Auto 2004-01896/39700 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 25000-23-26-000-2004-01896-01(39700)

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Actor: Club Unión de Girardot S.A.

Demandado: municipio de Girardot

Referencia: acción de reparación directa

Temas: acción de reparación directa - falta de jurisdicción / incumplimiento de acuerdos de reestructuración - la jurisdicción y la competencia corresponden a la Superintendencia de Sociedades - artículo 38 Ley 550 de 1999 / falta de jurisdicción y de competencia - régimen de nulidades en el Código General del Proceso - la falta de jurisdicción y de competencia solo afecta las actuaciones posteriores a su declaración y las actuaciones previas conservan plena validez

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

Falta de jurisdicción y de competencia

Problema jurídico: consiste en determinar si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene jurisdicción y competencia para determinar, liquidar y tasar los perjuicios derivados del incumplimiento del acuerdo de reestructuración declarado por la Superintendencia de Sociedades mediante sentencia del 6 de febrero de 2003.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce, por regla general, de los litigios en los cuales interviene una entidad estatal, de conformidad con el criterio orgánico establecido en el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

No obstante, hay una serie de controversias cuyo conocimiento se encuentra asignado o atribuido a otras jurisdicciones porque:

i) Existe disposición expresa que los excluye, tal como ocurre con el artículo 105 de la Ley 1437 de 2011 que determina que no serán objeto de esta jurisdicción las controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios; las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales; las decisiones proferidas en los juicios de policía regulados expresamente por la ley y los conflictos de carácter laboral entre las entidades públicas y los trabajadores oficiales.

ii) Las acciones y procedimientos que están asignados por especialidad a otras jurisdicciones, como ocurre con los procesos de deslinde y amojonamiento, los procesos de pertenencia en los que intervengan entidades estatales, la constitución de servidumbres, y los asuntos que están asignados de forma universal y general a autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional.

Sobre el particular, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, entidad encargada de resolver los conflictos de jurisdicción, ha sostenido(1):

De otra parte, lo argüido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín que la Ley 1107 de 2006 en su artículo 1º modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, y que por ello la competencia radica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera oportuna traer a colación el texto de dicha norma así:

(…) De lo anterior concluye la Corporación que dicha norma no refirió la demanda objeto de este conflicto, pues se trata de una EXPROPIACIÓN JUDICIAL, cuyo procedimiento se encuentra establecido en normas especiales, como son los artículos 12 y 16 del Código de Procedimiento Civil modificado por la Ley 794 de 2003, donde se dispuso específicamente que el competente para conocer de los procesos de expropiación es el juez de circuito en primera instancia; así mismo, el Código de Procedimiento Civil en los artículos 451 y siguientes refiere lo correspondiente al proceso de expropiación, cuya naturaleza es de vocación típicamente civil.

Amén de lo anterior dicha normatividad se encuentra complementada por la Ley 9ª de 1989 y la Ley 399 de 1997, en cuanto refiere los planes de desarrollo municipal para la compra y expropiación de bienes específicamente en el artículo 23.

Pero además siendo la acción interpuesta de rango civil, y por ende su naturaleza es del derecho privado, como igualmente las pretensiones de la demanda se encuentran circunscritas a obtener la EXPROPIACIÓN JUDICIAL, dando pues, un contenido netamente particular a la pretensión propuesta en el referido litigio.

En conclusión, como toda la normatividad aludida en estas consideraciones, establece que el régimen aplicable para la EXPROPIACIÓN JUDICIAL, a los particulares y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios es el del derecho privado y las pretensiones de la demanda se circunscriben a la jurisdicción civil, el competente para conocer del presente litigio es el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, a quien se le asignará y remitirá la actuación.

En ese orden de ideas, la Ley 1107 de 2006, que estableció el criterio orgánico de jurisdicción, no derogó las normas especiales contenidas en los diversos cuerpos normativos adjetivos o procesales, sino que modificó la cláusula general de jurisdicción establecida en el artículo 82 del CCA, relacionada con el objeto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por tanto, para determinar si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene jurisdicción y competencia para resolver un conflicto, resulta imprescindible establecer si el conocimiento de la controversia no ha sido asignado previamente mediante un precepto especial a otra autoridad jurisdiccional o administrativa en ejercicio de función judicial.

La Ley 550 de 1999 creó los acuerdos de reestructuración empresarial como un instrumento para la reactivación de las empresas o de las entidades territoriales.

Los citados acuerdos son una convención que se celebra a favor de una empresa o entidad territorial, con el fin de corregir las deficiencias o limitaciones que se presentan en su capacidad de operación y para atender las obligaciones económicas, de forma que pueda recuperarse dentro del plazo y las condiciones establecidas en el mismo (art. 5º ibídem).

Ahora bien, el acuerdo de reestructuración, como cualquier convención, puede ser desatendido por sus intervinientes, motivo por el cual el legislador estableció en los artículos 37 y 38 de la Ley 550 de 1999 el procedimiento para solicitar la declaratoria de incumplimiento, así como la correspondiente indemnización de perjuicios:

“ART. 37.— Solución de controversias. La Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales y de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política, en única instancia y a través del procedimiento verbal sumario, será la competente para dirimir judicialmente las controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia previstos en esta ley. Las demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo o de alguna de sus cláusulas, solo podrán ser intentadas ante la Superintendencia, a través del procedimiento indicado, por los acreedores que hayan votado en contra, y dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de celebración.

También será la Superintendencia de Sociedades la competente para resolver, en única instancia, a través del procedimiento verbal sumario, cualquier diferencia surgida entre el empresario y las partes, entre estas entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo, distinta de la ocurrencia de un presupuesto de ineficacia de los previstos en esta ley. Entre tales diferencias se incluirán las que se refieran a la ocurrencia de causales de terminación del acuerdo.

La Superintendencia, en ejercicio de las funciones previstas en este artículo, podrá, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretar el embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio sea útil en atención al litigio. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

“ART. 38.—Incumplimiento de acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el incumplimiento de los convenios temporales laborales previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en las leyes laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario, en única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia ordinaria.

PAR.—Cuando el incumplimiento de los acreedores constituya un evento de incumplimiento y dé lugar a la terminación del acuerdo, el empresario o cualquier acreedor podrá demandar la indemnización de los perjuicios; y solo una vez terminado el proceso correspondiente, podrán atenderse los créditos que el acreedor demandado pueda exigir a la empresa. En caso de que se declare el incumplimiento del acreedor, la atención de sus créditos se postergará al previo pago de los demás pasivos externos, previa deducción del valor correspondiente a la condena por daños, que se entenderá proferida a favor de todos los demás acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, previa deducción de un diez por ciento (10%) de recompensa reconocido a favor de los demandantes. Pero si el proceso culmina con sentencia favorable al demandado, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan, los créditos del demandante solo serán atendidos previo pago de los demás pasivos externos.

De la norma trascrita se desprende que la ley asignó a la Superintendencia de Sociedades la competencia para conocer del incumplimiento de los acuerdos de reestructuración empresarial.

La mencionada facultad es de naturaleza jurisdiccional y el procedimiento que se debe surtir, en única instancia, es el verbal sumario regulado en los artículos 432 y 439 del Código de Procedimiento Civil.

En el sub lite, la parte actora debió formular no solo la pretensión de incumplimiento, sino también la de indemnización de perjuicios, en los términos establecidos por el parágrafo del artículo 38 que determina que cuando el incumplimiento de los acreedores dé lugar a la terminación del acuerdo, el empresario o cualquier acreedor podrá solicitar la reparación de los daños irrogados.

En otros términos, la sociedad demandante estaba compelida a solicitar la indemnización de perjuicios al interior del proceso verbal sumario adelantado por la Superintendencia de Sociedades, en tanto que el incumplimiento del municipio hacía inviable la venta de los inmuebles de propiedad de la sociedad y, por consiguiente, la constitución del encargo fiduciario por falta de los recursos para ello.

De modo que la jurisdicción y la competencia para reclamar la indemnización de perjuicios no se alteraban luego de la declaratoria de incumplimiento, tal como lo pretende hacer ver la parte actora, sino que aquellas permanecían en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, salvo para los procesos ejecutivos cuya competencia sí correspondía a la Jurisdicción Ordinaria Civil, según lo establecido en el inciso primero del citado artículo 38 ibídem.

La Subsección A de la Sección Tercera, con apoyo en la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación, ha destacado en varias providencias que los trámites concursales, de insolvencia o de reactivación empresarial tienen carácter prevalente y preferente y, por tanto, el juez del acuerdo o del concurso es a quien corresponde definir las consecuencias derivadas de la liquidación o del incumplimiento de los regímenes de reestructuración o insolvencia(2):

La Sala observa que la Ley 550 de 1999 constituyó una legislación especial, de carácter concursal y universal, a la cual quedaban sometidos todos los acreedores para efectos del proceso de ejecución de los créditos a su favor.

La Sección Primera del Consejo de Estado en la providencia que denegó la nulidad de Decreto 809 de 2002 referido a las reglas de la liquidación del Banco Central Hipotecario, observó la primacía de las normas especiales contenidas en la Ley 550 de 1999, en la siguiente forma:

‘La medida preventiva de aviso de suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos, no es una innovación del Decreto 809 de 2002 sino que venía desde la Ley 510 de 1999 y también fue consagrada en el Decreto 2418 del mismo año. De conformidad con lo anterior, cuando el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 189, numeral 15, de la Constitución Política y el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, ordena la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario y dispone medidas preventivas que corresponden a las normalmente aplicables en los casos de liquidaciones forzosas, no está excediendo el ámbito de su facultad ni mucho menos derogando disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil puesto que la suspensión de los procesos ejecutivos en curso y la prohibición de iniciar otros nuevos contra la entidad demandada, en liquidación, se salen del ámbito general de operabilidad de esos procesos. En este caso se trata de normas especiales que cobijan casos específicos y que, por lo mismo, priman sobre la reglamentación general’(3).

Como corolario de lo anterior, se reitera la aplicación especial y preferente de la Ley 550 de 1999 para efectos de la ejecución de los créditos a cargo de la entidad admitida en acuerdo de reactivación empresarial.

Como se aprecia, la Ley 550 de 1999 contenía un régimen de reestructuración empresarial de carácter universal, prevalente y preferente, motivo por el cual, a partir del artículo 37 y siguientes, se otorgaron facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades para que no solo pudiera declarar el incumplimiento sino que fijara la correspondiente indemnización de perjuicios y graduara el orden de prelación de pagos en atención al incumplimiento de los acreedores.

El principio de universalidad ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, así(4):

Este principio realiza la regla según la cual el patrimonio es prenda común de los acreedores del deudor fallido. Es decir, si el concurso involucra a todos los acreedores del deudor y estos por consiguiente pierden el derecho de ejecución individual o separada, en contraprestación, los acreedores cuentan con un respaldo, consistente en que todo el patrimonio del deudor y no una parte de él está comprometido, involucrado y resguardado en el proceso. “Esta nota hace que algunos autores hablen de ejecución colectiva o universal, para destacar que en los escenarios liquidatorios se involucra todo el patrimonio del deudor y no una parte, como acontece con los procesos ejecutivos singulares. Este principio tiene diversas expresiones como la conformación de los activos del deudor en un inventario, el avalúo de todos los activos, el decreto y práctica de medidas cautelares, por citar algunos ejemplos. (…). Lo anterior ha sido igualmente estudiado por la doctrina comparada, que ha considerado que el proceso concursal es un juicio universal desde el punto de vista objetivo, porque afecta todo el patrimonio del deudor, lo cual significa que todos los bienes que lo conforman quedan afectados a la satisfacción de los acreedores que participen del concurso (a diferencia de los juicios de carácter singular, en los cuales se comprometen tradicionalmente aquellos bienes que el acreedor logre vincular al proceso con el Decreto 13 y práctica de una medida cautelar); sin perjuicio de dejar a salvo determinados bienes, como es el caso de los derechos no patrimoniales, los bienes inembargables, entre otros.

Así las cosas, de aceptarse que la Jurisdicción Contencioso Administrativa tiene competencia para liquidar los perjuicios que según la demandante se derivan de la declaración de incumplimiento por parte del municipio de Girardot, del compromiso que adquirió en el acuerdo de reestructuración que celebró con el Club Unión de Girardot S.A., se desconocería el principio constitucional del juez natural, toda vez que en estos casos la potestad universal quedó asignada a la Superintendencia de Sociedades. En efecto, si bien el parágrafo del artículo 38 ibídem no menciona expresamente el juez encargado de la liquidación y tasación de los perjuicios derivados del incumplimiento del acuerdo, lo cierto es que la norma sí hace énfasis en que “una vez terminado el proceso correspondiente, podrán atenderse los créditos que el acreedor demandado pueda exigir a la empresa”, lo que quiere significar que una vez tasados los perjuicios consecuencia del incumplimiento, la Superintendencia ordenará atender los créditos del acreedor demandado.

Así las cosas, resultaría incoherente concluir que el juez del acuerdo fuera la Superintendencia de Sociedades, pero el de los perjuicios derivados de su incumplimiento fuera esta jurisdicción en los casos en los que se declara el incumplimiento de una entidad estatal. Esta postura contravendría la naturaleza y carácter universal del acuerdo, así como los principios de economía, celeridad y eficiencia que rigen toda función pública, incluida la actividad jurisdiccional del poder público.

Ahora bien, el artículo 132 de la Ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso - CGP”, aplicable en virtud de la norma de integración normativa del artículo 308 del CPACA, establece que, agotada cada etapa, el juez deberá realizar un control de legalidad para corregir o sanear los vicios que generen nulidades o irregularidades del proceso.

De este modo, los vicios e irregularidades del proceso se encuentran regulados en el CGP.

El CGP modificó sustancialmente la forma de entender las nulidades por falta de jurisdicción y de competencia, por cuanto solo se genera el vicio cuando se actúa en el proceso con posterioridad a la respectiva declaratoria. En efecto, el artículo 133 ibídem preceptúa:

Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

Por consiguiente, la finalidad perseguida en la norma citada es la de limitar la nulidad del proceso por falta de jurisdicción o de competencia a aquellos eventos en los que el proceso se continúa adelantando después de la correspondiente declaratoria; en consecuencia, todo lo actuado con anterioridad —incluso por un juez de distinta jurisdicción— conservará validez hasta el preciso momento en que se declare esa circunstancia.

En suma, en cuanto a este tipo de eventos hace, el CGP hizo prevalecer los principios de celeridad y eficiencia sobre la ritualidad del proceso porque este podrá adelantarse sin que se genere ningún vicio hasta tanto no se advierta y declare esa circunstancia por el juez, puesto que, se itera, únicamente la actuación posterior a esa declaratoria estará viciada.

De otro lado, es importante señalar que esta permisión legislativa no es absoluta, toda vez que, si bien el juez incompetente puede actuar con validez hasta tanto no se declare la falta de jurisdicción o de competencia, no podrá proferir sentencia en los términos del artículo 138 de la misma codificación:

“ART. 138.—Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas.

El auto que declare una nulidad indicará la actuación que debe renovarse.

La Corte Constitucional, en reciente Sentencia C-537 de 2016, avaló este criterio de eficiencia y de economía procesal, al declarar exequibles los apartes demandados de los artículos 16, 132, 133, 134, 135, 136 y 138 del CGP. La providencia se fundamentó en el siguiente razonamiento(5):

Las normas que se encuentran bajo control de constitucionalidad hacen parte de un sistema en el que las consecuencias del error en la identificación de la jurisdicción o del juez competente se han suavizado, en pro de la eficacia en conjunto del debido proceso y de la prevalencia del derecho sustancial, sobre las formas procesales. Así, (i) cuando el juez recibe una demanda que sea competencia de una jurisdicción diferente o, a pesar de pertenecer a su jurisdicción, él no sea competente, deberá rechazarla, pero enviarla inmediatamente al competente(6); (ii) cuando luego de haber admitido la demanda, prospera la excepción de falta de jurisdicción o de falta de competencia, el juez deberá enviarla al competente, pero lo actuado conservará validez(7); (iii) cuando la nulidad procesal comprenda el auto admisorio de la demanda, no se afectará la interrupción de la prescripción, ni la inoperancia de la caducidad, si la nulidad no es atribuible al demandante(8), como cuando resulta de un error en la identificación del juez competente por complejidad del régimen o error de reparto; (iv) cuando en curso de un proceso, la competencia se altera, lo actuado conserva validez(9); (v) por último, si se declara la nulidad procesal por falta de jurisdicción o de competencia, el juez no podrá seguir actuando válidamente, pero lo actuado con anterioridad conserva validez(10).

Este conjunto de disposiciones reflejan la exigencia constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal, de garantizar un acceso efectivo a la justicia y de hacer efectivas las garantías del debido proceso para que el rigor extremo de la aplicación de los trámites procesales, no vaya en desmedro de un proceso que cumpla su finalidad, en un plazo razonable, al tiempo que garantiza una actuación procesal de calidad y garantista. Es por esta razón que varias de estas normas procesales determinan que la pérdida de competencia, la variación de la misma o la nulidad procesal por incompetencia, no comprometen la validez de lo actuado con anterioridad por el juez y, por consiguiente, indican que el juez que asumirá en adelante competencia no deberá iniciar de nuevo toda la actuación.

De modo que el legislador solo elevó a rango de nulidad lo actuado con posterioridad a la declaratoria de la falta de jurisdicción o competencia. En este caso, será necesario acudir a lo estipulado en el artículo 16 del mismo código:

“ART. 16.—Prorrogabilidad e Improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente.

En esa perspectiva, la falta de jurisdicción o de competencia no se trata de un vicio o irregularidad que se sanee una vez declarada; a contrario sensu, el legislador quiso expresamente que esa situación se tolerara hasta el momento en que se produce su declaratoria o, en su defecto, hasta que se profiere sentencia, en cuyo caso esta será nula.

Esta es la razón por la cual, el artículo 136 del CGP, que regula las nulidades saneables e insaneables, no incluyó la falta de jurisdicción o de competencia en ninguna de esas categorías. Como consecuencia, es imperativo aplicar el principio hermenéutico según el cual donde el legislador no distingue no le es dado al intérprete hacerlo, para concluir que la falta de jurisdicción o competencia no es un vicio que genere nulidad hasta tanto esta no se declare.

La falta de competencia funcional o subjetiva no genera nulidad del proceso hasta tanto no se declare, pero ello no quiere decir que esa ausencia de capacidad para ejercer la jurisdicción frente al caso concreto sea prorrogable porque los artículos 16 y 138 del CGP señalan expresamente que si se hubiere proferido sentencia, esta se anulará.

Ahora bien, existen excepciones a la regla general de la improrrogabilidad de la competencia, como por ejemplo la relacionada con el ámbito territorial que se modificar por las partes, no obstante, tratándose de la competencia funcional o subjetiva, se insiste, la prórroga es improcedente. En efecto, la prórroga de la competencia consiste en el acto jurídico mediante el cual las partes en un proceso —demandante o demandado— convienen o aceptan, expresa o tácitamente, en someter un conflicto a un tribunal o juez distinto al que ha establecido en principio por la ley.

Una vez se advierte la falta de competencia funcional o subjetiva, lo procedente es declararla mediante auto y remitir el proceso al competente en el estado en el que se encuentre, con la aclaración y salvedad de que todo lo actuado hasta ese momento conservará plena validez, salvo que se haya dictado sentencia, en cuyo caso será procedente su anulación previa remisión del expediente al competente.

De modo que, efectuadas las anteriores consideraciones, el despacho declarará de oficio la falta de competencia funcional en el caso concreto, comoquiera que la jurisdicción y la competencia para resolver la controversia, de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 550 de 1999 corresponde a la Superintendencia de Sociedades. Así las cosas, se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 143 del CCA —modificado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998— que determina: “En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.

Por tanto, se anulará todo lo actuado en esta instancia, así como la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de junio de 2010, por falta de jurisdicción y se ordenará remitir el proceso a la Superintendencia de Sociedades para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. DECLARAR la falta de jurisdicción y de competencia funcional para conocer del proceso.

2. Como consecuencia, ANULAR todo lo actuado en esta instancia, así como la sentencia del 3 de junio de 2010, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Todos los actos procesales y los medios de convicción decretados y practicados CONSERVARÁN validez de acuerdo con lo señalado por el CGP.

4. Por secretaría, REMITIR el proceso a la Superintendencia de Sociedades.

Notifíquese y cúmplase».

1 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, auto del 25 de junio de 2008, exp. 2008-01228 00 (211-33), M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. En idéntico sentido consultar: auto del 9 de julio de 2014, exp. 2014-00436, M.P. María Mercedes López Mora.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2014, exp. 34.324, M.P. (E) Hernán Andrade Rincón.

3 Cita del original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2003, expediente: 2002-00356-01(8358), Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero. La jurisprudencia citada fue reiterada por esta Subsección, en relación con la aplicación preferente del régimen de la Ley 715 de diciembre de 2001 que otorgó competencia a la Superintendencia Nacional de Salud para la intervención forzosa administrativa sobre determinadas entidades, en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de junio de 2014, radicación 250002326000200050174201, expediente: 34899, demandante. Promédica Ltda., demandado Cajanal S.A., EPS, en liquidación y Cajanal EPS, Empresa Industrial y Comercial del Estado, acción contractual.

4 Superintendencia de Sociedades, Sentencia del 5 de abril de 2004. Proceso Verbal Sumario (L. 550/99, art. 39) de Édgar José Namén Ayub contra Autos Marca Ltda. y Financiera Mazdacrédito Compañía de Financiamiento Comercial.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-537 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

6 Cita del original. “El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose”: inciso 2 del art. 90 del CGP.

7 Cita del original. “Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez”: inciso 7 del art. 101 del CGP.

8 Cita del original. “5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante”: numeral 5 del art. 95 del CGP.

9 Cita del original. “Cuando se altere la competencia con arreglo a lo dispuesto en este artículo, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente”: inciso 3 del art. 27 del CGP.

10 Cita del original. Artículos 16; 133, n. 1; y 138 del CGP.