Auto 2004-00707 de agosto 31 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DESIGNACIÓN DE CONJUECES EN EL CONSEJO DE ESTADO

SE INAPLICA POR INCONSTITUCIONAL, EL ART. 9º DEL DECRETO 2637 DE 2004

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Ref.: Expediente 1100103315000200400707 00. Incidente de impedimento. Actor: Eudoro Echeverri Quintana.

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.

Procede la Sala Plena a declarar su impedimento para conocer del asunto de la referencia.

El doctor Eudoro Echeverri Quintana, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra de la Nación, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, representadas por la Directora Ejecutiva de Administración Judicial y el Fiscal General de la Nación, solicitó declarar la nulidad o, en su defecto, la inaplicación de la resolución 1894 del 13 de diciembre de 2001, expedida por el Fiscal General de la Nación, y del Decreto 664 de 13 de abril de 1999; y la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio O.J. 400425 del 20 de marzo de 2002 de la Fiscalía General de la Nación.

Como consecuencia solicitó declarar que tiene derecho a que se le pague la bonificación por compensación en cumplimiento de los decretos 610 y 1239 de 1998 hasta alcanzar el equivalente del 60% del valor que en forma mensual hayan recibido los magistrados de las altas cortes durante 1999, el 70% en el 2000 y el 80% en el 2001 y de allí en adelante, con todas las consecuencias jurídicas que incluyen las respectivas condenas.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Conjueces, accedió a las súplicas de la demanda, declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó el restablecimiento del derecho deprecado.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido por auto del 29 de octubre de 2003 (fl. 218).

El expediente fue remitido a esta corporación y sometido a reparto correspondiéndole al ponente de esta providencia la calidad de sustanciador del proceso.

Para decidir la competencia para avocar el conocimiento del presente asunto deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

El artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 50 de la Ley 446 de 1998, prevé, en lo pertinente:

“ART. 50.—Causales y procedimiento. El artículo 160 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

“ART. 160.—Causales y procedimiento. Serán causales de recusación e impedimento para los consejeros, magistrados y jueces administrativos, además de las señaladas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, las siguientes: (…)”.

El numeral 5º del artículo 150 del CP, aplicable por remisión del artículo 160 del CCA, preceptúa:

“ART. 150.—Reformado. Decreto 2282 de 1989. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso” .

Por su parte el artículo 160A, adicionado por la Ley 446 de 1998, artículo 51, establece:

“Para el trámite de los impedimentos se seguirán las siguientes reglas: (...).

3. Si el impedimento comprende a toda la Sección o Subsección del Consejo de Estado o del Tribunal, el expediente se enviará a la Sección o Subsección que le siga en turno en el orden numérico, para que decida de plano sobre el impedimento; si lo declara fundado, avocará el conocimiento del proceso. En caso contrario, devolverá el expediente para que la misma Sección o Subsección continúe el trámite del mismo (...).

5. Si el impedimento comprende a todos los miembros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, sus integrantes deberán declararse impedidos en forma conjunta o separada, expresando los hechos en que se fundamente. Declarado el impedimento por la Sala respectiva se procederá al sorteo de conjueces para que asuman el conocimiento del asunto.

Las decisiones que se profieran durante el trámite de los impedimentos no son susceptibles de recurso alguno”.

En el presente asunto sería aplicable el numeral 3º de la norma transcrita y conforme a él debería la Subsección “B” proceder a declarar el impedimento para que fuera calificado por la Sala que sigue en el orden numérico, pero este trámite no resulta aplicable al caso pues los hechos en que se funda el impedimento son predicables de todos los magistrados de la corporación ya que la bonificación demandada beneficia también a los abogados auxiliares y asistentes que están bajo la dependencia de cada consejero (CPC, cfr. 150-5), razón por la cual la Sala Plena, como lo ha hecho en forma reiterada, debe declarar directamente el impedimento y ordenar el trámite correspondiente.

Así las cosas, la Sala Plena designará un conjuez que reemplazará al magistrado sustanciador y dos más, en lugar de quienes integran la Sala de Decisión en la Subsección “B” de la Sección Segunda, competente para conocer del asunto según el reglamento de la corporación.

Se acude a este procedimiento en virtud de que no existe norma aplicable al caso concreto y en desarrollo de los principios de eficacia y economía procesal, así como del derecho de acceso a la administración de justicia, en concordancia con el artículo 153 del Código de Procedimiento Civil.

De la misma forma, conforme a lo ordenado por el artículo 4º de la Carta Política, se inaplicará por inconstitucional el artículo 9º del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004, publicado en el Diario Oficial 45.645 de la misma fecha, que dispone:

“ART. 9º—El artículo 61 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:

PAR.—Los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, serán siempre dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador General de la Nación; un conjuez designado por el Contralor General de la República; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios judiciales”.

El texto fue modificado por el artículo 3º del Decreto 2697 del 24 de agosto de 2004, publicado en el Diario Oficial 45.661 del 25 de agosto de 2004, “por el cual se corrigen yerros tipográficos del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002”, con el siguiente tenor:

“ART. 3º—Corríjase el artículo 9º del Decreto 2637 de 2004 en el sentido de que su tenor literal es el siguiente:

ART. 9º—El artículo 61 de la Ley 270 de 1996 tendrá un parágrafo así:

PAR.—Los procesos judiciales que deban conocer las corporaciones judiciales en donde actúen como partes o terceros intervinientes funcionarios o empleados de la rama judicial, serán siempre dirimidos por salas de conjueces adscritas a las respectivas corporaciones integradas de la siguiente manera: Un conjuez designado por el Procurador General de la Nación; un conjuez designado por la Corte Suprema de Justicia; un tercer conjuez que será designado de común acuerdo por los dos conjueces designados en la forma descrita. Estos conjueces deberán reunir las mismas condiciones que para ser magistrado de la respectiva corporación y estarán sometidos al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios judiciales”.

El Decreto 2637 de 2004, “por el cual se desarrolla el Acto Legislativo 3 de 2002”, fue expedido por el Presidente de la República de Colombia, según se lee en su parte motiva, “en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las extraordinarias que le confieren el inciso 2º del artículo 4º transitorio del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002, por el cual se reforma la Constitución Nacional”.

El decreto de corrección fue expedido con base en las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189, numeral 10, de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913.

La norma citada como fundamento del Decreto 2637 de 2004 establece:

“ART. 4º—Transitorio. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, quien la presidirá, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, tres representantes a la cámara y tres senadores de las comisiones primeras, y tres miembros de la academia designados de común acuerdo por el gobierno y el Fiscal General, para que, por conducto de este último, presente a consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema.

El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de hábeas corpus, los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el estatuto orgánico de la fiscalía.

Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el presente acto legislativo, la ley tomará las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un sistema nacional de defensoría pública”.

El Presidente de la República al expedir el artículo 9º del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004 reguló materias y áreas distintas a las del sistema acusatorio propio del derecho penal y de la Fiscalía General de la Nación, concretamente, modificó la forma de designación de conjueces que hace parte de la Ley 270 de 1996, título III, de las corporaciones y despachos judiciales, capítulo V, disposiciones comunes, tema que corresponde a la administración de justicia, en general, por lo cual el aplicable es el artículo 61, sin adiciones, de la Ley 270 de 1996.

La norma transcrita del acto legislativo solo confirió al Presidente de la República competencia subsidiaria para que regulara lo pertinente al sistema acusatorio en materia penal y solo dentro de esa órbita podía ejercer las facultades pues el tema de la administración de justicia es de reserva legal, conforme al artículo 152 de la Constitución Política.

La norma que confiere facultades al ejecutivo rompe el principio de la separación de poderes y por tal razón debe ejercerse dentro de los precisos términos señalados en la norma habilitante, de manera tal que no es posible hacer una interpretación extensiva o analógica de tales facultades.

Las bases normativas del Decreto 2697 de 2004 se refieren a la atribución del Presidente de la República para promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento (C.P., art. 189-10); y a la potestad que le asiste para corregir los yerros caligráficos o tipográficos en las citas o referencias de unas leyes a otras, cuando no quede duda de la voluntad del legislador (L. 4ª/13, art. 45).

En criterio de la Sala la corrección no implica un yerro tipográfico pues se modifica una de las entidades que designaría eventualmente a los conjueces y, además, el decreto de corrección incurre en los mismos vicios anotados y en el adicional de haber sido expedido por fuera de los términos de la autorización.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. Inaplícase el artículo 9º del Decreto 2637 del 19 de agosto de 2004, con la corrección efectuada por el artículo 3º del Decreto 2697 del 24 de agosto de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Declárase impedida la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto.

3. Por la presidencia de la Sección Segunda procédase al sorteo de los conjueces que deberán reemplazar a los magistrados de la Subsección “B” y, una vez designados y posesionados, póngase a disposición suya el expediente para los fines consiguientes.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Esta providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Alberto Arango Mantilla—Camilo Arciniegas Andrade—Tarsicio Cáceres Toro—María Elena Giraldo Gómez—Nora Cecilia Gómez Molina—Alier Eduardo Hernández Enríquez—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa—Jesús María Lemos Bustamante—Ligia López Díaz—Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—María Inés Ortiz BarbosaNicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacio Hincapié—Darío Quiñones Pinilla—Germán Rodríguez Villamizar—Héctor J. Romero Díaz—Ramiro Saavedra Becerra.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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