Auto 2005-00626 de julio 7 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2005-00626-01

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra el auto de 10 de agosto de 2007, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío

Actor: Rodrigo Varón Barragán

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil once.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la providencia de 10 de agosto de 2007, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindío rechazó la demanda dentro del expediente de la referencia.

1. Antecedentes.

Rodrigo Varón Barragán, en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 704 de 7 de septiembre de 2004 y 915 de 16 de diciembre de 2004, por medio de las cuales el subgerente de gestión contractual del Instituto Nacional de Concesiones —INCO— ordena, por motivos de utilidad pública e interés social, la iniciación del trámite judicial de expropiación de un inmueble, y resuelve un recurso de reposición, respectivamente.

Solicitó la indemnización de los perjuicios causados con la expedición de los actos acusados.

Como fundamento de sus pretensiones, el actor, en síntesis, adujo:

— Que mediante Oficio DRQ de 22 de mayo de 2003, el director del Instituto Nacional de Vías —Invías— Regional Quindío, formuló al actor oferta formal de compra de una franja de terreno, mejoras y especies del inmueble de su propiedad denominado “La Esperanza”, Camino de la Bimba, sector Luna Park, en la vereda San Juan de Carolina del Municipio de Salento - Quindío, con fundamento en el avalúo practicado por peritos de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío.

— Que el Instituto Nacional de Concesiones —INCO— efectuó el correspondiente alcance a la oferta de compra, para la adquisición del mencionado predio.

— Que el actor se opuso al avalúo comercial, por considerar que no se ajustó a las normas que regulan la materia.

— Que mediante sendos oficios que respondieron los diferentes derechos de petición y objeciones a los avalúos, formulados por el demandante, Invías ratificó la oferta de compra con la advertencia de que si no se aceptaba, se llevaría a cabo la expropiación judicial, por la imposibilidad de realizar la negociación voluntaria.

— Que mediante Resolución 704 de 7 de septiembre de 2004, el subgerente de gestión contractual del INCO ordena, por motivos de utilidad pública e interés social, la iniciación del trámite judicial de expropiación del inmueble objeto de la controversia.

— Que la decisión fue confirmada mediante Resolución 915 de 16 de diciembre de 2004.

II. Fundamentos de la providencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante providencia de 10 de agosto de 2007, rechazó la demanda con fundamento en que las resoluciones acusadas constituían actos de trámite no susceptibles de control jurisdiccional.

Adujo el a quo que los actos demandados, si bien afectan la situación particular del actor, no ponen fin a la actuación administrativa, por cuanto con ellos no se consuma la expropiación del inmueble de su propiedad.

III. Fundamentos del recurso

El demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se resolviera si el proceso tiene o no vocación de doble instancia; si es competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío o el Consejo de Estado; y si los actos de trámite demandados pueden ser objeto de impugnación ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

IV. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a determinar si las resoluciones acusadas, mediante las cuales el subgerente de gestión contractual del Instituto Nacional de Concesiones —INCO— ordena, por motivos de utilidad pública e interés social, la iniciación del trámite judicial de expropiación de un inmueble, constituyen actos administrativos definitivos, pasibles de acción jurisdiccional.

Para expedir los actos demandados, la Administración tuvo en cuenta:

— Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997(1) establece que “para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes, se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines (...). e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo”.

— Que el inmueble propiedad de Rodrigo Varón Barragán se requiere para el desarrollo del proyecto “Desarrollo vial Armenia-Pereira-Manizales, sector intersección Circasia a desnivel”.

— Que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO solicitó y obtuvo de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, el avalúo técnico administrativo AL-047-03 de 11 de marzo de 2003, determinado en la suma de $ 23.171.666.

— Que el director regional del Instituto Nacional de Vías - Invías, con base en el avalúo formuló la oferta formal de compra del inmueble contenida en el Oficio DRQ 702 de 22 de mayo de 2003, que fue objetada por el actor.

— Que ante la imposibilidad de efectuar la negociación voluntaria, se hace necesario ordenar la iniciación del trámite judicial de expropiación del inmueble propiedad de Rodrigo Varón Barragán.

Con fundamento en lo anterior, la administración resolvió iniciar el procedimiento comprendido en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, para la adquisición de inmuebles por expropiación judicial; decisión que, sin lugar a dudas, constituye un acto administrativo, por cuanto es una manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos frente al administrado y que pone fin a la etapa de negociación voluntaria.

Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta corporación, al señalar que la expropiación judicial se presenta como consecuencia del fracaso de la etapa de negociación voluntaria, frente al que la administración está obligada a iniciar el proceso de expropiación en los términos de la Ley 9ª de 1989, 388 de 1997 y del Código de Procedimiento Civil, para lo cual, expide una resolución que se notifica en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo, que admite recurso de reposición. Al efecto, la providencia de 10 de diciembre de 2008 (Exp. 2008-00043, C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo:

“Advierte la Sala que, en cumplimiento de las leyes 388 de 1997 y 9ª de 1989, las resoluciones acusadas ordenan el inicio de la expropiación judicial, ante el fracaso de la etapa de enajenación voluntaria y la inexistencia de la declaración de las condiciones de urgencia manifiesta.

En este sentido, ha considerado la Sala en asuntos similares (Exp. 2004-90065. M.P. Marco Antonio velilla Moreno. A. de jul. 3/2008) que el acto que ordena la expropiación judicial es un acto administrativo, susceptible de control por parte de esta jurisdicción, por cuanto es notificado conforme a las normas del Código Contencioso Administrativo, es una manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos frente al administrado y pone fin a la etapa de negociación voluntaria” (resaltado fuera del texto).

Así las cosas, la Sala concluye que erró el tribunal al considerar que los actos administrativos acusados, mediante los cuales el INCO resolvió iniciar el proceso de expropiación judicial del inmueble propiedad del actor, constituían actos de trámite; razón por la cual lo procedente es revocar el auto apelado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En consecuencia, se ordenará al tribunal que, luego de estudiar los requisitos de la demanda, provea sobre su admisibilidad, a la luz de lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y demás normas especiales concordantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío el 10 de agosto de 2007. En su lugar, se dispone que el a quo provea sobre la admisión de la demanda.

ORDÉNASE al mencionado tribunal proveer sobre la admisión de la demanda.

En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2011.

(1) Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.