Sentencia 2004-01481 de noviembre 25 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001-33-31-004-2004-01481-01(AP)REV

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Rocío Meza Jaimes

Demandado: Municipio de Cúcuta

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado conocer de la solicitud de revisión eventual, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 0117 de 12 de octubre de 2010 de la Sala Plena de esta corporación que adicionó un parágrafo al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado (Ac. 58/2003) en el sentido de establecer que todas las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación conocerán de las solicitudes de revisión eventual(2).

2. Marco legal del mecanismo de revisión eventual.

La Ley 1285 de 2009, por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 11, en relación con el mecanismo eventual de revisión, dispone:

“ART. 11.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del capítulo relativo a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:

“ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.

<Inciso condicionalmente exequible> En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

<Inciso 2º del proyecto de ley, inexequible>

La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los tribunales administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima corporación de lo contencioso administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el ministerio público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.

(...)” (negrillas fuera del texto).

El aparte de la norma trascrita establece claramente que el objeto de la revisión eventual de las providencias que ponen fin a un proceso de acción popular es la unificación de la jurisprudencia con miras a garantizar los principios de igualdad, seguridad, estabilidad jurídica, confianza legítima, buena fe, unidad de derecho y publicidad de la actividad judicial para lograr una adecuada administración de justicia y la vigencia de un orden justo(3). De tal manera que pueda aplicarse en igualdad de condiciones en casos cuyos supuestos fácticos y jurídicos sean los mismos.

En tales condiciones, si la finalidad del mecanismo de revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia, no es posible utilizarlo como un nuevo recurso o una instancia adicional dentro del trámite de las acciones populares o de grupo. Lo que, en consecuencia, descarta que puedan exponerse en la solicitud razones de inconformidad con la providencia o replantear el tema de fondo ya discutido y definido en las instancias respectivas.

Por consiguiente, para la procedencia de este mecanismo de revisión eventual, será necesario que con la solicitud pueda establecerse que existen providencias de los tribunales administrativos o de esta corporación con posiciones encontradas o con interpretaciones diferentes o que no exista una posición unificada y uniforme del órgano de cierre o que el tema no haya sido desarrollado por la jurisprudencia. Además deben examinarse la importancia y trascendencia de los puntos que se discuten en la providencia que se pretende sea revisada(4).

Así pues, precisada la finalidad como aspecto de fondo que hace procedente el mecanismo señalado en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, se advierte que esta normativa también establece aspectos formales que permiten avocar su estudio, como son los de oportunidad, objeto, legitimación y sustentación que deben verificarse, así:

(1) La solicitud debe presentarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia cuya revisión se pretende.

(2) Debe presentarla una de las partes [o ambas] o el Ministerio Público.

(3) La providencia objeto de eventual revisión debe ser dictada por un Tribunal Administrativo y determinar la finalización o el archivo del proceso de acción popular(5).

(4) Si bien la norma no exige sustentación, es importante que la solicitud contenga los puntos de la providencia que, a juicio del peticionario, merecen ser revisados y explique por qué son contrarios o diferentes al precedente judicial. La explicación dada por el peticionario no limita la actuación del Consejo de Estado, pues al momento de hacer el análisis de la providencia puede encontrar otros puntos frente a los cuales sea necesario e importante unificar la jurisprudencia(6).

En este punto debe precisarse que la sustentación exigida al peticionario debe ser tenida solo como una motivación o impulso necesario para estudiar la solicitud de revisión.

3. Caso concreto.

La señora Rocío Meza Jaimes solicita la revisión de la sentencia de 11 de mayo de 2009, dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Al respecto, advierte la Sala que la parte actora es quien formula la solicitud de revisión eventual, y, por tanto, se cumple el requisito de legitimación. Además, la sentencia fue proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en segunda instancia, es decir que con ella se puso fin al proceso.

En cuanto al requisito de oportunidad, debe tenerse en cuenta que la sentencia cuya revisión se pide se notificó por edicto fijado el 3 de julio de 2009 y desfijado el 7 siguiente, es decir que el término de ocho (8) días que otorga la norma empezó a correr el 8 de julio y venció el 17 del mismo mes y año. La actora popular radicó la solicitud ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 10 de julio de 2009, es decir, en tiempo.

En relación con el requisito de sustentación, se observa que la señora Meza Jaimes para fundamentar la revisión indica que el Consejo de Estado en un caso similar al ahora debatido protegió los derechos colectivos invocados y accedió al reconocimiento del incentivo económico a favor del actor popular, por lo que considera que en este caso también procede.

Al respecto, encuentra la Sala que en este caso lo que pretende la actora con la solicitud es el reconocimiento del incentivo económico, el cual se negó en primera y segunda instancia al tener en cuenta el criterio de esta corporación consistente en que no procede cuando es la misma comunidad que con su actuar pone en riesgo los derechos colectivos.

Las providencias del Consejo de Estado citadas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander son: sentencias de 30 de enero de 2004, rad. 2001-02598, Magistrado Ponente Camilo Arciniegas Andrade; de 8 de octubre de 2004, rad. 2002-01976, Magistrado Ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; de 3 de noviembre de 2005, rad. 2003-01275, Magistrado Ponente Rafael E. Ostau de Lafont Planeta; y de 8 de mayo de 2006, rad. 2003-01170, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Por su parte, la actora en la solicitud de revisión cita la sentencia de 31 de mayo de 2007, rad. 2004-00189, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo en la que se estudió un caso similar al ahora debatido y se advirtió la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del sector, avenida 10 frente a la residencia con número 3N-15 y al lado de la vivienda con número 2BN-15 parte alta del barrio Sevilla del municipio de San José de Cúcuta, ante la existencia de fenómenos erosivos y deslizamientos de tierra, a lo que además han contribuido los moradores de este asentamiento subnormal, bajo la permisión del ente territorial.

La Sección Primera del Consejo de Estado en esa oportunidad amparó los derechos y ordenó iniciar las gestiones necesarias para reubicar definitivamente a quienes habitan en la zona objeto de la acción popular y recuperar el terreno ocupado, manteniendo vigilancia sobre el mismo para evitar que sea utilizado nuevamente para la construcción de viviendas o con fines no compatibles con la condición de alto riesgo asignada a la zona.

En la misma providencia reconoció a favor de la parte actora la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales por concepto de incentivo.

De lo anterior se observa que le asiste razón a la actora popular, pues en la providencia que se cita y que fundamenta la solicitud de revisión se reconoció el incentivo a favor del actor popular a pesar de que las acciones erosivas del terreno en parte fueron causadas por culpa de las construcciones levantadas por los mismos habitantes de la zona.

Más recientemente se ha pronunciado la Sección Primera de esta corporación en igual sentido, según se observa de las sentencias de 18 de febrero de 2010, rad. AP-2004-00185 y de 25 de marzo de 2010, rad. AP-2004-01305, ambas con ponencia del doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en las que se confirmaron las decisiones del a quo en cuanto protegieron los derechos colectivos invocados pero se revocaron respecto al no pago del incentivo al actor popular para en su lugar reconocerlo.

En consecuencia, se observa que no existe un criterio consolidado de la corporación por lo que es necesario unificar la jurisprudencia y determinar si procede el reconocimiento del incentivo al actor popular cuando son los mismos habitantes del sector afectado los que ponen en riesgo los derechos colectivos, como en este caso que han provocado en parte la erosión del terreno, y si es necesario que quien pida a su favor el pago del incentivo no resida en la zona donde se presenta el daño.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. SELECCIONAR para revisión la sentencia de 11 de mayo de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ejecutoriada la presente providencia devuélvase el expediente al despacho para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(2) Esta adición se dio en aplicación del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 [inc. 3].

(3) Auto de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 14 de julio de 2009, Exp. AG-2007-00244-01, Actor: Gladys Alvarado Acosta y otros, Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Sobre estos aspectos se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de 14 de julio de 2009, ibídem, donde se mencionaron los supuestos en que a título enunciativo, procede el mecanismo de revisión eventual.

(5) De este requisito se infiere que las providencias dictadas por los juzgados administrativos no son objeto de revisión, pues se entiende que respetan el precedente jurisprudencial vertical de los tribunales administrativos como superiores funcionales.

(6) En este punto ver auto de 14 de julio de 2009, ibídem.