Auto 2004-05440 de mayo 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 2004 05440 01.

Recurso de apelación contra el auto de 25 de febrero de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Emgesa S.A. E.S.P.

Bogotá, D. C., quince de mayo de dos mil catorce.

Extractos: «IV. Consideraciones del Despacho

Corresponde a la Sala examinar si proceden los llamamientos en garantía efectuados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. —ISA—.

El llamamiento en garantía en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

El llamamiento en garantía es una figura procesal que tiene por objeto exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el demandado, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.

Sea lo primero advertir que la Sección Primera del Consejo de Estado, en un asunto similar al que aquí se examina, mediante providencia de 24 de julio de 2008 (Exp. 2002-04710-02, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno) sostuvo, en relación con la figura del llamamiento en garantía, que:

“El artículo 217 del CCA, se encuentra ubicado en el Título XXVI, que regula todo lo relativo a los procesos especiales, específicamente los procesos referentes a las controversias contractuales y los de reparación directa, dicha norma prevé:

‘ART. 217. Denuncia del pleito, llamamiento en garantía y reconvención. <Subrogado por el artículo 54 del Decreto Extraordinario 2304 de 1989>. En los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada podrá, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo’.

Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 27 de enero de 1995 (Exp. AR-008, C. P. Yesid Rojas Serrano) concluyó que la figura jurídica del llamamiento en garantía es procedente cuando se ejerce la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Siguiendo los lineamientos de esta jurisprudencia, las secciones del Consejo de Estado, en diversas oportunidades, frente a la interpretación y alcance de este artículo, han sostenido que si bien es cierto que allí solo se establece la posibilidad de realizar el llamamiento en garantía en los procesos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, también es posible utilizar esta institución procesal en los procesos adelantados en virtud de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, la Sección Segunda, del Consejo de Estado se ha pronunciado al respecto en los siguientes términos:

‘En lo concerniente al llamamiento en garantía debe primeramente estarse a lo dispuesto en el artículo 90 de la Carta Política, por cuya virtud los artículos 77 y 78 del CCA, antes que invalidarse, mantienen todo su contenido y alcance, máxime si se considera que con la incursión de los agentes privados en las funciones públicas, la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos no es exclusivamente estatal.

En este sentido, claro es que la salvaguarda de los principios de justicia y con ello de los derechos y prerrogativas de las personas, implica un ineludible reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, sin perjuicio de las formas propias del debido proceso que justamente tienden a reivindicar las bondades del Estado social de derecho en todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Por ello mismo, conviene a la economía procesal y por ende a la efectividad del derecho conculcado, la comparecencia de los eventuales responsables ante la jurisdicción contenciosa, independientemente de la nomenclatura que reviste la vía procesal de acceso del tercero. A tales efectos, demostrada la autoría del daño antijurídico y la culpabilidad del sujeto activo (dolo o culpa grave), procede la declaratoria de responsabilidad patrimonial a que haya lugar. De suerte que nada impide que bajo una misma cuerda se pueda probar que la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal haya sido la causa eficiente del daño censurado por el sujeto lesionado.

Así las cosas, claro es que al amparo de tales patrones jurídicos bien podía decretarse la comparencia del agente responsable, como en efecto ocurrió, siendo pertinente reconocer que merced a las probanzas allegadas al plenario la conducta dolosa del nominador quedó perfectamente acreditada, y por tanto, allanado el camino jurídico para que la entidad demandada repita contra este a partir del momento en que satisfaga las condenas impuestas en sentencia (…)’(1).

Por su parte, el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, precisó este asunto, de la siguiente forma:

‘PAR. 1º—Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo contemplado en esta ley’.

Y el artículo 19 ibídem, prevé:

‘ART. 19.—Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor’.

Estas disposiciones claramente explican que las personas jurídicas o naturales que tengan una vinculación legal o contractual con el Estado pueden ser llamados en garantía en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Así las cosas, es claro, de acuerdo con el planteamiento jurisprudencial aludido, que procede el llamamiento en garantía en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho(1).

Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en contratos de seguros con cláusula compromisoria.

El asunto planteado por Seguros Generales Suramericana S.A., ya había sido examinado por la Sala, en la providencia de 17 de junio de 2010 (Exp. 2002-04710-03, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno), en la cual indicó:

“Corresponde a la Sala determinar si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo carece de competencia para conocer del presente proceso, toda vez que el contrato de seguro entre las partes contiene una cláusula compromisoria.

Al respecto, es pertinente traer a colación la posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en reiterada jurisprudencia, con respecto a la Cláusula Compromisoria, ha establecido:

(…)

La cláusula compromisoria tiene como característica principal la de ser un acuerdo de voluntades, mediante la cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de los árbitros, quienes están transitoriamente investidos de la función de administrar justicia, y profieren una decisión o laudo que, por mandato legal, adquiere la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial. Es así que la cláusula compromisoria tiene su fuente jurídica en el contrato y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes que lo celebran, y como se vio, en este caso particular, la voluntad de las partes estuvo encaminada a tal propósito. La Constitución Política de 1991 señala en el artículo 116, inciso final, que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. De la anterior disposición se deduce que la autorización o habilitación a los particulares solo pueden darla las partes en cada caso, o sea, que son ellas quienes establecen la forma de resolver los eventuales conflictos o los conflictos reales que puedan sobrevenir o que ya han sobrevenido durante la ejecución del contrato. En ese orden de ideas, en el presente caso, el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, estuvo encaminada a que fuera un Tribunal de Arbitramento, quien resolviera los eventuales conflictos que se presentaran en el contrato celebrado por ellas, y como quiera que la demandada llamó en garantía a las aseguradoras, en virtud de la Póliza de Manejo Global Bancario No 1999, resulta aplicable la cláusula compromisoria pactada’(2).

(…)

En igual sentido y sobre la posibilidad del llamamiento en garantía con ocasión de un contrato de seguro, sostuvo que:

‘De acuerdo con el Decreto 1818 de 1998 —Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, artículo 118—, la cláusula compromisoria es un pacto contenido en un contrato, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión de este, a la decisión de un tribunal de arbitramento. En virtud de este pacto las partes comprometidas en él, en uso de la libre autonomía de la voluntad, deciden declinar la jurisdicción institucional del Estado para en su lugar someter la decisión del conflicto que pueda presentarse entre ellas, a la decisión de árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en los términos del artículo 116 superior; así, cualquier conflicto sometido a la cláusula compromisoria, escapa a la decisión de los jueces institucionales del Estado, a menos que las partes decidan derogar tal cláusula, de manera expresa, o tácitamente al aceptar sin réplica la citación que cualquiera de ellas haga a la otra, ante los jueces institucionales del Estado, situación que no se da en este evento, cuando una de las partes reclama su aplicación. Esta corporación ha establecido en reiterados pronunciamientos que la existencia de la cláusula compromisoria excluye de competencia a la Jurisdicción Contenciosa, por lo que, en el caso concreto tratándose de una vicisitud que surge con ocasión de la póliza de seguro, esta debe ser dirimida por árbitros, sin que haya lugar bajo el amparo de la figura del llamamiento en garantía, a que esta jurisdicción dirima contiendas que tienen como fuente el contrato de seguros en el que se pactó la cláusula compromisoria’(3) (negrilla fuera de texto).

De igual forma, manifestó:

‘De conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 —Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos—, la cláusula compromisoria es un pacto contenido en un contrato, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión de este, a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. En virtud de este pacto las partes comprometidas en él, en uso de la libre autonomía de la voluntad, deciden repudiar la jurisdicción institucional del Estado para en su lugar someter la decisión del conflicto que pueda presentarse entre ellas, a la decisión de árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en los términos del artículo 116 de la Constitución Política. Así, cualquier conflicto sometido a la cláusula compromisoria, escapa a la decisión de los jueces institucionales del Estado. En este sentido, aun cuando el llamamiento en garantía cumple con los requisitos de forma exigidos en la ley y, además, se acreditó la existencia de la relación contractual que fundamenta tal figura, se debe tener en cuenta que precisamente en dicho contrato se pactó una cláusula compromisoria que somete al conocimiento de los tribunales de arbitramento las diferencias que se llegaren a presentar con relación a la póliza de seguro, que contiene el contrato que sirve de fundamento al llamamiento, por lo tanto la jurisdicción contenciosa no puede emitir pronunciamiento alguno sobre los alcances de la responsabilidad contractual de las aseguradoras llamadas frente al Banco de la República, dado que la existencia de esta cláusula excluye la competencia de esta jurisdicción, por lo que quien debe conocer del asunto es el tribunal de arbitramento’(4) (negrilla y subrayado fuera de texto).

Es claro entonces para la Sala que de acuerdo con la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria y la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado cuando la cláusula compromisoria está incluida en el contrato, debe darse prevalencia al acuerdo de voluntades entre las partes en el Contrato de Seguros, esto es, a la cláusula que excluye a esta jurisdicción del conocimiento de dicha relación contractual.

No obstante lo anterior, estima la Sala que en el caso objeto de estudio no se presenta la misma situación fáctica y jurídica que permita afirmar que la citada cláusula compromisoria excluya a esta jurisdicción del conocimiento, pues la controversia no tiene origen en un contrato estatal y en este sentido, la competencia para evaluar la legalidad del acto administrativo y sus eventuales perjuicios, es exclusiva de esta jurisdicción.

Así las cosas, resulta indiscutible que la cláusula compromisoria no puede suprimir las competencias legalmente establecidas, esto es, que esta jurisdicción se pronuncie sobre la legalidad de los actos administrativos y la eventual prosperidad de las pretensiones de la parte actora.

Observa la Sala que dentro de la póliza de responsabilidad profesional, fue estipulada la cláusula compromisoria, la cual quedo pactada de la siguiente forma:

(…)

‘16. Cláusula compromisoria:

Todas las diferencias o controversias relativas a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverán por arreglo directo entre las partes o en su defecto mediante un tribunal de arbitramento que se constituirá y sujetara a lo dispuesto en el Decreto 1818 del 7 de septiembre de 1998 y demás normas que lo complementen, de acuerdo con las siguientes reglas:

a. El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, dos de los cuales serán elegidos por cada una de las partes y tercero de común acuerdo entre las partes o en su defecto por el centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.

b. La organización interna del tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto.

c. El arbitramento será legal.

d. El tribunal decidirá en derecho.

e. La Suramericana recibirá notificaciones en Medellín y el asegurado, en la dirección indicada en la carátula de la póliza’(5) (negrilla y subrayado fuera de texto.)

Insiste la Sala en que en el caso sub judice, si bien es cierto existe un contrato de seguros de responsabilidad civil profesional expedido a favor de ISA S.A. por Suramericana de Seguros S.A. para proteger el objeto del contrato de mandato celebrado entre Emgesa S.A. e ISA, contra los perjuicios que esta última pueda ocasionar a la primera de las nombradas, no lo es menos que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es en contra de los actos administrativos expedidos por ISA S.A. y, no propiamente, por el presunto incumplimiento del contrato de mandato, lo que impone que sea esta jurisdicción al momento de evaluar la legalidad de los actos administrativos quien conozca del llamamiento en garantía.

Dicha observación, se hace por cuanto al demandar actos administrativos, la jurisdicción contenciosa administrativa asume el conocimiento de las controversias surgidas con ocasión de la expedición de tales actos” (resaltado fuera del texto).

De manera que, no son de recibos los argumentos de Seguros Generales Suramericana S.A., con los cuales pretende que se revoque el auto que admitió su llamamiento en garantía, por cuanto, como fue explicado en la providencia transcrita, la controversia gira en torno a la legalidad de los actos administrativos expedidos por ISA E.S.P. S.A. y no a un incumplimiento de contrato, por lo que es a la jurisdicción contencioso administrativa a quien corresponde dirimir el conflicto(6).

Resuelto lo anterior, resta a la Sala pronunciarse sobre el llamamiento en garantía a las sociedades de energía, en virtud de los contratos de mandato celebrados con Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. —ISA—.

Del llamamiento en garantía de ISA S.A. E.S.P. a los agentes del mercado de energía.

La controversia originada en el llamamiento efectuado por ISA S.A. E.S.P., frente a las sociedades de energía con las que celebró contratos de mandato, en virtud del cual se obligó a realizar la liquidación de transacciones en la bolsa de energía, ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos(7) por la Sección Primera del Consejo de Estado, en los cuales se ha concluido que la vinculación de las empresas de energía resulta procedente, a la luz de lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, en providencia de 18 de febrero de 2013 (Exp. 2002-01640-02, C. P. María Elizabeth García González), se precisó:

“La figura del llamamiento en garantía no cuenta con regulación especial en el Código Contencioso Administrativo, ni en la Ley 678 de 2001(8), por lo que en virtud de lo normado en el artículo 267 del CCA, es menester remitirse a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su trámite y requisitos.

El artículo 57 del CPC, señala:

‘Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores’ (subrayado fuera de texto).

Por su parte, los artículos 55 y 56 ibídem, a los que se remite la norma transcrita, que regulan la figura denominada denuncia del pleito, prevén:

‘ART. 55.—Requisitos de la denuncia. El escrito de denuncia deberá contener:

1. El nombre del denunciado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del denunciado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación el escrito.

3. Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales’.

‘ART. 56.—Trámites y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado y señalará un término de cinco días para que intervenga en el proceso; si no residiere en la sede del juzgado, el término se aumentará hasta por diez días. El auto que acepte o niegue la denuncia es apelable.

La citación se hará mediante la notificación del auto que acepta la denuncia, en la forma establecida para el admisorio de la demanda, y el proceso se suspenderá desde la admisión de la denuncia hasta cuando se cite al denunciado y haya vencido el término para que este comparezca; la suspensión no podrá exceder de noventa días. El denunciado podrá presentar en un solo escrito contestación a la demanda y a la denuncia, y en el mismo solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

Surtida la citación, se considerará al denunciado listisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de este.

En la sentencia se resolverá, cuando fuere pertinente, sobre la relación sustancial que exista entre denunciante y denunciado, y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este’.

Respecto a la vinculación legal o contractual entre el demandado y el llamado en garantía, la Sección Tercera, en sentencia de 12 de agosto de 1999(9), precisó que debe presentarse prueba siquiera sumaria del mencionado vínculo, pues dicha exigencia contemplada en el artículo 54 del CPC, para la figura de la denuncia del pleito, es igualmente predicable a la del llamamiento en garantía.

La providencia citada expresó:

La exigencia de que en el escrito de llamamiento se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene un doble propósito: Por una parte, establecer los extremos y elementos de la relación procesal que se solicita sea definida por el juez, y por otra, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se formula, en orden a que el uso de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable, y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición al proceso; de allí que, si bien la remisión que para efectos del trámite se hace en la parte final del artículo 57 del CPC está referida tan solo a los artículos 55 y 56 ibídem, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 del mismo es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada.

Por lo tanto, quien solicita el llamamiento en garantía debe cumplir con la carga procesal de acompañar prueba siquiera sumaria del derecho para tal actuación, esto es, del derecho legal o contractual que le permita exigir del tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reintegro del pago que tuviere que hacer en virtud de la sentencia condenatoria que se profiera en su contra’ (resaltado fuera del texto).

Es claro entonces que por disposición expresa de los artículos 54 a 57 del CPC, el interesado en la vinculación del llamado en garantía debe aportar prueba siquiera sumaria del vínculo legal o contractual con este, para que en esa medida, el juez pueda concluir que al existir tal relación, sea procedente para el llamante la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir con ocasión de una condena.

En el caso sub judice, se observa que en el escrito de contestación de la demanda, el apoderado de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. —ISA—, solicitó llamar en garantía a 20 sociedades, con las que suscribió contratos de mandato, en virtud de los cuales surge su derecho de exigirles el reembolso del pago al que eventualmente pueda resultar condenada, con motivo de la sentencia que se profiera en este proceso. Las sociedades son las siguientes (…).

Al expediente se aportó copia de los contratos de mandato celebrados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. —ISA— (mandatario) con cada una de las sociedades citadas (mandantes), con su respectivo certificado de existencia y representación legal, lo cual prueba el requisito del vínculo contractual.

De los mencionados contratos se resaltan las siguientes disposiciones:

‘Primera: Objeto. Encomendar a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. –ISA-, Centro Nacional de Despacho CND, en su calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales —ASIC— la realización de los siguientes actos en nombre del MANDANTE: 1. Realizar la liquidación de la energía, potencia y servicios complementarios de energía, de las transacciones realizadas en el Mercado Mayorista de Energía, efectuadas por medio del SIC, las cuales para efecto de este contrato se denominarán transacciones en la bolsa de energía’.

La cláusula tercera dispone lo siguiente:

‘Tercera: Obligaciones del mandante. (…) 3. Suministrar al administrador del sistema de intercambios comerciales la información que este requiera para la liquidación, facturación y recaudo de dineros producto de las transacciones de energía, potencia y servicios complementarios de energía’.

De la lectura de las anteriores cláusulas se advierte que la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. —ISA— obra como mandante de las empresas llamadas en garantía y que con base en la información que le es suministrada por estas, elabora la respectiva facturación del servicio de energía.

En consecuencia, de declararse que ISA S.A. es responsable de la indebida liquidación del monto del cargo por capacidad reconocido en los actos demandados, eventualmente puede que también resulten involucradas las sociedades mandatarias, dado que son ellas las que le proporcionan la información para realizar las transacciones en la bolsa de energía” (resaltado fuera del texto).

Caso concreto.

Con la contestación de la demanda, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., solicitó llamar en garantía a las siguientes sociedades:

1Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P.
2Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.
3Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P.
4Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.
5AES Chivor & Cía. S.C.A. E.S.P.
6Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.
7Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
8Emgesa S.A. E.S.P.
9Empresas Municipales De Cali E.I.C.E. E.S.P.
10Empresa Urrá S.A. E.S.P.
11Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
12Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.
13Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
14Empresa Generadora de Energía del Tolima S.A. E.S.P.
15Isagen S.A. E.S.P.
16Merilectrica S.A. & Cía. S.C.A. E.S.P.
17Proeléctrica & Cia S.C.A. E.S.P.
18Termocandelaria S.C.A. E.S.P.
19Termoflores S.A. E.S.P.
20Termocartagena S.A. E.S.P.
21Termotasajero S.A. E.S.P.
22Compañía Suramericana de Seguros.

Como pruebas, que respaldan la solicitud, se anuncian en el escrito de contestación las siguientes (fl. 1096):

— Póliza 0037435-0 de 25 de octubre de 2001: Póliza responsabilidad civil para directores y administradores de empresas de servicios públicos.

— Póliza núm. 1200093-7 de 9 de octubre de 2001. Póliza de responsabilidad civil extracontractual.

— Contratos de mandato y certificado de existencia y representación: suscritos por los agentes del mercado.

De lo precedente, se concluye que, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Sala, se cumplen los requisitos para aceptar el llamamiento en garantía, efectuado por Interconexión Eléctrica S.A. —ISA—, pues, en principio, existe para ella la posibilidad de reclamar a las sociedades garantes, la indemnización o el pago de la suma a la que eventualmente resulte condenada.

Ello, sin perjuicio de que el juzgador, en la sentencia que ponga fin al proceso, determine si se produjo o no el daño y si, en virtud del vínculo contractual probado, el tercero está llamado a responder, analizando para el efecto, las cláusulas de los contratos de mandato, el alcance de la cobertura de las pólizas, la vigencia de las mismas, el pago de la prima, etc.; razón por la cual, se confirmará el proveído impugnado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el proveído impugnado.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».

(1) “Sentencia de 26 de noviembre de 1998. Exp. 1210/98. C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Sección Segunda del Consejo de Estado”.

(1) (sic) Véase también la sentencia de 29 de julio de 2010, Exp. 2003-003387-01. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sobre el mismo asunto.

(2) “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 8 de septiembre de 2005, Exp. 2001-02051, Rad. (30090), Actor Sergio Stefano Coronel Foglietti, C. P. Alier Eduardo Hernandez Enríquez”.

(3) “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007, Exp. 1999-01068, Rad. (33474), Actor Jaime Rodolfo Moncada Parada y otros, C. P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(4) “Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 26 de mayo de 2005, Exp. 2001-01147, Rad. (25614), Actor Hugo Yesid Suárez Sierra, C. P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(5) “Exp. 2002-04710, Cuaderno 2, folio 773”.

(6) Sobre este asunto, también la Sala, en un caso similar al que aquí se controvierte, concluyó que la póliza 1200093-7 de 9 de octubre de 2001, demostraba el vínculo contractual entre ISA. S.A. y la Compañía Suramericana de Seguros S.A., y, por tanto, procedía el llamamiento en garantía. Al respecto, ver el auto de 29 de julio de 2010 (Exp. 2003-003387-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), en el que la Sala expresó: “En efecto, se observa que en el escrito de contestación de la demanda el apoderado de Interconexión eléctrica S.A. ESP. — ISA, llamó en garantía a la Compañía Suramericana de Seguros S.A. por virtud de la suscripción de dos pólizas de seguros de responsabilidad civil por lo actos de los directores y administradores y, por la responsabilidad extracontractual. En consonancia con lo anterior, consta en los folios 81 a 143 copia de las pólizas a que se aludió en el párrafo anterior, lo cual acredita que el llamamiento cumple con los requerimientos dispuestos en el código de Procedimiento Civil[5], al cual, como ya se explicó en la providencia transcrita, se remite el Código Contencioso Administrativo en esta materia, es decir, la indicación del domicilio para efectos de las notificaciones, prueba sumaria de la existencia del vínculo contractual, y la disposición expresa de, por un lado, asistencia jurídica y procesal, y por otro la de responsabilidad civil resultante de los riesgos asegurados”.

Y en diversos pronunciamientos en los que se discutió el llamamiento en garantía de la Compañía Suramericana de Seguros S.A., concluyó que el mismo era procedente, en virtud de las pólizas 0037435-0 de 25 de octubre de 2001, “Póliza responsabilidad civil directores y administradores y recibo de prima”; y 1200093-7 de 9 de octubre de 2001, “Póliza responsabilidad civil extracontractual y recibo de prima”, que también son objeto de controversia en el presente proceso. Véase, por ejemplo, la providencia de 23 de junio de 2011, en la cual, la suscrita consejera ponente señaló: “Las condiciones de las pólizas transcritas permiten apreciar que la demandada cumplió con el requisito aludido en el CPC, en cuanto a la presentación de la prueba sumaria del vínculo contractual, en virtud del cual reclama de Suramericana la indemnización de los perjuicios que eventualmente llegare a sufrir si se profiere sentencia condenatoria”.

(7) Ver, entre otros, expedientes 2002-01640-02, 2002-01642-02, 2002-02074-02, 2002-02538-01, 2002-04722-01.

(8) “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

(9) “Expediente 15871. Actor: Juan Carlos Garcés Castrillón y otra. C. P. Germán Rodríguez Villamizar”.