Sentencia 2004 -01647 de marzo 24 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 1500133310012004-01647-01(AP) REV

Consejera Ponente:

Dr. Susana Buitrago Valencia

Actor: Contraloría Municipal de Tunja

Demandado: municipio de Tunja

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos once.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sección Quinta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11(1) de la Ley 1285 de 2009 y atendiendo al reparto de competencia de que trata el artículo 1º(2) del Acuerdo 117 del 12 de octubre de 2010, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, por medio del cual se adicionó el artículo 13 del Reglamento Interno de esta Corporación, le compete a esta Sección decidir si es viable escoger para revisión la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. La revisión eventual de las acciones populares y de grupo: finalidad y requisitos.

El artículo 11 de la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, establece el mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo decididas por los tribunales administrativos. Del contenido de esta norma se desprende con claridad que la finalidad del mecanismo de la revisión eventual es la unificación de la jurisprudencia por parte del tribunal supremo de lo contencioso administrativo con miras a evitar la existencia de criterios contradictorios respecto de un mismo tema, derivados, por ejemplo, y a título puramente enunciativo, de su complejidad, indeterminación, ausencia de claridad normativa, vacío legislativo, confusión y diversidad de interpretaciones, inexistencia de criterio consolidado respecto de determinados tópicos, entre otros aspectos significativos o propios de la tarea unificadora.

De igual manera, del texto del artículo citado y de la interpretación que la jurisprudencia de la corporación ha hecho de los mismos, se determinan como requisitos para la procedencia y para la prosperidad del aludido mecanismo, los siguientes:

a) Debe existir petición de algunas de las partes o del Ministerio Público.

b) Esa petición debe presentarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la providencia que ponga fin al respectivo proceso.

c) La providencia cuya revisión se solicita debe haberse dictado por un tribunal administrativo y determinar la finalización o archivo del proceso.

No son entonces susceptibles de revisión las sentencias dictadas por los jueces administrativos, bajo el entendido de que ellos acatan el precedente jurisprudencial vertical fijado por el respectivo tribunal que funge como su superior funcional y, en esa medida, se encuentra salvaguardada la coherencia sistémica de la jurisprudencia.

d) La petición no requiere de una sustentación rigorista, pero en ella se deberán precisar o identificar los aspectos o materias que según el interesado ameritan la revisión de la providencia, con la finalidad de unificar jurisprudencia, dando una explicación, al menos concisa, de las razones en que fundamenta la petición.

No obstante, la sustentación jurídica de la petición no limita el campo de la actuación del Consejo de Estado, pues éste puede encontrar otros aspectos y otras materias que ameriten la revisión, con el propósito de unificar la jurisprudencia de la corporación.

3. Caso concreto.

Corresponde a la Sala examinar si en la sentencia que se somete a consideración concurren las exigencias a las que se ha hecho referencia, a fin que pueda ser objeto de selección para revisión.

El apoderado judicial de la sociedad demandada Unión Temporal Ciudad de Tunja Alumbrado Público S.A. presentó escrito en el que solicita se revise el fallo del 21 de octubre de 2009 que profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá. La petición la radicó el 12 de noviembre de 2009 y la sentencia se notificó mediante edicto desfijado el 6 de noviembre de ese mismo año.

Así, no hay discusión en cuanto al cumplimiento de los tres primeros requisitos, referidos a la solicitud de parte, a la oportunidad y a la sentencia objeto de la petición.

Corresponde entonces examinar si también concurre el requisito relativo a la sustentación de las razones en que se funda la necesidad de que el fallo del ad quem sea revisado, atendiendo a la materia o materias y al por qué se considera que el tema amerita unificar la jurisprudencia.

Del contenido de la solicitud de revisión se aprecia que el esencial fundamento sobre uno de los temas, respecto de los cuales se solicita la unificación, tiene que ver con la determinación de los elementos que deben preceder a la conducta que se enrostra como constitutiva de la vulneración del derecho a la moralidad administrativa.

Para el solicitante existe disparidad de criterios frente a este tema, pues a su juicio, en la sentencia que solicita se revise no se siguieron los lineamientos de una tendencia de la jurisprudencia que promueve que no es suficiente con que se demuestre la simple desatención al principio de legalidad sino que es necesario que la conducta del responsable de la violación, deber estar provista de motivación subjetiva, de dolo y que se demuestre que fue el interés privado el que inspiró al funcionario para desconocer este principio-derecho que gobierna el actuar de la función administrativa.

El otro motivo por el cual se predica la necesidad de solicitar la revisión eventual, tiene que ver con la procedencia o no en los fallos que definen una acción popular de emitir pronunciamiento extra petitum respecto del amparo a los derechos colectivos que depreca el actor popular, básicamente, si le es admisible jurídicamente al juez proteger otros derechos no enunciados en el escrito de demanda, ello dentro de lo que el solicitante considera tiene que ver con la congruencia de la sentencia, tema que igualmente carece de unificación jurisprudencial.

En el entendido de que ambas materias son de vital importancia respecto del “derecho de las acciones populares” razón por que impone que el Consejo de Estado a través de su Sala Plena fije las pautas que unifiquen el alcance tanto del derecho colectivo a la moralidad administrativa como el aspecto que concierne a si entrátandose de la protección de derechos colectivos están autorizados fallos extra o ultra petita, considera que por tales materias cuyo tratamiento está contemplado en la sentencia, se justifica su selección para revisión.

Entonces, para este caso, y en vista de que es preciso se determine un criterio jurisprudencial unificador frente a los temas solicitados, se analizará la sentencia del 21 de noviembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. SELECCIONAR, para revisión, la sentencia del 21 de octubre de 2009, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2. SOLICITAR al Tribunal Administrativo de Boyacá la remisión de la totalidad del expediente radicado bajo el Nº 2004-1647-01.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 11.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:

“ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.

<Inciso condicionalmente exequible> En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.

La petición de parte o del Ministerio Público deberá formularse dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al respectivo proceso; los Tribunales Administrativos, dentro del término perentorio de ocho (8) días, contados a partir de la radicación de la petición, deberán remitir, con destino a la correspondiente Sala, Sección o Subsección del Consejo de Estado, el expediente dentro del cual se haya proferido la respectiva sentencia o el auto que disponga o genere la terminación del proceso, para que dentro del término máximo de tres (3) meses, a partir de su recibo, la máxima corporación de lo contencioso administrativo resuelva sobre la selección, o no, de cada una de tales providencias para su eventual revisión. Cuando se decida sobre la no escogencia de una determinada providencia, cualquiera de las partes o el Ministerio Público podrán insistir acerca de su selección para eventual revisión, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación de aquella.

(...)”.

(2) “ART. 1º—Adiciónase al artículo 13 del Acuerdo número 58 de 1999, modificado por el Artículo 1º del Acuerdo número 55 de 2003, por el cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado, el siguiente parágrafo:

PAR.—De la selección para su eventual revisión de las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del proceso en las acciones populares o de grupo, proferidas por los tribunales administrativos en segunda instancias conocerán todas las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin atender a su especialidad, previo reparto efectuado por el presidente de la corporación (...)”.