Auto 2005-04898 de septiembre 15 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTIENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Consejero Ponente:

Enrique Gil Botero

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014)

Radicación 05001-23- 31-000-2005-04898-01 (49.947)

Actor: Caprecom

Demandado: Municipio de Anzá y otros

Referencia: Acción contractual

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 4 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el que se ordenó el archivo del proceso, por desistimiento tácito.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La Sala tiene competencia funcional para conocer del asunto porque se trata de un auto interlocutorio, proferido en primera instancia por un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa (art. 61 de la L. 1395/2010; y arts. 129 y 146A del CCA).

2. El artículo 65 de la Ley 1395 de 2010 modificó el numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, que se refiere a las disposiciones que debe adoptar el ponente en el auto admisorio de la demanda, y cuyo contenido es el siguiente:

ART. 65.—El numeral 4º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo quedará así:

Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que prudencialmente se considere necesaria para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice.

Si dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que el demandante ha desistido de la demanda y se procederá en forma inmediata al archivo del expediente. (Se destaca)

En efecto, la citada disposición se refiere al depósito ele los gastos ordinarios del proceso, cuya cuantía y término quedan supeditados a lo dispuesto por el juez o magistrado director del proceso en el auto que admite la demanda. La norma radica una sanción en cabeza del demandante que no acredite el pago dentro del mes siguiente al vencimiento del término fijado en el auto admisorio.

La sanción impuesta por la normativa, es drástica, en la medida que castiga al demandante que no ha sufragado los gastos ordinarios del proceso, al presumir que éste ha desistido de la demanda y, por lo tanto, ordena proceder de inmediato al archivo del proceso.

3. Sin embargo, en el caso sub judice, el archivo del proceso no obedeció a que la parte accionante no había cancelado los gastos del proceso, sino a que no había adelantado gestión alguna para emplazar al señor Óscar Arley Martínez, puesto que como ya se reseñó, está demostrado que las expensas procesales fueron canceladas el 8 de noviembre de 2012. En este orden de ideas, advierte la Sala que el caso de autos no se enmarca en el supuesto contemplado en el artículo 65 de la Ley 1395 de 2010, por lo que no había lugar a decretar el desistimiento del proceso, y si bien, la parte demandante fue requerida en varias ocasiones, su conducta no trae corno consecuencia sanción alguna.

Por las razones expuestas, y para efectos de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, en los términos del artículo 228 de la Constitución Política, se revocará la providencia impugnada, y en su lugar, se ordenará continuar con el trámite del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE

PRIMERO: Revocase el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 4 de diciembre de 2013, que decretó el archivo del proceso, por desistimiento tácito,

SEGUNDO: Por secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».