Auto 2006-00622 de julio 12 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 1100131030222006-00622-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, doce de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la corporación.

Así lo tiene advertido la Sala al exigir que “sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos” (auto de ago. 16/2012, Exp. 2009-00466).

2. Se formulan contra la sentencia del ad quem dos ataques, ambos con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

a. El primer cargo “por violación directa de una norma de derecho sustancial, como es el inciso 3º del artículo 964 del Código Civil” que fue ignorada por el tribunal.

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema, “si bien esta norma es aplicable por excelencia a la acción judicial de dominio, también lo es por extensión y analogía a los procesos de nulidad, rescisión o simulación de contratos, como consecuencia de la orden de restitución de la cosa y por efectos del vicio generador de tales acciones”.

En este asunto se “dan los requisitos para que se haga aún de oficio, la condena a la sociedad demandada para restituir o pagar los frutos percibidos y que hubiera podido percibir la demandante con meridiana inteligencia y actividad, desde la contestación de la demanda y hasta cuando efectivamente se haga la restitución del inmueble”, lo que es justo porque su contraparte ha usufructuado el bien “en forma permanente para el uso que está destinado (vivienda familiar), durante todo ese lapso”.

El a quo se equivocó al deducir que los frutos solo se causaban si se hubiera arrendado el inmueble o explotado económicamente, “porque esa renta bien podría pagarla la sociedad demandada en caso de no haber entrado en posesión por efectos del contrato prometido”. Además, obra en el expediente “prueba pericial y el avalúo en firme de esos frutos (fls. 183 a 197, cdno. 1)”, que de haberse reconocido, darían paso a la compensación prevista por el artículo 1715 del Código Civil.

Por su parte el superior confirmó lo relativo a los frutos y la compensación, en vista de que “no se estableció el valor concreto de los frutos, porque el dictamen pericial no los tasó debidamente”, sin tener en cuenta que “sí recoge y contiene todos los factores que influyen en el asunto materia de la experticia (...) como que el perito acudió en su metodología a regular los arrendamientos con base en los datos que tiene la lonja de propiedad raíz de Bogotá, las tablas que manejan entidades del ramo y teniendo en cuenta el sector donde se encuentra ubicado el inmueble, promediando el valor del canon que se está cobrando en el sector y otros factores que allí se consignan”.

Y si el informe rendido no era suficiente para “adoptar la decisión de segunda instancia sobre el aspecto reseñado, el honorable tribunal debió acudir a lo previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil”, por lo que erró de hecho el fallador “en cuanto negó la condena al pago de frutos civiles que se traducen en cánones de arrendamiento, por la no aplicación de la regla contenida en el inciso 3º del artículo 964 del Código Civil”, en armonía con la norma procesal en cita.

También “erró de derecho al no atribuirle al dictamen pericial emitido y obrante en folios 183 a 197 del cuaderno principal, el mérito y valor probatorio que reviste para el fin que fue emitido, conforme al espíritu de los artículos 175 y 233 del Código de Procedimiento Civil y en abierta contradicción a lo establecido en el artículo 187 del mismo estatuto procesal en la apreciación y valoración de esa prueba pericial”.

b. La segunda censura acusa la “violación directa de normas de carácter sustancial, como son los artículos 1715 y 1716 del Código Civil (...) normas que el sentenciador de segunda instancia dejó de aplicar so pretexto de una interpretación distinta”.

Se negó la compensación porque “no hubo lugar a la condena de pago de frutos civiles” al no establecerse “el valor concreto de ellos en el proceso”, cuando “esa apreciación y conclusión del honorable tribunal constituye error de hecho desde todo punto de vista, ya que la experticia que milita en folios 183 a 197 del cuaderno principal si contiene esa explícita y concreta valoración de frutos civiles que se traducen en los cánones de arrendamiento, dejados de percibir por la demandante en cuyo favor se dispone la restitución del inmueble, mes por mes y año por año hasta cuando fue emitida”.

Al concepto técnico se anexaron los documentos en que se soporta, sin que fuera objetado, “por lo que cobra fuerza de prueba idónea para el fin que ella fue pedida, decretada y producida en el proceso”, siendo entendible que el mismo “no se podía abstraer al tiempo anterior a la contestación de la demanda ni extenderse hasta cuando se dictara el fallo correspondiente, porque era un aspecto que no se podía prever”.

De no ser el dictamen suficiente medio de convicción “porque el juzgador de primer grado lo ignoró, el honorable tribunal debió acudir a lo previsto en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil”.

Se incurrió en un “yerro latente al no apreciar y darle el valor que la ley le asigna al dictamen pericial emitido y porque además omitió, en un caso dado, el deber que tiene de decretar, aún de oficio, la prueba necesaria para con base en ella hacer la condena en concreto y/o extenderla hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia”.

La equivocación “se vislumbra aún más” cuando sí se ordenó dictamen para decidir sobre la concesión de esta impugnación extraordinaria, que arrojó, como valor de los frutos que hubiera podido producir el inmueble, doscientos setenta y cinco millones nueve mil cuatrocientos ocho pesos ($ 275.009.408).

3. El artículo 368 del Código de Procedimiento Civil establece como primer motivo de esta impugnación extraordinaria, “ser la sentencia violatoria de una norma sustancial”, lo que puede ocurrir de manera frontal cuando, haciendo abstracción de discusiones factuales o probatorias que se dan por superadas, el ataque se enfoca en la “existencia de falsos juicios sobre las normas materiales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en asumirles efectos para situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se concluye de las mismas un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea” (sent. de nov. 1º/2011, Exp. 2006-00092, citada en auto de nov. 23/2012, Exp. 2009-00312).

El inciso segundo del mismo numeral advierte que dicha infracción también sucede, de forma indirecta, cuando existe “error de derecho por violación de una norma probatoria” o “error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba”.

En el último caso, cuando dicho yerro de facto se contrae a una equivocación manifiesta en la valoración de los medios de convicción, es menester realizar una contraposición entre lo que dice el fallo y lo que arroja el material demostrativo, para poner de presente una disparidad tal que derrumbe lo resuelto por el juzgador.

La Sala, en auto de 23 de noviembre de 2012, Expediente 2006-00061, recordó que “[c]uando se acude en casación aduciendo la vulneración de normas sustanciales, tiene dicho la Corte que ‘aunque todas las especialidades del primer motivo que contempla la ley para agotar está vía extraordinaria, coinciden en la necesidad de individualizar los preceptos atributivos o declarativos de derechos, que se consideren afectados, su sola cita no es suficiente sino que debe existir un planteamiento claro y detallado respecto a la forma como se produce tal infracción. Así, cuando se invoca la vía recta, prescindiendo de la comprensión que del aspecto fáctico de la controversia hubiera hecho el fallador, debe señalarse si se tuvieron en cuenta fundamentos legislativos que no correspondían, si a pesar de ser los idóneos se les dio una hermenéutica contraria o si simplemente fueron pasados por alto. Si se acude a la indirecta, debe precisarse si se han infringido normas probatorias, explicando su dicho, o, en su defecto, si es producto de una equivocación manifiesta en la apreciación de la demanda, su contestación o determinada prueba, en cuyo caso debe formular un planteamiento lógico que lo demuestre’ (auto de feb. 21/2012, Exp. 2008-00322)”.

Complementariamente, la corporación ha expuesto que “[d]esde el punto de vista de la técnica del recurso —ha dicho la Corte—, la demostración de los yerros de apreciación probatoria por cuya causa puede el sentenciador llegar a transgredir una norma de índole sustancial comprende dos fases: una, que es la de la trascendencia del error, común a ambas clases de error, comporta que una vez establecido el desacierto cometido por el juzgador al apreciar la prueba, se demuestre que este lo llevó forzosamente a la determinación enjuiciada como violatoria de la ley. La otra, en cambio, asume diferente significación según sea la clase de error, pues al paso que en el de hecho la apreciación cumplida por el juzgador debe ser examinada teniendo como punto de referencia la objetividad del medio probatorio, en el de derecho la estimación cumplida se ha de pasar por el tamiz de las normas que disciplinan la actividad probatoria. Sin embargo, vista la cuestión desde otra perspectiva, se trata, en ambas clases de error, de llevar a cabo una labor de confrontación, cuyos pasos deben ser los siguientes: (...) En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente (...) En el error de derecho —cuyo ineludible punto de partida es la percepción material u objetiva del medio por parte del sentenciador—, también es del caso llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, según se ha anticipado, más en este supuesto lo será para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que, de hecho, consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violación” (sent. de sep. 15/93, citada en la de oct. 13/95, Exp. 3986 y reiterada, entre otros, en auto de ene. 13/2013, Exp. 2009-00406).

4. En los dos cargos propuestos se observa el incumplimiento de los anteriores requerimientos, a saber:

a. Entremezcló en ambas censuras aspectos propios de las tres manifestaciones de la causal primera de casación, pues, a pesar de que anuncia violaciones directas de normas sustanciales, al desarrollarlos endilga errores de hecho y de derecho en aspectos probatorios.

La Sala resaltó en autos del 29 de marzo y 16 de noviembre de 2012, Expediente 2007-00935 y 2006-00045, en relación con la improcedencia de tal proceder, que “si la acusación debe ser perceptible a la inteligencia, es claro que, entre otras cosas, no puede entremezclarse o hacerse mixtura de las causales, porque en lugar de diafanidad, todo se prestaría a confusión (...) Sobre el particular la Corte tiene explicado que no resulta técnico ‘denunciar un error de juzgamiento y desarrollarlo como de procedimiento, o acusar errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas como fundamento de la violación directa de la ley sustancial, sino que es necesario identificar, en primer lugar, el tipo de error en que se pudo incurrir, y luego aducirse la causal o la vía que para el efecto se encuentra legalmente prevista’ (Auto 147 de ago. 2/2004, Expediente 4780)”.

b. Si en atención a los ordenamientos del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 se tratara de habilitar el estudio de uno o varios ataques, no sería posible estructurar uno solo que cumpliera con los patrones de técnica exigidos para esta vía extraordinaria, como se pasa a discriminar:

(i) No procedería la senda recta porque la fundamentación de los embates radica en la indebida valoración de un dictamen pericial o la falta de decreto oficioso de igual medio de convicción, lo que se aleja del cuestionamiento a la selección que hizo el juzgador de la regulación aplicable al caso, pasando por alto que “dejando de lado las conclusiones fácticas a que arribó el sentenciador, es menester demostrar si los fundamentos legislativos en que se cimenta la decisión no eran los que correspondían al debate, si de serlo fueron indebidamente interpretados o si simplemente se obviaron” (auto de jun. 28/2012, Exp. 2008-00216-01).

(ii) Se endilga error de hecho consistente en que el ad quem no decretó pruebas de oficio para cuantificar los frutos reclamados por la accionante, de conformidad con los ordenamientos del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, cuando las discusiones sobre el particular son propias del yerro de jure o de la causal quinta de casación.

A pesar de que el error de derecho es predicable en lo que atañe a la producción, eficacia o el valor que se les confiere a las probanzas, dándose por entendida su existencia en el plenario, la excepción a esta regla se da cuando la ausencia del elemento de convicción obedece al incumplimiento de los deberes que le impone la ley procesal al funcionario de decretarla de oficio, entre otros casos, cuando se hace necesario concretar el valor de los frutos que se deben reconocer a los litigantes.

La Corte en autos de 27 de febrero y 28 de junio de 2012, Expediente 2004-00457 y 2008-00216-01, recalcó que “... ‘como es sabido, cuando se acusa la violación de una norma de derecho sustancial por la vía indirecta, esto es, por haber incurrido el sentenciador en error de apreciación probatoria, debe denunciarlo ya como de hecho en orden a verificar que determinadas pruebas fueron omitidas, adicionadas o cercenadas en su contenido, lo que se traduce en una distorsión de la misma en el plano material; o ya como de derecho, que supone la fidelidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida estimación por mediar la violación de normas de disciplina probatoria que atañen con la aportación, admisión, producción o estimación de la misma (...) Unos y otros, sin embargo, no se pueden confundir ni entremezclar, toda vez que por su naturaleza son excluyentes respecto de los mismos medios de prueba; de allí que no resulta idóneo invocar el de hecho, pero sustentarlo como si fuese de derecho, ni viceversa, pues se entiende que si el cargo se desvía de ese modo, la acusación deviene imprecisa y carente de claridad, amén de que en el fondo carece de una real sustentación’ (Cas. Civ. sent. de sep. 30/2002, Exp. 7572) (...) No obstante, es oportuno recordar que dicha regla tiene como excepción el evento en el que el juzgador no decreta ni practica pruebas de modo oficioso cuando la ley lo exige específicamente o cuando por las circunstancias particulares resulta indispensable hacerlo de conformidad con su facultad-deber en ese ámbito, tema sobre el cual esta corporación ha expresado que ‘el juzgador, tiene el deber-poder de decretar y practicar pruebas de oficio (CPC, arts. 37, num. 4º; 179 y 180), en principio, según su análisis prudencial y razonable en cuanto a su pertinencia, necesidad y coherencia (sent. de dic. 12/1994, Exp. 4293). Empero, se impone este deber, cuando expresamente ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por esta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (Sent. de Cas. de mayo 5/2000, Exp. 5165), específicamente, en los casos ‘en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’, eventos, en los cuales, ‘es ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia’ (Cas. Civ. sent. de jul. 15/2008, [SC-069-2008], Exp. 1100131030422003-00689-01)’ (Cas. Civ. sent. de mayo 28/2009, Exp. 05001-3103-014-2001-00177-01). Tal omisión es denunciable ‘a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la transgresión de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga trascendencia para modificar la decisión adoptada” (Cas. Civ. sent. de jul. 15/2008, [SC-069-2008], Exp. 1100131030422003-00689-01). Empero, en determinadas circunstancias, esa omisión puede alegarse en casación invocando la causal quinta, por causa de nulidad procesal, con fundamento en el numeral 6º del artículo 140 del ordenamiento procesal civil (Cas. Civ. de mayo 22/98, Exp. 5053, reiterada en la sent. de jun. 28/2005)”.

(iii) Respecto del dictamen pericial obrante a folios 183 a 197 del cuaderno principal discute la existencia tanto de yerros de jure, en el primer cargo, como de facto, en el segundo, lo que no es posible cuando se refieren a un mismo medio de convicción, así sea en diferentes censuras, en vista de las diferencias que los caracterizan y que imposibilitan semejante bifurcación.

La Corte en ese sentido ha dicho que “a pesar de que es viable el planteamiento de varios embates contra la sentencia, cada uno de ellos debe estar debidamente delineado y ser independiente en su exposición, teniendo en cuenta las especiales particularidades que entrañan, ya que como lo contempla el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 ‘[n]o son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles’, como ocurre cuando se endilgan errores de hecho y derecho respecto de un mismo medio de prueba o se invoca de manera coetánea la infracción de normas sustanciales por las sendas recta e indirecta, toda vez que se repelen” (auto de jun. 28/2012, Exp. 2008-00216-01).

(iv) Incluso los artículos 175, 187 y 233 del Código de Procedimiento Civil, en los que basa la equivocación de derecho al sopesar la experticia rendida en curso de la primera instancia, son genéricos, en la medida que aluden a los diferentes medios de prueba, su valoración en conjunto y los casos en que es procedente la peritación. Pasó por alto el censor el artículo 241 ibídem, que se ciñe a la apreciación del dictamen por su “firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso” y que era el que tenía incidencia en la naturaleza de los reclamos formulados.

Además, al haberse acudido al artículo 187 id, le era imperativo al recurrente acreditar, de manera irrefutable, que la labor desarrollada por el experto tenía pleno respaldo en las restantes pruebas obrantes en el diligenciamiento y que fueron consideradas por el juzgador, lo que no sucede en esta oportunidad en la que únicamente se emite un concepto particular de la suficiencia del dictamen.

Esta corporación en sentencia del 16 de diciembre de 2004, Expediente 7459; citada en auto de 23 de noviembre de 2012, Expediente 2006-00061-01; memoró que “por cuanto el artículo 187 ibídem exige la apreciación de los elementos de certeza en conjunto, ‘el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho’, porque en tal supuesto ‘se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas’, por lo que, con el propósito de que ese dislate aflore, debe el impugnador ‘demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica del error cuando bajo el pretexto de su demostración, lo que persigue es la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho’ (G.J., t. CCVIII, págs. 151 y 152)”.

c. Ya en relación con el segundo embate, fuera de las deficiencias técnicas advertidas antes y las que serían suficientes para no aceptarlo a trámite, se observa también, como motivo de inadmisión, que las normas invocadas como sustanciales no tienen tal connotación pues son meramente enunciativas, es así como el artículo 1715 del Código Civil, a pesar de que se refiere a la extinción recíproca de deudas por compensación, señala en sí las calidades que deben concurrir para que opere y el 1716 ibídem incluye el requisito de que las dos partes sean recíprocamente deudoras para tal efecto.

Quiere decir que ni individualmente consideradas ni a la par conforman “una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J., CLI, pág. 254), de lo que carecen “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto de ago. 5/2009 y , reiterado en abr. 12/2011, exps. 1999-00453 y 2000-24058).

5. Como no se cumplen las exigencias de forma, no procede la aceptación de la sustentación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

1. Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Amanda Irene Rodríguez Ardila.

2. Devolver por conducto de la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese

Aprobado en sala de veintinueve de mayo de dos mil trece».