AUTO 2005-00494 de junio 7 de 2005

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Rad.: 11001-03-15-000-2005-00494-00(S)IJ

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: embotelladora de Santander S.A.

Bogotá, siete de junio de dos mil cinco.

Procede el despacho a resolver acerca de la admisión del recurso extraordinario de súplica oportunamente interpuesto por la sociedad Embotelladora de Santander S.A. contra la sentencia del 3 de marzo de 2005, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la cual confirmó la sentencia emitida el 21 de agosto de 2003 por la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El anterior recurso fue concedido por la sección cuarta de esta corporación mediante providencia del cinco (5) de mayo del año en curso por haber sido presentado dentro del término de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la providencia y por cumplir con los requisitos de forma previstos en el inciso 2º del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo.

CONSIDERACIONES:

Antes de proceder a resolver sobre la admisión o rechazo del recurso, es pertinente realizar un análisis en torno a la situación presentada con ocasión de la expedición de la Ley 954 de 2005, por la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia.

En efecto, mediante el artículo tercero de la Ley 954 del 27 de abril de 2005 se derogó el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 que regulaba lo relativo al recurso extraordinario de súplica y en el artículo transitorio se dispuso:

“ART. TRANS.—Salas especiales transitorias de decisión. Créanse en el Consejo de Estado salas especiales transitorias de decisión, encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio. (…)”.

No cabe duda que los recursos extraordinarios de súplica que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005 (abril 28) tuvieren auto admisorio deben ser decididos por las salas especiales transitorias de decisión creadas en la misma ley.

A primera vista pareciera entonces que aquellos recursos extraordinarios de súplica que a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley no hubieren sido admitidos, como el del presente caso, deberían entonces ser rechazados. Sobre este último aspecto el despacho hace las siguientes consideraciones:

Si se examina la exposición de motivos que acompañó el Proyecto de Ley 194 de 2004 Senado “Por medio del cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia”, se observa que éste tuvo como propósito fundamental el de “descongestionar tanto la Sala plena de lo contencioso administrativo, como las diferentes secciones que la integran, todas las cuales viven una verdadera situación de emergencia…”. El proyecto buscaba “…establecer el mecanismo adecuado para que la Sala plena contencioso administrativa evacue el trabajo que se ha venido acumulando en relación con los recursos de súplica interpuestos, cuya decisión se ha venido desplazando por las competencias prioritarias que la Constitución le asignó….”. Se propuso entonces crear las Salas especiales transitorias de decisión “…toda vez que si bien se considera la necesidad de eliminar el recurso extraordinario de súplica, es importante señalar que en los recursos en donde se haya dictado auto admisorio de la demanda debe proferirse decisión”.

No obstante la clara intención de la ley de buscar la descongestión de la Sala plena mediante la resolución de los recursos extraordinarios de súplica respecto de los cuales se hubiere proferido auto admisorio, el artículo 7º de la misma Ley 954 de 2005 dispuso:

“ART. 7º—Vigencia de la ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”. (Resaltado fuera de texto).

El citado artículo 164 de la Ley 446 de 1998 consagra:

Ley 446 de 1998.

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación”. (Resaltado fuera de texto).

Esta norma está en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual dispone:

Ley 153 de 1887.

“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-200 de 2002 en la cual se concluye:

“Del análisis efectuado en la Sentencia C-619 de 2001 citada, cuyos considerandos reitera la Corte, es posible concluir que el efecto general inmediato de la ley procesal que consagra el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 no desconoce la Constitución, pues por aplicarse a situaciones jurídicas que aun no se han consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.

En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (…)”. (C. Const., Sent. mar. 19/2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

De otro lado, en la Sentencia C-619 de 2001, a que se hace referencia en el anterior fallo, la Corte Constitucional manifestó:

“Sobre este tema la jurisprudencia de esta Corte, como también la de la H. Corte Suprema de Justicia y del H. Consejo de Estado, han expresado:

“El principio de la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, del H. Consejo de Estado y de esta misma Corte Constitucional.

Una nueva ley, dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado social de derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya se han definido o consolidado, y que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se constituyeron.

(…).

De acuerdo con lo aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior.

(…)”. (Cfr. Corte Constitucional, sentencia de 14 de junio de 2001, M.P. Marco Gerardo Morroy Cabra).

En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, “con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustancias son las vigentes en la época en que estos se adelanten (…)”. (Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de septiembre 11 de 1998, M.P. Julio Enrique Correa, exp. 8982).

Reiterando esta jurisprudencia, la misma sección se pronunció sobre el particular:

“Otra es la situación respecto de las normas procedimentales o instrumentales que regulan trámites, términos, recursos y competencias y que tienen el carácter de orden público (CPC, art. 6º), pues éstas son de aplicación inmediata y prevalecen sobre las anteriores a partir de su entrada en vigencia, con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias para hacer efectivas las normas sustanciales son los vigentes en la época en que éstos se adelanten”. (Crf. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de marzo de 2002, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, exp. 1997-3983).

Al remitir entonces el artículo 7º de la Ley 954 de 2005 al artículo 164 de la Ley 446 de 1998 y disponer que la ley rige “en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998”, es imperativo proceder a resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, los cuales deberán decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.

Realizando una interpretación finalística de este artículo 7º, no podría ser otra la conclusión pues al haberse incluido la expresión “en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998” aparece evidente que el legislador tuvo la clara intención de que se estudiaran todos los recursos interpuestos los cuales quedaban sometidos a la norma que regía cuando se interpusieron. De no haber sido así, hubiera simplemente consignado que la presente ley regiría a partir de la fecha de su promulgación.

Una interpretación contraria conllevaría la vulneración de derechos fundamentales tales como el acceso a la administración de justicia, la buena fe, el debido proceso, entre otros, al dejar sin resolver recursos interpuestos bajo la vigencia de una ley que consagraba el recurso extraordinario de súplica, no obstante haber cumplido con los requisitos de oportunidad y de forma en ella establecidos. Por la necesidad de descongestionar la Sala Plena del Consejo de Estado no podría llegarse al punto de atentar contra los derechos de quienes, de buena fe y respetando los términos previstos en la norma vigente presentaron un recurso extraordinario que, tan solo a partir de la vigencia de la Ley 954 de 2005 quedó eliminado hacia el futuro.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

1. ADMÍTESE el recurso extraordinario de súplica oportunamente interpuesto por la sociedad Embotelladora de Santander S.A. contra la sentencia del 3 de marzo de 2005 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

2. Notifíquese personalmente esta providencia al director de la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3. Notifíquese personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante esta corporación.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María Claudia Rojas Lasso.