Auto 2005-00094 de abril 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

AC1760-2014

Radicación: 11001-31-03-015-2005-00094-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., siete de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

1. Como una sentencia recurrida en casación arriba a la Corte amparada por la presunción de legalidad y acierto, esto significa que la materia de decisión es distinta de las instancias, pues mientras en estas los juzgadores cuentan con amplias facultades para examinar las cuestiones de hecho y de derecho debatidas, en aquel ámbito, el análisis es restringido, en cuanto únicamente procede frente a causales taxativas señaladas por el legislador.

Por esto, la sustentación del recurso es rigurosa, debido a que la demanda respectiva, para ser recibida a trámite, debe sujetarse a ciertos “requisitos formales”, cuyo incumplimiento apareja su deserción, según el artículo 373, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil. Entre otros, común a todas las causales de casación, debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.

2. Expresar las razones de inconformidad en forma clara y precisa, permite escudriñar, de un lado, si el lenguaje utilizado es equívoco o aprehensible a los sentidos; y de otro, si el ataque es cabal y completo.

2.1. En palabras de la Sala, para la perfecta identificación, los cargos deben indicar la “(...) vía y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido”(1). Una acusación no cumple lo anterior, entre otros casos, cuando en un mismo cargo se hace mixtura de causales de casación, puesto que no es técnico, como igualmente tiene sentado esta corporación:

“(...) denunciar un error de juzgamiento y desarrollarlo como de procedimiento, o acusar errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas como fundamento de la violación directa de la ley sustancial, sino que es necesario identificar, en primer lugar, el tipo de error en que se pudo incurrir, y luego aducirse la causal o la vía que para el efecto se encuentra legalmente prevista”(2).

La razón de lo anterior estriba, también al decir de la Corte, en que:

“(...) si el ataque no cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de allá y de acá, su admisión es improcedente pues, en cualquier caso, no podría la Corte, dado el cariz dispositivo del recurso, oficiosamente optar por el estudio de una u otra”(3).

2.2. Con relación al requisito de precisión, la censura no sólo debe plantearse, como igualmente tiene explicado la Sala, con “(...) todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento”(4), sino formularse de manera enfocada y totalizadora, esto es, en “relación” directa entre la “sentencia y el ataque que se le formula”, y a la “plenitud” del mismo(5).

Si el embate es desenfocado, por cuanto al quedar enhiesto el argumento basilar de la decisión, este, por sí, le seguiría prestando base firme. Y si es incompleto, porque como cada uno de los varios fundamentos expuestos tendría la virtud de mantener el fallo impugnado, al soslayarse uno o varios de ellos, los demás soportes controvertidos caerían al vacío, así fueren infirmados, pues los no atacados lo seguirían sosteniendo.

Por supuesto, en el evento de combatirse todas las razones basilares, para entrar a resolver de manera íntegra y material, se requiere, desde el punto de vista formal, que todos los ataques hayan sido idóneamente propuestos, porque el planteamiento irregular contra uno de ellos, dejaría en pie el argumento y relevaría cualquier estudio de mérito, pues al seguir amparado por la presunción de legalidad y acierto, mantendría la sentencia impugnada.

En sentir de esta corporación, el reproche debe combatir “(...) todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución”(6), porque así se hubiere “(...) fustigado debidamente (...)” un razonamiento autónomo, “(...) el reproche antitécnico del otro argumento basilar, lo deja sin crítica alguna”(7).

Lo razonado, salvo cuando excepcionalmente el ataque se enarbola por vicios in procedendo, anclados en graves defectos en los presupuestos procesales, no saneados o sobrevinientes al margen de la sentencia, caso en el cual la acusación se ubicará dentro de los errores de construcción, de estructura y de garantía del juicio, que in radice inhabilitaban proveer fallo válido.

3. En el caso, al denunciarse la comisión de errores de hecho probatorios, esto supone, tocante con la constatación material y fijación del contenido objetivo de las pruebas, que el sentenciador las omitió, supuso o tergiversó.

3.1. No obstante, algunos errores se sustraen de la literalidad intrínseca de las pruebas denunciadas como mal apreciadas, pues para estructurarlos se echa mano de lo que dicen otros medios de convicción.

3.1.1. Obsérvese, en efecto, cómo la censura le resta credibilidad al dicho de XXX, por existir “(...) prueba sólida en contrario (...)”; al de XXX, porque los sistemas “no funcionaban de manera correcta, e inclusive contaban con evidentes vacíos (...) básicos para cualquier club social”; al de XXX, debido a que no se refirió “(...) a las falencias de seguridad enrostradas (...)”; y al interrogatorio de la parte demandante, por incurrir en “inconsistencias”, respecto de ciertas actuaciones penales.

Las pruebas en contrario aludidas por los recurrentes, hacen relación, en general, a las tenidas en cuenta para aceptar falencias en el sistema de seguridad del club, como lo tocante con la revisión de vehículos, entre ellas las trasladadas, así el tribunal no haya hecho mención expresa a las mismas, pero que en virtud de esa conclusión, se entienden valoradas implícitamente.

Denunciados, entonces, en ambos cargos la comisión de errores de hecho probatorios, inclusive unos mismos, en realidad se desarrollan como yerros de derecho en la estimación de pruebas, pues la confrontación de medios, para mostrar contradicciones, concatenaciones y exclusiones, toca es con la apreciación de las pruebas en conjunto, esto es, al decir de la Corte, con una “prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas (...)”(8).

3.1.2. Lo mismo debe decirse del interrogatorio del representante del extremo demandado, en lo relativo a que se le dio mérito a las manifestaciones en favor, toda vez que si ello no constituía confesión, el punto se entronca es con la conducencia o idoneidad del medio para acreditar determinado hecho y no con su contenido material.

3.2. Si se interpreta con amplitud que en esos apartes se denuncian errores de contemplación jurídica de pruebas, la Corte tropezaría con un escollo insalvable, porque con independencia de otros defectos técnicos, ninguno de los cargos indica las normas probatorias infringidas, cual lo exige el artículo 374, in fine, del Código de Procedimiento Civil, pues únicamente se citan como tales los artículos 64, 1494, 1613, 1614, 2341, 2347 y 2349 del Código Civil, 1º de la Ley 95 de 1890 y 16 de la Ley 446 de 1998.

3.3. Los defectos formales dichos relevan cualquier análisis de fondo sobre si es acertada la conclusión del tribunal, según la cual el nivel de seguridad en el establecimiento del ente demandado, para la época de los hechos, era alto o sofisticado, sin par en la ciudad.

Esto, porque en la hipótesis de haberse incurrido en error de hecho manifiesto y trascendente al apreciarse los testimonios de XXX y XXX, debido a la señalada causal de sospecha, y las demás pruebas relacionadas, como la inspección judicial o el dictamen pericial, convierte el embate en incompleto de manera sobrevenida, por no ser en ese específico punto íntegro y material, pues la presunción de legalidad y acierto dichos, seguiría soportada en los medios de convicción cuya supuesta errónea valoración fue propuesta inidóneamente en el campo formal.

4. El entremezclamiento de causales igualmente se observa, respecto de la obligación de seguridad a cargo de la XXX, la cual el tribunal, conforme a los estatutos, encontró cumplida, no más allá, dado su objeto social, de la normal, con independencia de lo dicho o lo que pueda decirse de las sociedades XXX XXX y de XXX.

4.1. En efecto, el error de hecho no se edifica por omisión del contenido material de la cláusula respectiva, sobre que el ente demandado “(...) tomará las medidas que estén a su alcance para hacer segura la estadía de cuantos lo visiten (...)”, sino al restarle importancia, en cuanto este, al decir del ad quem, no asumió “(...) un grado mayor de cuidado o seguridad a aquel exigido en forma corriente (...)”.

Se observa, pese a denunciarse un yerro de contemplación objetiva de los estatutos, se desarrolla, sin embargo, en un escenario distinto, pues teniéndose acreditada la obligación de seguridad, el problema planteado es de subsunción normativa, lo cual es atacable por un camino distinto. La calificación del hecho, desde luego, como culpa lata o grave, es netamente jurídico.

4.2. Con todo, entendida la acusación por la senda correspondiente, técnicamente no es posible resolverla de fondo, porque en ninguno de los cargos, de cara a una cláusula social, se cumple el requisito ineludible de citar el precepto sustancial pertinente trasgredido, exigido por el artículo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

La violación, por supuesto, no puede referirse a cualquier norma de ese linaje, sino a una que, al tenor del artículo 51, numeral 1º del Decreto 2691 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, sea base esencial del fallo impugnado o haya debido serlo, siempre y cuando tenga relación con el aspecto material específico discutido, pues el cumplimento de ese presupuesto formal únicamente fue atenuado en punto de la “proposición jurídica completa”.

Ninguno de los preceptos denunciados del Código Civil hace relación a la graduación de la culpa: el 64, modificado por el 1º de la Ley 95 de 1890, habla es de la fuerza mayor o el caso fortuito; el 1494, de la fuente de las obligaciones; el 1613 y el 1614, del daño emergente y el lucro cesante; y el 2341, el 2347 y el 2349, de la responsabilidad civil extracontractual. Y el 16 de la Ley 446 de 1998, atañe es a los principios de reparación integral y de equidad.

5. Relativo a la apreciación del interrogatorio del representante del ente demandado, de los testimonios de XXX y de XXX XXX, así como de los estatutos sociales, respecto de la constitución de XXX y de su admisión en condición de socia de aquel, y de la aprobación del beneficiario de la acción corporativa, señor XXX, todo lo cual fue fraguado, es punto pacífico, para ejecutar el atentado terrorista, en la acusación se sostiene que al vincular en esos trámites a la XXX, “(...) el ad quem pretende desviar la responsabilidad de la demandada (...)”.

Al margen de otras deficiencias técnicas, el ataque en ese puntual aspecto resulta asimétrico, suficiente, por sí, para relevar el estudio de mérito, por cuanto las súplicas no se desestimaron al respecto ante la ausencia de legitimación en causa por pasiva. Simplemente se concluyó, en dirección a la verificación de referencias y calidades de postulantes y postulados, que la “(...) responsabilidad (...) no es directa (...)”, esto es, que los procedimientos los realizó la propia demandada por conducto de otra persona jurídica.

La absolución se fulminó por tratarse de un “(...) plan (...) cuidadosa y hábilmente desarrollado, esto es, de forma tal que no llevó a generar sospecha alguna, por mínima que fuera (...)”. El ataque, entonces, debió dirigirse a mostrar que esta conclusión basilar es equivocada, por el cauce que corresponda, pero nada de ello aparece abordado.

6. La glosa técnica antes advertida también se predica, respecto del cargo segundo, de todo lo aducido alrededor de la fuerza mayor o el caso fortuito, por cuanto ese eximente de responsabilidad no fue una de las razones que llevaron a dar al traste con las pretensiones. Según el tribunal, “(...) lo que surgió demostrado con suficiencia fue la intervención exclusiva de un tercero en la producción del daño (...)”, donde el ente convocado “(...) igualmente fue víctima del siniestro plan elaborado por la célula de las XXX (...)”.

La censura sostiene como “(...) verdad que el ataque fue perpetrado por un grupo subversivo —las XXX— que se constituye ciertamente en el tercero causante directo del daño”. No obstante, le imputa “(...) participación al club, en la ocurrencia de los hechos dañosos, con su actuar omisivo y pasivo en temas de seguridad y verificación de datos de sus candidatos a socios y beneficiarios de acciones (...)”.

El planteamiento, entonces, aparece contradictorio, pues si en el cargo se acepta expresamente la responsabilidad exclusiva de un tercero, no se entiende cómo, a la también considerada víctima por el sentenciador, la XXX, entre otras, entendiéndose de ahí que quienes deben indemnizar son otros sujetos, la censura le atribuya participación, lo cual a no dudarlo, afecta el requisito formal de claridad dicho.

Al margen de lo anterior, el cuestionamiento, en todo caso, se torna desviado, porque antes de atribuir intervención del ente convocado en la producción del daño, a los recurrentes les correspondía desvirtuar la conclusión del juzgador, según la cual aquel igualmente era víctima, pero nada se hizo para mostrar en contrario.

Y si la participación del extremo demandado en los fatídicos hechos, se hace derivar de “(...) su actuar omisivo y pasivo en temas de seguridad y verificación de datos y de sus candidatos a socios y beneficiarios de acciones”, se imponía acreditar el hecho. Sin embargo, cual quedó registrado arriba, el tribunal concluyó que la obligación de seguridad, en la diligencia que correspondía, fue cumplida, y en contra de esto ningún ataque debido se formuló.

7. De lo expuesto se sigue que ante las falencias enrostradas, ninguno de los reproches contenidos en ambos cargos, hay lugar a estudiarlos y decidirlos en su mérito, pues como tiene explicado la Corte:

“(...) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”(9).

8. La consecuencia ineludible no es otra que inadmitir la demanda y declarar desierto el recurso extraordinario.

3. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible el libelo examinado y desierto el recurso de casación de que se trata. Consecuentemente, ordena devolver el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Notifíquese».

(1) Cfr. Auto de 19 de febrero de 2010, Expediente 3455.

(2) Auto 147 de 2 de agosto de 2004, Expediente 4780.

(3) Auto de 19 de enero de 2010, Expediente 17.

(4) Sentencia 114 de 15 de septiembre de 1994, CCXXXI-523, reiterada en auto de 18 de julio de 2013, Expediente 353.

(5) Cfr. Auto 34 de 12 de marzo de 2008, Expediente 271, reiterando doctrina anterior.

(6) Auto 34 de 12 de marzo de 2008, Expediente 271, reiterando doctrina anterior.

(7) Auto de 1º de septiembre de 2008, Expediente 2004-00201.

(8) Sentencia de 22 de abril de 2013, Expediente 533, reiterando varios precedentes.

(9) Auto de 26 de abril de 2011, Expediente 354.