Auto 2005-1856A de diciembre 12 de 2007

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ACCIONES POPULARES CUYO TRÁMITE SE INICIÓ ANTES DEL 1º DE AGOSTO DE 2006

La competencia continúa siendo del tribunal administrativo correspondiente.

EXTRACTOS: «De otro lado, la Sala encuentra necesario hacer referencia a la competencia de los tribunales administrativos, frente a las acciones populares que empezaron a tramitarse con anterioridad a la entrada en operación de los juzgados administrativos, para determinar si las mismas debieron y deben ser remitidas a estos o, si por el contrario, es necesario adelantarlos, hasta ser fallados en primera instancia por los respectivos tribunales administrativos.

Lo anterior, es relevante, toda vez que al existir norma especial de competencia en la materia contenida en la Ley 472 de 1998 y que regula el trámite de las acciones populares, no resultan, en consecuencia, aplicables las reglas generales de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa establecidas en la Ley 446 de 1998.

En efecto, el parágrafo del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 preceptúa:

“Hasta tanto entren en funcionamiento, los juzgados administrativos, de las acciones populares interpuestas ante la jurisdicción contenciosa administrativa conocerán en primera instancia los tribunales contencioso-administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado”.

Conforme con lo anterior, se tiene, que si el trámite de la acción popular se inició antes del primero de agosto de 2006, la competencia para seguir conociendo de ella radica en el tribunal administrativo correspondiente y, en esa medida, no debe remitirse a los juzgados administrativos, comoquiera que la norma no predica que la competencia deba variarse una vez iniciado el proceso, dependiendo de la etapa en que se encuentre el mismo, como por el contrario sí lo hace el artículo 164 de la Ley 446 de 1998 para los procesos ordinarios; de allí que los juzgados administrativos solo tendrán competencia para tramitar aquellas acciones populares interpuestas a partir de la fecha de su entrada en funcionamiento.

En síntesis, todo proceso de acción popular presentado ante los tribunales administrativos antes de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, debió y debe continuar tramitándose en esa instancia y corresponderá al Consejo de Estado, desatar la segunda instancia.

Es así como, de los anteriores planteamientos, se pueden extraer las siguientes posibles hipótesis:

i) Si la acción popular se interpuso con anterioridad al primero de agosto de 2006 —fecha de entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos— debe tramitarse en su totalidad, hasta ser fallada, en primera instancia, por el tribunal administrativo ante el cual se incoó.

ii) Si la acción popular se interpuso con anterioridad al primero de agosto de 2006 y, al entrar en funcionamiento los juzgados administrativos, el tribunal administrativo que la tramitaba la remitió a aquellos, se debe declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al envío de los procesos a los juzgados, comoquiera que estos carecían de competencia funcional para tramitarlos; en ese orden de ideas, lo procedente es que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto en que asume el conocimiento, de conformidad con el artículo 140-2 del Código Contencioso Administrativo, para proceder a devolverlos al tribunal de origen a efectos de que continúen con su trámite.

iii) Si la acción popular se interpuso con posterioridad al primero de agosto de 2006 ante los juzgados administrativos, estos son los competentes para tramitarla y decidirla en primera instancia, correspondiéndole, por lo tanto, el conocimiento en segunda instancia al respectivo tribunal administrativo.

En este orden de ideas, es pertinente que cada tribunal y juzgado administrativo verifique, en cada caso concreto, la fecha de presentación de la demanda de acción popular, comoquiera que esta situación define si el tribunal o juzgado administrativo contaba o no con competencia para tramitar la acción y proferir el respectivo fallo».

(Auto de 12 de diciembre de 2007. Radicación AP-25000-23-26-000-2005-01856-01. Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero).

____________________________