Auto 2005-00244 de enero 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-31-03-008-2005-00244-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de de dos mil doce

Bogotá, D.C., diecisiete de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Es un asunto no sujeto a discusión, que el recurso de casación ostenta una naturaleza eminentemente dispositiva, por lo que la actividad discursiva y juzgadora de la Corte se encuentra limitada por el contenido y alcance de la demanda que se formule para sustentar la acusación. De ahí que al juzgador no le esté permitido hacer interpretaciones que sobrepasen los señalamientos que de modo expreso y manifiesto aduzca el censor en su libelo, ni mucho menos reformular los cargos que haya planteado de modo deficiente.

Sobre tal aspecto, se tiene asentado hace varias décadas, que “el recurrente, como acusador que es de la sentencia de segunda instancia, está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los términos de la censura y en congruencia con estos, pueda decidir el recurso, sin tener que moverse oficiosamente a completar, modificar o recrear la acusación planteada sin acierto, lo cual no entra en sus poderes” (CVII, 86).

La referida formalidad legal, según doctrina reiterada de esta Sala, apunta a la “nitidez, a la lucidez que han de traducir los razonamientos de la censura que se hace al fallador, y a la puntualidad y concreción en el ataque formulado de cara a la sentencia, calidades que le permitirán a la Corte apreciar los yerros o equivocaciones cometidos por el juzgador”(1).

En providencia de 11 de mayo de 2010, se señaló que “para que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (CPC, art. 373-4)”(2).

La violación de la ley sustancial consagrada en la causal primera de casación, como es sabido, puede presentarse por dos vías diversas: i) la directa y ii) la indirecta, presentándose la primera, “cuando haciendo abstracción del material probatorio, se omite aplicar en la sentencia una norma de derecho sustancial pertinente para resolver el conflicto de intereses, o se le aplica dándole un alcance que realmente no tiene o, en últimas, se hace obrar en el litigio un precepto legal totalmente inapropiado”, mientras que a la segunda modalidad de quebranto de la ley sustancial se llega “por la errada contemplación objetiva o jurídica de la prueba, según se trate de error de hecho, ora de derecho, respectivamente”(3), sin que sea posible para el recurrente, “confundir una cosa con otra, ni tampoco hacer mixturas con ellas o saltar a capricho de aquí para allá, que si lo hace es con sacrificio definitivo de la claridad y precisión, comoquiera que tratándose de conceptos en cierta forma antagónicos mal podrían entremezclarse o invocarse a un tiempo; y sin que, de otro lado, como ya se explicó, le sea posible a la Corte tomar partido por una u otra vía, ya que, se repite, no corresponde a ella trazar el rumbo de la censura”(4).

Ahora bien, con prescindencia de la vía que se escoja para rebatir la sentencia impugnada, sobre el recurrente gravita una carga adicional consistente en atacar todos los razonamientos jurídicos, o los probatorios, que sirvieron de apoyo al ad quem para adoptar la decisión que se recurre, pues “los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objetivo de desvirtuarlas o quebrarlas’, puesto que si alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente ‘y por sí mism[o] le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (se resalta)(5).

2. Hechas las anteriores precisiones, la Sala considera que ninguno de los cargos formulados puede ser admitido para su estudio de fondo, por los siguientes motivos:

2.1. El tribunal adujo como fundamento de su decisión confirmatoria, lo siguiente:

La parte demandante no probó que los avalúos elaborados por los demandados fueran incorrectos, que presentaran error grave, existiera dolo o mala fe, que tuvieran informaciones y conclusiones no ajustadas a la realidad de los predios para la época (1995-1996) en que fueron realizados. Por el contrario, al compararlos con el que hizo la Lonja de Propiedad Raíz (1999) se tiene que aunque el terreno es el mismo se trata de bienes diferentes, pues sus características, la explotación, los proyectos, el área, etc., han variado de una fecha a otra, lo mismo que las condiciones de mercado del sector cambiaron de los años de 1995 y 1996, y con mayor razón, al año 1999 cuando se hizo el avalúo retroactivo y el 2002 cuando el demandado vendió los inmuebles, como se explica a continuación” (se resalta).

(...).

“Aunado a lo anterior, se tiene que cuando el demandante aceptó y recibió los inmuebles, lo hizo bajo las condiciones especiales que se indicaban en el avalúo; tan es así que en el acta 2101 se observa expresa referencia al mismo, es decir, sabía que se tenía un proyecto de condominio con licencias aprobadas, permiso de ventas, algunas obras, planos de loteo, de servicios públicos, etc., circunstancias que le daban un valor agregado, pero cuando se hace el avalúo retroactivo por parte de la lonja de propiedad raíz, por petición del actor, los mencionados permisos ya habían expirado, solo se tenía el terreno rural sin el proyecto antes mencionado, de donde se deduce que las condiciones cambiaron y eso es culpa exclusiva del banco por no preservar el proyecto de desarrollo urbanístico indicado en precedencia”.

“Ahora bien, mención complementaria se debe hacer respecto del avalúo elaborado el 3 de octubre de 1995 por el demandado Javier Hoyos Patiño para Interplan S.A., del cual no puede derivarse responsabilidad alguna, pues según el acta 2101 del 26 de febrero de 1997, la junta directiva del demandante tuvo en cuenta el presentado por María Amalia Umaña y Bernardo Pombo Recaman & Asociados Ltda. (fls. 44, 45 vto.)”.

2.2. Si se cotejan los argumentos en que se apoya la sentencia impugnada, antes transcritos, con los reproches del primer cargo levantado contra aquella, puede advertirse, con facilidad, que el recurrente no combatió la totalidad de estos y tal omisión impide su admisión.

En efecto, el impugnante pasó de largo sobre varias de las razones que fueron aducidas por el Tribunal para confirmar la sentencia de primer grado, entre las que destacan las siguientes:

(i) Que no se demostró que los avalúos de los demandados presentaran error grave, dolo o mala fe, o tuvieran conclusiones no ajustadas a la realidad de los predios, para el día en que fueron elaborados.

(ii) Que cuando el banco recibió los inmuebles en dación en pago, lo hizo bajo las condiciones especiales que se indicaban en el avalúo a que se refiere el acta 2101, es decir, se trataba de unos bienes con licencias para construir un condominio, con proyectos de venta, loteos, servicios públicos etc., aspectos que eran de conocimiento de la entidad demandante.

(iii) Que al realizar la lonja de propiedad raíz de Bogotá, el avalúo de los mismos bienes en 1999, las condiciones de mercado habían variado por culpa del banco, pues este no preservó el proyecto urbanístico que había sido aprobado para ser desarrollado dentro de tales inmuebles y las licencias y permisos concedidos ya habían expirado.

Nada de lo anterior se combate en el cargo; el ataque del casacionista se reduce, en esencia, a alegar que el ad quem incurrió en error de hecho al apreciar la demanda y el avalúo corporativo que demuestra, en su sentir, las incorrecciones de los que practicaron los demandados, y el acta 2121 de 1997. Pero nada dice el recurrente sobre la culpa que le achaca el tribunal al banco o, sobre el recibo de los predios conforme al avalúo a que refiere el acta 2121, sobre la expiración de permisos y licencias o, en fin, sobre las variaciones en las condiciones de mercado entre los años 1996 y 2000, razones que, como antes se acotó, también sirvieron de fundamento al juzgador de segunda instancia para considerar que los convocados al juicio no eran civilmente responsables de los perjuicios reclamados en la demanda y que, necesariamente, debían ser derruidas para que se tornara procedente la casación o quiebre del fallo impugnado.

En este orden de ideas, forzoso es concluir que la crítica formulada en el primero de los cargos es incompleta, pues el recurrente se limitó a impugnar algunos de los razonamientos esgrimidos por el ad quem, pero dejó incólumes otros que, también dan, sólido apoyo a la determinación.

La Sala, como antes se señaló, tiene dicho que “recurrir en casación implica algo más que mostrar desacuerdo con las decisiones; necesarísimo es que el recurrente, en tanto que el blanco de su ataque sea la sentencia, por sobre todo, y antes que ensimismarse en su propio parecer, enristre contra las argumentaciones que el sentenciador tuvo en mira para apuntalar el mérito que finalmente otorgó a las pruebas; porque es evidente que mientras estas no sean derribadas, habrá que tenerlas por ciertas dada la presunción de legalidad que las ampara”(6), de manera tal que, si “las... motivaciones del tribunal no son combatidas por el impugnador, el rechazo de la acusación se impone”(7) (se resalta).

2.3. Desde otro punto de vista, examinados los reproches puntuales del cargo —insuficientes para permitir la admisión de este, por las razones técnicas antes mencionadas—, la Sala observa que es cierto que el tribunal se equivocó al aseverar que el avalúo retroactivo de la lonja fue solicitado en el año 1999, cuando ello, en realidad, ocurrió en agosto de 2000, pero tal yerro —contrariamente a lo sostenido por el recurrente— es intrascendente, habida cuenta que en el mismo párrafo de la sentencia que transcribe el censor(8), se alude al folio 110 del cuaderno primero, en el que figura la estimación efectuada en la fecha últimamente citada, lo que demuestra que el ad quem no omitió la apreciación del trabajo elaborado por la lonja con efectos retroactivos al mes de octubre de 1996, perspectiva desde la cual es dable concluir que el impugnante partió de una premisa falsa al elaborar su acusación.

Para corroborar lo anterior, se destaca que en la sentencia, el tribunal expresó lo siguiente: “La lonja de propiedad raíz hace referencia (fl. 114) a que las condiciones de mercado inmobiliario variaron sustancialmente del año 1996 a 1999; es así que para octubre de 1996 da a entender el buen momento que atravesaba, cuando afirma: por las expectativas y el mercado de condominios de la época a la cual se solicita el presente avalúo, aunque ya se presentaban signos de decaimiento, se preveía una valoración estable a mediana ascendencia (fl. 118)”(9), pasajes que, identificados por su foliatura, corresponden al avalúo realizado en el mes de agosto de 2000.

Síguese de lo anterior que si el censor al elaborar el cargo, partió de la premisa de que el juez colegiado apreció el trabajo de 1999 y no el del año 2000 y ello, según tal entendimiento, fue lo que sirvió de apoyo a dicho sentenciador para estimar que los avalúos de los demandados no tenían error, o no habían sido elaborados con dolo o culpa, la armazón del cargo se derrumba y cae por completo en el vacío, al constatarse que aquel sí tuvo en cuenta el avalúo retroactivo practicado en el mes de agosto de 2000, que fue identificado, como antes se evidenció, en varios apartes del fallo, por los folios con los que milita en el expediente.

En este orden de ideas, si la prueba documental en la que el casacionista apoyó buena parte de su acusación, vale decir, el avalúo de la lonja de agosto de 2000, sí fue tenida en cuenta en la sentencia impugnada, tal probanza no puede ser esgrimida por el recurrente —como se hace en el cargo— para sostener que demuestra fehacientemente los errores que se imputan a los demandados por haber avaluado los inmuebles en los montos mencionados en la demanda.

Por el contrario, resulta incontrovertible que fue luego de la apreciación individual y conjunta de los tres avalúos, que el tribunal concluyó que aunque se trataban de los mismos predios, existían circunstancias como diversas áreas, explotación, destinación y variación de las situaciones de mercado entre los años de 1995 y 2000, que justificaban el disímil resultado que muestran los trabajos efectuados por aquellos, contrastados con el de la lonja de propiedad raíz.

Distinta sería la situación si el avalúo retroactivo practicado por la lonja en el año 2000 hubiese analizado las valoraciones efectuadas en 1995 y 1996 por las personas llamadas a juicio y demostrado fehacientemente que presentaban un error grave en sus fundamentos o en sus conclusiones, pues en ese caso es evidente que podría emplazarse al tribunal por haber omitido la valoración de dicha conclusión.

Pero el mencionado avalúo no menciona tales trabajos y por ello mal puede pretender el recurrente que la Corte prefiera las conclusiones probatorias que se ensayan en el cargo, en lugar de las que trae la sentencia impugnada, pues ello solo es posible ante la cabal y fehaciente demostración de un error mayúsculo en que hubiere incurrido el tribunal al dictar el fallo.

La labor del recurrente, por lo tanto, ha debido encaminarse a demostrar que el juzgador de segundo grado erró al considerar que el actor no demostró que los avalúos elaborados por los demandados fueran incorrectos; que presentaran error grave, existiera dolo o mala fe; que tuvieran informaciones y conclusiones no ajustadas a la realidad de los predios para la época en que fueron realizados, o al estimar que el banco recibió los inmuebles con el conocimiento de que tenían un proyecto de un condominio para desarrollar, pero esa tarea no fue acometida en el cargo sub examine.

En síntesis, el primero de los cargos no solo es incompleto, sino además está edificado sobre una premisa falsa creada por el recurrente.

2.4. Ahora bien, en vista del defecto que se descubre en el primero de los cargos, los yerros denunciados en el segundo se tornan intrascendentes, pues aun cuando se diera la razón al casacionista —aspecto que no se determina en este momento—, la Corte no podría casar la sentencia impugnada, ya que los razonamientos aducidos por el tribunal para desestimar las súplicas de la sociedad recurrente —algunos de ellos no combatidos— deben considerarse ajustados a derecho, en vista de la acerada presunción de legalidad y acierto que cobija a aquella.

El anterior pensamiento ha sido el que esta corporación ha expresado con insistencia, el cual se resume en lo que sigue: “cuando la sentencia acusada se basa en varios motivos jurídicos independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(10).

3. Por las razones que se han dejado consignadas, se inadmitirá la demanda formulada para sustentar el recurso de casación y, por consiguiente, se declarará su deserción.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario formulado por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el nueve de mayo de dos mil once por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.

2. DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.

Devuélvase la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Auto de 13 de agosto de 2001, Expediente 2349.

(2) Expediente 2004-00623-01.

(3) Casación de 29 de agosto de 2000, Expediente 5380.

(4) Auto de 24 de julio de 2011, Expediente 9457.

(5) Casación de 7 de septiembre de 2006. Tesis reiterada en auto de 8 de noviembre de 2011, Expediente 2005-00501.

(6) Casación de 7 de noviembre de 2000, Expediente 5693.

(7) Sentencia de 7 de septiembre de 2006; auto de 10 de agosto de 2011, Expediente 2004-00384.

(8) Folio 28, cuaderno 2.

(9) Folio 33.

(10) Casación Civil de 19 de diciembre de 2005, Expediente 1989-01859-01. Tesis reiterada en autos de 19 de diciembre de 2008, Expediente 1999-02950-01; 9 de agosto de 2010, Expediente 2002-00198-01; 11 de julio de 2011, Expediente 1999-01180-01, entre otros.