Auto 2005-07200 de marzo 21 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2005-07200

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra el auto de 7 de febrero de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actora: Emgesa S.A. ESP

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para conocer del presente proceso, toda vez que el contrato de seguro entre las partes contiene una cláusula compromisoria.

Al respecto, es pertinente traer a colación la posición de la Sección Tercera de Consejo de Estado, que en reiterada jurisprudencia, con respecto a la cláusula compromisoria, ha establecido:

(…).

““La cláusula compromisoria tiene como característica principal la de ser un acuerdo de voluntades, mediante la cual las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de los árbitros, quienes están transitoriamente investidos de la función de administrar justicia, y profieren una decisión o laudo que, por mandato legal, adquiere la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial. Es así que la cláusula compromisoria tiene su fuente jurídica en el contrato y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes que lo celebran, y como se vio, en este caso particular, la voluntad de las partes estuvo encaminada a tal propósito. La Constitución Política de 1991 señala en el artículo 116, inciso final, que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. De la anterior disposición se deduce que la autorización o habilitación a los particulares solo pueden darla las partes en cara caso, o sea, que son ellas quienes establecen la forma de resolver los eventuales conflictos o los conflictos reales que puedan sobrevenir o que ya han sobrevenido durante la ejecución del contrato. En ese orden de ideas, en el presente caso, el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, estuvo encaminada a que fuera un Tribunal de Arbitramento, quien resolviera los eventuales conflictos que se presentaran en el contrato celebrado por ellas, y como quiera que la demandada llamó en garantía a las aseguradoras, en virtud de la póliza de manejo global bancario 1999, resulta aplicable la cláusula compromisoria pactada”(1)”.

(...).

En igual sentido y sobre la posibilidad del llamamiento en garantía con ocasión de un contrato de seguro, ha sostenido que:

““De acuerdo con el Decreto 1818 de 1998 —estatuto de mecanismos alternativos de solución de conflictos artículo 118—, la cláusula compromisoria es un pacto contenido en un contrato, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión de éste, a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. En virtud de este pacto las partes comprometidas en él, en uso de la libre autonomía de la voluntad, deciden declinar la jurisdicción institucional del Estado para en su lugar someter la decisión del conflicto que pueda presentarse entre ellas, a la decisión de árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en los términos del artículo 116 superior; así, cualquier conflicto sometido a la cláusula compromisoria, escapa a la decisión de los jueces institucionales del Estado, a menos que las partes decidan derogar tal cláusula, de manera expresa, o tácitamente al aceptar sin réplica la citación que cualquiera de ellas haga a la otra, ante los jueces institucionales del Estado, situación que no se da en este evento, cuando una de las partes reclama su aplicación. Esta corporación ha establecido en reiterados pronunciamientos que la existencia de la cláusula compromisoria excluye de competencia a la jurisdicción contenciosa, por lo que, en el caso concreto tratándose de una vicisitud que surge con ocasión de la póliza de seguro, ésta debe ser dirimida por árbitros, sin que haya lugar bajo el amparo de la figura del llamamiento en garantía, a que esta jurisdicción, dirima contiendas que tienen como fuente el contrato de seguros en, el que se pactó la cláusula compromisoria(2)” (resaltado fuera de texto).

(...).

Así mismo, expuso:

““De conformidad con lo previsto en el artículo 118 del Decreto 1818 de 1998 —estatuto de mecanismos alternativos de solución de conflictos—, la cláusula compromisoria es un pacto contenido en un contrato, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión de éste, a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. En virtud de este pacto las partes comprometidas en él, en uso de la libre autonomía de la voluntad, deciden repudiar la jurisdicción institucional del Estado para en su lugar someter la decisión del conflicto que pueda presentarse entre ellas, a la decisión de árbitros, particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en los términos del artículo 116 de la Constitución Política. Así, cualquier conflicto sometido a la cláusula compromisoria, escapa a la decisión de los jueces institucionales del Estado. En este sentido, aun cuando el llamamiento en garantía cumple con los requisitos de forma exigidos en la ley y, además, se acreditó la existencia de la relación contractual que fundamenta tal figura, se debe tener en cuenta que precisamente en dicho contrato se pactó una cláusula compromisoria que somete al conocimiento de los tribunales, de arbitramento las diferencias que se llegaren a presentar con relación a la póliza de seguro, que contiene el contrato que sirve de fundamento al llamamiento, por lo tanto la jurisdicción contenciosa no puede emitir pronunciamiento alguno sobre los alcances de la responsabilidad contractual de las aseguradoras llamadas frente al Banco de la República, dado que la existencia de esta cláusula excluye la competencia de esta jurisdicción, por lo que quien debe conocer del asunto es el Tribunal de Arbitramento”(3)” (resaltado fuera de texto).

Es claro entonces para la Sala que de acuerdo con la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria y la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, cuando la cláusula compromisoria está incluida en el contrato, debe darse prevalencia al acuerdo de voluntades entre las partes, esto es, a la cláusula que excluye a esta jurisdicción del conocimiento de dicha relación contractual.

No obstante lo anterior, estima la Sala que en el caso objeto de estudio no se presenta la misma situación fáctica y jurídica que permita afirmar que la citada cláusula compromisoria excluya a esta jurisdicción del conocimiento, pues la controversia no tiene origen en un contrato estatal y en este sentido, la competencia para evaluar la legalidad del acto administrativo y sus eventuales perjuicios, es exclusiva de esta jurisdicción.

Así las cosas, resulta indiscutible que la cláusula compromisoria no puede suprimir las competencias legalmente establecidas, esto es, que esta jurisdicción se pronuncie sobre la legalidad de los actos administrativos y la eventual prosperidad de las pretensiones de la parte actora.

Es del caso entonces reiterar que si bien en el sub examine existe un contrato de seguros de responsabilidad civil profesional expedido a favor de ISA S.A. por Seguros Generales Suramericana S.A. para proteger el objeto del contrato de mandato celebrado entre Emgesa S.A. e ISA, contra los perjuicios que esta última pueda ocasionar a la primera de las nombradas, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho está dirigida contra los actos administrativos expedidos por ISA S.A. y, no propiamente, por el presunto incumplimiento del contrato de mandato, lo que impone que sea esta jurisdicción al momento de evaluar la legalidad de los actos administrativos quien conozca del llamamiento en garantía.

Dicha observación, se hace por cuanto al demandar actos administrativos, la jurisdicción contenciosa administrativa asume el conocimiento de las controversias surgidas con ocasión de la expedición de los mismos, razones que llevan a la Sala a confirmar el proveído recurrido.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria

RESUELVE:

CONFÍRMASE el proveído apelado.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 8 de septiembre de 2005, expediente 2001-02051, radicación (30090), Actor: Sergio Stefano coronel Foglietti, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007, expediente 1999-01068, radicación (33474), Actor: Jaime Rodolfo Moncada Parada y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 26 de mayo de 2005, expediente 2001-01147, radicación (25614), Actor: Hugo Yesid Suárez Sierra, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.