Sentencia 2004-03617 de marzo 27 de 20014

Consejo de Estado 

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Tercera – Subsección B

Rad.: 05001233-1000-2004-03617-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandante: Luis Enrique Zapata Castrillón y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Procede la Sala a resolver la solicitud de prelación de fallo presentada por la parte demandante el 25 de enero de 2013.

Antecedentes

El 12 de marzo de 2004, los señores Luis Enrique Zapata Castrillón, Mariela Castrillón Gil, Deisy Jhojana Zapata Castrillón y Frank Alexander Montoya Morales, formularon demanda de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa de los perjuicios causados por la muerte del joven Luis Enrique Zapata (fls. 1-10, cdno. 1).

En sentencia del 13 de junio de 2003 el aquo declaró administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por los daños inferidos a los demandantes, con ocasión de la muerte del joven Luis Enrique Zapata Castrillón, en hechos sucedidos el 21 de noviembre de 2002 en la ciudad de Medellín, en operación efectuada por miembros del Ejército Nacional (fls. 209-241, cdno. principal).

Mediante memorial allegado a esta corporación, el demandante y padre de la víctima señor Luis Enrique Zapata presentó solicitud de prelación, en los siguientes términos: "(…) con el debido respeto, presentó solicitud de trámite prioritario a este proceso. En solicitudes anteriores hice referencia al delicado estado de salud en que nos encontramos mi esposa y yo, el cual cada día se deteriora más y más y especialmente ahora debido a la gravedad en que se encuentra mi esposa, quien según el concepto médico del doctor Hermes de Jesús Grajales, médico especialista en medicina forense, perito ante los tribunales de Antioquia y especialista en valoración del daño corporal, con el estudio que hizo de la historia clínica de la fundación Clínica Vida, conceptuó: se encuentra en grave estado de salud, la enfermedad que padece cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado con metástasis a pulmón, hígado y hueso, indica que tiene poca esperanza de vida (fls. 327-341, cdno. principal).

Consideraciones

Como consecuencia natural del principio de igualdad, la ley previene que la resolución de los casos debatidos en sede jurisdiccional atiendan a un criterio cronológico, sustentado en el turno de llegada correspondiente.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 “es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal” (resaltado del despacho). Esta preceptiva introduce la regla general denominada hoy por la jurisprudencia nacional como el derecho al turno, el cual se despliega dentro del conjunto de derechos de rango constitucional, en tanto los principios constitucionales que informan dicho fenómeno jurídico propenden por la realización del orden justo, y los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Es en este aforismo de linaje y ascendencia jurisprudencial, donde consigue mayor relevancia la máxima jurídica según la cual "el primero en el tiempo es primero en el derecho", logrando la dimensión cronológica antes dicha asumir importancia preponderante al momento que el operador judicial administra justicia.

Es así como, del análisis integral del conjunto de normas de tipo constitucional y legal que reglan el turno para dictar fallo y sus excepciones hallamos el régimen de prelación de procesos, en cuanto se refiere a la adopción de la decisión judicial que los concluya.

En este orden de ideas, el mismo artículo 18 de la Ley 446 de 1998 consagra el régimen de excepciones del derecho al turno. Allí se estipulan de manera clara, como ya se anotó arriba, la sentencia anticipada y la prelación legal como los dos primeros casos en los que no es obligatorio atender el mandato general.

Por otra parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, preceptúa que “Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación” o cuando “Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos”.

Además de lo anterior, la extensión del mandato excepcional que permite modificar el derecho al turno bajo las anteriores denominaciones, no se ha limitado al agotamiento de las mismas, sino que, por el contrario, ha sido ampliamente desarrollada por la Sección Tercera de esta corporación en aras de efectivizar, principalmente, los derechos fundamentales de igualdad, en su espectro negativo, y de acceso a la administración de justicia, de suerte que a estas disposiciones generales deben sumarse otras asumidas como consecuencia del examen de sucesos particulares dentro de la individualidad de cada proceso, instadas en la mayoría de los casos por solicitudes expresas de prelación realizadas por las partes, cuestión que se ha presentado no pocas veces, en tanto se advierte que el demandante se encuentre en estado de indefensión, de extrema pobreza o de riesgo ostensible en la salud.

De otra parte, en relación con las solicitudes de prelación sustentadas en la avanzada edad y grave estado de salud de quien las presenta, la Corte Constitucional(1) ha sostenido que cuando se encuentren demostradas estas circunstancias, eventualmente puede accederse a la prelación solicitada, esto debido a que en estos casos específicos la parte que solicita la prelación goza de especial protección constitucional y, en caso de mantenerse el turno asignado, es probable que la persona fallezca antes de que se decida el asunto en el que tiene interés, lo cual derivaría en la vulneración del derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia del titular de protección reforzada. Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo:

Analizadas todas las circunstancias del caso, esta Sala llega a la conclusión de que la protección solicitada por las tutelantes debe concederse.

En efecto, tal como lo exige la jurisprudencia constitucional, en el caso concreto la tutela involucra derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, ya que en dos de los casos se trata de personas de la tercera edad y, en los tres casos, de personas que atraviesan por una situación delicada de salud, tal como se prueba en los documentos recaudados por la Sala. Además, aunque Roquelina del Carmen Mendoza solo cuenta 58 años, su esposo, demandante también en el proceso contencioso, murió durante su trámite, dejándola con la responsabilidad de criar a sus hijos menores de edad, lo que hace suponer que dicha demandante es madre cabeza de familia, pues vela exclusivamente por la manutención y cuidado del hogar.

(…)

Finalmente, es claro que las condiciones económicas y de salud de las tutelantes están en íntima relación de dependencia respecto de las pretensiones del fallo, pues la decisión que debe adoptar el Consejo de Estado gira en tomo a la indemnización reconocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba. Ello hace suponer que la decisión que adopte el Consejo de Estado repercutiría eventualmente en la mejoría de las condiciones de salud y vida de las peticionarias, quienes de conformidad con las pruebas viven en condiciones de miseria, en casas de materiales baratos de construcción y en estado de desnutrición y anemia.

En conclusión, la Sala considera que las circunstancias que confluyen en el caso concreto ameritan aplicar la regla excepcionalísima de la prelación del fallo, habida cuenta el peligro inminente al que se enfrentan las tutelantes.

No obstante, la Sala se permite hacer estas siguientes precisiones con el fin de delimitar el alcance de esta decisión.

En primer lugar, la Sala reitera la posición de la Corte en el sentido de que la procedencia de la tutela para adelantar los turnos de fallo ordinario es de carácter excepcionalísimo. Ello significa que la decisión que aquí se adopta procede por gracia de la confluencia de factores extremos que demuestran un peligro inminente para la supervivencia de los derechos fundamentales y de la vida de las peticionarias. Es la conjunción de estos elementos fácticos lo que permite que el orden regular de fallo, hecho para garantizar el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia, ceda a la necesidad apremiante de proteger otros derechos fundamentales. Por ello, ni la sola condición de sujetos de especial protección, ni la edad, ni su situación física constituyen, per se, criterios que tengan la virtualidad de hacer triunfar la pretensión para que el turno de fallo se adelante.

No obstante lo anterior, vale poner de presente que la misma Corte Constitucional limitó los alcances de su pronunciamiento al indicar que no basta con alegar la condición de sujeto de especial protección, el estado de avanzada edad, o las circunstancias de afectación física padecidas para que se tenga que acceder a las solicitudes de prelación fundadas en ellas, ya que además de tener que estar demostradas por el solicitante las circunstancias alegadas en la solicitud de prelación, la decisión de conceder o no dicho trato preferente debe ser adoptada considerando todos los factores derivados de cada caso particular, lo que significa que será competencia de cada operador judicial determinar si la solicitud de prelación presentada merece de un trato preferencial y la alteración del turno previamente asignado.

Observa la Sala que en el caso sub judice, la solicitud de prelación presentada se fundamenta en el delicado estado de salud de la demandante y madre de la víctima, la señora Mariela Castrillón Gil, toda vez que según concepto médico contenido en la historia clínica hematológica y oncología, expedido por la Fundación Colombiana de Cancerología (fls. 331-333, cdno. principal), la misma padece cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado por compromiso pulmón, hígado y hueso.

De igual manera, se advierte que el solicitante allegó dictamen médico expedido por el doctor Hermes de Jesús Grajales Jiménez, médico especialista en medicina forense y perito médico ante los tribunales de Antioquía (fls. 330 y 338-341, cdno. principal), en el cual manifestó que la señora Castrillón tiene poca esperanza de vida al padecer cáncer de pulmón de célula no pequeña avanzado con metástasis a pulmón, hígado y huesos, y que el tratamiento actualmente recibido es con el fin de minimizar las complicaciones y otorgarle la mayor calidad de vida posible (fl. 330, cdno. principal).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala entra a determinar si es viable acceder a la solicitud de prelación presentada con base en los argumentos esgrimidos.

La jurisprudencia constitucional aceptó la procedencia de la prelación sustentada en la avanzada edad o en el delicado estado de salud del solicitante, no obstante para que sea posible estudiar su procedencia es indispensable que la parte interesada en la prelación demuestre siquiera sumariamente las circunstancias especiales que la llevan a pedir este trato preferencial, pues la simple manifestación de encontrarse en una presunta situación especial no es suficiente para verificar o constatar la necesidad de un trato preferente con respecto a los demás usuarios de la administración de justicia, carga procesal que encuentra su respaldo en el artículo 177(2) del Código de Procedimiento Civil y que es apenas razonable si se tiene en cuenta que la decisión adoptada podría involucrar la afectación de los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de quienes no se encuentran en situación de tratamiento especial.

Luego de un estudio integral del proceso, se observa que toda vez que los documentos aportados acreditan en debida forma el delicado estado de salud de la demandante, esta goza de especial protección constitucional, motivo por el cual es esencial otorgarle un trato preferente con el fin de que no le sean vulnerados sus derechos fundamentales, en concreto su derecho al acceso efectivo a la administración de justicia. En consecuencia de la premisa anterior, la Sala considera que las circunstancias que confluyen en el caso concreto ameritan aplicar la regla excepcionalísima de la prelación del fallo, ya que si se mantiene el turno asignado, la probabilidad de que la actora fallezca antes de que se decida el asunto objeto del presente proceso es alta.

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación,

RESUELVE

1. CONCEDER la solicitud de prelación de fallo formulada por la parte demandante, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

2. Una vez surtido el trámite de notificación de la presente providencia, por secretaría de la Sección, DEVUÉLVASE al despacho a fin de elaborar provecto de sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala—Danilo Rojas BetancourthStela Conto Díaz Del Castillo

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-945A de 2 de octubre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(2) “ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.