual se contestó el llamamiento se presentó en tiempo.

2.2.1. Naturaleza e importancia de las notificaciones.

El termino notificar, en el sentido más simple, hace referencia a “hacer saber”, vocablo que en el ámbito jurídico alude directamente a la obligación que impone el ordenamiento de comunicar a las partes o a los terceros interesados para intervenir en determinado proceso, el sentido y/o contenido de una decisión, lo anterior con el propósito de dar aplicación al principio constitucional de publicidad, de lo cual depende generalmente la afectividad del debido proceso, en cuanto a partir de ese conocimiento los interesados suelen contar con la oportunidad de controvertir la decisión que se ha adoptado.

Así pues, mediante las notificaciones se logra la concreción del principio de publicidad, el cual supone el conocimiento de los actos emanados de los órganos y autoridades estatales, con el propósito de otorgar certeza y seguridad a las personas acerca de la existencia y el contenido de las decisiones por ellos adoptadas, instituyéndose este principio en el presupuesto básico de la vigencia y la oponibilidad contra dichos mandatos, mediante los instrumentos creados para tal fin(6).

Al respecto, la Corte Constitucional ha puntualizado:

“(…) las decisiones que adopte la administración en cuya virtud se afecte a una o varias personas en concreto deben ser cierta y oportunamente notificadas a estas, tal como lo disponen las normas legales correspondientes (…)

(…) Desde el punto de vista constitucional importa dejar en claro que la notificación, entendida como el conocimiento formal del administrado o de quien es parte o interviniente en un proceso judicial, sobre el contenido de las providencias que se adoptan por el juez o de los actos administrativos que lo afectan, tiene por fundamento específico la garantía del derecho de defensa, aspecto esencial del debido proceso, exigible en todas las actuaciones judiciales y administrativas, como lo impone el artículo 29 de la Carta (…)

(…) La notificación en debida forma asegura que la persona a quien concierne una determinación se halla enterada de su sentido y define simultáneamente —con fecha cierta— en qué momento ha tenido lugar la transmisión oficial de la respectiva información. Se asegura, entonces, no solamente que, conocida la decisión de que se trata, podrá el afectado hacer uso de los medios jurídicamente idóneos para la salvaguarda de sus intereses, sino que se preserva la continuidad del trámite judicial o administrativo correspondiente, pues la fecha de la notificación define los términos preclusivos dentro de los cuales podrá el notificado ejecutar los actos a su cargo. Resultan, por tanto, realizados el valor de la seguridad jurídica y los principios procesales de celeridad y economía (…)

(…) La falta probada de notificación, en especial la de aquéllos actos o providencias que tocan con derechos de quienes participan en el proceso o actuación, repercute necesariamente en las posibilidades de defensa de tales personas y perturba en alto grado el curso normal de los procedimientos, dando lugar por ello, en algunos casos, a la nulidad de lo actuado, y en otros a la ineficacia o carencia de efectos jurídicos de los actos que han debido ser materia de la notificación. Todo depende de las normas legales aplicables, según la clase de trámite (…)

(…) De todas maneras, de las exigencias constitucionales del debido proceso se deriva que ni los jueces ni fa administración pública pueden actuar de espaldas a los interesados, ni fundar sus decisiones sobre la base de la ignorancia de ellos en tomo a las decisiones que adoptan (…)”(7)

La falta de notificación o la notificación irregular además de constituir una violación al principio de publicidad y al derecho de defensa, genera la nulidad de lo actuado en unos casos y, en otros, la ineficacia o carencia de efectos de los actos jurídicos que han debido ser materia de notificación(8).

2.2.2. Forma de notificar el auto por medio del cual se acepta el llamamiento en garantía.

En el presente asunto se impugna el auto del 29 de abril de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda por parte de la entidad llamada en garantía y, en consecuencia, no se decretaron las pruebas aportadas y solicitadas por la misma.

Como ya se indicó, la razón determinante que llevó al tribunal a quo a no decretar las pruebas solicitadas, obedeció a la conclusión a la que arribó esa corporación en el sentido de considerar que el llamamiento en garantía se habría contestado por fuera del término legal previsto para ello o, lo que es lo mismo, que el llamamiento no fue contestado.

Respecto del término para dar respuesta al llamamiento, el Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

“ART. 57.—Llamamiento en garantía. (…). El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores.

“ART. 56.—Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable” (se resalta).

Aunado a lo anterior, el mismo artículo 56 en su segundo inciso señala la forma de citar al denunciado en los siguientes términos:

“La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, (…). El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer” (se resalta).

Al respecto, en virtud del principio de prevalencia de la norma especial sobre la general, dado que en el Código Contencioso Administrativo está regulado el tema de la notificación del auto admisorio de la demanda respecto de los procesos que se ventilan ante esta jurisdicción, la remisión a la que alude el citado artículo 56 del Código de Procedimiento Civil debe ejecutarse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

En este sentido, el artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, dispone:

"ART. 207.—Auto admisorio de la demanda.

Recibida la demanda y efectuado el reparto, si aquella reúne los requisitos legales, el ponente debe admitirla y además disponer lo siguiente:

1. Que se notifique al representante legal de la entidad demandada, o a su delegado, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo.

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público.

3. Que se notifique personalmente a la persona o personas que, según la demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso. Si no fuere posible hacerles la notificación personal en el término de cinco (5) días, contados desde el siguiente a aquel en que el interesado haga el depósito que prescribe esta disposición, sin necesidad de orden especial, se las emplazará por edicto para que en el término de cinco (5) días se presenten a notificarse del auto admisorio de la demanda. El edicto determinará, con toda claridad, el asunto de que se trate, se fijará en la secretaría durante el término indicado y se publicará dos (2) veces en días distintos dentro del mismo lapso en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso. El edicto y las publicaciones se agregarán al expediente. Copia del edicto se enviará por correo certificado a la dirección indicada en la demanda y a la que figure en el directorio telefónico del lugar, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

Si la persona emplazada no compareciera al proceso, se le designará curador ad litem para que la represente en él.

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente.

5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven.

6. Que se solicite al correspondiente funcionario el envío de los antecedentes administrativos, dentro del término que al efecto se le señale. El desacato a esta solicitud o la inobservancia del plazo indicado constituye falta disciplinaria.

Cuando se pida la suspensión provisional, esta se resolverá en el auto que admita la demanda, el cual debe ser proferido por la Sala, Sección o Subsección y contra este auto solo procede, en los procesos de única instancia, el recurso de reposición y, en los de primera instancia, el de apelación.

Por su parte, el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, determina:

“ART. 150.—Notificación del auto admisorio de la demanda. Las entidades públicas y las privadas que ejerzan funciones públicas son partes en todos los procesos contencioso administrativos que se adelanten contra ellas o contra los actos que expidan. Por consiguiente, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no se encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, esta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y del auto admisorio y de aviso que enviará, por el mismo conducto, al notificado.

En los asuntos del orden nacional que se tramiten en tribunal distinto al de Cundinamarca, la notificación a los representantes legales debe hacerse por conducto del correspondiente funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeñe funciones a nivel seccional o, en su defecto, por medio del gobernador, intendente o comisario, quien deberá, el día siguiente al de la notificación, comunicarla al representante de la entidad. El incumplimiento de esta disposición constituye falta disciplinaria.

Cuando la notificación se efectúe de conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior, después de cinco (5) días de la fecha de la correspondiente diligencia, se entenderá surtida para todos los efectos legales, la notificación.

En el expediente se dejará constancia de estos hechos, en diligencia que deberán suscribir el notificador y el empleado que lo reciba”.

De las anteriores disposiciones se encuentra que el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, se aplica cuando se trata de la notificación del auto admisorio a las entidades públicas y a los entes privados siempre y cuando ejerzan funciones públicas, mientras que cuando se pretende realizar la misma actuación en relación con los demás interesados de naturaleza particular, esta corporación ha venido aplicando el numeral 3º del aludido artículo 207 del Código Contencioso Administrativo.

En este orden de ideas, al analizar el mencionado numeral 3º se encuentra que se hace referencia expresa a la necesidad de efectuar la notificación personal a los demás interesados. En este sentido, en la medida en que el Código Contencioso Administrativo no contiene regulación expresa acerca de cómo debe efectuarse la notificación personal, debe acudirse a la aplicación del artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:

“ART. 315.—Practica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así:

1. La parte interesada solicitará al secretario que se efectué la notificación y este sin necesidad de auto que lo ordene, remitirá en un plazo máximo de cinco (5) días una comunicación a quien debe ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones, en la que informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que se debe notificar, previniéndolo para que comparezca al juzgado, a recibir notificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su entrega en el lugar de destino. Cuando la comunicación deba ser entregada en municipio distinto al de la sede del juzgado, el término para comparecer será de diez (10) días; si fuere en el exterior, el término será de treinta (30) días.

En el evento de que el secretario no envíe la comunicación en el término señalado, la comunicación podrá ser remitida directamente, por la parte interesada en que se efectúe la notificación. Si fueren remitidas ambas comunicaciones, para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la primera que haya sido entregada.

Dicha comunicación deberá ser enviada a la dirección que le hubiere sido informada al juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente. Si se trata de persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se remitirá a la dirección que aparezca registrada en la Cámara de Comercio o en la oficina que haga sus veces.

Una copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser incorporada al expediente.

2. Si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia, previa su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá acta en la que se expresará la fecha en que se practique, el nombre del notificado y la providencia que se notifica, acta que deberá firmarse por aquél y el empleado que haga la notificación. Al notificado no se le admitirán otras manifestaciones que la de asentimiento a lo resuelto, la convalidación de lo actuado, el nombramiento prevenido en la providencia y la interposición de los recursos de apelación y casación.

Si el notificado no sabe, no quiere o no puede firmar, el notificador expresará esa circunstancia en el acta; el informe del notificador se considerará rendido bajo juramento, que se entenderá prestado con su firma.

3. Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada y el interesado allegue al proceso la copia de la comunicación y tal constancia de su entrega en el lugar de destino, el secretario, sin necesidad de auto que lo ordene, procederá en forma inmediata a practicar la notificación por aviso en la forma establecida en el artículo 320.

4. Si la comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone el artículo 318.

PAR.—Para efectos de las notificaciones personales, los comerciantes inscritos en el registro mercantil y las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Colombia, deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la oficina de registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones judiciales. Con el mismo propósito deberán registrar, además, una dirección electrónica si se registran varias direcciones, el trámite de la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas”.

En el presente caso, el tribunal de primera instancia pretendió notificar a la entidad llamada en garantía dando aplicación al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, norma que, según se anotó, establece la manera en la cual deben ser notificadas del auto admisorio de la demanda las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas, requisito que en el sub examine no aplica, comoquiera que la llamada en garantía es una empresa privada de carácter comercial.

En línea con lo anterior, resulta claro que al no tratarse de una entidad pública o privada con funciones públicas, la forma correcta de notificar a la entidad llamada en garantía no podía ser sino la de efectuar la actuación prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, esto es remitiéndole por medio de una oficina postal autorizada, una comunicación con la información del proceso para que en el término de 10 días, contados a partir del momento de la recepción del correo, compareciera al proceso, esto dado que la dirección de notificaciones judiciales registrada por la aludida entidad ante la Cámara de Comercio obrante en el expediente y la dirección suministrada por el llamante corresponde al distrito de Barranquilla, esto es por fuera de la sede del tribunal a quo.

Observa el despacho que la notificación que se pretendió realizar el 31 de agosto de 2010 resultó indebida, comoquiera que se hizo de conformidad con el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, como si se tratara de notificar a una entidad pública o a una privada con funciones públicas, cuando en realidad a quien se intentaba notificar era a una compañía privada con funciones comerciales, razón por la cual el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo no sería el aplicable sino el 207 del Código Contencioso Administrativo, que a su vez se complementa con el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil en cuanto regula las notificaciones personales a particulares.

En consecuencia y comoquiera que la providencia que resolvió llamar en garantía a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., ahora Seguros Generales Suramericana S.A., se notificó de forma indebida, el despacho estima imperativo concluir que la notificación, finalmente, se efectuó en los términos del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, esto es por conducta concluyente(9) el día en que se presentó el escrito mediante el cual se contestó la demanda y el llamamiento en garantía.

Por otra parte, el despacho advierte que pese a que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó librar despacho comisario al Tribunal Administrativo del Atlántico para que hiciera la notificación personal a la entidad llamada en garantía (fl. 94, Cdno. Principal.) y que la apoderada de la parte apelante, Seguros Generales Suramericana S.A., aseguró que la notificación en estos términos ocurrió el 14 de diciembre de 2010 (fls. 55-36, Cdno. Principal), lo cierto es que no hay prueba de ello, comoquiera que el presunto despacho comisorio no fue allegado dentro de las piezas procesales remitidas a esta corporación para surtir la impugnación en la medida en que resulta claro y evidente que para el tribunal a quo la notificación del auto admisorio de la demanda fue aquella que se tramitó con sujeción al artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, —esto es el 31 de agosto de 2010— y, con base en esa notificación obrante a folio 56 del cuaderno principal, se resolvió no tener en cuenta la aludida contestación por considerarla extemporánea.

En consecuencia, se debe revocar el aparte del auto del Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto hizo alusión a la extemporaneidad de tal contestación.

En este sentido, entonces, debe indicarse que el tribunal a quo debió tener por contestado el llamamiento en garantía y además debió hacer el análisis pertinente acerca de la procedencia, pertinencia y utilidad de las pruebas aportadas y/o solicitadas por la llamada en garantía.

De manera que el despacho revocará la providencia impugnada en punto a la definición de la presentación del escrito de contestación del llamamiento en garantía por fuera del término legal y, en su lugar, lo tendrá por contestado.

De igual forma, dado que el tribunal de primera instancia, como consecuencia de haber tenido por no contestado el llamamiento en garantía, denegó el decreto de los medios probatorios aportados y/o solicitados por dicha sociedad, bajo el entendido que fueron solicitadas de manera extemporánea, el despacho procederá a realizar el aludido estudio probatorio.

3. Pruebas.

Al Despacho le corresponde realizar un análisis estricto de las pruebas solicitadas o aportadas por la entidad llamada en garantía, tanto en relación con la oportunidad, como acerca de la conducencia(10), la pertinencia (11) y la utilidad(12) de las mismas, para efectos de rechazar in limine aquellas que sean prohibidas por la ley o denegar las que se revelen no idóneas o que no estén encaminadas a demostrar los hechos que se pretende demostrar.

En ese orden de ideas, debe el despacho determinar la procedencia, o no, de los medios probatorios solicitados por la entidad llamada en garantía.

Seguros Generales Suramericana, en su escrito de contestación, pidió el decreto de las siguientes pruebas:

“Pruebas de la demanda principal.

Reconocimiento de documentos:

Solicito al despacho la ratificación del contenido de los documentos aportados por el demandante, emanados de terceros de acuerdo a lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.

Interrogatorio de parte:

Solicito al despacho se sirva citar a los demandantes, para que absuelvan el interrogatorio de parte que en forma verbal o escrita con la presentación previa del cuestionario, les formularé.

Pruebas del llamamiento en garantía.

Oficios:

1. Solicito al despacho oficiar a la Compañía Suramericana de Seguros S.A. en la carrera 56 Nº 75-168 de Barranquilla para que certifique si entre dicha compañía y el departamento administrativo de la presidencia fondo de inversión para la paz se suscribió la póliza 0123409-7.

2. Solicito al despacho se oficie a Seguros de Vida Suramericana S.A. en la carrera 56 Nº 75-168 de Barranquilla, para que adjunte copia de las condiciones generales y particulares de la póliza 0123409-7 póliza colectiva de seguro contra accidentes personales”.

3.1. Ratificación de documentos emanados de terceros.

En relación con la primera prueba solicitada por la entidad llamada en garantía, tendiente a ratificar los documentos emanados de terceros allegados con la demanda, el despacho estima conveniente hacer algunas consideraciones previas.

El artículo 277 del Código de Procedimiento Civil establece que los documentos privados emanados de terceros de contenido declarativo serán apreciados por el juez sin necesidad de ser ratificados, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.

Al respecto, la doctrina ha precisado lo siguiente:

“‘(…) documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera; puede ser declarativo representativo, cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como es el caso de los escritos públicos o privados y de los discos y cintas de grabaciones magnetofónicas; puede ser únicamente representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros, radiografías dibujos y fotografías. Pero siempre es representativo y esto lo distingue de las cosas u objetos que sin ser documentos pueden servir de prueba indiciaria, como una huella, un arma, una herida etc.’(13).

Ahora bien, téngase en cuenta que en ciertos casos el documento puede tener además contenido dispositivo si da cuenta de una declaración de voluntad con efectos jurídicos, como sería, para citar dos ejemplos, el testamento, otorgar un pagaré o reconocer la paternidad de un hijo”(14).

En línea con lo anterior, se tiene que los documentos susceptibles de ratificación son aquellos que pueden tener un significado testimonial o confesorio(15), esto es, los de naturaleza declarativa con los cuales se pretende expresar lo que se sabe o se conoce o, lo que es lo mismo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un supuesto fáctico. Así las cosas, dado que los documentos declarativos contienen la razón de ciencia sobre algún suceso, se prevé la posibilidad de que la parte contra la cual se aduzcan dichos documentos solicite su ratificación con el fin de obtener certeza acerca de las circunstancias que tuvieron lugar al momento de su expedición e incluso su veracidad.

Contrario sensu se tiene que los documentos de naturaleza dispositiva(16)o simplemente representativa no requieren de ratificación y pueden ser apreciados por el juez en tanto sean auténticos.

En cuanto a la forma como debe practicarse la ratificación de documentos emanados de terceros, la norma no dice de manera expresa nada al respecto. En estos casos, la doctrina —interpretación que acoge este despacho— ha señalado que debe acudirse al artículo 229(17)del Código de Procedimiento Civil “donde se prevé que se hará citando al tercero a rendir testimonio”(18).

En consecuencia, dado que los documentos de contenido declarativo se asimilan al testimonio en el sentido de que contienen una manifestación de algo que se sabe o se conoce, el trámite de ratificación de documentos provenientes de terceros deberá hacerse como la del testimonio recibido por fuera del proceso.

Ahora bien, los documentos emanados de terceros allegados con la demanda y a su vez enumerados en el capítulo de pruebas del mismo escrito son los siguientes:

“(…)

4. Parte de la historia clínica - Hospital Bocagrande, de fecha 16 de mayo de 2002.

5. Evaluaciones médicas - Hospital Bocagrande S.A.

6. Control de signos vitales - Hospital Bocagrande S.A.

7. Órdenes médicas - Hospital Bocagrande S.A.

8. Notas de enfermería - Hospital Bocagrande S.A.

9. Control para la administración de medicamentos - Hospital Bocagrande S.A., departamento de enfermería.

10. Factura de compra de drogas, Farmacia Avenida, de fecha 16 de mayo de 2002.

11. Receta fechada 17-05-02 - Hospital Bocagrande S.A.

12. Receta 31-05-02 de la Dra. Carmen Judith Herrera.

13. Incapacidad de fecha 16-05-02, de la Dra. Carmen Judith Herrera.

14. Receta de fecha 16-05-02 - Hospital Bocagrande S.A.

15. Factura de compra de drogas de fecha 17-05-02, Farmacia Avenida.

16. Factura de compra de drogas de fecha 24-05-02, Farmacia Avenida.

17. Receta del 24-05-02 de la Dra. Carmen Judith Herrera.

18. Programación de cirugía para la fecha 14-06-02, expedida por el Dr. Jairo Burgos Varela.

19. Receta de fecha 14-06-02 - Hospital Bocagrande S.A.

20. Incapacidad de fecha 17 de junio de 2002 expedida por el Dr. Jairo Burgos Varela

(…)”

De los documentos mencionados anteriormente, para el despacho tienen naturaleza declarativa aquellos relacionados en los numerales 4º, 5º, 7º, 8º, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 porque contienen declaraciones de quienes los crean, otorgan o suscriben, a lo cual se agrega que se trata de medios probatorios que satisfacen las exigencias de pertinencia, conducencia y utilidad, comoquiera que enriquecen el debate jurídico, constituyen medios aptos para demostrar las circunstancias fácticas y versan sobre hechos referidos al objeto del proceso. Por consiguiente, el despacho accederá al decreto de su ratificación.

Los demás documentos por ser de naturaleza dispositiva o representativa no son objeto de ratificación y por lo tanto se negará el decreto de los documentos que fueron reseñados anteriormente en los numerales 6º, 9º, 10, 15 y 16.

3.2. Solicitud de oficiar a la entidad que representa.

Por otro lado, respecto de la solicitud de que se libre oficio a la misma compañía Suramericana de Seguros S.A., “para que certifique si entre dicha compañía y el departamento administrativo de la presidencia fondo de inversión para la paz se suscribió la póliza 0123409-7”, el despacho denegará el decreto de tal medio de prueba, bajo el entendido de que la compañía Suramericana de Seguros S.A., cambió su razón social por la de Seguros Generales Suramericana S.A. —entidad que respondió el llamamiento en garantía—, mediante Escritura Pública 0822 del 13 de mayo de 2009 de la Notaria 14 de Medellín y no resulta procedente oficiar a un determinado sujeto procesal por petición de su propio apoderado cuando, es claro que constituye responsabilidad de las partes allegar los documentos que reposen en sus archivos, tendientes a acreditar los supuestos fácticos de la demanda o su contestación.

Para el despacho resulta reprochable que la apoderada judicial de la entidad llamada en garantía en su escrito de contestación a la demanda y al llamamiento en garantía haya solicitado que se le requiera a la misma entidad que representa para efectos de que ella misma certifique si suscribió una póliza, comoquiera que, se reitera, era su responsabilidad aportar los documentos que tuviera en su poder y que pretendía hacer valer como prueba.

En consecuencia se denegará la prueba relacionada con el certificado requerido por la entidad llamada en garantía.

3.3. Interrogatorio de parte y oficio a Seguros de Vida Suramericana S.A.

Ahora bien, en relación con i) el interrogatorio de la parte demandante solicitado en el acápite de pruebas de la demanda inicial y ii) la solicitud de oficiar a Seguros de Vida Suramericana S.A., elevada en el acápite de pruebas del llamamiento en garantía, el despacho observa que hay lugar al decreto de los mencionados medios probatorios, toda vez que cumplen con los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia.

Son útiles por cuanto sirven para enriquecer el debate jurídico, puesto que se trata de la acreditación de los supuestos de hecho y de derecho que se plantean en la demanda y el llamamiento en garantía, al tiempo que resultan necesarios para formar el convencimiento del juez acerca de las cuestiones fácticas planteadas en la litis.

Son conducentes en cuanto constituyen medios aptos para demostrar las circunstancias fácticas alegadas en la contestación de la demanda y no están legalmente prohibidos.

Y son pertinentes, comoquiera que versan sobre hechos que conciernen al debate litigioso y están referidos al objeto del proceso, el cual radica en determinar la responsabilidad del Estado y de Seguros Generales Suramericana S.A., en relación con los perjuicios causados a la señora Johana Isabel Pérez Ramos y sus familiares.

Por estas razones resulta procedente que se cuente con los medios probatorios que permitan esclarecer la responsabilidad que pueda llegar a tener la entidad llamada en garantía y sirva para definir si hay lugar o no a acceder al reconocimiento de las pretensiones incoadas en la demanda.

Así pues, en cuanto se tiene definido que el escrito de contestación se presentó en tiempo y por consiguiente también fueron oportunamente solicitadas las pruebas aportadas y/o pedidas en el mismo, a lo cual se agrega que se trata de medios probatorios que satisfacen las exigencias de pertinencia, conducencia y utilidad, el despacho accederá a su decreto.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. REVÓCASE el numeral 1º del auto del 29 de abril de 2011 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar en cuanto se refirió a la extemporaneidad del escrito de contestación presentado por la sociedad llamada en garantía y, por consiguiente, téngase por contestado en tiempo.

2. En consecuencia, ADICIÓNANSE los siguientes numerales en la parte resolutiva del auto de pruebas del 29 de abril de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar:

“3. Pruebas solicitadas por la entidad llamada en garantía, compañía Suramericana de Seguros S.A., ahora Seguros Generales Suramericana S.A.:

3.1. DECRÉTASE la ratificación de los siguientes documentos por parte de las personas que los suscribieron:

4. Parte de la historia clínica - Hospital Bocagrande, de fecha 16 de mayo de 2002.

5. Evaluaciones médicas - Hospital Bocagrande S.A.

7. Órdenes médicas - Hospital Bocagrande S.A.

8. Notas de enfermería - Hospital Bocagrande S.A.

11. Receta fechada 17-05-02 - Hospital Bocagrande S.A.

12. Receta 31-05-02 de la Dra. Carmen Judith Herrera.

13. Incapacidad de fecha 16-05-02, de la Dra. Carmen Judith Herrera.

14. Receta de fecha 16-05-02 - Hospital Bocagrande S.A.

17. Receta del 24-05-02 de la Dra. Carmen Judith Herrera.

18. Programación de cirugía para la fecha 14-06-02, expedida por el Dr. Jairo Burgos Varela.

19. Receta de fecha 14-06-02 - Hospital Bocagrande S.A.

20. Incapacidad de fecha 17 de junio de 2002 expedida por el Dr. Jairo Burgos Varela.

3.2. NIÉGASE la ratificación de los siguientes documentos:

6. Control de signos vitales - Hospital Bocagrande.

9. Control para la administración de medicamentos - Hospital Bocagrande S.A. departamento de enfermería.

10. Factura de compra de drogas, Farmacia Avenida, de fecha 16 de mayo de 2002.

15. Factura de compra de drogas de fecha 17-05-02, Farmacia Avenida.

16. Factura de compra de drogas de fecha 24-05-02, Farmacia Avenida.

3.3. CÍTESE a los demandantes para que absuelvan el interrogatorio de parte que en forma verbal o escrita formulará la entidad llamada en garantía.

3.4. NIÉGASE oficiar a la compañía Suramericana de Seguros S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3.5. Por secretaría de la Sección, OFÍCIESE a Seguros de Vida Suramericana S.A., para que remita, con destino a este proceso, copia de las condiciones generales y particulares de la póliza 0123409-7 póliza colectiva de seguro contra accidentes personales.

3. El Tribunal Administrativo de Bolívar será el encargado de realizar las labores pertinentes para la efectiva práctica y recaudo de los medios probatorios decretados en esta providencia, para cuyo efecto fijará las fechas y horas en que se llevarán a cabo las diligencias respectivas, ordenará las citaciones a que haya lugar, por secretaría emitirá los oficios que deban enviarse, etc.

4. Ejecutoriado este auto, envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrado: Mauricio Fajardo Gómez

(1) Nota tomada del texto original que se transcribe: “Expediente 37575. Auto de 11 de diciembre de 2009”.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, Exp. 37.709. M.P. Enrique Gil Botero.

(3) Así reza el citado numeral 8º del artículo 181 del Código Contencioso Administrativo, norma legal vigente para la fecha en la cual se inició el presente proceso de pérdida de investidura:

“ART. 181.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales, de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:

(…)

8.—El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica" (se deja resaltado).

En la misma línea se encuentra el numeral 9º del artículo 243 de la ya vigente Ley 1437, expedida en el año 2011, a cuyo tenor:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(…)

9.—El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente”.

(4) El siguiente es el texto del numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil:

“ART. 140.—Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

6. —Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión” (se deja resaltado).

Por su parte el Código General del Proceso, contenido en la Ley 1564 y el Decreto de correcciones 1736 de 2012, regula la misma materia en los siguientes términos:

“ART. 133.—Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

(…)

5.—Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria” (el resaltado no es del texto original).

(5) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Mauricio fajardo Gómez. Sentencia del 16 de octubre de 2012. Radicación 110010315000201200690-00.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-957 de 1999. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Corte Constitucional. Sentencias T-099 de 1995 M.P. José Gregario Hernández y T-238 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(8) Tratándose de los procesos judiciales la falta de notificación implica la nulidad de lo actuado (CPC, art. 140) y respecto de las actuaciones administrativas la inoponibilidad (CCA, art. 48).

(9) “ART. 330.—Notificación por conducta concluyente. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.

Cuando una parte retire el expediente de la secretaría en los casos autorizados por la ley, se entenderá notificada desde el vencimiento del término para su devolución, de todas las providencias que aparezcan en aquel y que por cualquier motivo no le hayan sido notificadas.

Cuando el escrito en que se otorgue poder a un abogado se presente en el juzgado de conocimiento se entenderá surtida la notificación por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado, inclusive el auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el día en que se notifique el auto que reconoce personería, a menos que la notificación se haya surtido con anterioridad.

Cuando se decrete la nulidad por indebida notificación de una providencia, esta se entenderá surtida por conducta concluyente al día siguiente de la ejecutoria del auto que la decretó o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior” (se resalta).

(10) La doctrina ha definido la conducencia en los siguientes términos: “El concepto de inconducencia de la prueba se recoge en la primera parte del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, donde se advierte que el juez puede rechazar de plano pruebas ‘legalmente prohibidas o ineficaces’, de ahí que la conducencia tenga directa relación con la eficacia de la prueba, porque la prueba inconducente será siempre ineficaz, dado que en mi opinión la expresión ‘legalmente prohibida’ queda subsumida dentro de uno de los eventos de ineficacia por ser verdad de perogrullo que lo legalmente prohibido es ineficaz. Será, entonces, ineficaz la prueba inconducente por no constituir un medio apto para efectos de demostrar ciertos hechos”. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 3. Segunda edición. Ediciones Dupré. Bogotá, D.C. 2008. Págs. 71-72.

(11) La doctrina así lo ha definido: “El concepto de pertinencia, igualmente recogido en el arto 178 del Código de Procedimiento Civil, se explica advirtiendo que de acuerdo con el respectivo caso las pruebas, así sean conducentes, o sea que el medio es apto para demostrar el hecho que se quiere establecer, deben estar referidas al objeto del proceso y versar sobre hechos que conciernan con el debate, porque si nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia.

En la impertinencia, la prueba es conducente porque la ley no la prohíbe ni exige un particular medio especial, empero, nada aporta al objeto de la litis, tal como sucedería con la solicitud de pruebas acerca de un hecho que resulta inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso, como sería el caso de solicitar unas declaraciones para establecer la buena conducta de una de las partes cuando el debate es por entero ajeno a esa circunstancia, porque de lo que se trata es de probar una excepción de pago. Ibídem.

(12) “Se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva.

En este evento se parte del supuesto de que la prueba es conducente y pertinente pero, no obstante lo anterior, deja de ser útil por entrar al campo de lo que el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, denomina como manifiesta superfluidad, por no ser ya necesaria para formar el convencimiento del juez, quien igualmente puede rechazar de plano su práctica, pues no va a ser enriquecedora del debate”. Ibídem. Ver también Consejo de Estado auto del 7 de febrero de 2007, expediente 66001-23-31-000-2004-00668-01(30138), M.P. Enrique Gil Botero.

(13) Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, tomo II, De. ABC, 9º edición, Bogotá, 1988, pág. 408, citado en López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores. Bogotá, 2001.

(14) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores. Bogotá, 2001. Pág. 287.

(15) Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba, Tomo II, Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 1987, pág. 514. “Declarativos de Ciencia, cuando consisten en la representación de lo que se sabe o conoce respecto de algún hecho, y pueden tener un significado testimonial o confesorio, según que sus efectos probatorios perjudiquen o no al declarante”.

(16) Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba, Tomo II, Biblioteca Jurídica Dike, Bogotá, 1987, página 514. “Dispositivos o constitutivos, es decir, actos de voluntad con el propósito de producir efectos jurídicos”.

(17) “ART. 229.—Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en lo artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

(18) López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores. Bogotá, 2001. Pág. 297.