Auto 2005-01984 de febrero 9 de 2011 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 200012331000200501984 01

Rad.: 38914

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Mery Mercedes Sepúlveda Navarro y otros

Demandado: Hospital Regional de Aguachica “José David Padilla Villafañe” ESE

Ref.: Recurso de súplica - Reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Procedibilidad del recurso ordinario de súplica.

El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo, establece que el recurso ordinario de súplica procede en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente. Este se interpondrá dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito que se dirige a la Sala de la cual forma parte el ponente, con expresión de las razones en las cuales se funda.

De conformidad con lo anterior, se tiene que el proveído de 16 de noviembre de 2010, a través del cual se declaró la nulidad del auto proferido el 6 de agosto y, en consecuencia, se dispuso inadmitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, es un auto de naturaleza interlocutoria proferido por el señor consejero ponente, de modo que contra el mismo resulta procedente el recurso incoado.

Aunado a lo anterior, una vez verificadas las actuaciones procesales surtidas dentro del presente asunto, se observa que el recurso ordinario de súplica fue interpuesto de manera oportuna, esto es el 3 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta que el auto impugnado fue notificado por Estado el día 30 de noviembre siguiente y, por ende, su término de ejecutoria transcurrió desde el 1º hasta el 3 de diciembre de 2010.

En ese orden de ideas, resulta procedente resolver de fondo el aludido recurso ordinario de súplica interpuesto por la parte actora.

2. Cuestión previa: modificaciones introducidas por la Ley 1395 de 2010 relacionadas con la determinación de la cuantía de los procesos.

Antes de abordar el análisis del caso concreto y con el fin de concederle una mejor ilustración al asunto a resolver, resulta menester destacar que con la expedición de la Ley 1395 de 2010, específicamente el artículo 3º, se modificó el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento CiviI(2), toda vez que estableció que la cuantía del proceso se determinará por el valor de la sumatoria de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, motivo por el cual bajo la vigencia de esta ley no habrá lugar a identificar la pretensión mayor individualmente considerada —cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones— al momento de realizar el análisis respectivo para determinar el valor de la cuantía del proceso.

Ahora bien, se destaca que el citado cuerpo normativo no estableció una norma de transición, a través de la cual se modulara la aplicación de las nuevas disposiciones contenidas en la mencionada ley, razón por la cual, a efectos de llenar el aludido vacío legislativo, es necesario acudir al artículo 164 de la Ley 446 de 1998, precepto aún vigente, el cual dispone:

“En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.

(...)” (resaltado fuera del texto original).

Lo anterior fue precisado mediante auto proferido por la Sala Plena de esta corporación el día 7 de diciembre de 2010(3).

Así las cosas, comoquiera que el recurso de alzada se interpuso el 30 de abril de 2010, esto es antes de la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la cuantía de este asunto se determinará por la pretensión mayor individualmente considerada que se haya estimado en el libelo demandatorio.

3. El principio de la doble instancia y la “perpetuatio jurisdictionis”.

El actor considera que con la providencia objeto de impugnación se produjo una vulneración al principio de la doble instancia y de los derechos al debido proceso y a la efectiva administración de justicia, toda vez que considera que las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998, las cuales cobraron vigencia con la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, no podían aplicarse retroactivamente respecto de los procesos que se habían iniciado bajo el imperio de la ley anterior, sino que solo podían utilizarse en relación con los procesos que comenzaron con posterioridad a la vigencia de las normas jurídicas modificatorias antes indicadas.

Al respecto, se impone señalar que el artículo 31 de la Constitución Política consagra el principio de la doble instancia, según el cual, las sentencias judiciales son susceptibles de apelación o consulta, salvo las excepciones que señale la ley. Así pues, dicho principio no tiene carácter absoluto, tal como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia C-153 de 1995, al precisar que su aplicación depende de la regulación que para tal efecto establezca el legislador. Sobre ese punto, esa corporación sostuvo:

“El principio de la doble instancia, soportado en el mecanismo de impugnación a través de la apelación y en la institución de la consulta, no tiene un carácter absoluto, en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial sea susceptible de ser apelada o consultada, pues su aplicación práctica queda supeditada a las regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe con el principio de igualdad”.

Relacionado con el anterior principio, el cual resulta pertinente para el análisis de los cargos del recurrente, se encuentra también el principio de la “perpetuatio jurisdictionis”, el cual si bien tiene como regla general la inmodificabilidad de ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis y que el proceso se desarrolle de acuerdo con el orden ritual y que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo(4), los cuales se determinan al momento de la presentación de la demanda (CPC, art. 21), lo cierto es que el propio legislador puede excepcionar esa regla, la cual es de naturaleza procesal y de aplicación inmediata.

En relación con la aplicación del mencionado principio, esta sección del Consejo de Estado indicó que si bien es cierto que la jurisdicción y competencia del juez se determinan con fundamento en la situación de hecho existente al momento de presentación de la demanda, también lo es que este principio no es absoluto, cuando de aplicar leyes procesales nuevas se trata; al respecto se indicó:

“El asunto era de dos instancias —como se dijo— cuando se inició (D. 528/64, art. 32 ord. 2º lit. f)). El nuevo código lo hizo de única (CCA, art. 131 num. 10) y su aplicación es inmediata. Habría tenido segunda instancia si la apelación se hubiera producido antes de la vigencia del nuevo código (se resalta).

En materia procesal no existe derecho adquirido a un determinado procedimiento, ni a un número prefijado de instancias. El proceso iniciado como de dos, puede volverse de única o viceversa. Solo por excepción se quiebra el principio (se resalta).

Y aunque el profesor Hernando Morales coincide con el pensamiento del señor consejero Valencia en cuanto afirma en su obra “Curso de derecho procesal civil” (parte general, pág. 182, edición ABC, 1985) que “las leyes sobre jurisdicción y competencia no versan sobre sustanciación y ritualidad de los juicios ni tienen el carácter de instrumentales, sino que a la vez que estructuran el proceso son garantías constitucionales”, sí agrega otras apreciaciones que refuerzan la posición de la Sala. Así, “por eso (las leyes sobre jurisdicción y competencia, se entiende), son de aplicación inmediata a los procesos en curso, salvo que digan otra cosa, con base en el artículo 18 de la Ley 153 de 1887 (Giraldo Zuluaga T.m. pág. 22), sin que se aplique a ellas la perpetuatio jurisdictionis (se resalta).

Por tanto, si por ley varía el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que es de orden público”(6)(sic).

A partir de lo expresado se concluye que el principio de la “perpetuatio jurísdictionis” no es absoluto cuando se trata de la aplicación de las leyes procesales, en cuanto que estas, salvo que la ley disponga otra cosa, son de aplicación inmediata en los procesos en curso, dado que se trata de normas de orden público

3. Las modificaciones introducidas por la Ley 954 de 2005 y la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos.

Una vez expuestas las anteriores consideraciones, conviene analizar el alcance y la interpretación en relación con las modificaciones que en materia de competencia fueron introducidas por la Ley 446 de 1998, la cual entró en vigor con la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos y por la Ley 954 de 2005 con el fin de establecer cuál es la legislación aplicable al presente asunto para determinar la cuantía necesaria para que un proceso de esta naturaleza acceda a la segunda instancia ante esta corporación.

A través de la Ley 954 se readecuaron temporalmente las competencias establecidas en la Ley 446 de 1998, mientras entraban en funcionamiento los juzgados administrativos; de esta manera se estableció:

“ART. 1º—Readecuación temporal de las competencias previstas en la Ley 446 de 1998, quedará así:

PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

“Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Así mismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”.

Los tribunales administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los tribunales administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los jueces administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los tribunales administrativos.

El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 7º de la citada Ley 446 de 1998 estableció que dicha normatividad comenzaría a regir a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del inciso 1º del artículo 164 de la misma ley, el cual dispuso lo siguiente:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso - administrativa. En los procesos iniciados ante la jurisdicción contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación” (resaltado fuera del texto).

Por lo tanto, en cada caso concreto es necesario determinar la fecha en la cual se interpuso el recurso de apelación, para efectos de establecer si tienen aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 954 de 2005, normatividad que tuvo una vigencia transitoria, como a continuación se pasa a explicar:

A partir del 28 de abril de 2005, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 954 y hasta que entraron a funcionar los juzgados administrativos, esto es el 1º de agosto de 2006(4), los tribunales administrativos conocieron, en única instancia, de los asuntos de reparación directa, siempre que su cuantía fuese inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de presentación de la demanda, los cuales, al año 2005 (año en que se presentó la demanda)(2) equivalían a $ 190.750.000, dado que el salario mínimo para ese año era de $ 381.500.

De este modo, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, cuyo recurso de apelación hubiere sido interpuesto bajo la vigencia de la Ley 954, pudiere acceder efectivamente a la segunda instancia requeriría que la cuantía del mismo excediese la suma de $ 190.750.000, de conformidad con lo explicado anteriormente.

Así pues, una vez entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, adquirieron plena aplicación las disposiciones contenidas en el artículo 42 de la pluricitada Ley 446 de 1998, en virtud de las cuales los juzgados administrativos conocen, en primera instancia, de los procesos de reparación directa siempre que su cuantía no exceda de 500 SMLMV.

Por consiguiente, un proceso de reparación directa que durante la vigencia de la Ley 954 era de única instancia ante el tribunal, por tener una cuantía inferior a 500 SMLMV, en virtud de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos volvió a tener vocación de doble instancia, siendo estos los competentes para conocerlo en primera instancia. Ahora bien, el inciso 3º del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, prevé:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa. (...).

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los tribunales y que quedaron de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia” (resaltado fuera del texto) (...).

Por lo tanto, si al momento de la entrada en vigencia de los juzgados administrativos, es decir el 1º de agosto de 2006, el proceso se encontraba a despacho para dictar sentencia, el tribunal mantenía su competencia para fallar, en única instancia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 954.

4. El caso en concreto.

Establecido lo anterior, procederá la Sala a determinar el alcance y contenido de las pretensiones de la demanda, con el fin de establecer si la pretensión de mayor cuantía supera los 500 SMLMV y, por tanto, considerar si el presente asunto accede, o no, a la segunda instancia.

En este sentido se observa que en la demanda se introdujeron las siguientes pretensiones:

“Pretensiones.

(...).

Segundo: Que consecuencialmente de la anterior declaración, el Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe empresa social del Estado sea condenada a pagar a todos y cada uno de los demandantes, el valor de los perjuicios morales de todo orden y con base en el valor del salario mínimo debidamente certificado para la fecha de fallo o de su ejecutoria pues el núcleo familiar percibió impotente el ineficiente actuar de las entidades generando posteriores traumatismos de orden psíquicos y emocionales ante la muerte de Héctor Omar Pérez Vega.

Estas afectaciones morales se piden sean resarcidas en el máximo ordenado por la jurisprudencia, esto es, 100 salarios mínimos para cada uno de los afectados, es decir, para su cónyuge Mery Mercedes Sepúlveda Navarro y 100 salarios mínimos para cada uno de sus hijos Luis Fernando Pérez Sepúlveda, Claudia Consuelo Pérez Sepulveda y Viancy Yajaira Pérez Sepúlveda.

Ello a título de perjuicios morales por tratarse de la perturbación de gran trascendencia que ha incidido en el ámbito emocional del grupo familiar, originando el dolor constitutivo que dan cuenta los perjuicios morales, que al no poderse resarcir en sí mismos deben serlo en forma económica.

Los perjuicios materiales para su cónyuge, Mery Mercedes Sepúlveda Navarro y de sus hijas Claudia Consuelo Pérez Sepúlveda y Viancy Yajaira Pérez Sepúlveda, quienes dependían económicamente de su cónyuge y padre fallecido, pues no trabajaban y con quienes convivía.

Por ello se debe acceder a la pretensión indemnizatoria tomando como base el salario mínimo a la fecha de ejecutoria de la sentencia que así lo ordene.

(...)” (fls. 83-98, cdno. 1).

Se observa, además, que respecto de la cuantía del proceso, la parte actora la cuantificó de la siguiente forma:

“Estimación razonada de la cuantía

Estimo la cuantía a la fecha de presentación de la demanda en más de $ 250'000.000 por la siguiente razón:

Por cuanto se reclaman perjuicios para la cónyuge supérstite de Héctor Omar Pérez, señora Mery Mercedes Sepúlveda Navarro en cuantía de 100 salarios mínimos, así como 100 salarios mínimos para cada uno de sus tres hijos Luis Fernando Pérez Sepúlveda, Claudia Consuelo Pérez Sepúlveda y Viancy Yajaira Pérez Sepúlveda, y los perjuicios materiales el equivalente al salario mínimo desde la fecha en que se haga efectivo el pago de la condena que ordene ese tribunal.

Monto que se ha de reconocer a nombre de Mery Mercedes Sepúlveda Navarro, quien dependía de su esposo fallecido y tiene a cargo el cuidado y manutención de sus hijas, aumentando el mismo en un 25% por concepto de prestaciones” (fl. 98, cdno. 1).

El señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia, los cuales no pueden variarse por apreciaciones posteriores del juez o de las partes.

En este sentido, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones” (se resalta).

De allí que, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso, el juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en la demanda, así como la estimación razonada de su cuantía(5).

En consecuencia, cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía del proceso se determinará por el monto de la pretensión mayor al momento de presentación de la demanda, cuando allí se acumulen varias pretensiones. Por ello, en las acciones de esta naturaleza no resulta procedente la sumatoria de diferentes clases de perjuicios con el fin de determinar, la cuantía del proceso, dado que las pretensiones encaminadas a obtener la indemnización, por ejemplo, de perjuicios de orden material (daño emergente y lucro cesante) e inmaterial (moral o daño a las condiciones de existencia), entre otras, constituyen pretensiones autónomas frente a cada demandante, las cuales devienen de una fuente distinta y por lo tanto, su sumatoria, con el fin de establecer la cuantía, resulta inadecuada.

Así las cosas, la Sala calculó la liquidación de los perjuicios correspondientes a los perjuicios materiales teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la parte actora.

En consecuencia, respecto de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Mery Mercedes Sepúlveda Navarro, de conformidad con los criterios propuestos por los demandantes y aplicando las fórmulas que normalmente son aplicadas por el Consejo de Estado para obtener el monto de la indemnización por esta clase de perjuicio, obtiene como resultado la suma aproximada de $ 28.811.736.

Por consiguiente, se impone concluir que la pretensión mayor de la demanda corresponde a la de perjuicios morales por valor de 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, suma que será tenida en cuenta como la cuantía del proceso.

Ahora bien, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpuso el 30 de abril de 2010, es decir con posterioridad a la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, lo cual significa que para ese momento ya tenía plena aplicación la Ley 446 de 1998, mediante la cual —se reitera—, se modificó la competencia de los tribunales administrativos para conocer de los diferentes asuntos, en única y en primera instancia, tal como se dejó indicado anteriormente.

Así las cosas, en aplicación de la Ley 446, el presente asunto para poder acceder a la doble instancia ante el Consejo de Estado necesariamente debía tener una cuantía superior a los 500 SMLMV, al momento de presentación de la demanda, es decir, exceder la suma de $ 190.750.000; dado que la pretensión mayor se calculó en 100 SMLMV, se impone concluir que este proceso no accede a la segunda instancia ante esta corporación.

En consecuencia, se confirmará el auto impugnado, toda vez que la cuantía del proceso no supera el monto exigido en la ley para que el presente asunto acceda a la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. ACEPTAR el desistimiento, presentado por la parte demandante, del recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 16 de noviembre de 2010.

2. CONFIRMAR el auto suplicado, esto es el proferido por el magistrado sustanciador doctor Hernán Andrade Rincón, el 16 de noviembre de 2010.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Artículo 20 del Código de Procedimiento Civil: La cuantía se determinará así: (...).

Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones.

(3) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 7 de diciembre de 2010. Expediente 080012331000200900019 02 (IJ), M.P. Enrique Gil Botero.

(4) Hernando Morales Molina. Derecho procesal civil, pág. 206, Editorial ABC.

(6)(sic) Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 31701. Auto noviembre 24 de 2005, M.P. Alier Eduardo Hernández Enriquez.

(4)(sic) Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo 3409 del 9 de mayo de 2006 “Por el cual se dictan medidas tendientes a poner en operación los juzgados administrativos”.

ART. 2º—“Entrada en operación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo tercero del Acuerdo 3345 de 2006 y de las diligencias y gestiones de índole administrativo que deben adelantarse para un adecuado funcionamiento de los nuevos despachos, así como en desarrollo de lo establecido por el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446, modificado por el artículo 1º de la Ley 954 de 2005, establecer como fecha de entrada en operación de los juzgados administrativos el día 1º de agosto del año 2006”.

(2)(sic) Ver auto de la Sala Plena del Consejo de Estado, de fecha 28 de marzo de 2006, expediente 7678-2005.

(5) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, autos proferidos el 2 de febrero de 2002, dentro de los expedientes 18252 y 18786.