Auto 2005-00093 de agosto de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2005-00093

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Ricardo Trujillo Pacheco

Auto

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil once.

Al entrar a proferir sentencia de fondo dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta contra las resoluciones 119 de 31 de julio de 2003 y 65 de 15 de abril de 2004 expedidas por la Junta Central de Contadores, se observa que se dio a la demanda el trámite equivocado de un proceso de única instancia sin cuantía previsto en el numeral 2º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998.

I. Antecedentes

I.1. El 6 de septiembre de 2004 el señor Ricardo Trujillo Pacheco, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento contra las resoluciones 119 de 31 de julio de 2003 y 65 de 15 de abril de 2004 expedidas por la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores, por medio de las cuales se resolvió una investigación disciplinaria en contra del actor y se resolvió un recurso de reposición respectivamente.

I.2. Correspondiéndole a la Subsección D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca su estudio, a través del auto de 2 de diciembre de 2004 resolvió remitir el expediente al Consejo de Estado al considerar que conforme al artículo 134E del Código Contencioso Administrativo los perjuicios morales estimados en la demanda como cuantía, no se debían tener en cuenta como tales.

I.3. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado al entrar a conocer del asunto, remitió el proceso a esta Sección al percatarse de que según las reglas de reparto previstas en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre 1999(1) de la corporación, no debía estudiar el negocio, y por ello a través del auto de 20 de enero de 2006 este despacho avocó el conocimiento del asunto.

II. Consideraciones de la Sala

El día 12 de julio entró en vigencia la Ley 1395 de 2010, norma que al ostentar una naturaleza procesal, y por ende de orden público, es de aplicación inmediata para las actuaciones judiciales. En consecuencia, corresponde al Consejero Ponente de acuerdo con las normas allí dispuestas resolver sobre la existencia de una causal de nulidad insaneable dentro del proceso. Al respecto, el artículo 61 de la referida ley, dispuso:

“El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente (negrilla y subrayado de la Sala).

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia”.

De otra parte y en lo que tiene que ver con la presunta nulidad, la Sala observa que al realizar un estudio del libelo demandatorio, en uno de sus apartes se encuentra la siguiente manifestación:

“(...).

1.3. Así mismo, condenar a la parte demandada a la suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, como consecuencia del daño moral causado al actor, consistente en la tristeza, aflicción y congoja con la expedición de los actos acusados (mayúsculas del original y negrillas fuera del texto) (fl. 60 del exp.).

Y más adelante señala:

“4. Competencia y cuantía

Es competencia de la honorable corporación de conformidad con el artículo 131 (num. 2º) del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que carece de cuantía, en que se controvierte la sanción disciplinaria impuesta al actor, además por factor territorial le corresponde a la honorable corporación, teniendo en cuenta el domicilio del actor y del demandante (sic), es la ciudad de Bogotá, D.C. No obstante lo anterior, los perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la expedición de los actos impugnados se estiman razonadamente en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes, que ascienden a la suma de treinta y cinco millones de pesos M/CTE ($ 35.000.000)” (destacado fuera del texto) (fl. 70 del exp.).

De acuerdo con las anteriores transcripciones el despacho encuentra que claramente la demanda y, por ende, el proceso sí tiene cuantía, pues al no darse el tramité adecuado a la demanda de acuerdo con las reglas de competencia del Código Contencioso Administrativo, puede dar lugar a la causal de nulidad insaneable prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, la Sección Tercera de esta corporación(2) ha sido enfática al señalar que los perjuicios morales sí son indemnizables sin importar su origen:

“IV. A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son esos dolores, padecimientos, etcétera, que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria(3).

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso”(4) (destacado fuera del texto).

Asimismo, esta sección ya ha estudiado la tasación que hace el actor de los perjuicios morales, entendiéndose por ello que son indemnizables siempre y cuando se encuentren probados dentro del proceso:

“En cuanto a la condena por perjuicios morales y el argumento de los apelantes según el cual, aquellos se infieren de la simple declaratoria de nulidad de los Decretos 137 y 151 de 1998, la Sala reitera que el perjuicio moral derivado de la pérdida de bienes o de imposición de sanciones, debe demostrarse mediante cualquier medio de prueba, ya que el juez solo habrá de reconocerlos cuando exista convicción y certeza de que quien los reclama, efectivamente ha padecido un trastorno emocional significativo, susceptible de ser reparado. Así pues, no habrá lugar a reconocer perjuicios extrapatrimoniales (perjuicios morales y alteraciones en las condiciones de existencia), toda vez que los demandantes no probaron su ocurrencia”(5) (negrillas fuera del texto).

Por lo demás, es de observarse que lo que allí se debate no es la nulidad de un acto administrativo que decide una situación de carácter laboral, sino que trata de la demanda de nulidad de unas resoluciones en las cuales se sancionó al actor con multa en calidad de contador, por parte de la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores, entidad del orden nacional que tiene a su cargo la función de juzgar las faltas cometidas por los profesionales en el ejercicio de la contaduría pública en el país, razón por la cual no puede aplicarse el inciso 3º del artículo 134E del Código Contencioso Administrativo, tal y como lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al remitir el expediente a la Sección Segunda de esta corporación.

De esta forma y toda vez que la cuantía del proceso asciende a 100 salarios mínimos, se remitirá el expediente a los juzgados administrativos para que conozcan del asunto.

Ciertamente, el artículo 42 de la Ley 446 de 1998 relacionado con la competencia en razón de la cuantía dispone:

“(...).

ART. 42.—Competencia de los jueces administrativos. Adiciónase el título 14 del libro 3º del Código Contencioso Administrativo con un capítulo III del siguiente tenor:

Capítulo 3 (sic)

Competencia de los jueces administrativos

(...).

ART. 134B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (destacado fuera de texto).

1. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

2. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, cuando se trate de controversias que se originen en una relación laboral legal y reglamentaria o cuando se controviertan actos administrativos de carácter laboral expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los actos referentes a la declaratoria de unidad de empresa y a la calificación de huelga, cuya competencia corresponde al Consejo de Estado en única instancia.

3. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales (negrilla fuera del texto).

En consecuencia se declarará la nulidad de todo lo actuado.

RESUELVE:

1. DECLÁRASE la nulidad de todo lo actuado en este proceso a partir del auto de 20 de enero de 2006, incluso, por el cual se avocó el conocimiento del asunto.

2. REMÍTASE el expediente a los juzgados administrativos de Cundinamarca (reparto) para lo de su cargo.

3. COMUNÍQUESE esta decisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

(1) Modificado por los acuerdos 55 de 5 de agosto de 2003 y 117 de 12 de octubre de 2010.

(2) Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. Expediente 14.589. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

(3) Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Trad. de Fernando Hinestroza, Bogotá, Edit. Antares, 1962. pág. 46.

(4) Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039. Consejero Ponente: Jorge Valencia Arango.

(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19 de noviembre de 2009. Rad.: 1998-90773-01. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso.