Auto 2006-00426 de mayo 21 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 730012331000200600426 01

Interno: 37968

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Ref.: Apelación sentencia. Acción contractual

Actor: Instituto Nacional de Vías Invías

Demandado: Épsilon S.A. Compañía Mundial de Seguros S.A.

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Procedencia del recurso de reposición.

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicta el ponente o los interlocutorios dictados por las salas del Consejo de Estado o por los tribunales, o por el juez cuando no sean susceptibles de apelación.

Con fundamento en lo anterior, se impone concluir que el recurso interpuesto por la parte demandada (Compañía Mundial de Seguros) resulta procedente, comoquiera que la decisión objeto de censura consistió en una providencia de mero trámite, mediante la cual se dispuso reconocer personería adjetiva a la abogada Adela Mayerly Debia Daza y admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y, además, fue proferida por este despacho; adicionalmente, contra la misma no resulta procedente el recurso de apelación.

En ese orden de ideas, se abordará el análisis de fondo del recurso formulado, en tanto cumple con los requisitos establecidos en el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 348 y 349 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a su oportunidad y trámite se refiere.

El Estado garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), es decir la facultad de acudir ante los órganos judiciales para hacer valer sus derechos o intereses, para lo cual, como presupuesto que pretende precisamente hacer efectiva esa garantía, consagra la necesidad de que el capacitado para comparecer al proceso intervenga a través de apoderado judicial.

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene definir el momento a partir del cual dicho apoderado está habilitado para intervenir y actuar en el proceso.

Comoquiera que la Constitución garantiza el acceso a la administración de Justicia (C.P., art. 229), esto es, protege la posibilidad que le asiste a cualquier ciudadano para solicitar a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y las leyes, siempre y cuando, como complemento de esa garantía, se acuda a través de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, puede concluirse que el apoderado constituido para estos efectos —en los eventos en los cuales, precisamente, actúe en nombre y representación de otra persona— se encuentra habilitado para intervenir en el proceso desde el mismo momento del acto de apoderamiento, es decir, desde el momento en el cual el poderdante u otorgante, a través de un acto jurídico unilateral, faculta a otra llamada apoderado, mandatario o procurador para que actúe o celebre, en nombre y por cuenta del primero, uno o varios negocios jurídicos, actuación que tendrá la connotación de judicial cuando dicha facultad se otorgue en relación con la intervención ante la administración de justicia.

En efecto, toda vez que cualquier persona puede intervenir ante la administración de justicia, el apoderado que deba actuar en su representación podrá acudir y acceder ante los órganos judiciales, desde el momento en el cual el interesado hubiere autorizado y expresamente facultado, situación que ocurre desde el momento en el cual se otorga el poder correspondiente.

Nótese que con anterioridad a dicho acto —en el evento en que el profesional del derecho pretenda actuar en nombre y representación de otra persona— el apoderado no se encuentra habilitado para actuar, puesto que no ha sido autorizado para ello —sin perjuicio de que actúe como agente oficioso (CPC, art. 47)— pero con posterioridad, sin lugar a dudas, la manifestación de voluntad del poderdante consistente en la intención de que ese abogado actúe en su representación en determinada causa judicial, lo habilita ipso facto para acudir y actuar en el proceso judicial en defensa de los intereses de la persona que la ha encargado la mencionada gestión(1).

Por otro lado, el inciso 1º del artículo 84 del estatuto procesal civil dispone que las firmas de la demanda deberán autenticarse por quienes las suscriban, mediante comparecencia personal ante el secretario de cualquier despacho judicial o ante notario de cualquier círculo.

Por su parte, en inciso final del artículo 252 del estatuto mencionado, modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, consagra que los memoriales presentados para que formen parte del expediente, por medio de los cuales otorgue poder a los apoderados judiciales, requerirán, en todo caso, de presentación personal o autenticación, disposición que guarda directa relación con el contenido del artículo 13 de la Ley 446 de 1998.

Asimismo, establece el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, que para reconocer la personería de un apoderado es necesario que este sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio.

La finalidad de que el poder sea presentado personalmente ante los funcionarios autorizados por la ley, guarda relación con la necesidad de brindar certeza respecto de las personas que otorgan y aceptan un mandato judicial, para garantizar que sean aquellas las que lo otorgaron y aceptaron respectivamente.

— En el caso concreto, observa el despacho que con la sustentación del recurso de apelación, la mencionada apoderada realizó la respectiva presentación personal (fl. 351, cdno. ppal.), razón por la cual se entiende cumplido el requisito contenido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil.

— De otro lado, si bien en principio la parte demandante no allegó copia auténtica de los documentos que acreditaran al titular del cargo de director del Instituto Nacional de Vías Territorial Tolima, lo cierto es que la entidad demandada atendió el requerimiento hecho por este despacho en auto de 5 de febrero de 2010 y aportó copia auténtica e íntegra de los documentos que acreditan la calidad del mencionado señor como director de la entidad demandada.

— Respecto al cargo consistente en que dentro de la presentación personal realizada por la abogada, no se exhibió la tarjeta profesional, el despacho advierte que el Consejo de Estado cuenta con diferentes medios tecnológicos como son la página web de la rama judicial, www.ramajudicial.gov.co que permiten verificar la condición de profesional del derecho, es así como en el caso particular, se consultó la pagina en mención y se verificó que se encuentra vigente la tarjeta profesional de la abogada Adela Mayerly Debia Daza(2).

— Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil, distingue entre la capacidad para ser parte, la cual está radicada en cabeza de toda persona natural y jurídica por el solo hecho de serlo y la capacidad para comparecer o intervenir al proceso, de la cual gozan todas las personas que puedan disponer de sus derechos; en caso contrario, las demás personas deberán comparecer por intermedio de sus representantes o debidamente autorizadas por estos, de conformidad a las normas sustanciales.

Una vez definida la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, el interesado en acudir a la administración de justicia deberá hacerlo por intermedio de un abogado, salvo que la ley disponga otra cosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 229 de la Constitución Política.

Frente a la necesidad de acudir al proceso mediante abogado, el Tribunal Constitucional ha sostenido:

“Tanto para la protección de los derechos, como para la solución de conflictos, el derecho a acceder a la justicia —formal o alternativa— exige en todas y cada una de las etapas del proceso que la actividad de justicia esté orientada a facilitar la solución pacífica de los conflictos y asegurar de manera efectiva el goce de los derechos. Por eso la Constitución expresamente establece que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho formal.

La Corte, en diferentes pronunciamientos, con ocasión del examen de sendas disposiciones del estatuto del abogado —en estudio— y de otros preceptos de idéntico o similar contenido, ha declarado acordes con la Constitución Política las normas que desarrollan el principio constitucional de exigir, como regla general, la intervención de un profesional del derecho para litigar en causa propia y ajena, —artículos 25, 28, 29, 31 y 33 D. L. 196 de 1970; 138, 148 inc. 2º, 149 y 150 D. L. 2700 de 1991; 46, 63 y 67 Código de Procedimiento Civil; y 2º y 3º Ley 270 de 1996—. Y contrarias a dicho principio las disposiciones que desconocen tal previsión —artículos 34 D. L. 196 de 1971; 148 inc.1º, 161 (parcial), 322 (parcial) y 355 del D. L. 2700 de 1991; y 374 del Decreto-Ley 2550 de 1988—. Decisiones de las que se destacan, para mayor ilustración, los siguientes apartes:

“(...) el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (C.P., arts. 1º y 2º).

El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados(3). Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa —que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política— como uno de los derechos fundamentales(4), susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.

(...) Sin entrar a analizar detalladamente las implicaciones jurídicas del derecho de defensa, por haber sido estas objeto de abundante doctrina y jurisprudencia por parte de la Corte constitucional, debe señalarse que al ser propósito esencial de todo proceso judicial el de lograr la verdad, se debe garantizar plenamente la posibilidad de que las partes interesadas expongan y controviertan con plenas garantías los argumentos que suscitaron el litigio judicial(5). En ese orden de ideas, la Constitución de 1991, precisando aun más lo dispuesto por la de 1886, se encargó de definir al derecho de defensa como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, a través del cual como lo anota la sentencia antes citada se permite a toda persona controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra, con lo cual, a su vez, se hacen efectivos otros derechos, como son el derecho a la libertad, a la seguridad, el de petición y aun el derecho a la vida.

Así, pues, toda persona acusada ya sea ante las instancias administrativas o ante las judiciales, tiene el derecho a defenderse. El artículo 29 superior agrega que quien sea sindicado, tiene derecho a ser asistido por “un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Esta disposición debe, asimismo, complementarse con el artículo 229 superior que remite a la ley la responsabilidad de definir los casos en que se puede acceder a la administración de justicia sin la representación de abogado. Lo anterior se conoce, particularmente para efectos del procedimiento penal, como la defensa técnica a que tiene derecho el sindicado, la cual, por la trascendencia del cargo, debe ser encargada a una persona versada en derecho, con suficientes conocimientos de orden técnico y, sobretodo, con una amplia capacidad humana que permita al interesado confiar los asuntos más personales e íntimos relacionados con el caso sobre el cual se le ha prestado asistencia. Con lo anterior, esta corporación quiere significar que la defensa técnica, ya sea pública (C.P., art. 282-4) o privada, implica un compromiso serio y responsable del profesional del derecho, el cual no puede limitarse a los aspectos meramente procesales o de trámite, sino que requiere implementar todas aquellas medidas y gestiones necesarias para garantizar que el sindicado ha tenido en su representante alguien apto para demostrar jurídicamente, si es el caso, su inocencia(6)(7) (negrillas y subrayas fuera del texto).

Si bien las anteriores consideraciones fueron expuestas con ocasión de la necesidad de la defensa técnica en el proceso penal, resultan plenamente aplicables en tratándose del ejercicio del ius postulandi, en la jurisdicción contencioso administrativa.

Cabe advertir que no existe norma jurídica alguna que condicione la intervención y actuación del apoderado hasta tanto el órgano judicial dicte la providencia que le reconozca personería; en otras palabras, en parte alguna del ordenamiento se encuentra previsto que solo a partir del momento de ejecutoria del auto que se reconozca personería al nuevo apoderado, este obtenga habilitación para actuar en el proceso, de lo contrario, esto es en el evento en que el mencionado reconocimiento fuere un presupuesto para la intervención y actuación del abogado, este ni siquiera podría presentar la demanda, lo cual sería a todas luces violatorio del derecho al acceso a la administración de justicia y con este del derecho de acción, además de que sería contrario a toda lógica jurídica.

Debe tenerse en cuenta que, como su nombre lo indica, la actuación prevista en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, parte de un “reconocimiento”, es decir al juez le corresponde ejercer un control de legalidad respecto de los presupuestos determinados en la ley para la constitución de apoderados, con el fin de que, luego de hacer el examen correspondiente, proceda a admitir o a aceptar a determinado abogado como representante judicial de aquella persona que le confirió el mandato.

De lo anterior pueden deducirse dos afirmaciones: i) que el pronunciamiento que haga el operador judicial en el sentido de reconocer personería tiene efectos declarativos y no constitutivos, en la medida en que se acepta que el apoderado que dice actuar en nombre de determinada parte reúne las condiciones y requisitos para ejercer válidamente esa representación y, como consecuencia de lo anterior; ii) que cualquier pronunciamiento que sobre este aspecto se realice, sea reconocer, o no, personería, podría eventualmente afectar la validez o eficacia de los actos desarrollados por el apoderado con anterioridad a dicho pronunciamiento o afectar, en igual sentido, los actos que pretenda cumplir con posterioridad, para lo cual habría que darse el tratamiento previsto en los artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según corresponda, pero en ningún momento tendría el efecto de habilitar el inicio de la intervención y actuaciones del apoderado, como lo alegó el recurrente, puesto que, se reitera, dicha habilitación surge con el acto de apoderamiento.

Por consiguiente hay lugar a concluir que la habilitación a un apoderado para intervenir y actuar en un proceso surge desde el momento en el cual se celebra el acto de apoderamiento, por medio del cual el poderdante lo faculta expresamente para estos efectos y no desde la providencia que reconoce personería, la cual tiene efectos retroactivos y su finalidad es la de ejercer un control de legalidad respecto de la verificación, presupuestos necesarios para aceptar como abogado de una parte al que dice actuar en esa condición, pronunciamiento que no afecta la posibilidad de intervenir sino la validez y eficacia de los actos procesales cumplidos o que cumpla en esa calidad.

— En el caso concreto se encuentra que mediante memorial allegado el 9 de noviembre de 2009, la parte demandada otorgó poder a una nueva apoderada para que ejerciera su defensa judicial; una vez ya mirado el poder otorgado a la abogada Debia Daza se tiene que el poder fue conferido el día 9 de noviembre de 2009 (fl. 332, cdno. ppal.).

En consecuencia, desde el 9 de noviembre de 2009 estaba habilitada la apoderada para intervenir y actuar en el proceso, a quien ya le era exigible el deber de la “celosa” diligencia que resulta predicable de un profesional del derecho que por sus conocimientos especializados en relación con las normas sustanciales y procesales, debía poner todo su empeño en la realización de las actividades pertinentes y adecuadas para defender los intereses de su poderdante.

En este sentido no son de recibo los argumentos planteados por la entidad demandada en el sentido de cuestionar las actuaciones realizadas por la apoderada de la entidad demandante antes de que se le hubiere reconocido personería, ello al considerar que la misma se encuentra habilitada para intervenir y actuar en el proceso desde el momento en que la entidad le confirió poder.

— El artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, prevé que la terminación del poder se puede dar con la presentación del escrito que designe nuevo apoderado o sustituto.

Toda vez que dentro del expediente se observa que el día 9 de noviembre del 2009, se confirió poder a la abogada Adela Mayerly Debia Daza (fl. 332, cdno. ppal.), por ese solo acto se tiene por revocado el poder otorgado al abogado que defendía sus intereses antes de ese hecho.

— Finalmente, la Resolución 003895, en su artículo décimo, delega en los directores territoriales la función de:

“Ejercer la representación legal del Instituto Nacional de Vías, en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos dentro de su jurisdicción y en ejercicio de la misma constituir como mandatarios a los servidores públicos de la dirección territorial o abogados externos, de acuerdo con la especialidad del caso; otorgar poderes; notificarse de todas las actuaciones judiciales y administrativas y demás asuntos que se deriven de la misma”.

Al respecto, el despacho estima necesario precisar que si bien de la lectura del texto transcrito puede entenderse que el director territorial del Invías tiene facultad para otorgar o nombrar apoderados restringida a su jurisdicción, lo cierto es que actualmente el Consejo de Estado conoce del proceso en segunda instancia, en virtud de la competencia funcional que le asiste, razón por la cual la competencia territorial establecida en el artículo décimo de la resolución transcrita de forma alguna se ve alterada y/o modificada.

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para desestimar el recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, contra el acto impugnado.

En mérito de lo expuesto, el despacho

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de 5 de marzo de 2010, proferido por este despacho dentro del proceso de la referencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 27 de mayo de 2009. Expediente 36432.

(2) Página web consultada los días 05/03/2010 a las 10:00 a. m. y 14/05/2010 a las 10:15 a. m.

(3) “Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo”.

(4) “Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras”.

(5) Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión 1. Sentencia T-436 del 1º de julio de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón”.

(6) Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 2001. Dr. Álvaro Tafur Galvis.