Sentencia 2006-00016 de agosto 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Exp.: 0290-06 (1074-07)

Rad.: 11001032500020060001600

Actor: Juan Carlos Beltrán Bedoya

Decretos del gobierno

Bogotá D.C., nueve de agosto de dos mil doce.

En escritos que obran a folios 128 y 133 del cuaderno principal del expediente, el Director General de la Policía Nacional y el ciudadano Pedro Augusto Segura Potosí, solicitan aclaración de la sentencia de abril 12 de 2012.

El primero de ellos con fundamento en que el parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, declarado nulo, no diferenciaba entre suboficiales y agentes homologados y los vinculados directamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Por tal razón su declaración de nulidad los cobijó a todos, en esas condiciones, estima que a la fecha no existe norma que sirva de fundamento para conceder una asignación de retiro o pensión, al personal que se ha incorporado en forma directa al nivel ejecutivo.

El segundo, por cuanto considera que la Policía Nacional “al parecer tomará lo reglado en la nueva sentencia del concejo (sic) de estado solo y únicamente a los policías que se homologaron al nivel ejecutivo, con lo cual se configura una discriminación, pues se desmejora a quienes decidimos seguir en nuestro régimen, (Agentes y Suboficiales) imponiéndonos un tiempo diferente a estos, pues se establecen tiempos de 18 y 20 años, lo cual riñe con la igualdad, ya que a quienes se homologaron se les exigirían tiempos de 15 y 20 años”.

Para resolver, se

Considera

Se advierte en primer lugar, que las solicitudes de aclaración de la sentencia fueron presentadas extemporáneamente. En efecto, de conformidad con el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la solicitud debe ser presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia. En el presente asunto dicho plazo venció el 23 de mayo de 2012 y las aclaraciones traídas al proceso el 7 y el 14 de junio del año en curso. Estas razones serían suficientes para rechazarlas.

Si en gracia de discusión se aceptara que fueron presentadas oportunamente, se observa que ellas carecen de fundamento, por lo siguiente:

La sentencia en su parte motiva expresamente señaló:

...

Se aclara que el estudio se centrará sólo en el régimen de asignación de retiro vigente cuando entró a regir la Ley 923 de 2004, para los grados de suboficial y agente, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 180 de 1995 que creó el nivel ejecutivo, a él únicamente podían acceder quienes tuvieran dicha calidad y aunque también estableció que personal no uniformado y otros por incorporación directa podían hacerlo, lo cierto es que la demanda se refiere a la desmejora en materia de retiro del personal de suboficiales y agentes.

...

Nótese que aunque en el escrito de aclaración se afirma que la sentencia vincula también al personal que se incorporó directamente (fl. 131 solicitud de aclaración), lo cierto es que en ella se les excluye de su aplicación y define a quiénes se circunscribe el estudio.

La parte motiva, además, agregó:

... sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el requisito del tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite y máximo (el señalado en la Ley 923 de 2004), sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció en favor del personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional y concretamente del perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la demanda (la frase entre paréntesis está fuera del texto) (se resalta).

Se reitera en este párrafo, que no se trata de establecer el requisito de tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios, pues ya se había reducido el problema jurídico, en atención a las pretensiones de la demanda, a determinar si el parágrafo segundo del artículo 25 del decreto demandado se ajustaba a la legalidad en cuanto señalaba el régimen aplicable en materia de pensión a los agentes y suboficiales que a diciembre 30 de 2004 se habían incorporado en calidad de tales al nivel ejecutivo de la policía nacional.

Hechas tales precisiones, se procedió al estudio de los cargos de la demanda y en la parte resolutiva, se dispuso:

DECLÁRASE la nulidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Lo anterior quiere decir que la norma es nula sólo por lo expuesto en la sentencia, es decir, porque no respetó el régimen que traían los suboficiales y agentes que al 30 de diciembre de 2004 se habían incorporado al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, de allí la expresión consignada en la parte resolutiva: “por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia”, siendo lógico que si no se trata de esta clase de personal, la norma se debe aplicar tal como fue concebida, por lo que tampoco asiste razón al solicitante cuando afirma que “no existe norma con la cual podamos conceder una asignación de retiro o pensión”.

No es razonable pensar que la disposición es nula en cuanto regula el régimen de pensión del personal al que no se refirió, por cuanto como se vio, respecto de ellos no se hizo estudio alguno que pudiera llevar a una afirmación de tal naturaleza.

Por último, y en atención a la inconformidad que plantea el segundo de los solicitantes, que por cierto, constituye una suposición suya, pues afirma que “al parecer”, es importante resaltar que se trató de una acción de simple nulidad en la que se examinó la legalidad de una norma y su conformidad con el ordenamiento jurídico de forma objetiva, como así debe ser tratándose de esta clase de acciones, sin entrar en consideraciones de carácter subjetivo o particular, como lo pretende el memorialista a folio 134 del expediente. En consecuencia, no es posible hablar de discriminación, por cuanto fue la misma ley, la que dispuso que no se podía desmejorar la situación de quienes estando al servicio de la Policía en el grado de agentes y suboficiales, decidieran incorporarse al nivel ejecutivo y hasta la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (dic. 30/2004).

Por las razones que anteceden no hay lugar a aclarar la sentencia y así se declarará en la parte resolutiva.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,

RESUELVE:

NIÉGASE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN de la sentencia de abril 12 de 2012, por medio de la cual se declaró la nulidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por las razones que en su parte motiva se expusieron.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Víctor Hernando Alvarado Ardila—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo Gómez Aranguren—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.